Latinoamericanas y caribeñas en el trabajo
doméstico y sexual
Yamila Azize Vargas *
América Latina es la región del mundo con la
tasa
de deforestación más alta y también la región
del mundo con la desigualdad más aguda.
... somos campeones mundiales en el arrasamiento
de los bienes terrenales y en la injusticia...
En América Latina, la contradicción, la distancia,
La tensión entre los que tienen y los que necesitan
es más aguda que en cualquier otra parte.
Es la región más injusta del mundo.
Eduardo Galeano
"Escuchar las voces que vienen de lo más remoto"
Escuchar las voces sugiere Eduardo Galeano en
este testimonio sobre América Latina. Pero podríamos preguntarnos, ¿quién
necesita escuchar esas voces? Galeano afirma que es necesario trabajar a un
nivel colectivo y que quizá los gobiernos no sean los más indicados para
hacerlo por sus años de impotencia y discursos vacíos. Expresa que. entre los
movimientos llamados a actuar ‑a los que considera "la mejor noticia
de este fin de siglo"‑están los movimientos ecologistas, las
feministas y los defensores de los derechos humanos.
En principio, coincido
con Galeano; y digo en principio, porque cuando reflexiono sobre la presencia,
la atención o el espacio que los grupos feministas o de derechos humanos le han
concedido a los derechos de quienes todavía constituyen voces realmente
olvidadas ‑como son las miles de mujeres migrantes
de nuestra región, trabajadoras sexuales y domésticas‑ veo el largo
camino que todavía nos queda por recorrer
Esta percepción surge de
los trabajos de investigación que comencé junto a un grupo de colegas hace dos
años en torno al tráfico de mujeres para prostitución, trabajo doméstico y
matrimonio en la región de América Latina y el Caribe. Este trabajo formó parte
de un informe internacional organizado y auspiciado por la Alianza Global
Contra el Tráfico de Mujeres con sede en Tailandia y la Fundación Contra
el Tráfico de Mujeres con sede en Holanda. Este proyecto, a su vez, se
propuso documentar el más reciente informe que la Relatora de Violencia Contra
la Mujer, Radikha Coomaraswamy,
presentó en abril de 1997 a la Comisión de Derechos Humanos de la Organización
de Naciones Unidas. La elaboración del informe regional de América Latina y el
Caribe nos permitió desarrollar varios tipos de trabajos entre las diferentes
personas, activistas y grupos trabajando sobre el tema, que ‑como era de
esperarse‑ son todas personas en su capacidad individual u organizaciones
no gubernamentales.
En nuestra región el tema
comienza a surgir recientemente y ha sido poco discutido e investigado. Por lo
tanto, pensé que un encuentro como éste era un foro importante v pertinente
para ‑dentro del marco de los derechos humanos exponer la situación qué
miles de mujeres de nuestra región enfrentan como migrantes
trabajadoras. Uno de los problemas que ha tenido el tema es que, por ejemplo,
se equipara tráfico con prostitución o se utiliza una definición reduccionista y victimizante
sobre lo que constituye un fenómeno que se ha ido transformando a partir de sus
formas tradicionales. De hecho, uno de los avances significativos en cuanto a
la definición de tráfico ha sido vinculado con la forma y condiciones laboral
es que enfrentan las personas de diferentes tipos de trabajo, entre ellos el
doméstico v el sexual.
Migración, tráfico, trabajo sexual y trabajo
doméstico
La región de América Latina y el Caribe
comparte con otras del llamado Tercer Mundo el estar experimentando ‑particularmente
durante las últimas dos décadas‑ un intenso movimiento migratorio, en el
que la feminización del fenómeno se plantea como uno de sus rasgos más
distintivos. De hecho, según datos citados por la académica canadiense Daiva Stasiulis, las mujeres migrantes ‑para trabajo sexual y doméstico‑
constituyen dos de los grupos mayoritarios de migrantes
en todo el mundo. Sabemos que nuestra región no es una excepción a este
fenómeno.
El dramático aumento en
el movimiento migratorio de mujeres que ha estado ocurriendo durante las
últimas dos décadas es, sin duda, parte de la tan cacareada globalización de la
economía mundial. Sin embargo, esta globalización no opera igual para todas las
personas. Daiva Stasiulis
ha propuesto que dicha globalización opera en dos niveles. El nivel de globalización
1 se refiere a un mundo masculinizado de alta tecnología y de finanzas,
producción y tecnología global que ofrece servicios del ámbito público. El
nivel de globalización 2 representa una economía mayoritariamente feminizada de
servicios sexualizados y racializados
que ofrece servicios del ámbito privado. Dada la estructura y funcionamiento de
la globalización 2, ésta no diferencia entre las esferas pública y privada de
las trabajadoras e institucionaliza así el abuso y la explotación. De esta
forma sustenta el mantenimiento del primer nivel de globalización 1, que se
apoya en la mano de obra barata e indocumentada y en las condiciones de trabajo
infrahumanas para sostenerse y lucrarse.
Es importante subrayar la
importancia histórica que ha tenido la migración para enfrentar la crisis
económica. Los movimientos migratorios tienen una larga historia en América Latina
y el Caribe, como en tantos otros lugares del mundo. El trabajo de los y las migrantes constituye una importante fuente de ingresos para
el país de origen, al que suelen enviar divisas para el sostén de sus familias.
Por casi medio siglo, el Estado ha legitimado, institucionalizado y alentado la
migración dirigida específicamente al trabajo sexual y al trabajo doméstico. De
modo que tanto el trabajo doméstico como el trabajo sexual que se realiza a
cambio de dinero son parte integral del contexto social y económico de la vida
en América Latina y el Caribe. En la última década se ha registrado un
incremento significativo en la migración de las mujeres. Aunque todavía se
subestima por los censos y metodologías tradicionales utilizadas para analizar
los movimientos migratorios, se estima que la participación
socioeconómica de las mujeres en las redes de este movimiento ha aumentado
significativamente (Miller Mathei,1996).
No es casualidad que el
aumento significativo de la migración y el tráfico de mujeres en nuestra región
se registrara a mediados de la década del ochenta, denominada la década perdida
por la grave crisis económica que tuvo. Fue en esa década cuando comenzaron a
hacerse más evidentes las consecuencias y estragos de los modelos de desarrollo
prevalecientes en nuestra región que han generado más pobreza. Las políticas
económicas impulsadas por el Fondo Monetario Internacional y sus políticas de
ajuste estructural dispararon la deuda externa de nuestros países, imponiendo
precios y patrones de producción, exportación v explotación de recursos
naturales. De acuerdo a datos de CEPAL (1990), en 1989 el promedio per cápita
del producto nacional bruto de toda la región de América Latina fue un 8 por
ciento menos que en 1980, equivalente en términos reales al nivel de 1977. En
la década del ochenta, había un nivel de pobreza de 41 por ciento y en la del
noventa un 46 por ciento. La situación, en vez de mejorar, empeora.
Una y otra vez las
mujeres explican e insisten en que la pobreza, la necesidad de dinero para
ellas y sus familias v una mejor calidad de vida son las explicaciones para su
emigración. De hecho, una de las consecuencias inmediatas de la crisis
económica de la región ha sido el aumento en la participación de las mujeres y
los jóvenes en el trabajo remunerado (Benería, 1996).
Además, ha aumentado el número de jefas de familia en toda la región y la
participación de la mujer en el sector de servicios (Mujeres en Cifras, 1995). En
nuestra región, uno de cada cuatro hogares en las áreas urbanas tiene jefatura
de una mujer y hay más mujeres separadas que hombres. El Caribe es la región
del mundo con más alta proporción de mujeres jefas de familia (35 por ciento).
La cantidad de mujeres económicamente activas en las últimas dos décadas aumentó
en 150 por ciento y el incremento en la cantidad de hombres no llegó al 70 por
ciento. La mayoría de las mujeres se emplea en el sector de servicios (60‑80
por ciento). En América Latina, la categoría de trabajadora doméstica
representa al menos un 20 por ciento de la mano de obra femenina contabilizada
y hay países de la región en que esa proporción es mucho mayor (Chaney y Moreno, 1997). También se ha producido un
crecimiento en el movimiento de las mujeres hacia los sectores urbanos.
Por otro lado, el
espectacular aumento de mujeres con más educación formal no ha sido la varita
mágica que soñamos para lograr más equidad. En términos generales, cuando se
analiza la proporción de mujeres por cada 100 hombres a nivel secundario, la
región con más alta proporción en el mundo es América Latina y el Caribe, con
un promedio de 110 mujeres por 100 hombres. Así también, la proporción de
mujeres a hombres en la educación superior es la más alta del mundo con 140
mujeres por cada 100 hombres (Naciones Unidas, The World's
Women...). Sin embargo, estos niveles educativos no
se traducen con toda su fuerza a la hora de tener acceso a buenas oportunidades
de trabajo y salarios. En promedio, los salarios de las mujeres alcanzan sólo
el 72 por ciento del de los hombres.
No sabemos con precisión
la dimensión exacta de la migración de mujeres para trabajo doméstico y sexual,
pero entre los países que tienen algún tipo de estadística, por ejemplo la
República Dominicana, se estima que hay cerca de 50 mil dominicanas en Europa.
También se calculan en miles las colombianas y las brasileñas. El envío de
remesas de dinero se ha ido convirtiendo en una fuente fundamental de ingreso
para muchas familias, situación que contribuye también a que este tipo de
trabajo sea cada vez más imprescindible para las mujeres y sus familias.
Ciertamente, y de esto hay cada vez más testimonios, la creación de las zonas
francas no ha sido la panacea de empleo que prometían los gobiernos para las
mujeres
Lo que me interesa
subrayar, para los propósitos de esta presentación, son algunas de las formas
específicas en que los derechos humanos de esas mujeres son violentados. Sus
derechos son violentados cuando las arrestan y deportan por no tener documentos
que les han sido secuestrados; cuando no se les da la oportunidad de permanecer
en el país y defenderse; cuando son abusadas y maltratadas por asumir que si
son colombianas o dominicanas, para poner un ejemplo, son prostitutas; cuando,
como trabajadoras domésticas, se les violenta su privacidad, particularmente
aquellas que viven con sus patrones; cuando, por estar en situaciones de
migración irregular, se les abusa, se les paga menos, se les amenaza. Por
ejemplo, una encuesta realizada por Cáritas en España
calculó que el 86 por ciento de las trabajadoras domésticas migrantes
entrevistadas obtiene un salario menor que el que reciben las trabajadoras no migrantes.
La ausencia del derecho a
seguridad social, vacaciones, días de enfermedad, pensiones, condiciones
laborales de trabajo, son todas formas que violentan sus derechos como
trabajadoras y seres humanos. Se les violentan sus derechos humanos cuando son
tratadas ‑especialmente las trabajadoras sexuales‑ como entes de
enfermedades de transmisión sexual exclusivamente. Muchas denuncias de
asesinatos y secuestros de mujeres nunca llegan a resolverse. Recientemente en
México se acusó a dos japoneses de haber engañado y extorsionado a cientos de
mujeres mexicanas que llevaron a Japón. La pena criminal impuesta por las
autoridades judiciales mexicanas fue sólo una multa, sin ningún tipo de compensación
a las mujeres afectadas.
Las mujeres que se casan
para facilitar su entrada a algún país enfrentan también abusos por parte de
las autoridades de esos países, al no otorgárseles derechos de patria potestad sobre
sus hijos o perder todo tipo de derecho adquirido si se divorcian. La gran
mayoría de las embajadas y consulados también contribuyen a violentar los
derechos humanos de las mujeres, al no prestar atención a cómo son tratadas en caso de ser
arrestadas o abusadas.
El
contexto de los derechos humanos
La
importancia de vincular el trabajo doméstico y sexual dentro de la lucha por
los derechos humanos parte del reconocimiento de que las mujeres migran o
confrontan situaciones de tráfico al querer realizar estos trabajos como
un modo de ganarse un sustento para ellas y sus familias. Por lo tanto, las
mujeres deben tener derecho a realizar estos trabajos sin ser sometidas a
condiciones de trabajo forzado, violencia, engaño y abuso de autoridad. Si nos
ocupamos de los derechos humanos de las mujeres y de querer garantizarles
condiciones mínimas para que subsistan y trabajen con dignidad, no podemos
olvidar a las trabajadoras sexuales y a las trabajadoras domésticas, grupos
tradicionalmente relegados dentro de la agenda de los derechos humanos. Asumir
posturas antiprostitución es no querer reconocer la
experiencia histórica de cientos de mujeres de nuestra región que han utilizado
las vías establecidas por los propios gobiernos y han recurrido al trabajo sexual
como una fuente de ingreso para el sustento de su grupo familiar. Debe ser
motivo de reflexión el por qué dos aspectos tan ligados al ámbito privado de
las mujeres como el trabajo doméstico y el sexual, no han recibido la misma
atención que, por ejemplo, la violencia doméstica en el contexto de la
discusión sobre mujeres y derechos humanos.
La escasa investigación sobre el tema ‑dada la naturaleza
clandestina, en muchos casos‑ ha dificultado también la atención a la
violación de los derechos humanos de estas trabajadoras. Como inmigrantes ilegales y jefas de familia, muchas
mujeres están dispuestas a tolerar condiciones que violentan su dignidad y
sobrevivencia humana, a costa de poder ganar dinero. El contexto legal
burocrático que ofrecen organismos como la Organización de las Naciones Unidas
está orientado, en términos generales, hacia la política de migración
restrictiva y a la denuncia de acciones criminales que casi siempre están en
contradicción y oposición a los intereses y necesidades de las mujeres.
Por otro lado, y según ha
apuntado la académica canadiense Daiva Stasiulis, los acuerdos internacionales y convenciones
tienen limitaciones evidentes porque en el fondo, a nivel internacional, los
derechos humanos y los derechos de los trabajadores chocan con la globalización
económica que prevalece. Además, es también evidente el discrimen por género en
lo relativo a la migración y al trabajo. Si son los hombres los que se
desplazan se le llama migración internacional, pero si son las mujeres se le llama
tráfico.
Preguntaba Claudia Colimoro, líder de las trabajadoras sexuales mexicanas,
"¿por qué es que para el capital no hay fronteras y para las mujeres
sí?" Mientras los países exportadores de migrantes
pueden intentar exigir más protección para sus trabajadores ‑cosa que no
siempre hacen‑ los países receptores buscan las formas de disminuir los
costos políticos y económicos de los migrantes. Véase
por ejemplo todo el movimiento antimigrante que se
está dando en Estados Unidos. En California por ejemplo, la lucha por la
aprobación de la Proposición 187 que despojó dramáticamente a los migrantes de beneficios sociales, además de echar hacia
atrás años de legislación protectora, generó una serie de actos de persecución
y hostigamiento y violación de derechos civiles, particularmente hacia los
latinos, sin importar si eran migrantes legales o no
(Bacon, 1996).
En el caso específico de
las trabajadoras sexuales y domésticas ‑de las cuales una gran mayoría ha
migrado del campo a la ciudad o fuera de su país‑ han sido algunas ONG ‑no
necesariamente vinculadas al mainstream del género y
derechos humanos‑ las que se han dado a la tarea de investigar, denunciar
y darles a|guno tipo de apoyo, tanto en América
Latina y el Caribe como en Europa. Comienzan también a surgir organizaciones de
trabajadoras sexuales que, aunque se ocupan principalmente de librar batallas
más inmediatas, podrían también incluir en su agenda el desarrollo de algún
tipo de lucha por la reivindicación de sus derechos dentro del marco más amplio
de los derechos humanos de las mujeres.
Pero lo cierto es que
dentro del marco institucional, los tratados y convenciones que de algún modo
aluden a las situaciones de tráfico o migración no son operacionales. Por un
lado, no proveen una definición abarcadora de tráfico o no discuten los
derechos básicos de las mujeres como base para su acción, o no tienen
mecanismos para implantarlas o su enfoque es limitado ya que conciben sólo el
tráfico en términos de prostitución. Por otro lado, convenciones internacionales,
por ejemplo la Convención Internacional de Protección a los Derechos de Todos
los Trabajadores Migrantes y sus Familias, adoptada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1990, no ha podido entrar en
vigencia dado el escaso número de países que la han firmado. Se ha dicho que
esta Convención es importante porque puede contribuir a cambiar el debate sobre
migración en cuanto, por ejemplo, a valorar la contribución económica de los migrantes legales e ilegales, así como reconocer que la migración
se ha ido transformando ‑como el capital‑ en un fenómeno global. De
modo que el papel de estos instrumentos es más bien simbólico, educativo, y un
recurso entre otras estrategias que deben considerarse.
Comentarios finales
Por supuesto, no tengo las respuestas ni
soluciones, pero voy a finalizar elaborando dos de las recomendaciones
consignadas en el Informe Regional sobre Tráfico de Mujeres en América
Latina y e/ Caribe. La primera es fomentar, a través de organizaciones
regionales gubernamentales y no gubernamentales, la investigación sobre
posibles violaciones de derechos humanos a las mujeres de nuestra región Que.,
dentro del contexto del trabajo sexual y trabajo doméstico, han enfrentado y
sufrido este tipo de violación. Las noticias de prensa recopiladas para nuestro
informe refieren detalles desgarradores de los múltiples maltratos a los que
son sometidas estas mujeres y que quedan totalmente impunes.
En segundo lugar, quiero
compartir con ustedes un proyecto impulsado desde hace más de un año por la Alianza
Global contra el Tráfico de Mujeres, que se propone superar las
deficiencias señaladas en la mayoría de tratados y convenciones
internacionales. Se trata de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Personas
Traficadas. Estas reglas se proponen lograr un consenso entre los gobiernos y
organizaciones que trabajan sobre el tema, partiendo de la protección de los
derechos humanos para personas traficadas (y migrantes)
y hacer recomendaciones concretas y prácticas que puedan ayudar a los gobiernos
a garantizar los derechos humanos de estas personas. Estas reglas se
fundamentan en acuerdos que muchos gobiernos ya han firmado. A lo largo de
1997, esta idea se ha estado discutiendo en las regiones que participaron del
informe internacional sobre tráfico y se espera que para febrero de l998, en la
reunión internacional de la Alianza Global, se produzca el documento final.
Entre los principios generales estipulados están los siguientes:
• derecho a estar libre de persecución y
violencia por parte de aquellos en posiciones de autoridad;
• acceso a traductores competentes durante los
procesos legales, asistencia legal gratuita, y representación legal durante los
procesos judiciales que se llevan a cabo;
• oportunidad de que se les haga justicia y que
se les compense por violaciones a sus derechos humanos;
• vías para que una mujer pueda radicar cargos
criminales y tomar acción civil contra sus ofensores, tales como tener un
permiso de estadía mientras duren los procedimientos civiles, protección adecuada
como testigo, entre otros;
• permiso legal de permanecer, si el regreso a
su país pudiera ser inseguro, o si lo desea, ayuda para regresar.
Es fundamental rechazar
las tendencias predominantes que promueven estrategias tales como políticas de
migración restrictivas y acciones criminales más represivas contra las
trabajadoras sexuales o contra los inmigrantes indocumentados. Es fundamental
la revalorización del trabajo de las mujeres, en general, y prestar particular
atención a los grupos a los que tradicionalmente no se les ha reconocido y a
!os que se les ha estigmatizado por sus formas de sobrevivencia.
Junto a las propuestas a
corto plazo de índole remedial y humanitaria, debemos
también reflexionar sobre otras estrategias en las que se plantee la
movilización política de estos y otros sectores en situaciones similares.
Debemos reflexionar sobre las consecuencias a largo plazo del asistencialismo y humanitarismo predominante, ya que
podrían disminuir el potencial de movilización de mujeres. En América Latina y
el Caribe tenemos ya algunas organizaciones de trabajadoras domésticas y las
que ahora surgen de trabajadoras sexuales. En la Conferencia Regional de
Norteamérica del informe internacional sobre tráfico (Pheterson,
1997) se sugirió la creación de una Alianza Feminista Autónoma de Mujeres Migrantes Trabajadoras en la que la autorrepresentación
de estos sectores sea su piedra fundacional. Y, por supuesto, dentro del
contexto de los derechos humanos, debemos siempre recordar el potencial de
movilización política que estos instrumentos podrían tener. Estas son, en mi
opinión, algunas de las estrategias específicas en las que podríamos trabajar.
Bibliografía
Azize Vargas, Yamila, con
la colaboración de Kamala Kempadoo.1996.
Informe Regional de América Latina y el Caribe sobre Tráfico de Mujeres para
Prostitución, Trabajo Doméstico y Matrimonio, Fundación Contra el
Tráfico de Mujeres (STV) y Alianza Global Contra el Tráfico de Mujeres (GAATW),
copia mimeo.
Azize Vargas, Yamila.
1996. Mujeres latinoamericanas y educación en el fin de siglo: ¿Participación
cuantitativa o transformación cuantitativa? En: Estudios Básicos de Derechos
Humanos IV. Costa Rica: Instituto Interamericano de Derechos Humanos.
Bacon, David. 1996. For an
Immigration Policy Based on Human Rights. Social Justice, Vol. 23, N° 3, pp.
137‑153.
Benería, Lourdes. 1996. The Foreign Debt Crisis and the
Social Cost ot Adjustment in Latin America. En:
Friedman, John; Abers, Rebecca and Autler, LiIian (editores), Emergences: Women's Struggles torLivelihood in Latin America. UCLA, Latin
American Center.
Chaney, Elsa y Moreno, Aída. 1996. The Difticult Path
Toward Organizing Household Workers: A Dialogue. En: Emergences: Women's
Struggles for Livelihood in Latin America. UCLA, Latin American Center.
Entre Mujeres. 1994. Las
mujeres y los derechos humanos en América Latina. Antología de
reportajes de diversos países de la región Perú.
Galeano, Eduardo. 1997.
Escuchar las voces que vienen de lo más remoto, ALAI, 17 octubre, Ecuador.
Miller Mathei,
Linda.1996. Gender and International Labor Migration. Social Justice, Vol.
93, N° 3, pp.38-53.
Pheterson, Gail.1997. The Ladies and the Tramps. Discurso leído en la Conferencia Regional de
Norteamérica sobre Tráfico de Mujeres. Victoria, Canadá, mayo.
Stasiulis, Daiva. 1996.
Report on Violence Against Asian Wiomen
Migrant Workers, September, Canadá.
United Nations. 1995. The
World´s Women: Trends and Statistics. New York.
Valdés, Teresa y Enrique Gomáriz, coordinadores. 1995. Mujeres en Cifras, Tomo
comparativo. FLACSO/Instituto de la Mujer de España.
Wijers, Marjan y Lin Lap Chew.
1997. Trafficking in Women,
Forced Labour and Slaver‑like Practices in
Marriage, Domestic Labour and Prostitution. STV & GAATW, Utrecht, The Netherlands.
* Ponencia
presentada en la Reunión de ONG “Las mujeres y el desarrollo en América Latina
y el Caribe”, Santiago de Chile, 18 de noviembre de 1997. Reunión de ONG. Las
mujeres y el desarrollo en América Latina y el Caribe. Grupo Iniciativa Chile;
Torres, Carmen, ed., Santiago: Grupo Iniciativa,
julio 1998, 83 p.
Cuestiones
de América Nº 9, Junio de 2002
Regresar a la Página Principal...