El Incremento de las Cuotas de las
Universidades Públicas y la Expansión
de la Educación Superior Privada *
A
propósito del conflicto en la UNAM, a la vez que de otros conflictos estudiantiles
de actualidad, en documentos de la OCDE y el Banco Mundial se preveía ya el
incremento de las cuotas de las universidades públicas y la expansión de la
educación superior privada. Desde 1997 el Banco Mundial y la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos recomendaron al gobierno mexicano
aumentar las cuotas de la UNAM y de las demás universidades públicas, debido,
principalmente, a la caída del presupuesto para la educación superior. La recomendación del Banco Mundial está incluida
en un proyecto de financiamiento por 180 millones de dólares, diseñado en abril
de 1997, que comenzaría a operar en junio de 1999, luego de que fue revisado y
aprobado por la burocracia del organismo financiero internacional.
En el documento explicativo del proyecto -conocido como
"MXPE49895"-, el Banco Mundial diagnosticó:
Los principales temas que enfrenta el sistema de educación
superior de México son: (a) una tasa de participación que resulta insuficiente
para satisfacer las necesidades crecientes del país de graduados capacitados;
(b) una carencia de recursos presupuestales para estimular el crecimiento de
las inscripciones, particularmente después de la crisis financiera de 1994; (c)
deficiencias en la calidad de los servicios prestados por esas instituciones;
(d) problemas de equidad, particularmente a la luz de la limitada capacidad de
expansión de las universidades públicas y el papel creciente de las
universidades privadas, y (e) una falta de respuesta a las cambiantes
necesidades económicas de la nación...
La Secretaría de Educación Pública ahora está enfocando sus esfuerzos en
incrementar los niveles de participación en la educación superior. La meta de
largo plazo del gobierno es lograr los incrementos necesarios en la inscripción
terciaria al tiempo que se mejora la equidad del acceso. Sin embargo, el
gobierno está consciente de que la expansión planeada no puede ser financiada
exclusivamente con recursos públicos. El aumento de la cobertura sólo puede
lograrse si las instituciones de educación superior son capaces de generar
recursos adicionales, mediante cuotas y otras medidas de generación de
ingresos, y si las universidades privadas son capaces de absorber una porción
creciente de las inscripciones de educación superior (actualmente 25%). Esta
estrategia de expansión requiere, por lo tanto, de la existencia de mecanismos
de apoyo financiero apropiados y efectivos para garantizar la igualdad de
oportunidades de acceso a estudiantes de ingresos familiares bajos y medianos.
En este contexto, el gobierno mexicano está ansioso de promover el desarrollo y
el fortalecimiento de programas de préstamos a estudiantes.
El propósito del programa de financiamiento del Banco Mundial es,
justamente, la creación de planes de préstamos privados para estudiantes. El
Banco Mundial "permitirá a la Sociedad para el Fomento de la Educación
Superior (Sofes) y al Instituto de Crédito Estudiantil del Estado de Sonora
(ICEES) ayudar a estudiantes con ingresos familiares inadecuados a buscar una
carrera de educación superior que antes habría sido inalcanzable". De acuerdo con un comunicado del banco,
"la Sofes tendrá como objetivo ayudar a estudiantes académicamente aptos,
pero financieramente desprovistos, que asisten o desean inscribirse en
universidades privadas de todo México... Para cuando concluya el proyecto, la
Sofes habrá otorgado préstamos a un mínimo de 25 mil 600 estudiantes, de los
cuales 70% vendrían de familias de ingresos familiares medianos y bajos".
Por su parte, el programa de préstamos del ICEES beneficiaría a
unos 21 mil estudiantes sonorenses hacia el año 2002. A juicio del Banco Mundial, "los
incrementos en la cobertura, equidad y calidad del sistema de educación
superior de México generarán dividendos económicos y sociales. El aumento de
graduados capacitados que producirá este proyecto mejorará los recursos humanos
del país, causando incrementos de productividad y competitividad".
Jamil Salmi, principal especialista en educación del Banco Mundial
para la región de América Latina, comentó a este semanario:
"Cuando un país tiene recursos presupuestales limitados, debe
buscar otras medidas de financiamiento. Por ejemplo, si los estudiantes
pudientes pueden pagar cuotas, a fin de que otros estudiantes, menos
favorecidos, reciban becas, eso es bueno." Aunque prefirió no ahondar en
el conflicto en la UNAM -"no conozco en detalles la propuesta del
rector"-, Salmi dijo que sabía de tres universidades públicas de México
que cobran cuotas a sus alumnos, con buenos resultados. "Las universidades
de Sonora, Aguascalientes y Baja California ya lo están haciendo",
precisó, entrevistado en esta capital.
"En el caso de Sonora, los estudiantes mismos manejan los
fondos y deciden qué quieren hacer con ellos; por ejemplo, comprar
computadoras."
* ¿Un esquema así funcionaría en una universidad tan grande como
la UNAM? -se le preguntó.
* El tamaño no importa. Este esquema está fundado en la
responsabilidad. Hace más responsables a los estudiantes. Los logros académicos
son mejores.
Afirmó: "Lo importante es lograr que ningún alumno se quede
sin estudiar a causa de las cuotas. La gratuidad de la educación superior no es
algo positivo. El trabajador promedio no es rico y, en ese esquema, tiene que
subsidiar a los estudiantes. Si lo que se quiere es proteger a los estudiantes
pobres, eso sólo se hace bien con un sistema de becas".
Ni siquiera en la República Popular China, continuó Salmi, el
Estado paga toda la educación superior. "Allá, los estudiantes tienen que
pagar 25% (del costo de su carrera)".
Sin embargo, Salmi también se pronunció en contra de la eliminación del
financiamiento público para la educación superior. "Sería un error si la
UNAM aumenta sus cuotas, y el gobierno, por reflejo, reduce las
participaciones".
Consideró que el conflicto en la UNAM no se destraba fácilmente,
porque es "un tema político caliente". Aun así, remató, "la
educación superior es demasiado importante para tratarla como una actividad
barata".
La visión de la OCDE
En su investigación Exámenes de las políticas nacionales de
educación, enfocada exclusivamente a México y publicada en 1997, la OCDE
también recomienda "encarar un aumento de la contribución de los
estudiantes al costo de sus estudios".
Y argumenta:
"Los recursos de la educación superior dependen en gran
medida del presupuesto federal, lo cual los hace frágiles en un momento en que
la tendencia es hacia el retroceso de la intervención federal en todos los
ámbitos."
El apoyo gubernamental -dice la OCDE- disminuyó en una tercera
parte a raíz de la crisis de 1982, y a partir de ahí las universidades
"sólo se recuperan lentamente", por lo que pide una "necesaria
reforma" para "la búsqueda de nuevos recursos", y considera que
el aumento en las cuotas y una mayor participación de las empresas y de la sociedad
pueden ser la solución al problema.
"Las relaciones entre el gobierno y las instituciones de educación
superior se dificultan aún más por la crisis financiera, pues los recursos
provienen básicamente del gobierno federal. Mientras que hasta 1982 el
presupuesto mantuvo un crecimiento constante, el golpe económico de 1982 llevó
a una caída brutal de los recursos destinados a la educación pública superior,
equivalente a alrededor de una tercera parte; este retroceso nunca ha podido
ser superado. Los sueldos de los
docentes han descendido en la misma proporción y muchas de las instituciones
constatan que carecen de margen de maniobra y de perspectivas de
crecimiento." Y señala que las cuotas bajas responden, sobre todo, a la
presión social y política:
"En la educación superior las cuotas de inscripción y las
colegiaturas varían, pero en general son bajas en relación con el costo de la
educación. La causa se encuentra en las presiones sociales... muchas de ellas
de orden político." El organismo internacional -México es uno de sus 29 miembros-
dice que le "impactó" la "politización" que toman los
debates e iniciativas en torno de la educación superior en México, pues las
diferencias toman "carices a menudo violentos e incluso dramáticos, como
en 1968".
Menciona el encono que existe entre la concepción
"populista" y la "modernista". Describe así a la primera:
"La concepción populista considera que son las clases
sociales, más que los individuos, a quienes debe dirigirse la educación
superior. Sus partidarios buscan obtener
y ejercer un poder político. De aquí se sigue que son favorables al acceso más
abierto posible, y hostiles al principio del pago de derechos de inscripción y
escolaridad: es la educación al servicio de las masas. Esta línea de
pensamiento inspiró, en parte, la expansión desenfrenada de la década de 1970,
periodo ahora calificado como de 'improvisación'." Ejemplifica aquí con el
"peso político" de la UNAM, producto de un numeroso alumnado
"que ha probado ser fácil de movilizar en las manifestaciones callejeras"
y de que muchos de sus egresados "ocupan puestos públicos, o en la
educación, y representan una sólida base de poder político y sindical".
La concepción modernista, en cambio, pretende ser "racional y
eficaz, sobre todo en la distribución de recursos y en su adecuación a las
necesidades del mercado de trabajo. Los modernistas no son hostiles a las
cuotas de inscripción y buscan copatrocinios de las empresas, mientras que los
populistas rechazan toda injerencia".
Resume:
"Ambas concepciones tienen una orientación instrumental, una
volcada hacia la acción política, la otra hacia la actividad económica." E
indica que la concepción modernista -"respaldada por las recientes
dificultades económicas, que han acrecentado la competencia para el acceso al
empleo"- es la que está logrando imponerse:
"Tenemos la sensación de que en México -como en otros países-
el equilibrio se ha desplazado ahora hacia las concepciones modernistas,
incluso en las universidades que hace poco eran abanderadas de la tesis
contraria. Sin embargo, ambas concepciones siguen estando muy vivas, ya que el
populismo (en el sentido más amplio) forma parte integral de la historia
mexicana, y la educación superior, jaloneada entre dos concepciones opuestas,
está en busca de una nueva identidad."
Para la OCDE hace falta una "concepción nueva", ya que
ni populistas ni modernistas centran "su atención en la educación
propiamente dicha: es decir, el desarrollo de la personalidad, la adquisición
del sentido crítico, la cultura".
Las contradicciones de la UNAM
De 244 páginas, Exámenes de las políticas nacionales de educación
surgió a iniciativa del propio gobierno mexicano, el que, desde antes de
ingresar a la OCDE, en 1994, pidió a ese organismo internacional que examinara
el estado de su educación superior. El amplio estudio finalmente se presentó en
1997. La OCDE menciona que la UNAM está
"enfrentándose a la contradicción entre su ambición de ser una gran
universidad de investigación de nivel internacional y mantener su ideal de
democratización de la educación a partir del nivel medio superior". De "frágil" califica el actual
sistema de la UNAM y de las demás universidades públicas, puesto que no han
respondido a sus tres aspiraciones básicas: "reducir las desigualdades,
hacer sitio a las clases medias y poner a la élite al servicio de todos".
Agrega:
"La educación superior ha experimentado también un
crecimiento astronómico, mucho más rápido que el crecimiento demográfico. El
número de la matrícula, que era del orden de los 30 mil en 1950, llegó a 1
millón 200 mil en 1988, y a 1 millón 250 mil en 1990. La tasa de escolaridad en
este nivel aumentó de 4.5% a cerca de 15%.
Tal crecimiento ha llevado a la educación superior a estudiantes que no
se tenía la costumbre de acoger, y el número de nuevos maestros que hubo que
reclutar de emergencia renovó profundamente el cuerpo docente. Pero no por ello
se modificaron realmente las estructuras ni se redefinieron las misiones."
Señala que mientras las universidades privadas "se han
adaptado más rápidamente a la evolución de la demanda de las empresas",
las públicas "perjudicaron su reputación" por el aumento de la
matrícula y a veces por su "orientación ideológica".
Las recomendaciones
La OCDE censura la falta de "reglas comunes o de criterios
idénticos" para admitir en la universidad pública a los aspirantes, por lo
que recomienda que se ajuste el procedimiento de admisión. "Ya que no es posible admitir a todos
los candidatos, por razones de nivel, tanto como por los recursos disponibles,
la simple justicia dicta que el procedimiento de admisión selectiva sea el
mismo para todos; este procedimiento, que debería basarse en un examen y en los
resultados obtenidos en la educación media superior, debe al mismo tiempo
permitir controlar de manera flexible los flujos de ingreso en las distintas
ramas, en función de la calidad de los candidatos." Otra
"presión" proviene del mayor crecimiento que tiene el bachillerato
sobre las universidades:
"Entre 1980 y 1994, el bachillerato creció 83%, mientras que
la población estudiantil en educación superior creció sólo 68%. Comenzó, así, la acumulación de un nuevo tipo
de presión, de efecto menos inmediato que el experimentado en los años setenta.
Una proyección a futuro de estas tendencias esboza un escenario de crecimiento
de más de 25% de la demanda por educación superior para el año 2000, en
relación con 1995." Acerca de los recursos financieros, considera
"indispensable una corrección de los subsidios públicos, pero las
instituciones superiores no pueden seguir viviendo sólo con esos recursos:
deberán buscar nuevos, merced a la profundización de sus relaciones con la
economía y la sociedad".
Y agrega que es preciso "encarar un aumento de la
contribución de los estudiantes al costo de sus estudios, simultáneamente al
desarrollo de las becas".
Luego de señalar que las universidades públicas privilegian la
"expansión cuantitativa", concluye:
"Las deficiencias del sistema incrementan la desigualdad
social y desperdician los recursos públicos, además de incidir negativamente en
la productividad y la competitividad de la nación. La formación de hombres y
mujeres capaces de realizar las actividades que exige su propio
desenvolvimiento y el de una sociedad en proceso de democratización y
globalización aparece como el gran desafío de la educación superior."
* De la nota de Pascal Beltrán del Río y
Rodrigo Vera, Revista Proceso Nº 1175, México, 9 de mayo de 1999.
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