N° 16, Diciembre
2003-Marzo 2004
La Integración Latinoamericana Desde una
Perspectiva Social
Victor Hugo Jijón *
1. El contexto y la magnitud de los desafíos
Los profundos cambios producidos por la globalización económica y
las transformaciones ocurridas a nivel geopolítico luego de la desaparición de
la Unión Soviética, consagrando la hegemonía internacional de Estados Unidos,
obligan a una seria reflexión sobre el papel que debe jugar América Latina y el
Caribe como región en el escenario mundial. Enfrentar los grandes desafíos para
su desarrollo implica adoptar acciones coordinadas que permitan una
intervención conjunta ante los organismos multilaterales y las empresas
transnacionales, superando las debilidades provenientes de su actual participación
dispersa y segmentada, de la cual se aprovechan intereses adversos a la justicia
social y a la equidad.
Luego de tres décadas de aplicación de las llamadas reformas
estructurales implementadas por las políticas neoliberales en los diversos
países de la región, la prioridad otorgada a la consecución de una estabilidad
macroeconómica que supuestamente sentaría las bases para acelerar el ritmo de
crecimiento de las economía, aumentar las ganancias de productividad y con ello
la promoción de las inversiones y la generación de empleo no ha tenido los
resultados pregonados y, por el contrario, la realidad latinoamericana y
caribeña es por demás catastrófica. La pobreza y la indigencia se han agravado,
la exclusión social continúa deteriorando la calidad de vida y la integridad
familiar; aumentó el desempleo, creció la informalidad y la migración
internacional se ha convertido en la mayor vía de escape para millones de
personas en busca de mejores perspectivas de sobrevivencia. Al no fomentar la
inversión productiva, la denominada “lucha contra la pobreza” acuñada por el
Banco Mundial se convirtió en una retórica retomada por los gobiernos de turno
sin resultados tangibles, arrinconándose en endebles políticas de gasto social
como único mecanismo de redistribución del ingreso.
Por otra parte, desde 1994, treinta y cuatro gobiernos del
hemisferio intentan negociaciones para constituir el Area de Libre Comercio
para las Américas, ALCA, un proyecto promovido por Estados Unidos para
consolidar su bloque económico en el continente a fin de posicionarse mejor en
el escenario de la globalización neoliberal frente a Europa y el Sudeste
Asiático.
Como es sabido, los objetivos del ALCA van mucho más allá de
lograr que los productos tengan libre acceso a los mercados y pretenden
fundamentalmente que las empresas estadounidenses obtengan privilegios en su
desempeño, otorgándoles acceso a las compras gubernamentales, prohibiendo a los
gobiernos nacionales la regulación del funcionamiento de las inversiones
extranjeras, fortaleciendo los derechos de propiedad intelectual de las
transnacionales, dando trato "no discriminatorio" a la inversión
extranjera, limitando el desempeño de las empresas públicas en la provisión de
servicios públicos y promoviendo la privatización de los mismos. Paralelamente,
se trata de dotar a las transnacionales de mecanismos e instrumentos jurídicos
para dirimir favorablemente sus controversias ante los Estados.
En el marco del ALCA, que se sigue negociando en secreto y de
manera antidemocrática, los derechos de los inversionistas tienen más jerarquía
que los derechos de los pueblos. Todos los servicios públicos, sobre todo el
agua, la educación, la salud, las pensiones, las jubilaciones, la vivienda y la
seguridad, se convierten en mercancías, pasando a ser objeto del libre juego de
la competencia comercial. Si el ALCA llega a implementarse se provocarían
profundos impactos negativos sobre pueblos y ecosistemas a lo largo y ancho del
continente.
Por otra parte, desde los años ochenta, las organizaciones
sociales, particularmente las sindicales, sufrieron un declive en su accionar,
por diversos factores que las distrajeron de sus objetivos esenciales. El
burocratismo, el electorerismo y el economicismo depredaron la vitalidad
reivindicativa en varios países. La intolerancia ideológica, la represión, la
violencia social y la violencia política, también incidieron corrosivamente en
la organización, orientación y conducción de los movimientos populares. La
unidad de los sectores populares se fragilizó, no prosperó o fue efímera.
Quizás los únicos actores sociales que se fortalecieron y protagonizan todavía
avances organizativos y de nuevas propuestas políticas de cambio son los
movimientos indígenas y los movimientos de mujeres.
En resumen, el deterioro del trabajo y de la calidad de vida, por
un lado, y, por otro, la dispersión y la debilidad organizativa de los sectores
populares son los principales retos a vencer desde una perspectiva social
integracionista, nacional y regional, en respuesta a la política neoliberal
predominante en el continente y a las imposiciones hegemónicas del imperio.
2. Ajuste estructural y precarización continental de la vida
La aplicación de los llamados “Programas de Ajuste Estructural y
Estabilización Económica”, tendientes a reducir la intervención del Estado en
la economía y a someter la vida social a las arbitrariedades del mercado, lejos
de conducir al progreso y al bienestar, tal como lo proclaman en todo el mundo
los políticos y tecnócratas neoliberales, han generalizado y aumentado la
pobreza y la indigencia y, por otro lado, han permitido una inmensa
concentración de la riqueza en poquísimas familias privilegiadas.
La apertura comercial, la desregulación del sistema financiero, la
privatización de los servicios públicos y empresas estatales, la supresión
indiscriminada de subsidios, la flexibilidad laboral y otras medidas mal
llamadas “modernizadoras” han hecho estragos continentales. Como nunca antes en
su historia, América Latina ha sido abusada en nombre de la libertad de
comercio: millones de ilusiones y falsas esperanzas han sido creadas solo para
ser aplastadas después, por los mismos funcionarios gubernamentales, dirigentes
empresariales, representantes de organismos multilaterales, o por todos a la
vez. Entre la “década perdida” de los años ochenta y la “década robada” de los
noventa, gracias al cinismo de los gobernantes la población empobrecida
latinoamericana aumentó de 183 a 224 millones de personas, en tanto que el
saldo de la deuda externa, por la capitalización de los intereses y los nuevos
préstamos, creció de 228.000 millones de dólares en 1980, a 442.000 en 1990 y a
760.000 millones de dólares en 1999; pese a que, en estos veinte años, más de
395.000 millones de dólares fueron destinados al pago de la misma .
En promedio, la relación entre la deuda externa total y las
exportaciones de bienes y servicios durante los años noventa fue del 235%, muy
por encima del 200% que algunos expertos señalan como tope de lo
“razonablemente manejable”. Sin embargo, para 1999, en algunas economías de la
región esta proporción alcanzó niveles espeluznantes : 521% en Argentina, 433%
en Brasil, 366% en Perú, 349% en Bolivia, 309% en Ecuador. Un caso dramático
constituye Nicaragua con el 774% (aunque en 1992 estuvo en 3.493%); debiendo
señalarse, en contrapartida, la relativa "solvencia" de México, 113%,
y de Venezuela, 138%.
Según la OIT, si bien en el sector industrial los ingresos reales
han crecido a un promedio anual del 2,7% durante la década de 1990, el salario
medio actual es apenas superior al de 1980. Más grave aún, el valor real de los
salarios mínimos ha evolucionado apenas al 0,8% anual en ese período, siendo la
media actual de América Latina 27% menor que la media a comienzos de los años
ochenta.
Pese a los bajos costos salariales y a las devaluaciones
monetarias latinoamericanas, las consiguientes ganancias de productividad han
sido mucho menores que las logradas en los países del sudeste asiático. Los
mayores incrementos de competitividad se produjeron en Colombia, con el 11%,
mientras el mínimo asiático fue del 20%, en Tailandia, y el máximo fue del 60%,
en Malasia. Argentina logró el 3,7% y Brasil el 4,3%. Esto refleja la escasa
calidad de la mayor parte de puestos de trabajo creados durante la última
década.
A nivel mundial, el PNUD estima en 40.000 millones de dólares por
año la suma necesaria para erradicar la pobreza. El mismo Banco Mundial afirma
que, en el mejor de los casos, recién en el año 2015 se logrará bajar el número
de pobres del planeta al 50% del actual...
Por otro lado, casi 55 millones de latinoamericanos y caribeños
padecían algún grado de subnutrición a finales de la década pasada. La CEPAL
estima que el 11% de la población está subnutrida. Casi un 9% de la población
infantil menor de 5 años sufre desnutrición aguda (bajo peso) y un 19,4%,
desnutrición crónica (baja talla respecto a la edad). Esta última reviste
especial gravedad por la irreversibilidad de sus efectos negativos.
Cualquier crecimiento económico que esté por debajo del
crecimiento de la población, que es de 2.9%, es preocupante porque significa
que cada día hay más habitantes, mientras la producción de bienes y servicios
aumenta a un ritmo menor. Ahora bien, a mediados de los noventa, expertos del
BM afirmaban que para avanzar en la reducción de la pobreza en América Latina y
el Caribe sus economías debían crecer por encima del 3,5% anual durante muchos
años. Por lo mismo, para que se consoliden las reformas se debía duplicar el
crecimiento promedio de las economías latinoamericanas para realmente avanzar
en la lucha contra la pobreza, es decir crecer al menos al 6% anual. Esto no ha
ocurrido, observándose un crecimiento promedio errático muy por debajo de esta
condición: en 1996 el 3,4%; en 1997 el 5,1%; en 1998 el 2,0%; en 1999 el –0,8%;
en el 2000 el 2,5%; en 2001 el –0,4%, el 1,6% en 2002 y apenas se prevé un 1,5%
para el 2003 en lugar del 2,1% inicialmente previsto. Estos son promedios y
desde luego, las cifras varían enormemente de un país a otro.
Como si esto no fuera suficientemente dramático, estudios del BID
muestran que no es posible erradicar la pobreza por la simple vía del
crecimiento. Según los criterios internacionales, la línea de la pobreza se
encuentra entre 1 y 2 dólares diarios y la de la pobreza extrema en menos de un
dólar diario. Dependiendo de la estructura de la desigualdad, medida por el
índice de Gini por ejemplo, países como México, con una tasa de crecimiento
constante de 3% en su PIB anual, necesitaría 60 años para lograr que su
población en extrema pobreza pase al nivel de pobreza; mientras que a países
más atrasados, como EL Salvador, les llevaría 120 años alcanzar lo mismo .
Por otra parte, se puede combatir la pobreza y reducirla pero la
desigualdad puede seguir manteniéndose y aún agravándose. El crecimiento es una
condición necesaria más no suficiente de la reducción de la desigualdad.
Reducir la desigualdad es básicamente distribuir el ingreso y la riqueza de una
manera más equitativa, cuestión que no entra en la lógica económica neoliberal.
Lo importante son las políticas redistributivas, las cuales han sido muy poco
implementadas.
Diversos especialistas consideran que las economías
latinoamericanas sólo pueden crecer con un elevado incremento de las
exportaciones y un elevado impacto del sector exportador en el resto de la
economía. Pero el problema es que no se está aumentando el valor agregado de la
exportaciones y únicamente se está diversificando hacia otros productos de bajo
valor agregado. Si no se da un proceso de sustitución de exportaciones, no será
sostenible ni siquiera el magro crecimiento de los últimos años, mucho menos
las altas tasas que se necesitan.
Un segundo problema se refiere al ahorro público y privado como
fuente para la inversión en infraestructura y educación en razón de que la
obtención de recursos del exterior se saturó y existe una enorme astringencia
de recursos externos. En tal sentido, el ahorro debe provenir de adentro, del
ahorro privado, que es muy difícil de elevarlo en América Latina por varios
factores, principalmente por la crisis financiera y por diversas presiones de
los grupos económicos monopolistas.
Resulta entonces muy claro que es el ahorro público el que el FMI
y el BM recomiendan aumentar, pero como ya se ha reducido bastante el déficit
fiscal, este mejoramiento del ahorro público no podrá generarse por la vía del
gasto a menos de colapsar lo poco que queda de economía popular y entrar en un
período de grandes convulsiones sociales y políticas. Por ello es que sin un
aumento de la carga fiscal, que suba la proporción de recaudación sobre el PIB,
no va a ser posible invertir en infraestructura, educación y salud para generar
exportaciones y crecimiento.
Lo complicado es cómo hacerlo. No se puede elevar solo las tasas
porque la evasión aumenta; no se puede ampliar mucho más la base fiscal porque
ya se lo ha hecho. Lo que queda es gravar con severidad otras fuentes, como las
Bolsas de Valores, las grandes fortunas y otras fuentes de riqueza o ingreso.
Un desafío de voluntad política que casi ningún gobierno está dispuesto a
asumirlo...
En verdad, el dilema no es para menos. Vale recordar la
advertencia que en 1999 lanzó Noam Chomsky, ese prestigiosos académico
progresista estadounidense, cuando dijo que la trampa de la globalización
obliga a la formación de bloques económicos y condena a los países de la
periferia a implementar y mantener severos ajustes internos para entrar a los
círculos financieros mundiales, en donde sólo los grandes grupos monopólicos
empresariales resultan beneficiados. Dicho coloquialmente: si no juegas, no
ganas. Pero si juegas, pierdes.
La disyuntiva conduce a pensar en asumir otro tipo de juego, que
no sea necesariamente el que están proponiendo los organismos multilaterales y
las grandes potencias occidentales. Pensar primeramente en que la crisis actual
del capitalismo y su salida belicista no harán sino agudizar los problemas de
la mayoría de la población, lo cual debe ser aprovechado para elevar los
niveles de conciencia política; pensar en la necesidad de redefinir
colectivamente los objetivos del segundo gran proyecto independentista e
integracionista; reflexionar en la identidad y diversidad de todos aquellos y
aquellas que en este hemisferio se sumen a las acciones transformadoras y en
los mecanismos que viabilicen la unidad organizativa de resistencia.
3. La otra integración y sus tareas
Avanzar en las redefiniciones requiere partir de la constatación
del fracaso de la integración económica-comercial promovida hasta ahora por los
gobiernos latinoamericanos, prisioneros de los intereses contradictorios de sus
respectivas burguesías y de las presiones de las empresas transnacionales,
ávidas de explotar a bajos costos recursos naturales y mano de obra.
Esto significa promover una respuesta a la globalización
capitalista con un proceso integracionista latinoamericano en términos
comunitarios, equitativos, privilegiando una comunidad de naciones no
simplemente discursiva sino que implemente los mecanismos sociales, políticos e
institucionales que preserven la autodeterminación de la región y de sus
pueblos, fomentando el desarrollo humano sustentable con identidad.
Conviene, por lo mismo, redefinir lo alternativo. Se trata de
oponerse a un gobierno, a su políticas económicas? O es una lucha contra el
modelo neoliberal? O son acciones que apuntan a la destrucción del sistema
capitalista?
En la realidad lo que se produce es una combinación de metas y
objetivos que demandan la construcción de un movimiento social político con
sentido democrático en sus objetivos inmediatos y una propuesta programática
estratégica de superación del sistema capitalista.
Dentro de cada país ha surgido un eje
patriótico-nacional-democrático a lo largo del cual se mueven organizaciones de
diverso tipo, de distinto origen y dinámicas contestatarias que demandan
construir la unidad en la diversidad. Figuras y fuerzas disímiles, personas y
personajes de lo más variado concurren a diferentes espacios y formas de lucha
que requieren nuevas modalidades de coordinación y conducción. Esto exige
abandonar actitudes sectarias o dogmáticas que dificultan la convergencia y la
inclusión en procesos unitarios cada vez mayores.
En tal sentido, se presenta como indispensable partir de un
acumulado propositivo ya existente, de una sistematización de experiencias
unitarias nacionales y continentales que ahorren tiempo y recursos, que recojan
los lineamientos establecidos en múltiples “Declaraciones”, Actas, Cartas,
Memorias de Seminarios Latinoamericanos, etc., producidas en infinidad de eventos
y sobre innumerables temas y problemas (género, jóvenes, campesinos, indígenas,
derechos humanos, medio ambiente, objeción de conciencia, etc.).
Diferentes espacios y procesos han dotado de una riquísima
reflexión y propuestas ingeniosas, viables, algunas sencillas otras más
complejas. El Foro Social Mundial, la Alianza Social Continental, las “Cumbres”
de Naciones Unidas y sus correlatos de la sociedad civil, entre otras, proveen
de múltiples alternativas a la crisis social y económica. Sin olvidar las instancias
oficiales y procesos subregionales de integración (MERCOSUR, CAN, CARICOM,
etc.) que conviene impulsarlos hacia metas más amplias, profundas e integrales,
a fin de que no se agoten en la dimensión económica-comercial sino que
trasciendan a lo social, cultural, político y ambiental.
4. Principales obstáculos a la integración de los pueblos
Se pueden distinguir dos tipos de obstáculos que impiden en mayor
o menor grado el avance de la integración latinoamericana en sus diferentes
dimensiones. Unos de carácter externo a las organizaciones sociales y populares
y otros internos al movimiento popular.
Entre los primeros, es posible señalar: la hegemonía
estadounidense en la región que ha provocado la pérdida de soberanía de los
Estados, la fragmentación social y la individualización de las soluciones a la
crisis; la fragilidad democrática de los Estados que ha impedido la
consolidación del convivir ciudadano en pleno ejercicio de los derechos
humanos; la fragilidad de las instituciones públicas intergubernamentales
(PARALAMENTO LATINOAMERICANO, ALADI, SELA, GRUPO DE RÍO, etc.) que no han
logrado cohesionar propuestas integracionistas importantes, eficientes y
duraderas.
Entre los segundos se destaca: la dispersión geográfica y
sectorial que impide una organicidad adecuada y la optimización de recursos y
procesos; los liderazgos obsoletos y poco renovados que no logran adaptarse a
los cambios ocurridos en el mundo que han afectado las formas de pensamiento y
de militancia; la escasa valoración de lo político, venido a menos por el
comportamiento caudillista, clientelar y corrupto de los partidos y dirigentes
políticos tradicionales, lo cual ahuyenta a numerosas personas de la práctica
política para no sentirse contaminadas por los vicios de la politiquería; la
escasa valoración de los poderes locales y la gestión municipal, que retrasa la
participación ciudadana y la incorporación de nuevos contingentes a las
instancias de decisión; los tiempos orgánicos diferentes y los desfases de
objetivos y metas de una organización a otra y de un país a otro, dificultando
el fortalecimiento de los procesos; la falta de comunicación e información
oportuna y sistemática que impide reaccionar adecuadamente.
A esto se suma una persistente tara de comportamiento típico de la
región, de descuidarse y dejar todo para el último, con lo cual se cae en las
trampas de la “lógica de la urgencia”, que causa tres efectos letales para el
crecimiento organizativo y la consecución de resultados concretos: se permanece
en la superficialidad de los problemas y no se resuelve lo de fondo, por lo
mismo, los problemas se vuelven recurrentes y provocan un enorme desgaste
humano y de recursos.
5. Algunas premisas doctrinarias para la integración
El neoliberalismo ha demostrado su interés prioritario en tratar a
las personas como simples consumidores, como agentes de realización de la
compra y venta de mercancías, por lo cual anula la categoría de ciudadano, es
decir personas con derechos. Al dar primacía suprema al mercado el
neoliberalismo atenta a la soberanía, a la libertad y a las conquistas
sociales, es decir a las posibilidades de llevar una vida digna.
Esto plantea la necesidad de concebir una integración
latinoamericana que piense y priorice a las personas antes que a las cosas
(“primero la gente”, “pensar en el ser y antes que en el tener”...); que ponga
en primera línea la satisfacción de las necesidades básicas de los seres
humanos y en el respeto a la naturaleza.
Priorizar a las personas conlleva dar primacía a la solidaridad
frente al lucro, lo cual implica impulsar la solidaridad antes que la
competencia; destacar la estabilidad laboral antes que la movilidad del
capital; mejorar los niveles y la calidad de vida antes que la eficiencia de
los negocios; abanderarse de la inclusión social y no de la exclusión;
apostarle a la solución pacífica de los conflictos.
Todo aquello quedaría incompleto sin incorporar la
interculturalidad y la ética como contenido y como práctica cotidiana, como
fortaleza en contra de la homogeneización cultural occidentalizante promovida
por la globalización. Dentro de esto, es fundamental redimensionar la relación
de lo social con lo político, a fin de rebasar el viejo clivaje liberal de
pensar lo reivindicativo como ámbito propio de las organizaciones sociales y los
procesos electorales, el gobierno y el poder como exclusivo de los partidos.
La integración debe concebirse como un proceso a la vez global,
sectorial y zonal. Esto permitirá acción conjunta en los escenarios
internacionales a partir de una direccionalidad compartida y con una
operativización a través de proyectos y convenios binacionales o
multinacionales que hagan realidad las expectativas y aspiraciones de cambio de
la gente.
Finalmente, es necesario forjar una conciencia de la integración
latinoamericana como una concertación plural, que abarque las múltiples
dimensiones integracionistas como un todo, fomentando la sinergia indispensable
para que interactúen los más diversos actores e instituciones en un marco de
democracia participativa y fortalecimiento institucional regional.
* Movimiento Pachakútik – Ecuador. Reunión de Trabajo, Congreso
Bolivariano de los Pueblos; Caracas, 28 al 30 de agosto, 2003.
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