N° 16, Diciembre 2003-Marzo 2004
Buena parte de la comunidad empresarial ha vivido
un proceso de politización sin precedentes, paralelo al notable repliegue del
Estado como conductor del desarrollo económico, que la ha colocado en el centro
mismo de la definición y hasta de la implementación de las importantes
políticas públicas.[1]
Este cambio de percepción sobre el papel de los
empresarios es también notable en el ámbito académico. En México, por ejemplo,
se convirtieron en objeto de estudio y análisis luego de los conflictos que
tensaron la relación Estado-empresarios durante los gobiernos de Luis
Echeverría Álvarez (1970-1976) y José López Portillo (1976-1982), los cuales
alcanzaron su nivel más álgido con la nacionalización de la banca decretada en
noviembre de 1982 [2].
La confrontación entre el gobierno y los
empresarios organizados, fue tema de numerosos análisis. Éstos ponderaron la
acelerada politización y radicalización, que se dio entre un número importante
de hombres de negocios que habían tenido una destacada participación como
dirigentes de los organismos de la iniciativa privada, y que a partir de
entonces optaron por la vía partidista. Sobre todo en las filas del Partido
Acción Nacional, para actuar en defensa de sus intereses.[3]
El personaje paradigmático de esta nueva clase
empresarial, tan dinámica en la política fue el agroindustrial Manuel J.
Clouthier, expresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana
(Coparmex) y del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), a quien todos
recordamos como candidato presidencial del PAN, encabezando la movilización
social que, junto con el Frente Democrático Nacional con Cuauhtémoc Cárdenas
como su aspirante a la Presidencia de la República, cimbraron por primera vez
en 1988 las bases del sistema del Partido de Estado al presentarse como una
alternativa real de gobierno emanado de la oposición.[4]
En este caso los estudios ponderaron la visión del
conflicto entre el Estado y los empresarios, pero poco se consideró que si bien
la nacionalización de la banca afectó fuertes intereses económicos, no alcanzó
a romper el pacto de acuerdos implícitos, no escritos, que por décadas habían
regulado las relaciones entre el poder económico y el poder político, al grado
de que con una hábil política de repliegue estatal de la actividad económica y
una serie de reformas que iniciaron los notables cambios estructurales para
devolver gradualmente a la iniciativa privada el espacio del que había sido
desplazada, el acuerdo y la coordinación entre el gobierno y los empresarios
durante la administración del licenciado Miguel de la Madrid dio cuenta de una
exitosa recomposición en las relaciones entre ambas instancias.
Quizá fue por esto que el interés de la academia en
el tema fue limitado a unos pocos estudios que lo abordaron en esos años. En el
horizonte no se vislumbraba aún la caída del Muro de Berlín, y en un ámbito en
el que todavía prevalecía el enfoque marxista, en algunos casos con fuertes
tendencias esquematizantes que limitaron su capacidad analítica, no faltó quien
considerara que lo importante era estudiar a las clases en ascenso, con el
proletariado al frente.[5]
Siendo la burguesía una clase en decadencia, se
creía, destinada a la desaparición víctima de las contradicciones propias del
capitalismo, no valía la pena gastar recursos y energías en su estudio. El
número de publicaciones sobre el tema de la clase obrera y el movimiento
sindical en toda América Latina no tiene comparación con lo que en los mismos
años se llegó a publicar sobre los empresarios, condenados a ser, bajo esa
visión, un grupo marginal en la historia.
Los empresarios: nuevos actores en
la arena política
Pero ¿qué hay detrás de este cambio de percepción?
¿Cuál es el papel de los empresarios en la construcción de un nuevo orden
social? ¿Cuáles son los retos, obstáculos y limitaciones de su participación en
la transición democrática? ¿Cuál es su responsabilidad en la promoción del
desarrollo económico y social del país? ¿Qué papel jugarán en la ya larga
búsqueda de un proceso de integración latinoamericana?
Estas y algunas otras son las preguntas que me
parecen relevantes para tratar de dilucidar la lógica de la acción de los
empresarios, actores que considero han incursionado en la arena política, a
donde seguro llegaron para quedarse, como se puede ver en el creciente número
de candidatos a puestos de elección popular, sobre todo en el Congreso, y la
cercanía que tienen los funcionarios públicos con destacados hombres de
negocios.
En el cambiante entorno actual es difícil dar
respuestas precisas a estas preguntas. Sin embargo, presentaré en estas líneas
algunas propuestas para explorar alternativas. Partiendo de que se trata de un
problema complejo, como lo es la misma estructura del sector empresarial,
caracterizado por una pluralidad de tendencias que recientemente han puesto en
jaque la representatividad de las organizaciones que lo aglutinan.[6]
Primer punto: Fue a partir de la expropiación de la
banca que los líderes empresariales por primera vez hicieron explícita una
demanda de democracia en su discurso. En ese año de 1982, más allá de condenar
los errores de gobierno de un presidente en específico, López Portillo en este
caso (que por lo demás ya iba de salida), los empresarios construyeron un
discurso que cuestionaba al sistema político en sí mismo y asimilaba sus
demandas con las de la sociedad civil en su conjunto, enarbolando un discurso
antiestatista y antiautoritario. Al mismo tiempo reforzaron las organizaciones
empresariales, participaron en la construcción de coaliciones electorales, que
lograron notables avances, sobre todo en los estados del norte del país, y
dieron de esta forma una extraordinaria visibilidad ideológica, social y
política a la iniciativa privada en toda la República.
Paradójicamente, los entonces ex banqueros fueron
los menos activos en este sentido, y optaron por mantener la cautela en espera
de una adecuada compensación por parte del gobierno, de tal forma que la
formidable expansión del sector financiero no bancario durante el sexenio de
Miguel de la Madrid, aunado a la política de rescate de las firmas privadas
altamente endeudadas, la privatización de empresas estatales y la adopción de
reformas orientadas al libre mercado permitieron que al final de ese sexenio
hubiera de nuevo una poderosa élite financiera y empresarial reconocida como el
más importante aliado del gobierno, con el que creó una alianza que se vio
ampliamente reforzada durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.[7]
Segundo.- El fracaso de las economías centralmente
planificadas en el manejo eficiente de las finanzas públicas, en el marco de
una aguda crisis económica y de las empresas paraestatales, pareciera haber
convertido en una verdad casi universalmente reconocida que el desarrollo
económico debiera ser promovido fundamentalmente por el sector privado, en un
contexto de libre mercado –tesis centrales del neoliberalismo. Ante esta
tendencia, sigue abierto el debate del alcance que debe tener el Estado como
regulador del desarrollo.
Al respecto estamos muy lejos de haber dicho la
última palabra, pues existe el reconocimiento de que el libre mercado no es en
sí mismo un mecanismo suficiente ni eficiente para procurar un desarrollo
económico y social equilibrado.
Tercero.- En Latinoamérica, específicamente en
México, se carece de una cultura empresarial que favorezca el despliegue de la
iniciativa privada. Hay razones históricas que lo explican, que van desde la
existencia de una pesada burocracia y un esquema corporativista como pilares
del sistema que hoy parece vivir sus últimos momentos, hasta la existencia,
también por décadas, de un esquema de desarrollo industrial procurado a la
sombra del Estado, bajo un modelo proteccionista que ya agotó sus posibilidades
ante un entorno internacional cada vez más abierto.
Paradójicamente fue un destacado empresario quien
hace algunos años se refirió a los hombres de negocios en Latinoamérica como
una “burguesía precaria... débil, que muchas veces se ha coludido con el Estado
y que no ha sabido responder a sus responsabilidades nacionales”. Fueron palabras
de don Juan Sánchez Navarro en un foro iberoamericano en el que el líder
empresarial hizo una comparación entre los logros de la Europa de la posguerra
con el Plan Marshall, y lo sucedido en Latinoamérica en donde la entrada de
cuantiosos capitales extranjeros nos hundió en una crisis de endeudamiento de
que aún nuestros países no se acaban de reponer, y dificilmente lo harán en un
futuro próximo.
Cuarto.- En detrimento del objetivo de forjar una
cultura empresarial, suponiendo que ese fuera el interés del gobierno al optar
por un esquema neoliberal, la forma en que se llevó a cabo el proceso de
adaptación a dicho entorno internacional alimentó dudas y desconfianza respecto
a la capacidad de disposición que tendrían los hombres de negocios para dar
respuesta a las necesidades de la población.
En este sentido, la experiencia que se vivió
durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), en el que se
aplaudieron las reformas realizadas para supuestamente configurar una economía
del primer mundo, fue muy poco clara en cuanto a las limitaciones de dichos
cambios como mecanismos para procurar un sano desarrollo.
Por el contrario, lo que se vio es que promovió el
surgimiento de una clase de “nuevos ricos”, propietarios de empresas de las que
se adueñaron en base a una política de privilegios y corruptelas, de las que
aún no acabamos de conocer todo el trasfondo. El Fobaproa da cuenta de ello.
Lamentablemente, no han cesado de presentarse casos que alimentan la
animadversión entre importantes grupos de la población hacia la participación
de la iniciativa privada en ciertas áreas, como sucede actualmente con el
sonado caso del Registro Nacional de Vehículos (Renave).
Quinto.- Los hombres de negocios más beneficiados
con las reformas salinistas fallaron además al limitar su capacidad de
influencia en la definición de las políticas económicas a la defensa de los
intereses de los grandes capitalistas, únicos con capacidad de competir a corto
plazo en una economía abierta. Ellos aceptaron en virtud de ese acuerdo de
colaboración entre el gobierno y los grandes capitalistas, realizar un
acelerado proceso de apertura que atendió más a los intereses y los tiempos
políticos de la clase gobernante, que a la capacidad real de la planta
productiva de adaptar sus procesos a un contexto de una mayor competencia,
provocando un elevado costo en lo económico, en lo social y presumiblemente
también en lo político, como podría considerarse a partir del reciente fracaso
del PRI en las urnas.
Con las observaciones anteriores, lo que pretendo
es ilustrar las notables carencias que se tienen en materia de cultura
empresarial, y la urgencia de promoverla y fortalecerla, para poder avanzar en
la urgente reforma microeconómica. Ambos aspectos intrínsecamente ligados.
El primer aspecto, la cultura empresarial,
entendida como la promoción de la figura del empresario innovador, introductor
de nuevas tecnologías y de novedosas formas de organización del trabajo, y muy
sensible a la elevación del nivel de vida de los trabajadores como condición
del desarrollo, e interesado en la educación y la capacitación como requisitos
indispensables para elevar la productividad y la calidad en su desempeño
económico.
El segundo aspecto, la promoción y fortalecimiento
de la cultura empresarial, incluye el amplio espectro de problemas que atañen
al campo de las políticas públicas: llámese industrial, laboral, educativa, de
desarrollo científico y tecnológico y de promoción de la productividad y la
cultura de calidad, y en cuya determinación deberá jugar un papel central la
iniciativa privada.
A la serie de preguntas que yo misma planteé hace
unos momentos, quisiera responder de manera breve con las siguientes palabras:
el papel de los empresarios en el proceso de desarrollo económico en América
Latina será vital. Particularmente de los pequeños empresarios, pues como se ha
comprobado que los “grandes empresarios” ni pueden generar todo el empleo que
se requiere, ni la satisfacción de esta demanda responde a la lógica de
desarrollo tecnológico de los grandes consorcios, que en muchos casos tienden a
privilegiar la inversión en nuevas tecnologías, aun cuando éstas tiendan a
desplazar personal.
Por otra parte, también parece claro que los
empleos que el país requiere –por lo menos un millón 350 mil al año, según las
perspectivas del próximo gobierno de Vicente Fox–, no se crearán a través de
las inversiones públicas, por el elevado nivel de endeudamiento y las carencias
de servicios públicos en diversas zonas del país, que reclaman atención inmediata
por parte del sector público.
Es crucial para lograr un sano desarrollo, que haya
una justa revaluación de la función social de los empresarios en general, y de
los pequeños empresarios en particular, pues del éxito que éstos tengan se
logrará dar respuesta a la creciente demanda de empleo que hay en el país y en
la región. Eso implica no sólo un cambio de actitud hacia la noción de empresa
y de autoempleo, para dejar de verla como el lugar de explotación social y
apropiación indiviudal, y dejar de ver al empresario como el ser que busca el
lucro a costa de lo que sea.
Implica también un cambio en las políticas gubernamentales, para crear verdaderas condiciones de desarrollo que favorezcan a los pequeños empresarios, aumentado la capacidad de la banca de fomento y reduciendo el excesivo costo del crédito comercial. Es notable el vacío que hay en las políticas públicas en relación a los pequeños empresarios, pues la burocracia, el exceso de trámites y las excesivas regulaciones son claras manifestaciones de una cultura antiempresarial, que deberá tener un cambio radical si es que en verdad se pretende lograr un desarrollo justo, sano y equilibrado en México y en toda América Latina.
* El Papel del Empresario Mexicano en la Integración de
América Latina y el Caribe, AUNA
México.
Página Vigente de
América Semanal...
[1]
Fue notable por ejemplo la participación
empresarial en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica.
Véase Tirado, Ricardo, coord., Los Empresarios ante la Globalización, Instituto
de Investigaciones Sociales-UNAM y LV Legislatura de la H. Cámara de Diputados,
México, 1994.
[2]
Véase Martínez Nava, Juan Manuel, Conflicto
Estado-Empresarios, Editorial Nueva Imagen, México, 1984.
[3]
Están los casos de Manuel Ardavín,
Emilio Goicochea Luna, Francisco Barrios Terrazas, Adalberto Rosas, Jorge Ocejo
Moreno y Ernesto Ruffo Appel, entre otros.
[4]
Sobre el tema de la politización de los
empresarios véase “Empresarios y Política en México”, artículos de Francisco
Valdéz Ugalde, Matilde Luna, Ricardo Tirado y otros, en Estudios
Sociológicos del Colegio de México, Vol. V, Núm. 15, Septiembre-diciembre
de 1987.
[5] Véase Puga, Cristina, Revista Mexicana de Sociología, Núm. 32, FCPyS-UNAM, 199(?)
[6]
Véase Durand, Francisco, “Las
organizaciones empresariales latino-americanas al final del siglo XX”, en
Ricarco Tirado, Op. Cit.
[7] Véase Heredia, Blanca, “Mexican Business and the
State: The Political Economy of a Muddled Transition”, en Bartell, Ernest y
Payne, Leigh, Business and Democracy in Latin America, University of
Pittsburgh Press, 1995 y Concheiro, Rosa Elvira, El gran acuerdo,
Editorial Nueva Imagen, México, 1997.