N° 16, Diciembre 2003-Marzo 2004
Una Estrategia para América Latina en la Década de 1990 *
Por el Comité
de Santa Fe: Sr.
L.Francis Bouchey, Dr. Roger Fontaine, Dr. David C. Jordan, editor y Tte. Gral.
Gordon Summer, hijo *
INTRODUCCIÓN
LA AMENAZA PARA LAS AMÉRICAS
Las
Américas aún son objeto de ataque. Advertimos este peligro en 1980 (1). El
ataque se manifiesta en la subversión comunista, el terrorismo y el
narcotráfico. La capacidad de lucha de las democracias latinoamericanas para
combatir estos ataques ha sido socavada por un estancamiento económico de toda
la región, agravado por la deuda. La violencia política y el empeoramiento de
la pobreza resultante, han producido una creciente crisis de emigración tanto
dentro de la región como procedente de esta. A pesar de los esfuerzos iniciales
del gobierno de Reagan para hacer frente a estos problemas y sus causas
fundamentales, la situación, lejos de mejorar, se ha vuelto más grave, en el
momento en que EEUU se encamina hacia la última década del Siglo XX. Gran parte
de la falta de progreso puede atribuirse al hecho de que no se ha llegado a un
acuerdo bipartidario que aborde los problemas de América Latina con un enfoque
coherente y eficaz.(2)
Problemas en el horizonte
La
red comunista subversiva y terrorista se extiende desde Chiapas en la parte sur
de México hasta Chile, haciendo toda la costa del Pacífico, al sur del Río
Grande, un escenario de conflicto abierto. Es evidente que la estrategia de
conflicto comunista para la región es obtener el poder, o por lo menos,
involucrar a las fuerzas de seguridad occidentales en prolongadas operaciones
simultáneamente en varios países. La magnitud de esta operación tiene la
implicación estratégica de reducir los compromisos futuros de EEUU en el continente
euroasiático y aumentar así la capacidad de coerción soviética. Esto es real,
incluso si se produce una reducción de
las fuerzas nucleares estratégicas soviéticas, debido a los acuerdos
sobre control de armamentos. Al mismo tiempo, la estrategia de conflictos
soviética extiende las posibilidades de EEUU para enfrentar sus
responsabilidades mundiales.
Esta
amenaza terrorista subversiva no disminuyó, sino creció en la pasada década.
Nicaragua y Cuba, Estados satélites de la Unión Soviética en el Hemisferio, se
han involucrado en el narcotráfico y establecido relaciones posiblemente
dominantes y de cooperación con la mafia que se dedica a las drogas en
Colombia. Los vastos recursos que produce el narcotráfico han aumentado la
capacidad de la amenaza subversiva, más allá de lo que se concibió
inicialmente. La posibilidad de tener que involucrar las fuerzas militares
norteamericanas para combatir está públicamente expuesta ante comités del
Congreso.
Al
mismo tiempo, las economías latinoamericanas se tambalean con tasas de
crecimiento sólo marginalmente positivas. La Comisión Económica para América
Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL) en su informe preliminar de
1987, señala que en términos per cápita, el PBI global de la región aumentó
sólo en un 0,5 por ciento de 1987, comparado
con el todavía bajo aumento del 1,4 por ciento de 1986. El informe
concluye que estas cifras significan que “el deterioro de las condiciones de
vida sufrido por la mayoría de las economías latinoamericanas relativamente más
pobres, continuó en 1987”. Además, ha habido una aceleración en la tasa de
inflación. Al frente se encuentra Nicaragua, con un 1.226 por ciento; Brasil,
338 por ciento; Argentina, 178 por ciento y México, 144 por ciento. Lo más
preocupante es la alta tasa de inflación entre las tres naciones
latinoamericanas más grandes, que también tienen la deuda más altas. Cuando se
recuerda que la deuda externa total aumentó en más del 4 por ciento de 1986,
parece real que el problema del servicio de la deuda se volverá más oneroso en
la década que se avecina.
La
mayoría de los norteamericanos ven la emigración latinoamericana como un
problema de inmigración de EEUU. Es visto fundamentalmente en el sentido de
cómo absorber o rechazar los millones
de personas desplazadas que se dirigen hacia EEUU. La respuesta inicial y
probablemente la primera de muchas, fue la ley Simpson-Rodino. La misma aspira
a aceptar a inmigrantes ilegales que puedan probar que comenzaron a vivir en
EEUU antes de 1982 y rechazar las migraciones posteriores mediante la
imposición de multas a empleadores que con conocimiento hayan contratado a
inmigrantes ilegales desde que la ley se aprobó el 6 de noviembre de 1986. sin
embargo, el problema no es simplemente el atractivo de EEUU para los inmigrantes
voluntarios, sino el desplazamiento de millones de personas debido a la
violencia marxista, la pobreza, la mala administración gubernamental y el
crecimiento de la anarquía y la corrupción generalizadas dentro de la propia
América Latina. La fuente de este problema yace en las presiones que produce la
emigración.
Si
las tendencias actuales continúan, es virtualmente seguro que nos enfrentaremos
a:
-
Mayores actitudes hostiles latinoamericanas;
-
Más Estados prosoviéticos;
-
Más subversión;
-
Mayores amenazas al sistema financiero internacional;
-
Más crímenes y narcotráfico impulsado
por elementos subversivos;
-
Más olas de inmigración; y por último,
-
Mayor probabilidad de participación militar norteamericana.
Lo
que observamos es una continuación de la actitud de indiferencia estratégica
advertida por este comité en el primer informe, realizado en 1980. A menos que
EEUU enfrente los problemas de la región de una forma coherente, seria y
bipartidaria, no existen perspectivas de cambiar estas tendencias. El costo de
hacer frente a cada uno de los síntomas ya se ha elevado súbitamente, y el
precio que quizás EEUU está obligado a pagar sobrepasará cualquiera que hayamos
pagado en nuestros 200 años de historia.
La necesidad de democracia
Al
parecer, el mayor éxito del gobierno de Reagan en América Latina fue el retorno
a la democracia. Este logro, no obstante su apoyo bipartidario, puede ser más
frágil de lo que se piensa en la actualidad. Debe prestarse atención a las
vulnerabilidades del régimen democrático.
Nuestro
concepto del régimen comprende tanto el gobierno temporal como el permanente.
En una democracia, el gobierno temporal es el funcionario electo. El gobierno
permanente lo constituyen las burocracias y estructuras institucionales que no
cambian como resultado de las elecciones, por ejemplo, las fuerzas armadas, el
poder judicial y la burocracia civil. Para que la sociedad se mantenga
democrática, esta debe exigir al régimen responsabilidad. Ello requiere una
comprensión de la verdadera naturaleza del estatismo.
El
estatismo ocurre cuando la sociedad está perdiendo o ha perdido la capacidad
para exigir responsabilidad al régimen. En América Latina, el estatismo es un
problema profundo y persistente. Tocqueville reconoció esta persistencia del estatismo
en Francia, a pesar de la Revolución. Señaló que el ancien regime (*) aún se aferraba al poder incluso después que la
Revolución había reemplazado, al parecer de forma permanente, al gobierno
monárquico por la Asamblea Constituyente. El mismo escribió:
"No
debemos continuar maravillándonos de ver con qué asombrosa facilidad se
restableció la centralización en Francia a principios de este siglo. Los
hombres del '89 destruyeron el edificio pero se mantuvieron los cimientos,
incluso en las mentes de sus destructores y sobre esos cimientos, pudieron
construir uno nuevo de repente, y más sólido de lo que se había fabricado nunca
antes".
La
actitud arraigada de muchos pueblos latinoamericanos es de tal naturaleza, que
aun cuando las formas gubernamentales pueden cambiar el régimen, es decir, el
gobierno permanente o temporal del momento, aún produce estatismo. Los
gobiernos pueden ser inestables y cambiar, pero todos tienden a abogar por la extensión del papel del régimen
durante su mandato. Los amplio s y absorbentes poderes del régimen continúan en
todo país donde esta perspectiva domine la cultura política.
Si
un gobierno electo no está acompañado por un cambio de régimen y un cambio en
la cultura política, entonces EEUU y América Latina se separarán aún más. No
debe ser una sorpresa, como aparentemente lo es, que la Unión Soviética haya
recibido una cálida acogida por parte de los gobernantes recientemente electos.
Sin embargo, es sorprendente que gran cantidad de informes periodísticos de
EEUU señalen el incremento de contactos soviéticos con gobernantes
latinoamericanos recién electos. Los logros soviéticos incluyen la firma de
convenios de cooperación económica e intercambio cultural con Brasil y Uruguay
en 1987, realizada por el ministro de Relaciones Exteriores, Eduard
Shevardnadze; arreglos de la Unión Soviética con Perú, en torno a la deuda,
donde Moscú acordó comprar 80 barcos pesqueros y comerciales de los astilleros
navales de Perú, como parte de un plan de reducción de la deuda; y el primer acuerdo
pesquero importante de Moscú con Argentina en 1986.
No
es irónico que los esfuerzos soviéticos por fomentar vínculos con esas naciones
latinoamericanas deben haber sido ayudados por la nueva ola de gobiernos
electos que se han extendido por la región. Esto no es simplemente el resultado
de los esfuerzos de los gobernantes por distanciarse de los gobiernos militares
que ellos reemplazaron, que en muchos casos también habían cooperado con los
soviéticos. Ni fue simplemente un esfuerzo por aplacar a los izquierdistas
prosoviéticos del país o una respuesta natural a una táctica soviética
diferente hacia los Estados del Tercer Mundo.
Todos
estos son factores, pero lo más importante es que el régimen latinoamericano es
estatista por hábito, aun cuando esté dirigido por representantes electos
democráticamente. El régimen dirigista
se sustituye a sí mismo cada vez más por iniciativa del ciudadano y reduce
constantemente la esfera autónoma de la sociedad civil. El régimen soviético es
más compatible con el estatismo latinoamericano que EEUU. En muchos casos es
así aún cuando el régimen latinoamericano sea ostensiblemente democrático. El
aumento de las becas soviéticas para estudiantes latinoamericanos es una
muestra del reconocimiento de Moscú de que la educación y el adiestramiento
soviéticos en los ministerios del Estado soviético e adecuado para la
penetración del régimen estatista latinoamericano. En 1978, Moscú ofreció 2900
becas; una década después, el total se triplicó hasta 10000 aproximadamente. El
deseo de los soviéticos de comerciar a través del trueque y de crear amplios
proyectos del sector público, se ajusta a las mentalidades estatistas de las
culturas soviéticas y latinoamericanas.
Además,
la buena voluntad de Moscú de comprar computadoras y software a Brasil, la está
abriendo al país más rico de América Latina. Por otra parte, esto coincide con
ofertas para establecer empresas conjuntas de ferromanganeso, por ejemplo, y
vender vehículos de lanzamiento para promover el programa espacial de Brasil. A
su vez, estas medidas presionan a Argentina a cooperar más con los soviéticos,
particularmente porque Moscú continúa preocupándose por el desequilibrio
comercial resultante de sus masivas compras de granos argentinos.
Sin
embargo, el problema fundamental es cultural -la lucha en torno a cuál es la
naturaleza del mejor régimen. Por lo tanto, la cuestión no es sólo sobre las
formas y procesos de los gobernantes electos. El hecho de centrarse en los
procesos eleccionarios opaca los demás requerimientos esenciales para la
responsabilidad democrática. Existe una tendencia para los que abogan por la
democracia en EEUU de hacer énfasis en las elecciones con exclusión de los
demás requisitos. Por ejemplo, el estatismo es a menudo visto simplemente como
una forma de bienestar. Lo que no se entiende es que el régimen estatista en
América Latina socava la independencia de la sociedad como una sociedad activa
y con confianza en sí misma que pueda y haga que sus representantes rindan
cuentas de su responsabilidad. El régimen democrático es aquel en el cual el
gobierno tiene la responsabilidad de preservar la sociedad existente de ataques
externos o intromisión por parte del aparato estatal permanente.
Estados
Unidos es resurgente. Hemos rescatado el orgullo y las intenciones que
perseguíamos cuando construimos este país y que lo convirtieron en el gran
poder que es en la actualidad. Pero con el gran poder surgen grandes
responsabilidades y EEUU no puede darse el lujo de seguir actuando con torpeza.
En la Unión Soviética hacemos frente a un adversario que no se enfrenta al
mismo tipo de responsabilidad que nuestro gobierno; la estructura de poder en
Moscú permite al Buró Político dirigir una política exterior eficaz, concertada
y de largo alcance. Los estrategas políticos norteamericanos tienen que
enfrentarse al hecho de que los intereses soviéticos son opuestos a los
nuestros, no sólo en términos geopolíticos sino porque los valores e ideología
que promueven son fundamentalmente antagónicos a la libertad y a la democracia del
régimen. Los estrategas políticos norteamericanos tienen que estar en
condiciones de reconocer la amenaza de los soviéticos y luego contrarrestarla.
Esto significa que las políticas y programas específicos y objetivos tienen que
ser coordinados con los propósitos e intereses nacionales norteamericanos a
largo plazo y que esos intereses y propósitos se mantengan rigurosamente en el
centro de la atención.
Además
de tener que enfrentar la amenaza soviética, las naciones latinoamericanas
también tienen muchos problemas internos y estructurales. Estados Unidos debe
ayudar a estos países a ayudarse a sí mismos, garantizando que cualquier
esfuerzo genuino por promover la democracia sea premiado. No podemos permitir
que sean esclavizados por narcotraficantes, terroristas o un Estado expansivo,
de la misma forma que no podemos permitir que se expanda la tiranía imperial de
los soviéticos. No podemos ser espectadores pasivos de que el esfuerzo por
eliminar la pobreza sea socavado por políticas económicas o contra la deuda de
miras estrechas que destruyen nuestra economía. Los estrategas políticos
norteamericanos deben hacer llegar el mensaje de forma categórica y clara: el
buen vecino está de regreso y se va a quedar.
PRIMERA PARTE
UNA ESTRATEGIA PARA EL
REGIMEN DEMOCRÁTICO
Bases para una política
democrática
Los
norteamericanos han tendido a creer que las elecciones democráticas son
suficientes para establecer actitudes democráticas en el gobierno permanente y
promover una mejoría en las relaciones entre EEUU y América Latina. Sin
embargo, es convincente el hecho de que aun cuando se hayan instalado formas
democráticas en América Latina, el patrón del estatismo no ha sido alterado. De
hecho, EEUU se enfrenta a dificultades crecientes para conducir sus relaciones
políticas, económicas y diplomáticas con muchas de estas democracias, al tiempo
que es testigo también del aumento de la influencia y la visibilidad
soviéticas.
Los
soviéticos hacen una clara diferenciación entre estar en el gobierno y estar en
el poder. Esta diferenciación significa abordar cuál es la esencia del régimen;
es decir, si la forma gubernamental está acorde con la estructura gubernamental
permanente. Esta diferenciación, por ejemplo, explica la razón por la cual para
los soviéticos, los comunistas locales del gobierno no tienen poder hasta que
tienen el control de las fuerzas armadas. Estados Unidos necesita ser tan
realista como ellos. Estados Unidos debe procurar una cultura prodemocrática en
el gobierno permanente, al igual que en el temporal.
El
régimen democrático requiere que el mecanismo político permanente, es decir,
las estructuras burocráticas para mantener el orden y administrar la justicia,
así como el gobierno temporal, es decir, el gobierno electo, sirvan a los
intereses de la sociedad. El régimen democrático tiene el objetivo de preservar
la independencia de la sociedad, convertir la sociedad en una comunidad más
verdadera y rendir cuentas de su responsabilidad ante la sociedad.
Los
elementos más significativos de este objetivo de la política de los EEUU
incluyen que los gobernantes latinoamericanos acepten verificación del
poder político y mantengan una
diferenciación entre el régimen y la sociedad. La tendencia en EEUU es hacer
centro excesivo en los procesos electorales. Con lo importante que es esto,
existe un entendimiento limitado en cuanto al problema del establecimiento de
un régimen democrático y constitucional funcional en Latinoamérica.
Haití
brinda un ejemplo dramático. Los funcionarios norteamericanos después de la
huida de la familia Duvalier estaban ansiosos por establecer una democracia, o
que significaba efectuar elecciones. Resultado: el sangriento fracaso del
pasado noviembre, que demostró que Haití -tanto la sociedad como el régimen- no
estaba preparado en lo absoluto para un gobierno democrático. Este estrecho
enfoque demuestra que los funcionarios norteamericanos no han entendido el
profundo conflicto cultural que está teniendo lugar en los países
latinoamericanos. Aun cuando se celebren elecciones, el propio régimen podría
seguir siendo profundamente estatista y aún se seguiría moviendo
inexorablemente hacia un poder absolutista en una sociedad sostenidamente
debilitada. (3)
En
este sentido político, el estatismo incluye estatismo y nacionalismo integral.
Existen tendencias hacia el control centralizado de la actividad económica y la
no clara distinción entre la sociedad y régimen. Si los que son electos para el
gobierno mantienen puntos de vista estatistas del régimen, entonces el proceso
hacia el estatismo y de ahí hacia un régimen antidemocrático, no podrá ser
reversible con las elecciones.
La
ofensiva cultural marxista
El importante e innovador teórico marxista que reconoció la relación
de los valores que la gente observa en la creación del régimen estatista fue Antonio
Gramsci (1881-1937). Gramsci afirmaba que la cultura o el conjunto de valores
de la sociedad mantienen primacía sobre la economía. Según Gramsci, los
trabajadores no conquistarían el régimen democrático, pero los intelectuales
sí. Para Gramsci, la mayoría de los hombres tiene los valores comunes de su
sociedad, pero no están consientes de por qué sostienen sus puntos de vista o
de cómo los adquirieron en primera instancia. De este análisis se desprendía
que era posible controlar o dar forma al régimen a través del proceso
democrático si los marxistas podían crear los valores comunes dominantes de la
nación. Los métodos marxistas y los intelectuales marxistas podían lograrlo
mediante la dominación de la cultura de la nación, un proceso que requería una fuerte
influencia en su religión, escuelas, medios de difusión masiva y universidades.
Para los teóricos marxistas, el método más prometedor para crear un régimen
estatista en un ambiente democrático era a través de la conquista de la cultura
de la nación. Conforme a este patrón, los movimientos marxistas en América
Latina han sido encabezados por intelectuales y estudiantes y no por
trabajadores.
Es en este contexto que debe entenderse la Teología de la Liberación:
es una doctrina política disfrazada de creencia religiosa con un significado
antilibreempresa y antipapal, para debilitar la independencia de la sociedad
del control estatista. Es un retroceso
al galicanismo del Siglo XVII donde los reyes que gobernaban según los derechos
divinos, trataban de subordinar a la Iglesia tradicionalmente interdependiente.
Así vemos la innovación de la doctrina marxista vinculada a un viejo fenómeno
religioso y cultural.
El ataque no abarca solamente uno o dos componentes de la cultura. Es
efectivo en un amplio frente que trata de redefinir toda la cultura en una
nueva terminología, de manera que, de la misma forma que el catolicismo es
redefinido por los teólogos de la liberación, se transforma el arte, los libros
son reinterpretados y los curriculums son reacondicionados. El impulso de la
penetración cultural en América Latina es seguido por diferentes teóricos
educacionales marxistas en escuelas y universidades. El control del Estado
sobre la educación está aumentando a través de los libros de texto y manuales y
las burocracias educacionales exigen más. Un ejemplo típico fue expresado
verbalmente en el gobierno de Lázaro Cárdenas en México, en la década de 1930.
González Vázquez Vela, ministro de educación del gobierno de Cárdenas afirmó
que el "materialismo dialéctico era la base filosófica de la educación
mexicana".
El predominio de la izquierda en gran parte de los medios de difusión
en toda América Latina, también debe entenderse en este contexto. Ningunas
elecciones democráticas pueden modificar la continua inclinación hacia el
régimen estatista, si la "industria de elevación de la conciencia"
está en manos de intelectuales estatistas. Los medios de difusión, las iglesias
y las escuelas continuarán desviando las formas democráticas hacia el estatismo
si EEUU y los nuevos gobiernos democráticos no reconocen esto como una lucha
del régimen. La cultura social y el régimen deben estar concebidos para
proteger una sociedad democrática.
Una
respuesta institucional
Propuesta
Nº 1
Estados Unidos no puede interesarse sólo por proceso democráticos
formales, sino que debe establecer programas para apoyar la democracia entre la
burocracia permanente, incluidas las Fuerzas Armadas y la cultura política.
Propuesta
Nº 2
Estados Unidos debe reconocer la necesidad de la existencia de
gobiernos que traten de crear regímenes democráticos para refrenar a partidos
antidemocráticos.
El hecho de centrar la atención en el régimen democrático requerirá ir
más allá de la forma de democracia (es decir, las elecciones) y proporcionar,
cuando sea posible, los medios para fortalecer las instituciones democráticas
locales, tales como los sindicatos, grupos empresariales independientes,
asociaciones comerciales y organizaciones educacionales. La Alemania
poshitleriana brinda un ejemplo instructivo. Sólo mediante el fortalecimiento
de grupos autónomos como los grupos empresariales de México o la prensa
independiente de Perú, la sociedad puede desarrollar la voluntad democrática
para vencer el autoritarismo estatista.
Los estrategas políticos norteamericanos no deben dejar de la mano los
intereses de los gobernantes políticos relacionados con la puesta en práctica
de la democracia en sus países respectivos. Lo que podría no parecer una
completa democratización a primera vista, podría probar ser en realidad una
respuesta precisa a las necesidades particulares de un país. A las democracias
latinoamericanas se les debe dar la oportunidad de desarrollar sus
instituciones políticas hasta el punto en que sea discernible alguna medida de
estabilidad. Para que esto se cumpla cuanto antes se deben disminuir, cuanto
sea posible, las fuerzas opuestas al desarrollo. Esta propuesta no es sólo
importante porque apoya el derecho de los regímenes latinoamericanos a
establecer los límites constitucionales del quehacer político democrático, sino
también porque reafirma el apoyo de EEUU a la autonomía latinoamericana.
De acuerdo con nuestro respaldo a la autodeterminación
latinoamericana, debemos aceptar el hecho de que en la mayoría de los regímenes
latinoamericanos va a haber una mayor concentración de poder en la rama
ejecutiva y no en la legislativa. La proclividad latinoamericana de maniobrar
en torno a la legislatura por decreto ejecutivo tiene una larga historia y en
países como México y Perú, esto significa que el verdadero control del poder de
la rama ejecutiva proviene del aparato partidista o del electorado. El elemento
importante lo constituye el hecho de si el régimen rinde cuenta de su
responsabilidad al pueblo o no.
Propuesta
Nº 3
Estados Unidos debe fortalecer su capacidad para cultivar valores de
un régimen democrático con las fuerzas armadas de la región. Con esta
comprensión, no se reduciría el programa de Entrenamiento y Educación Militares
Internacionales (IMET) por razones tales como la imposibilidad de pago de las
deudas a la AID.
Propuesta
Nº 4
Estados Unidos debería aumentar el presupuesto de la USIA (Agencia de
Información de Estados Unidos) y fortalecer la Oficina de Diplomacia Pública.
En la lucha por mantener los pasos que están siendo dados por América
Latina para lograr un régimen democrático, Estados Unidos tiene que mantener y
desarrollar programas que cultiven los valores democráticos dentro del gobierno
permanente. En este sentido, el programa IMET es de extraordinario valor en
cuanto a dar forma al régimen democrático, haciendo que los militares
norteamericanos compartan sus conocimientos sobre la democracia. El impacto de
este programa, por tanto, no puede verse exclusivamente en términos de sus
beneficios militares, sino también en cuanto a su contribución a los esfuerzos
por la democratización. La vinculación del programa con otros programas
norteamericanos es contraproducente porque impide el desarrollo de la
iniciativa.
En lugar de perjudicar los diferentes programas de esta manera, los
formuladores de política de Estados Unidos deberían reconocer el potencial
dinámico que tienen estos tipos de programas para producir un impacto en las
apreciaciones institucionales y sociales de los regímenes latinoamericanos. El
desarrollo de una política cultural es decisivo para el apoyo de EEUU a la
gestión latinoamericana encaminada a mejorar la cultura democrática. El
esfuerzo gramsciano por socavar y destruir la tradición democrática mediante la
subversión o corrupción de las instituciones que contienen o mantienen esa
tradición debe ser combatido. El aumento del presupuesto de la USIA con este
problema particular en mente, debe tener la prioridad número uno. La USÍA es
nuestra agencia para llevar a cabo la guerra cultural.
Propuesta
Nº 5
Para promover realmente los derechos humanos, EEUU debería ayudar a
fortalecer los sistemas judiciales en la región. También debería diferenciar
entre los grupos de los derechos humanos que apoyan al régimen democrático y
los que apoyan al estatismo.
Los derechos humanos sólo pueden comprenderse correctamente como el
derecho de los hombres a hacer que los sistemas de justicia estatal sean
responsables. Un sistema ineficaz, atrasado tecnológicamente y con personal
insuficiente no es responsable jurídicamente. La marcha del progreso en América
Latina hacia el régimen democrático será cuando el sistema estatal de justicia
-tanto los tribunales como la policía- sean debidamente financiados y rindan
cuenta ante funcionarios responsables. EEUU debería estar ayudando a ese proceso
directamente en una escala mayor que la actual. En vez de cegarse ante las
diferencias entre los grupos de los derechos humanos que apoyan al régimen
democrático y los que, al estilo de Gramsci, apoyan el estatismo, los
formuladores de políticas de EEUU tienen que desarrollar su comprensión de la
raíz del problema y atacarla, en vez de atacar los síntomas.
SEGUNDA
PARTE
ESTRATEGIA
ECONÓMICA
La política económica de EEUU debe estar relacionada con nuestro apoyo
al régimen democrático. Ese régimen requiere un saludable sistema económico
independiente del control e interferencia excesivos por parte del gobierno. El
desarrollo de un mercado de capital nacional autónomo y privado es
indispensable para mantener a la sociedad independiente. Una de las mayores decepciones
de la era Reagan fue el no utilizar la crisis de endeudamiento para crear
mercados de capital saludables como recomendó este comité en 1980. Cuando el
problema de la deuda devino en una crisis en 1982, el foco principal estaba en
mantener la solvencia de los acreedores y la liquidez de los deudores. Aunque
ese objetivo escasamente se ha cumplido, la posibilidad de que las sociedades
latinoamericanas evolucionaran hacia el capitalismo democrático -es decir,
sistemas de libre empresa y mercados de capital nacionales que mantengan
sociedades independientes- en gran medida se había perdido. Aún no es demasiado
tarde para lograrlo. La actual crisis de endeudamiento debería ser utilizada
para hacer avanzar el proceso de transición de América Latina, de gobiernos
democráticos a regímenes democráticos.
Ajuste de
la deuda
Aunque resulta una medida progresista la reducción de las cargas de la
deuda sobre los Estados latinoamericanos mediante innovaciones tales como el
Plan Baker, los cambios de la deuda por capital, el plan mexicano, la
reestructuración y otras por el estrilo, la política que tiene que ver con el
endeudamiento, también debería incluir medidas mediante las cuales la gestión
de la deuda apoye la creación de mercados de capital nacionales. Es probable
que ninguna propuesta específica sea definitiva, pero una forma de acercarse a
este objetivo podría ser algo que tuviera que ver con la reventa de la deuda en
el mercado nacional. Un modelo de esto es el exitoso financiamiento de la deuda
interna de EEUU por Alexander Hamilton durante la fundación de dicho país.
Propuesta
Nº 1
El Departamento del Tesoro de EEUU deberá desempeñar un papel
predominante en la formulación de una solución de la crisis de endeudamiento
estructural que afecta a muchos de nuestros vecinos latinoamericanos. La
solución de la crisis debe partir del reconocimiento de que la actual carga de
endeudamiento tiene que ser reducida porque jamás podrá ser reembolsada en las
condiciones actuales. Se encuentran disponibles un número de variantes del Plan
Morgan/Tesorería/México, de diciembre de 1987.
Finalmente se ha reconocido que la crisis de endeudamiento es
estructural. La deuda de algunos países está por encima de su capacidad de
reembolso. Los países menos desarrollados (PMD) en su conjunto, deben por lo
menos 450 mil millones de dólares y si a esa cantidad se aplican las actuales
tasas de interés, los países deudores pagarían en interés solamente un billón ochocientos mil millones de dólares
(1.800.000.000.000) en los próximos veinte años ¡sin reducir el principal de su
deuda en un centavo! Sin embargo, el sólo hecho de mantener dichos niveles de
pagos de interés tendrá efectos devastadores sobre sus economías y la nuestra.
Los países deudores tendrán un crecimiento negativo o de cero, lo que dará
lugar a un aumento en los niveles de pobreza, y no tendrán dinero para adquirir
los productos de EEUU. Se estima que desde 1982, el deterioro de las economías
latinoamericanos provocado por la deuda, ha costado a los productores de EEUU
70 mil millones de dólares en ventas perdidas.
Propuesta
Nº 2
Los cambios de deuda por capital están demostrando ser un vehículo
efectivo para que las naciones latinoamericanas deudoras reduzcan la deuda
externa a descuento, deberían ser promovidos enérgicamente como medio de
estimular el crecimiento del sector productivo privado.
Los cambio de deuda por capital permiten que los inversionistas
nacionales o extranjeros (poseedores de dólares) compren deuda externa a
descuento a los acreedores y luego intercambien el papel moneda en valor
nominal por moneda local. Así, por ejemplo, un inversionista puede comprar un
préstamo de cincuenta millones de dólares a un banco norteamericano por 25
millones de dólares y el banco del país deudor le da en pesos por valor de 50 millones
de dólares a condición de que los pesos cambiados por la deuda sean empleados
en una empresa productiva. Sin embargo, deberá tenerse el cuidado de estimular
a los residentes locales a participar en los cambios y empresas conjuntas
basadas en este tipo de cambio, para no provocar un negativo nacionalismo en
lugares donde ha habido una tradición de hostilidad hacia la inversión
extranjera.
Capitalismo
de Estado frente a empresa privada
Propuesta
Nº 3
Las estrategias inversionistas y la política comercial de EEUU
deberían realizarse con la idea de ayudar a la formación de mercados de capital
nacionales en naciones individuales de América Latina. Por ejemplo, las
ganancias comerciales podrían utilizarse en parte para fortalecer los mercados
de capital internos y los inversionistas podrían estar dispuestos a aceptar
algunos instrumentos de endeudamiento en sus convenio de empresa conjunta si
también son coordinadas estrategias de ayuda pública de EEUU y otras para
desarrollar un mercado de capital privado nacional en naciones
latinoamericanas.
Propuesta
Nº 4
EEUU debería estimular tanto a través de programas públicos como
privados el desarrollo de la empresa privada en América Latina y hacer intentos
por acelerar la privatización de las industrias paraestatales.
Básicamente existen solamente dos tipos de sistemas económicos, el
capitalismo de Estado y el capitalismo privado. Lo que necesita América Latina
es empleos y producción. Sólo el capitalismo democrático puede proporcionar la
producción masiva al menor costo unitario para el consumidor. La privatización
de empresas paraestatales antieconómicas ha demostrado ser un éxito en Costa
Rica, donde el gobierno ha transferido cuarenta y una o cuarenta y dos
entidades gubernamentales que perdieron más de cincuenta millones de dólares en
una década y sólo proporcionaron 2200 empleos. Estas firmas gubernamentales
fueron vendidas a precios descendentes a acreedores extranjeros mediante el
sistema de cambio de deuda por capital -con lo que se redujo la deuda externa de
Costa Rica- o mediante la utilización de fondos de la LP 480 para adquirir las
acciones del gobierno.
La privatización y la promoción del sector privado hicieron posible
que los costarricenses concentraran sus esfuerzos en nuevos productos
orientados hacia la exportación, tales como piña, macadamia (***), mangos,
otros cítricos y productos de la industria ligera. El desplazamiento del café,
el algodón, el ganado y el banano como rubros de exportación, hizo que los
costarricenses pudieran aumentar sus exportaciones no tradicionales de
trescientos millones de dólares de 1986, a 500 millones en 1987, un aumento del
66 por ciento en un año. Esto constituyó un logro notable para el sector
privado.
Iniciativas
económicas y ecológicas
Propuesta
Nº 5
La Iniciativa para la Cuenca del Caribe necesita ser revitalizada,
ampliada y extendida durante unos doce años adicionales, hasta 2007.
La Iniciativa para la Cuenca del Caribe ha sido un éxito relativo, aun
cuando las inversiones privadas directas de Estados Unidos todavía no han
alcanzado el nivel esperado inicialmente, debido en gran medida a la confusión
inicial. La Agencia para el Desarrollo Internacional (AID) y la Corporación de
Inversiones Privadas en el Extranjero (OPIC) pueden revitalizar la iniciativa
mediante un programa de promoción de inversiones ampliado, que trate de
identificar las oportunidades para inversionistas eventuales, al dar un énfasis
particular a las posibilidades de empresa mixta en EEUU y los ciudadanos del
país anfitrión.
La variedad de productos que se permitió incorporar en el mercado
libre de impuestos de EEUU debería ser ampliada para incluir una variada gama
de productos confeccionados a partir de tejidos y otros materiales
norteamericanos.
Propuesta
Nº 6
La política comercial agrícola de EEUU con países latinoamericanos y
los programas de asistencia norteamericana a los sectores agrícolas de dichos
países deben presionar para elevar al máximo las ventajas comparativas y
estimular la transferencia hacia la producción de cultivos para liquidación
corriente, a fin de aumentar el comercio recíproco.
Los mercados norteamericanos de vegetales y frutas frescas de invierno
son los ejemplos más obvios de donde una reducción de las barreras de
importación a los mercados norteamericanos para los productos latinoamericanos
ha aprovechado las ventajas de producción comparativas para beneficio mutuo.
El terreno, el clima y el costo relativo de mano de obra y tecnología
brindan a EEUU una ventaja en costos de producción de cereales y frijoles
frente a México, Centroamérica y el Caribe. De manera similar, la Cuenca del
Caribe posee ventajas en la producción de frutas, vegetales y azúcar. Sin
embargo, el maíz y los frijoles son elementos básicos en la dieta de muchos de
estos países. Los agricultores pequeños de Guatemala o Costa Rica pueden
recibir mayores ganancias mediante la producción de cultivos para la
liquidación corriente, tales como melones, espárragos, frambuesas, etc., para
la venta a EEUU y la compra de maíz importado de dicho país.
Conscientes de la realidad económica de las ventajas comparativas, la
agricultura chilena se encuentra en la vanguardia en cuanto a la ampliación de
la producción de cultivos especiales para la exportación, mayormente hacia el
Oriente, Europa y EEUU. Las frutas, los vegetales y otros cultivos especiales
que usualmente requieren gran intensidad de trabajo y emplean a los más pobres entre los pobres en áreas
rurales menos desarrolladas, lo que también impide a los campesinos integrarse
a las filas de los desempleos urbanos.
Debido al enorme éxito de la Revolución
Verde encabezada por los programas de terreno de la AID e investigativos de
la Rockeffeller Foundation, la producción de cultivos de granos vitales ahora
requiere una fuerza de trabajo sumamente reducida. Esto permite el
redesplazamiento de los trabajadores hacia nuevos y rentables esfuerzos
agrícolas.
Propuesta
Nº 7
El azúcar centroamericana y caribeña deberá recibir un acceso mucho
mayor a los mercados norteamericanos mediante la desaparición progresiva del sistema
actual de cuota proteccionista. Esto ahorrará dinero a los consumidores
norteamericanos y estimulará las economías de nuestros vecinos.
Los consumidores norteamericanos ahora pagan hasta siete veces el
precio del azúcar en el mercado mundial, porque las actuales leyes de EEUU
establecen para el azúcar un mercado no competitivo y de casi paridad entre
precios de oferta y de demanda; así como fijan precios a niveles
artificialmente altos para beneficio de 12000 productores azucareros internos
solamente. Esta situación se ha empeorado durante los últimos ocho años. Es un
total desatino el hecho de que al mismo tiempo que nuestro gobierno ha estado
aumentando la ayuda económica a esa región ha cerrado más nuestro mercado a uno
de los productos de exportación más importante de la región.
Propuesta
Nº 8
EEUU, trabajando dentro del marco de la OEA y en cooperación con
grupos privados que trabajan en cuestiones relacionadas con el medio ambiente,
debería hacer todo lo posible por proteger los restantes bosques tropicales y
devolver el equilibrio ecológico a las áreas denudadas y deforestadas.
Vastas extensiones de bosques tropicales han sido destruidas en el
último decenio creando así un área de terreno baldío en Centroamérica, el
Caribe (especialmente Haití), la Cuenca del Amazonas y Panamá. Una vez
despejadas, han tenido lugar la erosión y la destrucción ambiental en vez de
las empresas agrícolas productivas. Los esfuerzos interamericanos en la
reforestación y, donde sea posible, en hacer que la tierra vuelva a su estado
primitivo, deben ser coordinados con programas similares iniciados en 1985 por
el Banco Mundial, el Instituto de Recursos Mundiales y las Agencias de las
Naciones Unidas. Deberá fundarse la Escuela Agrícola para los Trópicos Húmedos,
proyectada en Costa Rica en 1986. La misma capacitará a técnicos para la
protección de frágiles bosques tropicales.
Propuesta
Nº 9
EEUU deberá reconsiderar el Programa de Plantas Gemelas/Industrias
Fronterizas con México, a la luz de posibles costos económicos y sociales a
largo plazo en ambas repúblicas. Las maquiladoras a lo largo de la frontera
mexicano-norteamericana, han proporcionado empleo a cientos de miles de
mexicanos. Sin embargo, no está claro si ha existido beneficio correspondiente
para los trabajadores norteamericanos. Además, los millones de mexicanos que
han sido atraídos hacia el norte, y cuyas aspiraciones no han sido satisfechas,
tienden a llegar a EEUU a través de la frontera; lo que acelera aún más la
inmigración ilegal.
Muchos de los mexicanos que cruzan la frontera México-norteamericana
son hombres que por lo general no pueden obtener empleo en las maquiladoras, ya
que las principales habilidades manuales y el trabajo a destajo son mejor
desempeñados por las mujeres. Este empleo excesivo de mujeres ha tendido a
debilitar la estructura familiar y a exacerbar las ya pésimas condiciones
sociales, ambientales, sanitarias y educacionales en los pueblos fronterizos.
De forma adicional, la concentración de nuevas industrias a lo largo de la
frontera norteña de México ha desequilibrado aún más el ya irregular desarrollo
de dicho país.
Por lo tanto, las industrias norteamericanas deberían considerar el
traslado de sus máquinas mucho más hacia el interior de México. Este cambio
hacia el sur desde la frontera aumentaría el desarrollo equilibrado de México,
promovería las industrias locales, estabilizaría la familia mexicana y ayudaría
a resolver algunas de las condiciones sociales y sanitarias estimuladas por el
Programa de Industrias Fronterizas. A largo plazo, dicho traslado hacia el
interior de México beneficiaría a ambos países.
TERCERA
PARTE
ESTRATEGIA
PARA TRABAJAR CON LAS INSTITUCIONES PERMANENTES DE LAS NACIONES
LATINOAMERICANAS Y FORTALECER LA COOPERACIÓN REGIONAL
Los principales pilares de los gobiernos permanentes de los regímenes
latinoamericanos son las fuerzas armadas y el poder judicial. La política hacia
un régimen pro-democrático debe reconocer que tanto las instituciones militares
como judiciales soportan cargas pesadas al abordar los conflictos de Baja
Intensidad (LIC) y los narcóticos mientras se acostumbran a las exigencias
democráticas para la responsabilidad ante administraciones temporales. Las
iniciativas bilaterales de EEUU en el fortalecimiento de estas instituciones
deberán ser apoyadas multilateralmente a través de la OEA.
El
problema del Conflicto de Baja Intensidad
Propuesta
Nº 1
El Congreso de EEUU ha reconocido la creciente amenaza del conflicto de baja intensidad para los
nacientes regímenes democráticos. El mismo ha ordenado el apoyo de EEUU a las
fuerzas armadas de la región que enfrentan este reto. El poder ejecutivo deberá
tomar medidas rigurosas para poner en práctica la presente legislación.
Muchos de los regímenes de América Latina están enfrentados a lo que
ha sido identificado en Washington como conflicto de Baja Intensidad. Este
término crecientemente omnipresente, es utilizado para describir una forma de
guerra que incluye las operaciones psicológicas, la desinformación, la
información errónea, el terrorismo y la subversión cultural y religiosa. El
Congreso de EEUU ha establecido por ley una respuesta razonable a este problema
ampliamente conocido. Sin embargo, la rama ejecutiva del gobierno ha sido
extremadamente vacilante en la aplicación de la legislación.
En 1986 el Congreso aprobó y el Presidente firmó la Ley de
Reorganización del Departamento de Defensa Goldwater-Nichols, de 1986. Esta ley
fue aprobada porque el Departamento de Defensa no estaba apoyando adecuadamente
las Operaciones Especiales (SO) ni estaba abordando plenamente las
consecuencias del conflicto de baja intensidad. Además, fue añadida una
enmienda que indicaba a EEUU la creación de un Comando de Operaciones
Especiales. Esta ley requería un nuevo subsecretario de Defensa para
Operaciones Especiales y Conflictos de Baja Intensidad. Fue creado además un
nuevo comando unificado con amplias responsabilidades de adquisición,
entrenamiento y promoción, único entre los comandos unificados. Al comando le
fue conferido, en virtud de la ley, su propio Programa de Fuerza Importante en
el Presupuesto para la Defensa, MDF-11. El Congreso deseaba que la
planificación respecto a los conflictos de baja intensidad estuviera en pie de
igualdad con la planificación estratégica global. Aunque se produjeron fuertes
críticas a la ley, el Congreso la ha seguido apoyando. Esta nueva ley deberá
brindar un mejor mecanismo para abordar otros problemas decisivos y conexos
tales como el terrorismo, el narcotráfico y las operaciones hostiles
psicológicas y de inteligencia. Los creadores de la ley reconocen que EEUU es
vulnerable a otras formas de guerra aparte del principal conflicto armado.
Propuesta
Nº 2
EEUU debe estar preparado para ampliar su programa de asistencia
militar a las fuerzas armadas latinoamericanas como parte de su reconocimiento
de que las insurgencias indígenas son explotadas y agravadas desde el exterior.
La complejidad de este desafío requiere una respuesta global de parte de
nuestra sociedad.
Propuesta
Nº 3
Si las tendencias mantienen su curso actual, EEUU continuará
enfrentando la exportación de la revolución desde Nicaragua hasta la década de
1990. Una política de contención no será poco costosa y a lo largo no será
funcional. EEUU o bien tendrá que apoyar la democratización de Nicaragua o
pagar costos elevadísimos para combatir la subversión de los vecinos de
Nicaragua
Propuesta
Nº 4
Una política de democratización de Nicaragua requerirá un desarrollo
sumamente sofisticado de la doctrina del Conflicto de Baja Intensidad. El
aspecto más importante de este desarrollo será la educación de los medios de
difusión y la opinión pública norteamericana en cuanto a la propensión de los
regímenes comunistas nacionales latinoamericanos para subvertir a sus vecinos
con el apoyo encubierto de la Unión Soviética.
Propuesta
Nº 5
La opinión pública y las instituciones privadas de EEUU deben
emprender la educación de los medios de difusión y los dirigentes comunitarios,
en cuanto a la naturaleza del conflicto marxista leninista según fue adaptada
por los nacionalistas a los problemas del subdesarrollo. El casamiento del
comunismo con el nacionalismo en América Latina, sin embargo, representa el
mayor peligro para la región y para los intereses de los EEUU.
Propuesta
Nº 6
Con el apoyo bipartidista entre el Congreso y el Poder Ejecutivo de
EEUU, los propios latinoamericanos puede anular la comunización de sus tierras,
instalar regímenes democráticos en la región y satisfacer su aspiración de
lograr la autodeterminación.
El bloque soviético está proyectando exitosamente su poder en cada país
de este Hemisferio y todo parece indicar que estas tendencias continuarán. Es
lamentable pero cierto, que las principales potencias económicas del mundo
libre democrático no están plenamente comprometidas a apoyar la libertad y la
democracia en el Hemisferio occidental. EEUU debe marchar a la cabeza con más
recursos para las amenazadas sociedades latinoamericanas. Es imperativo que los
militares latinoamericanos se den cuenta de que los gobiernos electos pueden
hacer frente a los desafíos de la subversión y el terrorismo.
La Crisis
de los Narcóticos
Propuesta
Nº 7
Para ayudar a las sociedades latinoamericanas a combatir el
narcotráfico y el terrorismo, EEUU debe apoyar con asistencia financiera y
técnica el desarrollo de un sistema judicial independiente. EEUU necesita dar
un ejemplo mediante la reducción también de la demanda interna.
Mediante el apoyo a un poder judicial independiente, EEUU puede ayudar
a los países latinoamericanos a hacer frente a los delitos relacionados con los
narcóticos y le terrorismo. Si las autoridades judiciales tienen los medios
para reaccionar rápida y eficazmente ante estos delitos, pueden evitar que el
crecimiento de estos amenacen la legitimidad de sus democracias en lucha.
Además, EEUU necesita dar una lección con su propio sistema de
aplicación del poder judicial mediante la reducción de la demanda interna. En
EEUU la promulgación y compulsión de la ley debe reducir las ganancias para los
vendedores y aumentar sustancialmente los riesgos para los compradores. En esta
forma, EEUU puede constituir un modelo tanto para la reducción de la demanda
como para la aplicación judicial. La posesión debe dar lugar a una sentencia en
prisión la declaración de culpabilidad por venta, debe dar lugar a severas
penas sin libertad condicional. Después de la creación de un fuerte ambiente de
promulgación y compulsión podría explorarse e iniciarse un limitado programa de
legalización unido a la rehabilitación y educación.
Renovando
la OEA
Propuesta
Nº 8
EEUU debería conceder mucho más énfasis al trabajo con los miembros de
la OEA sobre los problemas compartidos de la seguridad militar (conflictos de
baja intensidad), el narcotráfico, la inmigración y la deuda.
Mediante el trabajo con la OEA sobre las propuestas relacionadas con
la deuda conjuntamente con el Banco Interamericano para el Desarrollo, el Banco
Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Departamento del Tesoro, EEUU
dará muestras de su sensibilidad ante los problemas económicos al contribuir a
la emigración de los latinos/inmigración en EEUU.
Los debates relacionados con la OEA usualmente provocan bostezos en el
seno del personal de este país que tiene a su cargo la política exterior. No
debería ser así. La falta de interés de facto de la Administración de Reagan en
esta institución ha sido un grave error. Su promesa de satisfacer plenamente
los compromisos financieros para con la organización y su posterior negativa a
hacerlo, ha dañado seriamente la confianza de los norteamericanos.
En contrate con las Naciones Unidas, la OEA ha demostrado ser una
organización mucho más amistosa. Aun cuando EEUU ha recibido sus castigos allí,
especialmente a raíz de la crisis de las Malvinas, que sigue resonando en todo
el Hemisferio, hay menos antagonismo y más cooperación en la OEA que en las Naciones
Unidas.
Propuesta
Nº 9
El embajador de EEUU ante la OEA debería estar encargado de coordinar
las iniciativas multilaterales de EEUU en las esferas mencionadas más arriba,
con los representantes latinoamericanos de la OEA en Washington. Como primera
medida, EEUU debe ofrecer a la OEA su contribución, a fin de demostrar que toma
en serio dichas responsabilidades.
Propuesta
Nº 10
La participación de la OEA en asuntos relacionados con la seguridad y
el narcotráfico proporciona a EEUU los medios idóneos para librar una guerra
cooperativa y exitosa contra los imperios delictivos que amenazan a todo el
Hemisferio.
La próxima Administración necesita poner en orden sus prioridades.
Nuestra agenda y la de los latinoamericanos no necesariamente son incompatibles.
La OEA, debidamente financiada y encaminada por la senda correcta, puede ser
útil para nuestros intereses mutuos.
Es de especial interés lograr que se fortalezca aún más el papel de la
OEA en la promoción de una mayor cooperación entre sus miembros para combatir
el narcotráfico internacional. La Conferencia de Río de Janeiro y el creciente
reconocimiento de que el tráfico de drogas constituye un problema para la
región, indican la disposición de las naciones miembros a participar en
operaciones internacionales conjuntas.
Las operaciones de paz de la OEA en América Central son preferible en
grado sumo a los esfuerzos no alineados u hostiles que serían emprendidos por
las Naciones Unidas en esta sensible área. Con la participación de la OEA, los
Estados miembros se percatarán mejor de la amenaza externa que enfrenta la
región, y la cooperación multinacional contribuirá a la legitimidad y
comprensión internacional de los esfuerzos de paz. Por otra parte, un esfuerzo
de la OEA requeriría dinero, del que en estos momentos tiene una escasez
desesperada.
Evidentemente, la nueva Administración tendrá que tomar una decisión
básica respecto a lo que desea obtener de su apoyo a organizaciones
internacionales. Dicha decisión determinará el futuro de la OEA. EEUU necesita
fomentar la cooperación en todas las cuestiones que afectan a la comunidad del
Hemisferio. Siempre que sea posible, EEUU necesita subrayar su adhesión a la
cooperación, la autodeterminación y las responsabilidades comunes para
enfrentar el narcotráfico, el alivio de la carga de la deuda y las presiones
padecidas por las poblaciones latinoamericanas que escapan de la pobreza, el
crimen, el terrorismo y la guerra. La OEA es un foro donde EEUU puede lograr
que sus puntos de vista se comprendan siempre con claridad en toda la región.
CUARTA
PARTE
FUTURAS
CRISIS DE REGÍMENES LATINOAMERICANOS Y RESPONSABILIDADES DE ESTADOS UNIDOS
EEUU debe prepararse y prestar especial atención a cinco países que
constituyen ejemplos particularmente significativos de las progresivas crisis
de regímenes latinoamericanos: México, Colombia, Brasil, Cuba y Panamá.
Una nueva política hacia América Latina para la década de 1990 ha de
prestar especial atención a la amenaza genérica que enfrentan las frágiles
democracias latinoamericanas y a la difícil transición después de un gobierno
autoritario o totalitario. Las cinco naciones analizadas aquí proporcionan
ejemplos de los problemas que comparten, hasta cierto punto, la mayoría de los
restantes Estados latinoamericanos. Uno de ellos, México, es un régimen
autoritario que enfrenta una crisi. Al parecer es incapaz de incorporar un
partido o partidos de oposición legítimos. Dos de ellos, Colombia y Brasil, son
democracias, y los otros dos, Cuba y Panamá, son regímenes totalitarios y autoritarios
decadentes. EEUU tiene que prestarles especial atención como ejemplos de los
problemas más generales de la región.
México
Propuesta
Nº 1
EEUU tiene que encontrar formas y medios para animar a México a
aceptar una oposición legítima. Los indicio de oposición al predominio de un
partido aumentan. La reforma interna del PRI no será suficiente para enfrentar
el crecimiento de partidos de oposición.
Propuesta
Nº 2
EEUU debe apoyar cualquier esfuerzo por vender en liquidación empresas
de propiedad estatal y desarrollar un mercado interno para enfrentar la deuda
externa de la nación.
Propuesta
Nº 3
Todo el apoyo que EEUU pueda ofrecer para mejorar el sistema judicial
de México, corrupto y plagado por el soborno, reviste suma importancia. Sin la
realización de mejoras en esta área, la guerra contra los narcóticos continuará
siendo una bufonada macabra.
México ha comenzado finalmente a experimentar con reformas en el
proceso de selección de candidatos de su partido de gobierno (PRI). En parte
como respuesta a la caída del peso mexicano, ocurrida en 1982, el PRI ha hecho
algunos esfuerzos por adaptarse a la opinión pública. Se ha permitido la
celebración de elecciones primarias para la nominación de algunos candidatos
del PRI. Sin embargo, Cuauhtémoc Cárdenas, descendiente del prominente héroe
revolucionario de dicho partido, llegó a la conclusión de que las reformas
internas eran ilusorias; se separó del partido y formó una coalición de
partidos de izquierda llamada Frente Democrático. A esta nueva oposición de
izquierda se une la sufrida oposición de derecha de México, llamada PAN.
Tanto el PAN como el Frente Democrático presentaron fuertes
candidaturas, y el PRI, a pesar de su afianzado aparato político y continuado
fraude electoral, sólo pudo obtener el 50% de los votos. Cárdenas y Manuel
Clouthier, el candidato del PAN, continúan cuestionando la legitimidad de las
elecciones, lo que pudiera obligar al PRI a una mayor apertura del proceso
político y a instituir algunas reformas reales.
El continuado estatismo del PRI ha dado lugar a un desempleo o
subempleo masivo que a su vez da lugar a que una mayor cantidad de personas
emigren. Este desempleo estructural, que según se calcula abarca el 40% de su
fuerza de trabajo, tiene que ser resuelto mediante la venta en liquidación de
las masivas paraestatales.
Probablemente el 85 por ciento de la economía de México sea de propiedad
estatal y el sector privado restante depende de la benevolencia del gobierno.
Existen indicio de que hay funcionarios mexicanos que reconocen el problema; es
necesario estimularlos.
COLOMBIA
Propuesta
Nº 4
Además de fortalecer el sistema judicial existente en Colombia, EEUU
debe apoyar a los tribunales especiales controlados conjuntamente por el
Ministerio del Interior y las fuerzas armadas para enfrentar la doble amenazad
de la subversión y el narcotráfico, que representan una guerra abierta contra
el régimen democrático.
Propuesta
Nº 5
Estos tribunales han de estar facultados para juzgar con prontitud y
sentenciar a que sean recluidos en centros de detención especiales, bajo el
control del ejército, los elementos subversivos y traficantes que operan
actualmente contra la soberanía del pueblo colombiano. El problema de El
Salvador se repetirá en mayor escala si no se adoptan pronto medidas enérgicas.
Oportunamente, el apoyo y financiamiento adecuado de EEUU pueden evitar así
levantamientos y una guerra civil de envergadura.
Colombia enfrenta una doble amenaza para su seguridad e instituciones
democráticas básicas. Los insurgentes respaldados por los comunistas y cuyo
número y esfera de actividad aumentaron durante la década de 1980, representan
una de las amenazas. De continuar la actual tendencia, Colombia se habrá
convertido en otro El Salvador para mediados de la década de 1990, por no decir
antes, pero, a diferencia de esa pequeña nación centroamericana, Colombia
también enfrenta otro enemigo: el poderoso y bien afianzado cartel del
narcotráfico, cuyo centro de operaciones se encuentra en las ciudades
colombianas de Cali y Medellín.
Los narcotraficantes ya han destruido de manera eficaz el sistema
legal de Colombia, mediante la intimidación y el soborno masivo del aparato
judicial y la policía. Con recursos que pueden llegar a ser de 9 mil millones
de dólares anuales, obtenidos a través de la venta de narcóticos ilícitos,
fundamentalmente en este país, los señores de la droga fácilmente se pueden dar
el lujo de mantener su privilegiada situación. Y para empeorar las cosas, los
guerrilleros colombianos y los carteles de la cocaína operan juntos para hacer
avanzar sus objetivos en ocasiones contradictorias.
En contraste, el gobierno colombiano ha iniciado, en el mejor de los
casos, una campaña poco entusiasta contra estas dos amenazas. Las fuerzas de
seguridad están lamentablemente mal dotadas y equipadas. El anterior gobierno
del presidente Belisario Betancur redujo radicalmente a la mitad el presupuesto
para la defensa en los críticos primeros años de la década de 1980. La
administración del presidente Virgilio Barco, más realista, ha restituido esta
cantidad sólo parcialmente, y a pesar de algunas medidas adoptadas contra el
terrorismo y el tráfico de narcóticos, aún no se ha anunciado un plan de
estrategia nacional. Entretanto, el esfuerzo del gobierno por alcanzar la paz a
través del dialogo y las negociaciones está en completo desorden. El papel de
EEUU no ha sido particularmente útil. Aunque la Administración de Reagan ha
presionado enérgicamente para la extradición de conocidos narcotraficantes,
recientemente ha reducido el programa norteamericano de asistencia a Colombia
en materia de seguridad. Esa decisión fue un grave error, porque ha restado
fuerza a los enérgicos términos empleados con relación a la necesidad de que
Colombia tomara medidas drásticas contra esta doble amenaza.
Así, si las tendencias actuales no se cambian, en Colombia se
producirá una importante rebelión en la década de 1990, rebelión que afecta
directamente a EEUU particularmente en lo que se refiere al aumento de la
cantidad de narcóticos que como resultado arribará a nuestras costas. Por lo
tanto, es posible que en la década de 1990 Colombia haga que América Central,
el singular problema de política exterior de EEUU en la década de 1980, parezca
bastante pequeña.
Colombia y, en América Central, El Salvador, son ejemplos claves de la
necesidad de una reforma judicial. Un elemento necesario con vistas a lograr la
estabilidad para estos dos países azotados por la guerra es el restablecimiento
del imperio de la ley. El hundimiento del poder judicial en Colombia y El
Salvador, constituye una burla al fundador de Colombia, Francisco de Paula
Santander, quien expresó: "Las armas nos dieron la independencia, pero las
leyes nos darán la libertad".
En El Salvador, los terroristas comunistas y los asesinos derechistas
han destruido, mediante la intimidación y el crimen, la capacidad de los
tribunales para juzgar y sentenciar a los que violan las leyes. En la década de
1980 los guerrilleros comunistas y los narcotraficantes se las ingeniaron para
lograr algo similar en Colombia en una escala mucho mayor. Actualmente es casi
imposible condenar a cualquier terrorista o narcotraficante en ambos países.
Pistoleros de derecha de estos países también han sido dejados en gran parte
sin castigo por jueces que o bien viven sumidos en el miedo o han sido
sobornados abiertamente tanto por criminales como por rebeldes.
Es muy tarde en Colombia y en El Salvador. Muchos creen que la guerra
contra los narcotraficantes ya se ha perdido en Colombia. Sin embargo, EEUU no
puede permitirse que esta situación se mantenga eternamente. La próxima
Administración tiene que reconsiderar radicalmente sus programas de asistencia
jurídica. Una cantidad de dinero mucho mayor debe dedicarse a los tribunales
especiales y a su protección -un elemento clave para que estas instituciones
lleven a cabo su misión. A menos que lo haga, el debilitamiento de la ley y el
orden se propagará por todo el Hemisferio, incluido EEUU.
BRASIL
Propuesta
Nº 6