Ecuador: El Levantamiento del Hambre
Osvaldo León y Sally Burch
Quito *
“El Gobierno
Nacional consciente de la existencia de conflictos históricamente no resueltos
en la relación Estado-Pueblos Indígenas, y que el proceso de ajuste estructural
genera impactos en los pueblos indígenas y sectores pobres del país, acuerda
con las Nacionalidades, Pueblos y Organizaciones Indígenas, impulsar un proceso
de entendimiento y diálogo nacional permanente, orientado a tratar y generar
políticas de estado para superar la histórica exclusión de los pueblos y las
iniquidades generadas por el ajuste. Para el efecto se crearán espacios de
participación ciudadana que permitan la construcción colectiva de las
soluciones que el país demanda y entablar un nuevo tipo de relación entre el
Estado y los Pueblos Indígenas”.
Bajo estos
términos, en la tarde del 7 de febrero, se estableció el acuerdo entre el
régimen del presidente Gustavo Noboa y los dirigentes de las organizaciones
indígenas y campesinas que protagonizaron las movilizaciones que mantuvieron
semiparalizado al país por más de diez días.
El documento, compuesto de 23 puntos y 4 transitorias, contempla, entre
otras cosas, la revisión parcial del paquete de medidas económicas dictadas a
fines del año pasado, una vez que los indígenas flexibilizaron su postura de
pedir la derogatoria total, a fin de desbloquear la negociación.
Así, el
gobierno accedió a reducir al 60% el alza del 100% del precio del cilindro del
gas doméstico, y a congelar por un año del precio actual de los combustibles.
Acordó reestructurar y capitalizar el Banco Nacional de Fomento para que pueda
otorgar créditos a los pequeños y medianos productores; tomar medidas más
enérgicas para recuperar las deudas de la banca estatizada; brindar apoyo a los
migrantes dentro y fuera del país; y no involucrar al país en el Plan Colombia.
El
entendimiento incluyó también el compromiso oficial de indemnizar a los deudos
de las personas que fueron asesinadas durante las protestas, al igual que a los
heridos graves que hayan sido hospitalizados.
No obstante el carácter pacífico del movimiento, en esta ocasión, la
fuerza represiva fue utilizada a niveles extremos, situación que llevó incluso
a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a requerir aclaraciones del
gobierno.
Los
desaciertos del gobierno
Fue por el
empuje desde las bases que las movilizaciones, iniciadas el 21 de enero,
comenzaron a alcanzar proporciones mayores a partir del 29. La respuesta gubernamental mostró tantos
desaciertos, que quedó claro que los responsables, en su mayoría costeños, y
particularmente los ministros de Gobierno y Defensa, entienden poco o nada de la problemática indígena.
De hecho, la
reacción oficial osciló entre posiciones duras o conciliadoras, según las
presiones ejercidas. El sector
empresarial y las élites pidieron “mano dura”, con un discurso abiertamente
racista que ya se creía superado, amparado en el argumento de que no puede una
minoría imponerse a todo el país.
El
presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil llegó incluso a afirmar que
“la única salida es la fuerza” y a aplaudir que el Estado de Emergencia
(decretado el 2 de febrero) le daba al presidente la potestad de usarla.
Por el otro
lado, amplios sectores de la sociedad exhortaron a la apertura de un
diálogo. No obstante, cuando el gobierno
accedió a dialogar, lo abordó bajo los parámetros de una negociación con un
gremio, circunscrita a las demandas específicas del sector. A ello, el movimiento indígena contestó: nada
para nosotros si no es para todo el país.
Entre otros
resultados, la movilización permitió al movimiento indígena recuperar su
espacio (algo disminuido en los meses anteriores) y lograr un nivel inédito de
unidad de todas las organizaciones indígenas, dejando sin piso los intentos del
gobierno de aislar a la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas del
Ecuador (CONAIE).
Paralelamente,
se reactivaron numerosos espacios sociales (derechos humanos, ONGs,
intelectuales, sectores religiosos, entre otros) que hicieron pronunciamientos
a favor de las reivindicaciones y en rechazo a la represión y el racismo,
interpelando al presidente para que gobierne para el país y no solo para los
banqueros y el sector empresarial. Queda
por ver ahora si el gobierno tomará en serio su compromiso de abrir un amplio y
serio diálogo.
*
Tomado de: Servicio Informativo “Alai-amlatina”
Agencia
Latinoamericana de Informacion (http://alainet.org)
Cuestiones de América Nº 3,
Marzo de 2001
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