N° 16, Diciembre 2003-Marzo 2004
Inversión política y ética, y no de mercado,
para salvar al mundo
El ALBA contra el
ALCA
Edith Franco *
...a ver cómo le damos a
nuestros pueblos, que están más allá de estas paredes, y son millones y
millones, un camino hacia un mundo democrático; pero, verdaderamente
democrático, donde todos, sin excepción, estemos incluidos, donde haya
igualdad, donde haya equidad, donde podamos gobiernos, instituciones, Estados,
sociedades, sectores públicos, sectores privados, todos, en el marco de las
Constituciones y las leyes de cada país, respetándonos mutuamente, construir un
mundo mejor...
Hugo Chávez Frías.
Reunión de Alto Nivel sobre la pobreza, la equidad e inclusión
social de la O.E.A.
8 de octubre de 2003.
Con
la intención de contribuir a la información, al debate, a la reflexión teórica,
pero sobretodo a la definición de alternativas para la acción crítica; desde
una mirada de mujer, para todos y en especial para todas; hoy, en esta reunión
del Colectivo Mujeres Tacarigua, examinaremos algunas definiciones
estratégicas que nos llevarán a considerar la relación real entre la economía y
el Estado y sus directas implicaciones económicas, sociales, culturales y
políticas; confrontaremos algunos datos teóricos que nos permitirán dar cuenta
de las experiencias del pasado de la economía hegemónica imperialista, para
apreciar con más claridad las múltiples resistencias que se manifiestan en
nuestros días en los pueblos latinoamericanos y del Caribe ante la imposición
del modelo económico neoliberal y su última propuesta anexionista: El ALCA.
De la
observación de esas resistencias políticas, económicas, sociales y culturales
latinoamericanas, como las que se han dado dando en Venezuela, Ecuador, Brasil
y actualmente en el valeroso pueblo boliviano, nace en este Colectivo de
Mujeres y Hombres, la importancia del estudio y análisis crítico de ciertos
acuerdos económicos que nos brindan investigadores y expertos de la materia;
pues, el propósito de esta conferencia: El ALBA contra el ALCA, es
elevar y reforzar la condición ética y moral de los seres humanos que integran
nuestros pueblos latinoamericanos, para deslegitimar y hacer frente al
ordenamiento económico que nos ha sido impuesto desde décadas pasadas conocido
como neoliberalismo; reconociendo a éste como un modelo económico que se
organiza y funciona sobre la base de desigualdades y que propone desde el año
1994 a la América del Sur y al Caribe otra de sus “armas integracionistas”
conocida como Área de Libre Comercio de las Américas.
Nosotras
y nosotros, ya sentimos al ALCA como otro instrumento económico y
político, arma de un sistema imperialista cruel, inhumano e inmoral, que no ha
dado ni dará respuesta en la región a las exigencias mínimas de la economía;
definida ésta, como un mecanismo del conjunto social, que debe garantizar la
seguridad material de todos los individuos y de todos los pueblos; en este
sentido, lo que buscamos con el desarrollo de esta convocatoria es, entonces,
robustecer los criterios de resistencia, generando opinión pública, para así,
finalmente, hacer converger acciones en la búsqueda de mejores y justas
alternativas, como la propuesta y lanzada al mundo por nuestro presidente Hugo
Chávez, distinguida como el ALBA: Alternativa Bolivariana para los Pueblos
de América, y que en los actuales momentos, es estudiada y discutida en los
diversos movimientos de resistencia latinoamericanos e internacionales, para ir
elaborando la Agenda 2004 de Lucha contra El ALCA; que ampliará y
reforzará la alianza de los pueblos latinoamericanos y del Caribe, en el
Congreso Bolivariano de los Pueblos a realizarse en el mes de noviembre de
2003; y en donde además, se extenderá la tesis del líder del pueblo cubano,
Fidel Castro: realizar un plesbicito regional para consultar a la población
latinoamericana sobre si desea formar parte del ALCA.
Ahora,
antes de hablar de alternativas, obligatorio es hacer un poco de historia.
Sugiriendo en tal caso, que partamos en este coloquio del Consensus de
Washington, para entender como desde antes de la propuesta del ALCA
se venía gestando en Estados Unidos el proceso conspirativo de recomposición
del capital.
El
consenso de Washington
Para
llevar adelante el objetivo del mantenimiento del sistema capitalista mundial,
basado en la libertad del mercado para operar, donde predomina la concepción
del “darwinismo social”, es decir: la supervivencia del más apto y la
eliminación del más débil, donde la vida social se concibe gobernada por las
leyes de la competencia y del conflicto, vale decir, por la guerra; los Estados
Unidos y los organismos internacionales cooptados por este país, organizan otro
de los aparatos económicos del régimen hegemonista, conocido como El
Consenso de Washington.
En
realidad, fue un “Consenso” que se dio a espaldas de la comunidad
internacional, sin un debate amplio sobre las necesidades y opciones del mundo
hacia el siglo XXI; no fue sometido a votación; ni siquiera fue ratificado
formalmente por los países a los que les fue impuesto; fue la demostración de
un ejercicio autoritario, codicioso e insolidario, justificado por el carácter
pretendidamente científico-económico indiscutible de sus directrices.
El “Consenso”,
o mejor conspiración, nace de la reunión realizada en Washington en el año de
1989, entre académicos y economistas norteamericanos, funcionarios de gobierno
de ese país y funcionarios del Banco Mundial y el Fondo Monetario
Internacional; y se reconoce como máximos patrocinadores de ese engendro de
política económica, al secretario del Tesoro norteamericano, Robert Rubin,
proveniente de Wall Street, al igual que los anteriores secretarios, Roger C.
Altman y Nicholas Brady; todos pertenecientes a sociedades de inversión. Ernest
Stern, antiguo presidente del Banco Mundial, es director de la banca J.P.
Morgan, y James Wolfensohn, también directivo de un banco de inversión.
Con
el documento resultante de la visión interesada, obscena y parcial de la
economía neoliberal, los proponentes del Consenso de Washington, vendieron la
idea al mundo de que, como consecuencia de la globalización, y por ende, a
través de la implementación de los puntos acordados en el “Consenso”, como
privatización de las funciones del Estado, implementación del libre comercio,
la entrega de las funciones de planificación económica a las empresas
multinacionales, la disolución del Estado social y el desencadenamiento de los
movimientos internacionales de capitales, entre otros puntos, aumentarían las
tasas de crecimiento económico, disminuiría significativamente la pobreza y la
inseguridad; que el flujo e inversión de capital y el crecimiento de las
exportaciones promovería el desarrollo de sectores con un uso intensivo de la
mano de obra.
En
ese “Consenso” también se puntualizó la necesaria creación de un nuevo
concepto de institución, a los efectos de que los gobiernos y los pueblos
latinoamericanos comprendieran el significado de cambio institucional que ellos
proponían. Se entendió a la institución como “las normas que configuran el
comportamiento de organismos e individuos dentro de una sociedad”; sean
éstas de carácter formal como Constituciones, leyes, reglamentos, contratos; o
informales, como los valores. En el marco de las reformas institucionales, planteadas
por el Consenso, se consideró que, debido al aumento de la demanda por parte
del sector privado, que ahora competía en un mercado globalizado, se había
advertido que la competitividad o las utilidades del sector privado se verían
afectadas, esencialmente, por la calidad y eficiencia de la prestación de
servicios financieros y públicos y la eficacia del sistema judicial; por lo
tanto era justificable la realización de reformas institucionales, valga decir,
en Constituciones, leyes y reglamentos, para que se garantizaran la expansión
del capital y la seguridad de los intereses de las inversiones imperialistas en
otras latitudes.
Ahora
ya entendemos por qué la Constitución Bolivariana Venezolana es a los Estados
Unidos tan incómoda, pues no obedece al modelo de Constitución económica que a
ellos conviene, o mejor dicho, a los Tratados como el ALCA, que
establecen las reglas básicas que justifican la invasión e intervención en las
economías de pueblos latinoamericanos y caribeños.
El
Consenso de Washington de 1989 básicamente ordenó la aplicación de diez
instrumentos de política económica neoliberal para llevar adelante el
mantenimiento de un sistema capitalista mundial basado en la libertad del
mercado. A continuación vemos una síntesis de sus principales puntos:
1.-
Disciplina fiscal: Exigían a los pueblos no más déficit fiscal. Presupuestos
balanceados. Pues, según los expertos economistas del Consenso, grandes y
sostenidos déficits fiscales constituían la fuente primaria de los trastornos
macroeconómicos que se manifestaban como procesos inflacionarios, déficit de
balanza de pagos y fuga de capitales. Argumentaban que un déficit de
presupuesto operacional que sobrepasara un 1% a 2% del PIB era considerado
prueba fehaciente de una falla en la política aplicada, a menos que este exceso
hubiese sido utilizado en inversiones de infraestructura productiva.
Pero,
ante este punto, economistas expertos señalan que el equilibrio fiscal nunca ha
sido alcanzado, ni aún en los países desarrollados; y que por estar basado en
la disminución del gasto público, fundamentalmente en los sectores sociales, ha
causado un profundísimo y dramático deterioro en los sistemas de salud, educación,
seguridad social, etcétera.
2.-
La inflación como parámetro central de la economía. Para los impulsores del
Consenso de Washington, las políticas de ajuste y reforma estructural tienen su
origen en la crisis de la deuda. No es de extrañar que el control de la
inflación fuera un asunto prioritario para los organismos acreedores. Como regla
general, adoptaron los proponentes del “Consenso” el parámetro de la
inflación como referencial del modelo económico, alrededor del cual, según
ellos, se mueven y se subordinan los otros parámetros, incluido el desempleo.
3.-
Prioridades en el gasto público. La necesidad de cubrir el déficit fiscal
presenta la disyuntiva entre aumentar los ingresos fiscales o reducir el gasto
público. El consenso de Washington, influido por los economistas «reaganianos»,
optó por favorecer la reducción del gasto público.
4.-
Reforma Tributaria. El aumento del ingreso vía impuestos se consideró una
alternativa a la reducción del gasto público para paliar déficits fiscales.
Existió un amplio Consenso, entre los tecnócratas neoliberales, en el principio
de que la base tributaria debía ser amplia, mientras que la tasa tributaria
marginal debía ser moderada.
5.-
Tasas de interés. Existieron dos principios generales: el primero, que las
tasas de interés debían ser determinadas por el mercado. El segundo principio
apuntó a la necesidad de tasas de interés real positivas, para incentivar el
ahorro, por un lado y desalentar la fuga de capitales, por el otro.
6.-Tipo
de cambio. Como en el caso de las tasas de interés, la tendencia se inclinó por
tipos de cambio determinados por las fuerzas del mercado.
7.-
Política comercial. La liberalización de las importaciones constituyó un
elemento esencial en una política económica orientada hacia el sector externo
(orientación hacia afuera). El acceso a bienes intermedios importados a precios
competitivos se consideró un aspecto importante en la promoción de las
exportaciones; mientras que una política proteccionista en favor de la
industria nacional y en contra de la competencia extranjera, fue vista como una
distorsión costosa, que en última instancia terminaba por penalizar el esfuerzo
exportador y por empobrecer la economía local.
Entonces,
la apertura económica propuesta por el “Consenso” trajo como
consecuencia la irrupción indiscriminada de importaciones, en gran medida
innecesarias o con precios subsidiados, que produjo la quiebra y el cierre de
gran parte del aparato productivo y el incremento acelerado de la desocupación
y la subocupación en latitudes latinoamericanas.
8.-
Inversión Extranjera Directa (IED). Según el “Consenso” la IED, además
de aportar capital necesario para el desarrollo, proveería capacitación para la
producción de bienes y servicios tanto para el mercado interno como para la
exportación; considerando una insensatez cualquier actitud restrictiva que
limitara la entrada de la inversión extranjera directa (IED).
9.-
Privatizaciones. La lógica de las privatizaciones obedecía a la creencia de que
“la industria privada se administra más eficientemente que la empresa
estatal”. En general, consideraron que la privatización de empresas de
propiedad estatal constituía una fuente de ingresos de corto plazo para el
Estado.
En el
largo plazo se argumentó en el “Consenso”, que el Estado se liberaba de
la responsabilidad de financiar ulteriores inversiones.
La
creencia en la eficiencia superior de la empresa privada fue un dogma de fe para
el Consenso de Washington.
10.-
Desregulación. El “Consenso” consideró que una forma de promover la
competencia o mejor, la obtención de utilidades de sus inversiones económicas,
era mediante la desregulación.
Este
proceso fue iniciado en los Estados Unidos por la administración Carter, pero
fue profundizado durante el mandato de Reagan. Se le ha juzgado, de manera
general, como un proceso exitoso en esa nación y se partía de la base que
también podía producir beneficios similares en otros países, especialmente en
América Latina, donde se practicaban economías de mercado altamente reguladas,
al menos en el papel.
Pero,
en un buen número de países de latinoamericanos, las redes regulatorias son
administradas por burócratas mal pagados. El potencial para la corrupción es,
por lo tanto, alto. La actividad productiva puede ser regulada por la vía
legislativa, por decreto gubernamental o por decisión tomando caso por caso.
Esta
última práctica fue y es bastante difundida y perniciosa en Latinoamérica ya
que creó y sigue creando incertidumbres y provee oportunidades para la
corrupción. También suele ser discriminatoria en contra de los pequeños y
medianos empresarios, los cuales, a pesar de que son importantes fuentes
creadoras de empleo, raras veces tienen acceso a las esferas más altas de las
burocracias.
Tenemos,
entonces que tal “Consenso” auguraba que con su aplicación aumentaría el
crecimiento económico, disminuiría la pobreza y se incrementaría el empleo. Sin
embargo, observemos algunas consecuencias en América Latina, víctima
principal de la aplicación de este “Consenso”:
En
América Latina para el año de 1980 existían 120 millones de pobres; en 1999 el
número había aumentado hasta 220 millones, 45% de la población latinoamericana;
y el 20% más rico es casi 19 veces más rico que el 20% más pobre, cuando la
media mundial es que los ricos son solo 7 veces más ricos que los más pobres;
Tras una década de ciega aplicación religiosa de las directrices del Consenso
de Washington, la deuda de los países del sur, pasó de 492.000 millones de
dólares en 1991 a una deuda inaceptable de 792.000 millones de dólares en 2001;
de los cuales 123 mil millones de dólares se destinaron al pago de la deuda sólo
en el año de 1999; Ferrocarriles, telecomunicaciones, líneas aéreas,
suministros de agua potable y energía fueron prácticamente liquidados y
entregados a macroempresas estadounidenses y europeas; recordemos en especial,
caso Argentina.
Se
redujeron gastos públicos en educación, salud, vivienda y ayudas sociales.
Se
abolieron las medidas de control de precios, se congelaron salarios y millones
de trabajadores fueron despedidos por los nuevos amos de las empresas públicas
privatizadas.
Hubo
importaciones masivas, con disminución de tarifas aduaneras, por supuesto; para
alimentar el consumismo de las clases altas y medias con ganas de ser altas que
provocaron la desaparición de empresas nacionales.
Según
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) América Latina es la región más
desigual del mundo. A pesar de que África es más pobre, los latinoamericanos
reportan la peor distribución del ingreso. Sólo el 5 por ciento de la población
con mayor capacidad adquisitiva concentra 25 % del ingreso nacional, mientras
el 30 por ciento –que constituye el sector social más pobre- tiene el 7.5%. (La
Jornada 3/II/03);
Y qué
decir del desempleo? Según la Organización Internacional del Trabajo, el 84% de
empleos que se crearon en los años dorados de aplicación del “Consenso”
fueron precarios y con bajos salarios. ¿Exitoso programa para América Latina,
verdad?
Podemos
entender, con este breve análisis de la aplicación del “Consenso” que lo
que realmente se logró fue: el aumento dramático de la pobreza y las
desigualdades económicas, sociales y políticas en la región. Por lo tanto,
podemos declarar que fue un estruendoso fracaso; no por casualidad, James
Wolfensohn, presidente del Banco Mundial, proclamó en noviembre de 2002, en una
reunión latinoamericana preparatoria del Foro Económico Mundial de Davos: “El
Consenso de Washington ha muerto”. Ni tampoco por casualidad, el nuevo
presidente del Brasil, Inazio 'Lula' da Silva, ha rechazado el dogma
neoliberal del “Consenso”; y ha cambiado el destino de millones de
dólares para comprar aviones de combate y los ha dedicado sencillamente a
combatir el hambre de millones de brasileños, al tiempo que apuesta, al igual
que Venezuela, por la intervención intensa del Estado en educación, sanidad,
protección del medio ambiente y salvaguarda de los recursos naturales.
Hoy,
sin titubeos, como poblaciones en resistencia, debemos reconocer y defender que
cada país aplique la política económica y social que le convenga, sin exigir
fidelidad a la ortodoxia económica y financiera norteamericana, que en estas
últimas décadas se propuso destrozar a nuestros pueblos para beneficiarse de
sus variadas riquezas, a través del mal llamado “Consenso de Washington”.
Ahora,
ubiquémonos de nuevo en la línea del tiempo, en la década de los 90' y analicemos
el punto que nos ocupa: EL ALCA, otro instrumento de opresión para
nuestra Abya Yala.
El
ALCA; negociación para la anexión de América Latina a Estados Unidos
En el
marco de una ofensiva global del imperialismo norteamericano post caída del
muro de Berlín, la idea del proyecto ALCA es lanzada en 1991 por el
entonces presidente de los Estados Unidos Bush padre. Se buscaba, como una
medida de reaseguro y de expansión imperialista, constituir un “Bloque
Comercial” hegemonizado por los Estados Unidos, compuesto por Canadá y
todos los países latinoamericanos, menos Cuba. Este bloque alcanza,
aproximadamente, la cifra de 800 millones de habitantes, generando un Producto
Bruto Interno (PIB) de 11.4 billones de dólares que es el 40% del PIB mundial.
Desde entonces empiezan los preparativos para llevar adelante esta propuesta
anexionista.
En
ese sentido, en el año de 1994, en Miami, se realiza la Primera Cumbre
de presidentes de los 34 países que integran a ese “Bloque Comercial”, y
se inician formalmente las negociaciones, para desarrollar en América Latina y
el Caribe el ALCA, inspirado en el modelo de funcionamiento de las
grandes firmas multinacionales que controlan a más de la mitad del comercio
internacional de América. Para esa Primera Cumbre de las Américas, los Jefes de
Estados de los 34 países, en Venezuela gobernaba el socialcristiano y muy “moralista”
Dr. Rafael Caldera, ordenaron a sus ministros de Comercio Exterior poner en
marcha el Área de Libre Comercio de las Américas; los instruyeron, como puede
leerse en la respectiva Declaración Presidencial, para que sesionaran en el
marco de foros empresariales de inversión y comercio que se adelantarían de
modo simultáneo con las cumbres ministeriales. Dando continuidad a las
conversaciones en otras Cumbres, entre otras, como las de Santiago de Chile en
1998 y la de Québec-Canadá en el 2001.
Para
la consolidación de este Tratado, muchos incisos, no pocos artículos,
cláusulas, ordinales y cardinales fueron proporcionados por especialistas:
técnicos y abogados de las empresas multinacionales, los cuales, inclusive, han
hecho parte de algunas delegaciones nacionales. No puede existir otra
explicación distinta para que en el segundo borrador del Tratado, en los varios
centenares de páginas de letra menuda de la casi decena de capítulos que lo
conforman, se consignen todos los tipos de rutinas, maniobras y operaciones
mercantiles y financieras que les son propias a los grandes consorcios
internacionales y que poco o nada tienen que ver con el modo productivo de
campesinos, microempresarios, ciudadanos del común o empresas nacionales no
monopolistas. De lo anterior deriva lo insólito: se elevará al ALCA a
condición de Tratado Internacional, inalterable, obligatorio y controlado por
comités supranacionales, que primará sobre las legislaciones nacionales.
Esto
también explica, en gran medida, el secretismo y la reserva con los cuales se
han realizado casi ocho años de negociaciones entre los gobiernos entreguistas
de Sudamérica y las Antillas para la creación de un Tratado cuyo primer
borrador sólo apareció a mediados de 2002; enfatizamos, son negociaciones y
discusiones que se vienen realizando absolutamente a espaldas de mujeres y
hombres, que conforman a los pueblos trabajadores y humildes de esos 34 países.
Asimismo, en dichas reuniones conspirativas se ha negado la intervención de
organizaciones que forman parte oficial de los gobiernos; pero donde sí
participan, como no podía dejar de ser, representantes de las grandes empresas
trasnacionales.
Entonces
entendemos que, con la implementación del ALCA, se trata de modificar en
forma cualitativa la actual relación de dependencia semicolonial de nuestros
pueblos, en dirección a una nueva dominación colonial; y a la vez advertimos que
este proceso tiene aspectos no sólo económicos, políticos, sociales y
culturales; sino que comporta otro aspecto para imponerse: el militar. Aspecto
que merece el desarrollo de otra ponencia.
Indicamos
del mismo modo, que este Tratado se expresará en el extraordinario aumento de
la deuda externa, la desnacionalización del patrimonio por medio de las
privatizaciones, la dolarización de las monedas, la adecuación de las leyes a
los dictados del capital trasnacional y el control de las fuerzas militares por
las del imperialismo.
Se
trata de la imposición de una brutal superexplotación de los trabajadores y de
los pueblos humildes; se trata de la profundización de la desocupación, el
hambre y la miseria de nuestros países. No hay ninguna duda de que el ALCA se
configura en el rompecabezas mundial como una pieza clave para fortalecer la
posición de los Estados Unidos en el ámbito internacional; dirigido,
principalmente en contra de la Unión Europea, el G7, Japón y China. Y se
propone, por un lado, la alianza de 34 países –de los 134 que integran la
Organización Mundial del Comercio (OMC)- en una posición común hegemonizada por
EEUU; por otro lado, busca poner en práctica para todo el hemisferio las
propuestas que han encontrado obstáculos en la Organización Mundial de Comercio
(OMC).
Asimismo,
debemos decir que el proyecto promovido por Washington ha profundizado las
apetencias comerciales de los grandes grupos internacionales que se han puesto
a disputar la ciudad sede. Algunos interesados opinan que Miami es la sede
idónea, pues es la capital de los negocios de las Américas; en donde fluye más
de la mitad del comercio exterior estadounidense con América Latina y el
Caribe; acoge a 2.100 compañías multinacionales, 25 oficinas de comercio
internacional, 40 cámaras de comercio binacionales, y una de las mayores
concentraciones de bancos de Estados Unidos.
Pero,
para profundizar más sobre el ALCA y sus consecuencias nefastas,
discurramos un poco sobre el Tratado de Libre Comercio (TLC) en la
tierra de Emiliano Zapata. El 1º de enero de 1994 los gobiernos de
Canadá, México y Estados Unidos firmaron el acta de creación del Tratado de
Libre Comercio (TLC) conocido por su sigla en inglés NAFTA (North
American Free Trade Agreement). Según el mismo, los tres países eliminarían las
restricciones aduaneras y arancelarias entre ellos, formando una zona económica
común. Los tres socios, con una población de 370 millones de personas y más de
seis billones (millones de millones) de dólares de producto bruto por año, se
comprometieron a la eliminación inmediata de algunas tarifas comerciales y la
desaparición de las restantes en un plazo de 15 años. Los tres países
decidieron, además, que las industrias más vulnerables de México y Estados
Unidos podían recibir una protección más prolongada.
El
proceso que culminó con la firma del acuerdo no sólo fue muy resistido por los
sectores sindicales estadounidenses, temerosos de la pérdida de fuentes de
trabajo sino que, ese 1º de Enero, también se escuchó el “YA BASTA” de
miles de indígenas armados milicianos del Ejército Zapatista de Liberación
Nacional, quienes al mando militar del Subcomandante Insurgente Marcos tomaron
siete ciudades de Chiapas: San Cristóbal, Oxhuc, Altamirano, Las Margaritas,
Chanal, Huixitán y Ocosingo, en respuesta a la entrada en vigor del TLC,
considerado por ellos y por el pueblo mexicano en resistencia como “un acta
de defunción de las etnias indígenas en México, prescindibles para el gobierno”.
También, en ese entonces, el Comité Clandestino Revolucionario Indígena- Comandancia
General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, hizo pública la 1ª
Declaración de la Selva Lacandona, en la que declaró la guerra al gobierno de
Salinas de Gortari y anunció su lucha por “democracia, libertad y justicia
para todos”.
El
salario medio en México, para esa época, era apenas el 15% del salario medio de
Estados Unidos. Las grandes empresas trasnacionales recibirían enormes
beneficios al poder contar con una mano de obra capaz de operar las tecnologías
de los países desarrollados, pagándole a precio del Tercer Mundo. Desde el
momento de la puesta en funcionamiento, varios países latinoamericanos
solicitaron su ingreso al Tratado de Libre Comercio; entre ellos Chile,
Colombia y Argentina -de forma insistente- se ofrecieron para firmar acuerdos
bilaterales con el nuevo mercado común.
Dentro
de las estructuras previstas, los tres países acordaron crear el Banco
Norteamericano de Desarrollo que, con sus fondos superiores a los 3.000
millones de dólares, se sumaría a los otros organismos crediticios
internacionales.
La
unificación de un espacio económico como el NAFTA, en esencia, significaba
la rejerarquización de las relaciones de Estados Unidos con América Latina; el
Tratado brindaría a Estados Unidos la posibilidad de un acceso privilegiado a
los recursos mineros y petroleros de México. En ese tiempo, muchas
organizaciones ambientalistas llamaron la atención sobre la falta de controles
de la producción industrial que existía en México advirtiendo que, un traslado
masivo de industrias a ese país, podría provocar un daño considerable al
ambiente. Washington, entonces, se comprometió a entregar 225 millones de
dólares en los cuatro años siguientes a la firma del tratado para financiar la
limpieza ambiental en la frontera estadounidense-mexicana. ¿Cumpliría? Ya
sabemos su posición en el Protocolo de Kyoto.
Ahora
propongo que nos veamos como pueblo venezolano en la situación del país azteca,
que según datos de expertos en economía evidencian que este pueblo vive mayores
niveles de pobreza y una desigualdad económica y social preocupante después de
la aplicación de este Tratado:
Entre
1982 y 2000 la deuda externa de México casi se triplicó al pasar de 57 mil
millones de dólares a 157 mil millones de dólares.
En
ese periodo, el BM estableció que el país reembolsó a sus acreedores 478 mil
millones de dólares, cantidad que representó casi ocho veces el monto de la deuda
externa del país en 1982.
La
deuda pública externa se contrató con organismos internacionales como el Banco
Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o con los países
extranjeros.
México
tiene distribuida el total de su deuda externa de la siguiente forma: Estados
Unidos (42%); BM y BID (21%); Alemania (9.6%); Gran Bretaña (6.5%); Francia
(2.3%); Canadá (2.3%); Suiza (1.2%) y; otros (7.1%).
La
contratación de deuda se ha dirigido hacia áreas que no han dado los resultados
esperados, como es el caso del Sistema de Administración Tributario, que con
1.257 millones de dólares no ha demostrado mejor eficiencia y eficacia en la
recaudación de impuestos.
La
deuda pública total -interna más externa- para el año de 1998 llegaba a 1
billón 165 mil 238 millones de pesos. Para agosto del 2002 ascendió a 1 billón
501 mil 970 millones de pesos; es decir, subió a un 29 por ciento.
En
fin, sintetizando los puntos negativos acerca de la deuda externa mexicana son:
a) el costo de la deuda aún es excesivo para las finanzas públicas y para la
economía en su conjunto; b) el pago del servicio de la deuda es un porcentaje
alto del total del gasto público, lo que mantiene cautivos recursos que podrían
destinarse a la inversión pública y al gasto social; c) el pago por adelantado
es un cambio de deuda a corto plazo, por una deuda a más largo plazo. La deuda
sigue existiendo y se tendrá que pagar de todas maneras.
Expertos
economistas señalan que el país más endeudado en el mundo es ¡Estados Unidos!
Pero, ¿por qué motivo a ellos no les afecta de la misma manera que a los países
latinoamericanos? No les afecta porque su deuda la “han comprado” en su
mayoría los mismos gringos, además de que ostentan el mayor producto interno
bruto (PIB) y mantienen elevados niveles en su productividad.
Actualmente
el gobierno foxista pretende el equilibrio fiscal y la estabilización completa
de precios mediante políticas monetarias de tipo restrictivo (hasta el Fondo
Monetario Internacional recomienda políticas menos restrictivas al no existir
perspectivas de recuperación como es el caso de México); por lo que las
perspectivas de crecimiento económico más acelerado no se vislumbran en la
recuperación del mercado interno, y todo apuesta a que exista un casi nulo
crecimiento, siendo el motor de éste las exportaciones y la inversión
extranjera directa.
Otro
dato económico importante a recordar es que, mientras el gobierno del
presidente Bush subsidia a sus productores del campo con 118 mil millones de
dólares, el equivalente al presupuesto total del gobierno mexicano, al gobierno
azteca se le obliga a reducir cada vez más los subsidios.
El 1º
de enero de 2003 tuvo lugar una “nueva” apertura del campo mexicano en
el TLC, con lo que los productos y productores que seguramente resultarán más
perjudicados serán: avícolas, porcícolas, lácteos (excepto leche en polvo),
cebada, malta, arroz, trigo, manzanas, papas, frutas, grasas y aceites,
embutidos, dulces, chocolates, jugos, tabaco y cigarrillos.
De
acuerdo a esta realidad preguntémonos ¿Qué va a pasar con más de la mitad de la
población mexicana, mujeres, hombres y niños, que viven en situación de pobreza?
Cuando hoy sabemos que México ocupa el lugar 54 en el mundo en Desarrollo
Humano, habiendo descendido ocho lugares desde 1992 y cuatro en los últimos dos
años.
Veamos
otro aspecto de la situación social creada por el Tratado de Libre Comercio:
Hablemos de las maquilas. Victoriano Garza Almanza, en su trabajo Impacto de
la maquila refiere que “Antes de las negociaciones del TLC, que
comenzaron oficialmente en el año de 1990 en Monterrey, las maquiladoras eran
menos de 500 en el país azteca; luego del Tratado los capitales extranjeros
incrementaron su ingreso al país y la industria maquiladora empezó a crecer sin
parar; hoy existen más de 3.000 maquiladoras en ese país, poco más del 5% de la
población mexicana está económicamente supeditada a esas industrias. Si a eso
se agrega el número de empleos indirectos asociados a la maquila prestadores de
servicios y proveedores y sus familiares, tendremos que el 10% de los mexicanos
dependen de la maquila. Aunado a esa situación, se afirma que el 45% de la exportación
nacional proviene de la industria maquiladora”.
“A
pesar del agotamiento de los acuíferos en la región y la falta de recursos
humanos, las maquilas continúan arribando a la frontera. Diariamente, desde
1998, estudiosos en la materia de migración indican que cientos de veracruzanos
son reclutados por agencias coyote, que les ofrecen empleo en la frontera, y
son trasladados a Ciudad Juárez para cubrir el déficit de mano de obra. Los
autobuses piratas que transportan a los nativos de Veracruz son esperados entre
callejones y lomeríos, y tan pronto llega la gente a la ciudad es transbordada
a vehículos de las maquilas contratantes. Los números conservadores del
gobierno de Ciudad Juárez indican que unos 50.000l veracruzanos han llegado a
radicar en los dos últimos años. Miles de inmigrantes más, procedentes de todos
los estados de la República, se suman a ese éxodo”.
Propongo,
como mujeres y hombres pensantes y sensibles ante las injusticias humanas, que
cuando volvamos a leer este artículo, cerremos los ojos e imaginemos este
cuadro social que continúa describiendo Victoriano Garza Almanza, y que como
pueblo noble latinoamericano nos miremos en un futuro por la exigencia del ALCA
en esa situación, cito: “El impacto social y ambiental de esa diáspora nacional
hacia el norte fronterizo de México no se ha evaluado en toda su magnitud. Es
innegable que los servicios básicos son insuficientes. No hay escuela digna
para todos; miles de personas carecen de servicio médico; los asentamientos
humanos irregulares son masas amorfas que crecen como cáncer en las márgenes;
existen cientos de kilómetros de calles sin pavimentar y miles de autos que las
transitan y levantan cientos de toneladas de polvo sobre la población; el
transporte urbano (camiones escolares de desecho provenientes del país vecino)
es indigno; a la frontera norte llegan decenas de miles de gentes pobres y con
poca o ninguna educación; esa cantidad de migrantes nacionales aumenta el
índice de analfabetismo en la frontera y gesta un fenómeno contracultural.
¿Cuánto durará el fenómeno? ¿Qué pasará cuando los acuíferos que abastecen de
agua a Ciudad Juárez se acaben en diez años y no puedan tocar el líquido del
Bravo porque es del vecino país? ¿Qué sucederá con los millones de habitantes
de las ciudades fronterizas cuando la maquila emigre?” El ALCA,
obligatorio es entenderlo, no es sólo un acuerdo comercial de mayor alcance
geográfico; sino, un instrumento de “nuevo tipo” que tiene implicaciones
negativas en la economía, en los Estados; y lo más importante, en la vida de
los pueblos que integran a la América Latina y el Caribe; sus recetas definen,
de manera explícita e implícita, un modelo económico y geopolítico que
compromete el desarrollo humano y sustentable, la soberanía, la democracia y el
futuro mismo de nuestros países.
Es
preciso que, como integrantes del Colectivo Mujeres Tacarigua;,como
militantes revolucionarios latinoamericanos, y como hijas e hijos de Simón
Bolívar, de Benito Juárez, Emiliano Zapata, Eugenio Espejo, Antonio José de
Sucre, Augusto César Sandino, Antonio Maceo, Camilo Torres, Tupac Amaru, José
de San Martín, José Artigas, Francisco Camaño, José Martí, Georges Petit, Juan
Carlos Mariátegui, Pedro Alvizu Campos, O'Higgins, Manuela Sáenz, Guacaipuro,
Marialionza, Ernesto Che Guevara, en fin, como descendientes de todos nuestros
valerosos antepasados aborígenes, de quienes junto a los precursores y
forjadores de nuestras patrias libres y soberanas bebemos para nutrir nuestros
ideales de resistencia, marquemos posición frente al desafío de los postulados
económicos inhumanos que contiene el ALCA.
Porque
somos, todas y todos, ciudadanas y ciudadanos con derechos; actores sociales,
políticos, económicos y nos corresponde hacer parte responsable de las
decisiones sobre el rumbo de cada uno de nuestros países y de la región como
conjunto; así lo establece nuestra Constitución Bolivariana en su Preámbulo: “...igualdad
sin discriminación ni subordinación alguna”; donde se “promueva la
cooperación pacífica entre las naciones e impulse y consolide la integración
latinoamericana de acuerdo con el principio de no intervención y
autodeterminación de los pueblos”, donde se distinga “la garantía
universal e indivisible de los derechos humanos, la democratización de la
sociedad internacional, el desarme nuclear, el equilibrio ecológico y los
bienes jurídicos ambientales como patrimonio común e irrenunciable de la
humanidad...” Otro aspecto consciente de nuestra posición debe ser, el
cuestionar la separación entre lo económico y lo social de los proyectos
económicos propuestos para América Latina y el Caribe; los resultados de esta
división entre estos dos terrenos acaba de ser demostrada por la experiencia de
resistencia del pueblo de Bolivia, muy bien descrita por Eduardo Galeano en su
trabajo El país que quiere existir; y que se hace imprescindible citar
en este espacio: “Hechos asombrosos, de mucho brío, están ocurriendo, sin ir
más lejos, en estos tiempos que corren”.
En
2000, un caso único en el mundo: una pueblada desprivatizó el agua. La llamada “guerra
del agua” ocurrió en Cochabamba. Los campesinos marcharon desde los valles
y bloquearon la ciudad, y también ésta se alzó. Les contestaron con balas y
gases; el gobierno decretó el estado de sitio. Pero la rebelión colectiva
continuó, imparable, hasta que en la embestida final el agua fue arrancada de
manos de la empresa Bechtel y la gente recuperó el riego de sus cuerpos y de
sus sembradíos. (La empresa Bechtel, con sede en California, recibe ahora el
consuelo del presidente Bush hijo, que le regala contratos millonarios en
Irak).
Hace
unos meses, otra explosión popular, en toda Bolivia, venció nada menos que al
Fondo Monetario Internacional (FMI). El Fondo vendió cara su derrota, cobró más
de 30 vidas asesinadas por las llamadas fuerzas del orden, pero el pueblo
cumplió su hazaña. El gobierno no tuvo más remedio que anular el impuesto a los
salarios, que el FMI había mandado aplicar.
Ahora,
es la guerra del gas. Bolivia contiene enormes reservas de gas natural.
Sánchez de Lozada había llamado capitalización a su privatización mal
disimulada, pero el país que quiere existir acaba de demostrar que no
tiene mala memoria.
¿Otra
vez la vieja historia de la riqueza que se evapora en manos ajenas? “El gas
es nuestro derecho”, proclamaban las pancartas en las manifestaciones. La
gente exigía y seguirá exigiendo que el gas se ponga al servicio de Bolivia, en
lugar de que Bolivia se someta, una vez más, a la dictadura de su subsuelo. El
derecho a la autodeterminación, que tanto se invoca y tan poco se respeta,
empieza por ahí.
La
desobediencia popular ha hecho perder un jugoso negocio a la corporación
Pacific LNG, integrada por Repsol, British Gas y Panamerican Gas, que supo ser
socia de Enron, famosa por sus virtuosas costumbres. Todo indica que la corporación
se quedará con las ganas de ganar, como esperaba, 10 dólares por cada dólar de
inversión.
Por
su parte, el fugitivo Sánchez de Lozada ha perdido la presidencia. Seguramente
no ha perdido el sueño. Sobre su conciencia pesa el crimen de más de 80 manifestantes,
pero ésta no ha sido su primera carnicería y este abanderado de la
modernización no se atormenta por nada que no sea rentable. Al fin y al cabo él
piensa y habla en inglés, pero no es el inglés de Shakespeare: es el de Bush.
La
expectación más popularizada que despierta el ALCA entre los más
variados sectores, se refiere a los riesgos de poner a competir en “igualdad
de condiciones” a países y agentes económicos entre los que predominan
grandes asimetrías; es lógico que de ahí sólo puede desprenderse mayores
injusticias. Pero esta valoración se queda corta frente a un Acuerdo que
extiende sus normativas hacia:
-Los
servicios y la propiedad intelectual, colocando, prácticamente, toda la
actividad humana bajo el control de las empresas trasnacionales,
-Eliminando
las posibilidades de que los países puedan tomar decisiones claves sobre la
economía,
-De
que los gobiernos nacionales o locales puedan ofrecer servicios en rubros
básicos como educación, salud, saneamiento ambiental y cultura,
-O aprovechar
su capacidad de inversión y compra para estimular la producción local, para
incentivar la equidad y proteger el ambiente.
El
modelo económico de libre mercado como el ALCA, que trata de reciclarse
a través de la guerra, no ha sido, no es y no será la salida económica para los
países de la región; por el contrario, el ajuste neoliberal, las
privatizaciones, la erosión de lo público han traído, entre otros efectos, la
quiebra de unidades productivas pequeñas y medianas, tanto urbanas como rurales;
justamente donde hay más presencia femenina; la eliminación de empleos y
su precarización, es decir, observamos viejas y nuevas modalidades de trabajo
subpagado, desprotegido, inestable, sin derechos; experiencia ya descrita con
el ejemplo de las maquilas en las fronteras mexicanas; la concentración en los
hogares de todo lo relativo a la reproducción, a la generación de capital
humano, creando presiones adicionales al trabajo doméstico no remunerado de
las mujeres.
Hagamos
nuestras las incógnitas planteadas por la economista del hermano pueblo
ecuatoriano, Magdalena León T.: ¿Qué equidad puede adelantarse en el marco
de una economía injusta y empobrecedora? ¿Qué ciudadanía puede ejercerse en
países sin soberanía, sin proyectos propios de desarrollo? ¿Qué derechos pueden
aplicarse frente al dominio del mercado neoliberal, con instituciones que
pueden menos que las empresas y corporaciones, sometidas a sus designios?
ALBA
para la elevación de vida de los pueblos de América Latina y el Caribe
Ante
lo ya descrito, consideramos que la acción crítica de resistencia de América
Latina y el Caribe ante la imposición del ALCA; debe encaminar los
esfuerzos regionales a construir la integración Alternativa Bolivariana para
los Pueblos de América, el ALBA, proyecto que adopta una nueva óptica de la
economía, entendida ésta como una actividad que permita asegurar las bases
materiales del bienestar físico y cultural del conjunto de los seres humanos;
subrayando el hecho de que la economía es una construcción colectiva y
recordando que el mercado es una relación social. Comporta esta definición
económica objetivos más humanos para la producción, el comercio, las
inversiones; objetivos que están basados en la justicia social, en la
solidaridad, en la atención verdadera a necesidades humanas, al mejoramiento de
la calidad de vida; proposición que alienta de veras las capacidades
productivas de variadas formas de organización económica, como el
cooperativismo; y estimula avances tecnológicos positivos para la humanidad.
Entre
algunas reglas de la propuesta económica denominada ALBA, estarían: el
reemplazamiento de la noción de ganancia por el de necesidad; la toma en cuenta
de la manera social de producir en el proceso de producción y en el desarrollo
de las tecnologías; el control democrático del Estado, no solamente en el campo
político, sino en el campo de la economía; el consumo como medio y no como
objetivo, el Estado como órgano técnico y no como instrumento de opresión; en
esencia, es una alternativa que no contempla la eliminación de los
otros en una lógica de guerra, como la propuesta por el ALCA, sino que brinda
sostenimiento político, económico, social y ambiental para la Abya Yala.
El 2
de septiembre de este año, durante su intervención en la sesión inaugural de la
VI Conferencia de las Partes de la Convención de Lucha contra la
Desertificación y la Sequía, Hugo Chávez Frías, nuestro presidente,
planteó: “la inversión política y ética, y no de mercado, para salvar al
mundo”, con la voluntad y el coraje que lo caracterizan para mantener y
llevar a cabo las decisiones; creemos que marcó lineamientos éticos, económicos
y políticos con incidencia en lo social y cultural, que ya comenzamos a aplicar
en el país, de la nobel propuesta ALBA, que seriamente ya es discutida
en los pueblos en resistencia en la América del Sur, del Caribe, y también en
organizaciones de otras latitudes del mundo. Desglosemos sus ideas:
Se
impone la unión para libertarnos, no para continuar esclavizados, a costa de lo
que sea y proponemos en Sudamérica la unión; por lo cual, desde Venezuela hemos
propuesto una alternativa al ALCA, y es lo que hemos denominado la Alternativa
Bolivariana para las Américas (ALBA), de unir todo este Caribe, grande por su
libertad y gloria. Eso es válido para África y Asia. Hay que volver por los caminos
del sur, con más fuerza.
Hay
energía suficiente para elevar el nivel de vida de estos pueblos, en lugar de
estar mendigando en el desierto. En Venezuela asumimos la lucha contra la
desertificación, que no es otra cosa que la lucha contra la pobreza; en tal
sentido, para acabar con el mal de la desertificación fueron aprobadas en
noviembre de 2001, 49 leyes para darle continuidad al proyecto constitucional
que los venezolanos adoptamos mediante referéndum en 1999; entre las que
destacan la Ley de Pesca, la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, donde se
establecen los mecanismos para acabar con el latifundio y lograr el desarrollo
integral del campo; además de la Ley de Aguas, para su rescate, saneamiento y
distribución adecuada.
En
Venezuela no nos importa el tamaño ni la fuerza de aquel o aquellos a quienes
exigimos respeto a nuestro ser, dijo, al mencionar una frase de Eduardo
Galeano, “ese grande nuestro, quien ha dicho que no somos subdesarrollados,
sino arrollados, durante siglos”; hay que elevar la dignidad, la fortaleza
moral, sobre todo a la hora de reclamar.
En
Sudamérica hasta hace apenas tres años nos sentíamos casi solitarios a la hora
de defender y hacer propuestas, de criticar el neoliberalismo y hacer críticas
a la propuesta de Acuerdo de Libre Comercio para las Américas (ALCA). Ahora, en
las reuniones de presidentes es raro que no se critique el neoliberalismo.
Con
voluntad política y audacia pudiéramos formar en América Latina un Fondo
Latinoamericano, para nuestro propio fortalecimiento; así como pudiéramos crear
Petroamérica entre todos los países productores de petróleo; y como parte de
los proyectos que Venezuela apoya, se refirió al propuesto por Trinidad y
Tobago, para la construcción conjunta de un gasoducto en principio hasta la
isla de Guadalupe, pero que bien podría extenderse hasta varias islas del
Caribe.
Debemos
crear nuestras estructuras financieras para fortalecernos nosotros mismos,
porque estoy convencido que en el Fondo Monetario Internacional (FMI) no hay la
más mínima voluntad de cambio, porque se creen los dueños del Olimpo.
Como
ejemplo de lo realizable en nuestros países y entre nosotros mismos, citó el
caso de la Misión Robinson, proyecto iniciado el 1 de julio pasado con la colaboración
de Cuba. Por ello, hizo un reconocimiento especial al pueblo cubano, a su
líder, Fidel Castro, y es que según mencionó, “la educación es el factor
fundamental de lucha”; así que con la experiencia cubana, acoplada a la
realidad venezolana, con el apoyo de técnicos cubanos y la incorporación de un
voluntariado venezolano impresionante, así como de la Fuerza Armada Nacional y
la voluntad de la nación, se lleva la educación a todos los rincones del país.
Podemos
decir que de las resoluciones y decisiones tomadas en estos últimos 30 años en
aras de la igualdad, contra la pobreza, no se cumplen nada, no se ha cumplido
nada, que lo que se ha hecho es absolutamente insignificante ante la gravedad
del problema; denunció, al reiterar que, en estas reuniones, como lo han hecho
ustedes, colegas, amigos jefes de Estado, debemos venir a decir la verdad, la
verdad de la verdad y no a lograr la píldora o a perfumar el excremento. La
verdad es la que nos conecta con la realidad. Lo demás es mentira.
La
voluntad política en el mundo para enfrentar estos problemas casi no existe. No
hay voluntad, y me refiero a los que tienen mayor peso a la hora de tomar
decisiones. El problema es político y ético y la gran solución debe ser ética y
política. La política reclama su espacio, así como una nueva ética. Esa es la
raíz del grave problema que estamos viviendo en el planeta.
Criticó
asimismo el símbolo de la ONU, que refleja un mapa de quienes nos ven desde
arriba, desfigurada por la visión nortista, y en este sentido propuso ver el
mundo desde la visión del Sur, para lo cual planteó que unos dibujantes hagan
un símbolo paralelo que pudiera ser anexado al existente.
En
Ginebra dijo hace dos años una expresión y creo que sí podemos hacerlo, con
voluntad, unidad audacia y mucho coraje, a pesar de los signos en contra, es
posible un mundo mejor, distinto y es posible que la tierra no se vaya a
parecer a los desiertos de Marte. “Salvemos a este, nuestro mundo”.
Hago
un llamado a que luchemos para que sea realidad el sueño de la vida; en la
cruda realidad de este planeta nuestro, es necesario que revisemos en el seno
de nuestras reuniones, asambleas y convenciones, qué ha venido pasando en los
últimos años, porque ya tenemos casi cinco años en estas reuniones y cumbres.
Tratamos de asistir a todas y de llevar reflexiones y aprender mucho de
ustedes, alimentando la idea, la conciencia.
Finalmente,
refirió el presidente Hugo Chávez, y con él afirmamos nosotras y nosotros, que
estas ideas, en los niveles diversos de los pueblos, en intelectuales,
pensadores, indígenas, parlamentos, mujeres, campesinos, trabajadores, están
tomando la fuerza necesaria para que el mundo comience a cambiar. En Sudamérica
soplan fuertes vientos de cambio, como en otras partes del mundo; podemos hacer
mucho por acelerarlo, diciendo verdades, uniendo nuestras voluntades,
batallando frente a un plan estratégico, caminando en la misma dirección. El
norte está unido y el sur debe unirse. Esa es nuestra intención fundamental al
estar aquí presentes como Colectivo de Mujeres y Hombres comprometidos con la resistencia
de nuestros pueblos.
Muchas
gracias.
* Rebelión, 5 de noviembre
del 2003. Colectivomujerestacarigua@hotmail.com
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