El Dividendo de la Guerra *
William D. Hartung **
De cómo el Congreso está dispuesto a dar un cheque
en blanco a los programas favoritos del Pentágono, sin importar si éstos se
relacionan o no con la lucha contra el terrorismo.
A unos días de los ataques del
11 de septiembre contra el Pentágono y el World Trade Center, el Congreso
aprobó un paquete de emergencia por 40 mil millones de dólares -del cual la
mitad estaba destinada a la reconstrucción y la otra mitad era para el combate
al terrorismo. Pero los mayores beneficiarios de esta generosidad no serán las
familias de las víctimas ni las comunidades que sufrieron los efectos de los
ataques: serán los gigantes contratistas de la fabricación de armas como
Raytheon y Lockheed Martin.
El Pentágono ha pedido poder
hacer uso de la ración que le toca al león, equivalente a 20 mil millones de
dólares fijados para financiar las primeras etapas de la guerra que el
presidente Bush propuso contra el terrorismo. Pero eso es sólo el principio.
El Congreso está a punto de firmar un
incremento por 18 mil 400 millones de dólares para el presupuesto del
Pentágono, solicitado a principios de año, y pretende aprobar otro aumento
adicional de hasta 25 mil millones de dólares. Christopher Hellman, del Centro
de Información para la Defensa, ha sugerido que el gasto militar para el año
fiscal 2002 podría llegar a 375 mil millones de dólares, lo que implica un
incremento de 66 mil millones sobre el presupuesto de 2001. El subsecretario de
Defensa, Paul Wolfowitz, ha explicado que los incrementos de este año serán
sólo "un primer pago" previo a mayores aumentos a largo plazo que el
Pentágono buscará para combatir en este nuevo tipo de guerra.
Otra cosa sería si estas
masivas sumas se estuvieran dirigiendo cuidadosamente hacia proyectos que
podrían contribuir a reducir el terrorismo o castigar a los responsables de los
recientes ataques. Pero como un funcionario de la Defensa señaló al cotidiano
industrial Defense News, estos nuevos fondos "no tendrán nada que
ver con los esfuerzos de rescate o emergencia (ni tampoco) con la represalia en
respuesta a los ataques del 11 de septiembre". En cambio, agregó, el
dinero se destinará a la "lista de pedidos de cosas que se tendrán para
años venideros" en el Pentágono.
Joseph Cirincione, del Fondo
Carnegie para la Paz Internacional, resumió recientemente la actual política de
Washington sobre el gasto militar en el diario The Boston Globe:
"Algunos están usando la tragedia para justificar los programas
existentes, pegándole la etiqueta de 'antiterrorista' a la defensa misilística
y a incrementos presupuestales inéditos".
Ciertamente, este es un buen
momento para insistir en dichos programas. Como lo admitió al diario The New
York Times el encargado de presupuestos de la administración Clinton,
Gordon Adams, quien actualmente está en la Universidad George Washington:
"El Capitolio está preparado para hacer lo que sea que el Pentágono
pida".
Al corto plazo, el equivocado
esquema de defensa misilística de la administración Bush tiene todo que ganar
de la nueva actitud pro militar del Capitolio, pese a que los ataques del 11 de
septiembre subrayaron uno de los argumentos centrales de los críticos del
sistema: que Estados Unidos enfrenta una amenaza más inmediata de ataques
terroristas de bajo nivel tecnológico, que de misiles balísticos de largo
alcance. Una asignación por mil 300 millones de dólares fue aprobada sin
dificultad en el Congreso recientemente, y el costo total del programa podría
alcanzar 240 mil millones de dólares en las dos próximas décadas.
Otros probables beneficiarios
del nuevo estado de ánimo pro militar son programas como el del avión de guerra
Osprey V-22, proyecto plagado de escándalos y que ha estado vinculado
con accidentes en los que han muerto al menos 30 miembros del personal militar
estadunidense. El programa podría experimentar una resucitación con un poco de
ayuda de aliados influyentes como Curt Weldon, el representante republicano por
Pensilvania. Weldon, cuyo distrito es hogar de las instalaciones de Boeing en
las que se fabrican los V-22, seguramente argumentará que la habilidad
única del aparato en cuestión para volar indistintamente como avión o como
helicóptero, será ideal para explorar zonas escarpadas en la búsqueda de
escondites terroristas.
De manera similar el avión F-22,
de la empresa Lockheed Martin, que con un costo unitario de más de 200 millones
de dólares es la aeronave de combate más cara jamás construida, estará en una
posición mucho más fuerte para evitar recortes al presupuesto si el Congreso
continúa aumentando el gasto del Pentágono.
Lawrence J. Korb, funcionario
del Pentágono de la administración Reagan, ha señalado que ahora el avión es
obsoleto, dado que fue diseñado para combatir naves de guerra soviéticas de
nueva generación que nunca llegaron a construirse. Pero eso no evitará que
promotores del programa de las delegaciones de Georgia y Texas presionen para
que se concedan los 70 mil millones de dólares que costará mantener el proyecto
de construir 295 aparatos.
El sistema de artillería Crusader,
construido por United Defense, en el distrito del representante republicano por
Oklahoma y presidente de la bancada republicana, J. C. Watts, también se verá
beneficiado por el nuevo entorno de ganancias del Pentágono. Se había hablado
de la posible eliminación del proyecto Crusader en una de las comisiones
en las que participó el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, en el marco de
la revisión de la defensa, con el argumento de que el sistema era demasiado
aparatoso para ser trasladado fácilmente a los más probables campos de batalla
del futuro. Pero con tanto dinero sobre la mesa para armas, ¿quién necesita
tomar decisiones?
Más allá de los proyectos
personales de legisladores clave, el Pentágono tiene su propia lista de compras
para artículos que serán usados en la incipiente guerra contra el terrorismo.
En su discurso del 24 de septiembre ante la conservadora Heritage Foundation,
el contralor del Pentágono, Dov Zahkeim, indicó la intención de su departamento
de incrementar los fondos para el financiamiento de una serie de proyectos en
torno a aviones de reconocimiento, submarinos armados con misiles y municiones
de alta tecnología.
Finalmente, pero de no menos
importancia, contemos con los defensores en el Congreso del bombardero B-2
Stealth fabricado por Northrop Grumman, como el representante demócrata por
Washington, Norm Dicks, y el representante republicano por California, Randy Duke
Cunningham, en cuanto a tratar de revivir el programa de financiamiento para la
construcción de 40 unidades más de estos aviones, capaces de volar en misiones
de largo alcance, desde bases distantes de la zona de conflicto. El precio de
cada B-2 se calcula en más de 2 mil millones de dólares por unidad.
En otra jugada que beneficiará
a los principales fabricantes de armas, la administración Bush ha hablado de
acelerar las ventas de armas a Oriente Medio y Asia del sur, incluyendo tratos
pendientes para transferir aviones F-16 de Lockheed Martin a Omán y
Emiratos Arabes Unidos, y para la venta de sistemas de lanzamiento múltiple de
cohetes (MLRS, por sus siglas en inglés y fabricados por la misma empresa) a
Egipto. También se contemplan posibles exportaciones a Pakistán de refacciones
para sus F-16, aviones de transporte C-130, y naves de
reconocimiento P-3 comprados por esta nación (todos ellos productos de
Lockheed Martin). Tal y como lo hizo su padre tras la Guerra del Golfo, el
presidente Bush planea vender armas a cambio de apoyo político y militar en su
guerra contra el terrorismo.
Esta avalancha de nuevos gastos
en armas exige la pregunta más amplia de si respuestas militares a gran escala
a la violencia terrorista son apropiadas o efectivas. Como señaló el ex
funcionario del Pentágono Jospeh Nye, de la Escuela Kennedy sobre gobierno de
la Universidad de Harvard: "Suprimir el terrorismo es algo muy diferente
de una campaña militar. Requiere de trabajo civil continuo, paciente y carente
de dramatismo, y de una estrecha cooperación con otros países".
Si el
acelerado gasto del Pentágono no termina pronto, los fondos, la energía y la
atención necesarios para un enfoque más inteligente para prevenir el terrorismo
se verán desviados hacia un estrecho esfuerzo militar, que con toda
probabilidad, hará más daño que bien.
Traducción: Gabriela Fonseca
* La
Jornada, México, 6 de octubre de 2001.
**
William D. Hartung es investigador adjunto de alto nivel en el Instituto de
Política Mundial en la Universidad de New School en Nueva York.
Cuestiones de América Nº 6, Noviembre de 2001
Regresar a la Página Principal...
