Tercer aniversario de la Revolución Bolivariana

La Ofensiva contra Chávez

Juan Agulló *

Tres años después de la apabullante elección de Hugo Chávez como presidente de Venezuela¹, el país está que arde. El Ejecutivo y el empresariado son los principales actores de un conflicto que el pasado 10 de diciembre vivió su momento más crítico, coincidiendo con la celebración de un cierre patronal que, en líneas generales, tuvo un seguimiento bastante alto. La excusa: la reciente aprobación por decreto de 49 leyes que, desde la óptica de la oposición, atentan contra el libre mercado. Lo que subyace: la impotencia de la vieja burocracia y de parte de las clases medias para articular un proyecto nacional serio, coherente y, sobre todo, alternativo al bolivariano. La falta de un liderazgo que contraponer al carisma de Chávez, por demás, no hace sino incrementar la desesperación de los nostálgicos del antiguo régimen

A lo largo de las últimas semanas, en la prensa nacional e internacional las comparaciones entre la Venezuela de Chávez y el Chile de Allende (1970-1973) se han multiplicado. Hace 30 años, en efecto, la estrategia de acoso y derribo contra el ex presidente chileno también pasó por una actitud algo más que agresiva por parte del empresariado. Cuando el control del aparato del Estado (y, por ende, el de la toma de decisiones) está en juego, las clases dominantes saben muy bien lo que quieren. Prueba extrema de ello es la sangrienta intervención militar (liderada por Pinochet) que puso fin a la experiencia de la Unidad Popular en Chile. En el caso actual de Venezuela, sin embargo, los amigos de las comparaciones superficiales suelen olvidar que el propio Chávez es militar de carrera y, por demás, de alto rango.

A decir de no pocos observadores locales, en efecto, parece bastante improbable que los colegas del actual presidente traten de promover -al menos a corto plazo- la restauración de un orden liberal-representativo que, si terminó saltando por los aires hace tres años, fue precisamente debido al grado de incompetencia política, de corrupción moral y de polarización socioeconómica que propició o, al menos, toleró. Chávez, de hecho, constituye un producto típico de la desesperación popular, pero también de la apuesta decidida por un ejercicio redefinido de la democracia como forma de gobierno. Sus niveles de popularidad, no por casualidad -pese a la ofensiva mediática generalizada a la que ha venido siendo sometido desde el comienzo de su mandato- siguen estando entre los más elevados del mundo² (rondarían el 50%, según la agencia de sondeos Consultores 21).

Arde la calle

Desde la reseñada perspectiva, los enfrentamientos callejeros que se han sucedido a lo largo de las últimas semanas -sobre todo en Caracas- no han de ser vistos como la consecuencia de una manipulación ejercida desde arriba, sino del notable apoyo popular con el que el presidente venezolano sigue contando en su país. También, obviamente, como el efecto más inmediato de una polarización sociopolítica que, lejos de disminuir, tiende a incrementarse de forma cada vez más aguda. Esto es algo que se encuentra tremendamente ligado a un pesado legado:
Venezuela es un país en el que la pobreza -pese a la renta petrolera- ronda la en absoluto desdeñable cifra de 64%³ (porcentaje del cual, por cierto, los bolivarianos extraen la mayor parte de sus apoyos).

En un contexto como el que se viene describiendo, la prensa dista mucho de ser ajena a una crispación del clima sociopolítico que resulta innegable en las últimas fechas. Desde la llegada de Chávez al poder, de hecho, no ha habido un solo día en el que -tanto dentro como fuera del país- no haya sido atacado eso que -por paradójico que pueda parecer- fue calificado por el ex presidente estadunidense James Carter (1976-1980) de auténtica revolución democrática. Al respecto, mucho se ha hablado de la excesiva locuacidad ?por no decir virulencia verbal? con la que Chávez suele dirigirse a sus enemigos políticos pero, al mismo tiempo, no es poco lo que se ha callado en torno de las sutiles maneras con las que suele conducirse esa prensa que, en la Venezuela actual, constituye un fiel reflejo de intereses, valores e incluso estereotipos furibundamente opositores.

Incluso periódicos extranjeros de reputado prestigio se han visto arrastrados por la avalancha. Los elogios son cada vez más escasos, y mientras tanto las críticas se recrudecen. Es lo que hace ya un par de años se encargó de recordarle al director de The New York Times Michael Nylin (presidente de la sección venezolana de la General Motors):
"[...]También me gustaría hablar en torno al tono general de su editorial el cual, como estadunidense que vive fuera de su país, encuentro que, desafortunadamente, es minimizante y, francamente, poco americano. Desde mi posición pienso que el señor Chávez tiene delante de sí una tarea de proporciones monumentales, la cual no será capaz de cumplir aun si la Asamblea Nacional Constituyente lo nombrara monarca durante el resto de su vida. Si la única cosa que el señor Chávez tuviera en su agenda fuera la de construir un nuevo país, esta sería tarea suficiente para dos vidas consecutivas, pero el señor Chávez tiene una tarea más ardua que esta. Debe poner orden en las instituciones, procesos y libertades para cambiar la actitud de la gente" [...].

En todo caso, puntualizaciones aparte y si de violencia se trata, no todo puede colgarse en el debe de terceros. De hecho -también según las encuestas-, si hay un rubro en el que los venezolanos reprueban la gestión de Chávez es en el combate a la inseguridad ciudadana (93%, siempre según Consultores 21). A tres años de su llegada al poder, no en vano, el índice de delitos continúa siendo especialmente elevado, y eso es algo que le resta apoyos al gobierno entre el sector social que se ve más afectado por la misma: las clases medias. Como sea, lo que tampoco se puede olvidar es que se trata -una vez más- de una herencia envenenada producto del progresivo pero imparable proceso de empobrecimiento que -desde hace una veintena de años- viene padeciendo una sociedad venezolana que -durante las décadas de los sesenta y de los setenta- llegó a disfrutar de unos niveles de bienestar y de desarrollo dignos de otras latitudes.

Las pretensiones gubernamentales

A fecha de hoy -tal y como se encargaba de recordar Nylin en su misiva- el trabajo que hay por delante resulta muy grande.Chávez -cuya personalidad no se encuentra ni mucho menos exenta de inclinaciones populistas- podía haber optado por una política trufada de golpes de efecto destinada a mantener intactas sus altas cuotas de popularidad (que en algún momento llegaron a frisar el 80%). Su apuesta, por el contrario, se orientó -desde el principio- a una transformación estructural y, sobre todo, interdisciplinaria, del país. El largo plazo, como consecuencia de ello, se ha convertido en una necesidad perentoria si lo que realmente se quiere es ver resultados.

Los pilares sobre los que se asienta la Revolución Bolivariana son fundamentalmente tres. Por una parte un ordenamiento institucional sin par en el mundo -eso que en Venezuela se conoce con el nombre genérico de V República-, cuyo hecho diferencial radica en la existencia de un poder llamado ciudadano⁴, y de otro electoral que, constitucionalmente, se equiparan a los tradicionales Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Por otro lado la promoción de una política petrolera orientada a mantener los precios del crudo por encima de los 22 dólares por barril: algo que, aunque parezca increíble, resultaba inédito desde principios de los ochenta. Por último, la articulación de una estabilidad macroeconómica que, en menos de dos años, ha logrado algo que los gobiernos anteriores no habían conseguido en 30: controlar la inflación⁵ y, de paso, recibir la consiguiente felicitación por parte del Fondo Monetario Internacional.

Como sea, más allá de las intenciones iniciales están los hechos: tras la abrumadora aprobación de la nueva Constitución -en 1999, con 71.21% de los votos-, Chávez le pidió al nuevo Congreso (unicameral) poderes especiales -la famosa Ley Habilitante-, con vistas a tomar toda una serie de medidas -consideradas urgentes- por decreto. Los anunciados abusos gubernamentales, pese a ser esperados con fruición por prensa y oposición, han resultado prácticamente inexistentes. De hecho, más allá de una serie de casos de corrupción más o menos aislados⁶, el presidente venezolano se ha dedicado a legislar sobre cuestiones (como el salario mínimo, los sueldos de los empleados públicos, el débito bancario, la creación de microcréditos o la reforma agraria) que, hasta ahora, dormían el sueño de los justos. Por si todo esto fuera poco, el esfuerzo realizado por el gobierno en los ámbitos educativo (cuyo presupuesto se ha equiparado a lo exigido por la UNESCO), sanitario, fiscal e infraestructural (ya sea en forma de viviendas, ya de construcción de carreteras, de represas o de plantas de producción de gas) ha resultado enorme.

Hasta ahora nadie se había atrevido a discutirle abiertamente a Chávez el esfuerzo modernizador en el que se encuentra embarcado su gobierno. Sin embargo, el vencimiento de plazo de la Ley Habilitante ha marcado un antes y un después: el hecho de que el gobierno aprobara nada menos que 49 decretos de un plumazo no ha tardado en ser presentado -una vez más dentro y fuera del país- como una prueba irrefutable del autoritarismo bananero de Chávez que, por demás, en esta ocasión estaría atentando contra la sacrosanta propiedad privada y estaría en vías de hacerlo --a corto plazo- contra la mismísima libertad de expresión. Los denunciantes, sin embargo, por lo general apenas han solido tomarse la molestia de concretar la fuente real de tanto temor e indignación.

La rémora corporativa

Un simple vistazo a los decretos aprobados, de hecho, no hace sino multiplicar las interrogantes, pero no en dirección del gobierno sino en la de una oposición a cuya cabeza se han colocado medios de comunicación y empresarios. A priori, de hecho, parece bastante sensata la pretensión de reducir la talla de las administraciones públicas; de ejercer controles más estrictos por cuanto al cobro de las pensiones se refiere; de fiscalizar el uso de las subvenciones públicas por parte de las empresas privadas; de pretender que la banca -y no el Estado- sea la que asuma su propia deuda acumulada; de racionalizar y de convertir en progresiva la política fiscal; de crear un Fondo Unico Social orientado -entre otras cosas- a mejorar la nutrición infantil, así como a promover la creación de cooperativas y microempresas; a facilitar el acceso al crédito en condiciones justas; a reformar los decretos preexistentes sobre concesión de obras públicas; a reivindicar el carácter nacional de las reservas gasísticas; a que sea el Ejecutivo quien fije las tarifas eléctricas, o a que las escasas comunidades indígenas existentes en el país recuperen el control sobre sus propias tierras, aguas y subsuelos.

En realidad, como se podrá constatar, se trata de facultades que los gobiernos eurooccidentales y norteamericanos se vienen arrogando desde hace mucho tiempo sin que ello haya dado pie al escándalo, y mucho menos a acusaciones tan graves como las que se le vienen haciendo al Ejecutivo venezolano actual, desde su toma de posesión en general y desde hace unas semanas en particular. De hecho, que Chávez se codee o se haya codeado con personajes -en principio- tan poco recomendables como Fidel Castro, Saddam Hussein, Muamar Kadafi o Kim Jong Il no quiere decir que no respete esos mismos procedimientos democráticos que, en su día, lo llevaron hasta el Palacio de Miraflores⁷. En este sentido nos parece oportuno recordar que en un país como Estados Unidos resulta tan habitual que se gobierne por decreto como que sus ciudadanos se vean impelidos a escuchar un mensaje semanal del presidente de turno.

Sea como fuere, lo que ocurre en Venezuela es que la red de intereses corporativos tejidos al calor del antiguo régimen y de una renta petrolera administrada de forma irresponsable y cleptocrática condujeron al país a algo más que a una indignante polarización de la riqueza o a una preocupante desestabilización macroeconómica: en realidad sentaron las bases de una polarización sociopolítica, que no sólo enfrenta a ricos contra pobres, sino a aquellos que -en mayor o menor medida- le sacaron y le siguen sacando partida a los residuos del antiguo régimen (empresarios nacionales y multinacionales, funcionarios públicos y privados, dirigentes sindicales, etcétera), contra aquellos otros que -como bien intuyó Chávez durante su primera campaña electoral- no tienen nada que perder.

Como consecuencia de ello la cuestión que se plantea va más allá de que el Estado retome un papel rector en la definición del desarrollo: básicamente se trata de que la administración defienda los intereses nacionales por encima de los corporativos. Ello, como es obvio, equivale a tratar de transformar el carácter -hasta ahora- dependiente de Venezuela, insertando de esa manera al país en la lógica globalizadora en términos infinitamente más favorables a los que, hasta hace tres años, parecían avizorarse. La experiencia bolivariana constituye, por consiguiente, una rebelión en toda regla contra un destino impuesto. Tanto atrevimiento -añadido al peligro de que el ejemplo cunda en el ámbito geográfico más cercano- explica que la indignación empresarial en relación con Chávez encuentre partidarios tanto dentro como fuera de Venezuela.

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Notas

1 En las presidenciales de 1998, Chávez obtuvo 56.20% de los votos emitidos. Dicho porcentaje aumentó hasta 59% en las elecciones de 2000 (ya bajo la nueva Constitución).

2 Actualmente, por ejemplo, la de Vicente Fox es de 36%.

3 Datos oficiales (2000) de la Oficina Central de Censos e Informática de Venezuela.

4 El llamado poder ciudadano se gestiona a partir de un Consejo Moral Republicano (CMR), encargado de coordinar las actuaciones de la Procuraduría General de Justicia, la Defensoría del Pueblo y el Tribunal de Cuentas. Se trata, por ende, de un poder de control.

5 La inflación en Venezuela es, actualmente, de 7.5%. En 1998 —año de la llegada de Chávez al poder— era de 29.9% (fuente: ILDIS).

6 Corrupción que en ningún caso resulta comparable al equivalente a cinco planes Marshall que se esfumó del país en la treintena de años que precedieron a la Revolución Bolivariana.

7 Sede de la presidencia de la República Venezolana.

* Masiosare, 18 de diciembre del 2001.

Cuestiones de América Nº 7, Noviembre de 2001

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