Heinz Dietrich visitó el Ecuador en
la primera quincena de mayo de este año. Él es un conocedor de la
dinámica política de nuestro país, pues anteriormente ha realizado un
seguimiento de la trayectoria ecuatoriana. Publicó un libro sobre la
rebelión del 21 de enero del 2000, en torno a la tesis de la cuarta vía.
Como resultado de sus observaciones y conversaciones acaba de publicar un
artículo sobre Ecuador, “El fin de Lucio Gutiérrez”, difundido el 24 de mayo en
la página web de Rebelión. El artículo ha causado un fuerte impacto en la
opinión pública, sobre todo entre los sectores de izquierda y los movimientos
sociales. La tesis central es que la situación política entra en un nuevo
período de inestabilidad y que al Gobierno de Lucio Gutiérrez le queda un mes y
medio de vida, pues será derrocado por fuerzas encabezadas por el Partido
Social Cristiano, con la participación del Vicepresidente y de la Primera Dama.
Es oportuno abrir un diálogo con
Heinz sobre el carácter y los ritmos de la crisis en el Ecuador, ya que esta
visión influirá sobre los planes y comportamientos políticos de las diferentes
fuerzas. De entrada debo señalar que no estoy de acuerdo con la línea de
análisis presentada por Heinz desde un tratamiento conspirativista de la
política, ni con la calificación coyuntural de la crisis, ni con el ritmo
inmediatista. La tesis central que pretendo plantear es que entramos en
el desenlace de un período largo de crisis y que la definición pasará por un
alineamiento diferente de las fuerzas al que tuvimos en el 2000. El
desenlace será más orgánico, pues partirá de la caída del modelo económico,
bajo la modalidad ecuatoriana, como implosión más que como explosión; y que,
por tanto, los ritmos se prolongan.
Desde esta perspectiva el reto para
las fuerzas alternativas es programático y estratégico: se mueve en el terreno
insurreccional, como en las crisis de febrero del 97 y de enero del 2000, pero
se proyecta a un nivel más profundo. El Ecuador juega un papel
estratégico en el área, tanto frente al Plan Colombia, como ante el ALCA y la
posibilidad de un bloque sudamericano alternativo. Por ello, el interés
imperial está mucho más alerta y juega un papel de estabilización hasta lograr
un recambio adecuado.
El sistema de partidos, incluido el
Partido Social Cristiano, viene de un revés electoral parcial, aunque mantiene
su fuerza en el Parlamento; aún no se redefinen suficientemente los recursos de
poder como para que exista la capacidad de direccionar la política a una salida
inmediata.
El bloque popular está debilitado:
la cooptación de gran parte del movimiento indígena, en particular de la
dirigencia de la CONAIE, y de Pachakutik, lo ha colocado a la defensiva en un
trabajo de reconstitución de posiciones y de fuerzas.
La cooptación de la dirigencia de
Pachakutik y de la CONAIE no viene fundamentalmente desde una línea clientelar
externa, sino que procede desde adentro, en una especie de autocooptación, en
un desdoblamiento que confluye con el funcionamiento y la coexistencia dentro
del proyecto neoliberal de una política articulada a los lineamientos clásicos
del “Consenso de Washington” y una política social que abre espacios a la atención
no sólo a los sectores más pobres (focalización), sino también a los sectores
que pueden afectar al orden y que tienen capacidad de presión ante el poder
(gobernabilidad). El neoliberalismo no es sólo una política económica; y
no es excluyente con un tratamiento del problema indígena; pero lo hace desde
el privilegio de dos temas, la diferencia y la incorporación, desconstituyendo
los temas de la desigualdad y del poder popular alternativo expresados bajo la
propuesta del Estado plurinacional. El giro sobre todo dentro de
Pachakutik se opera en la adopción en su Congreso Nacional del 2001 de una
posición institucionalista como centro de la “construcción del poder popular” y
la exclusión de los sectores que orietaron el 21 de enero del 2000.
Este proceso de pragmatismo de la
dirigencia indígena no se inicia en el cogobierno; sino que se desarrolla en
una trayectoria prolongada de posiciones etnicistas y análisis “teóricos” sobre
la diferencia y la institucionalización, sobre todo después de mediados de los
90; y que empiezan a predominar en las filas indígenas sobre todo después de la
persecución a la rebelión de enero del 2000. Allí confluyen diversas
estrategias, incluida la sobreindigenización de la interlocución social
legítima, promovida desde el bloque en el poder sobre todo desde mediados de
los 90; y que desemboca en la ruptura del movimiento indígena con los
movimientos sociales.[1]
Tampoco desde la iniciativa popular
hay capacidad para presionar por una salida inmediata ante la crisis. La
dirigencia indígena cogobernante no está dispuesta a abandonar los puestos
ganados, a pesar de la presión y el descontento creciente desde los dirigentes
locales y las bases. Al mismo tiempo, los sectores que están fuera del
gobierno aún no logran consolidar un polo alternativo.
Las Fuerzas Armadas carecen de un
centro propio de orientación, están atravesadas por múltiples posiciones más
bien con tendencias a la dispersión, mientras se desplaza su papel hacia la
frontera norte y se impone un método policial y de espionaje para el control
interno de la institución armada.
Las batallas en el bloque dominante
todavía no atraviesan directamente el papel del Gobierno. El retorno de
Febres Cordero, principal líder del Partido Social Cristiano, a la palestra
política, se da en el marco del enfrentamiento con el ex Presidente Gustavo
Noboa respecto a la renegociación de la deuda externa, pero más bien juega un
rol de distracción respecto a los problemas y conflictos del gobierno. El
recurso del método utilizado por el PSC en regímenes anteriores aún no se
agota: todavía está en la fase de la negociación con el gobierno para copar
espacios de representación, sobre todo en el copamiento de los organismos de
control; aún hay pocos signos del paso a una fase de gobierno desde la
oposición, para desgastar al régimen y sacar provecho a las posiciones de
chantaje, hasta lograr las condiciones del recambio.
La cuestión que está al orden del
día no es directamente la estabilidad o no del régimen, sino más bien la salida
a la crisis, el desenlace al embrollo a de la dolarización y la respuesta ante
el conflicto de Colombia. La inestabilidad política pasa por el desenlace
de estas problemáticas.
En este sentido, si bien, como dice
un proverbio chino, “es difícil profetizar, sobre todo si es sobre el futuro”,
hay suficientes elementos para establecer que el desenlace de la crisis se va a
prolongar; y que lo que se avizora en el horizonte hacia fines de este año es
la entrada en un ciclo de inestabilidad económica por la caída del modelo
económico de la dolarización.
Pero no hay una respuesta de reflejo
en la política. ¿Hasta dónde las fuerzas del orden, en particular, el
poder norteamericano y el poder financiero internacional, pueden estar
interesados en remover a un Presidente que hasta ahora ha cumplido un papel
funcional a sus intereses: promover las líneas maestras del proyecto
neoliberal, garantizando hasta ahora el control del descontento social? ¿Los
intereses geopolíticos del Imperio no pueden expresarse en una inversión
económica en el sostenimiento del régimen, al menos por un tiempo?
El Gobierno puede negociar tiempo
con mayor sometimiento, en particular la privatización de los recursos estratégicos
y un nuevo endeudamiento externo, en medio de una escalada de involucramiento
en el Plan Colombia, pueden posponer la crisis, aunque ésta será luego mucho
más catastrófica.
No hay una sola fuerza en
acción. ¿Cuál es el ritmo de recomposición del polo popular? ¿Qué
capacidad tienen las fuerzas que no están en el cogobierno para constituir un
polo de resistencia y un nuevo movimiento político? ¿Hasta cuándo la dirección
de la CONAIE puede contener el descontento de abajo y la presión por la ruptura
con el gobierno y la recuperación del mandato histórico?
El desenlace
Entramos en un tiempo de
definiciones. El período de crisis política y económica, abierto a partir
de mediados de los noventa, llega a su desenlace. Hasta ahora la fuerza
de los sectores sociales ha contenido los intentos de definición desde el
bloque dominante, tanto en el plano económico como político: seis veces han
intentado instaurar el modelo neoliberal en pleno, sobre todo a través de la
privatización de “las joyas de la abuela” y seis veces la resistencia popular y
también las disputas intermonopólicas sobre el botín, han frustrado este
intento. Dos veces la movilización social ha derrocado gobiernos
neoliberales corruptos: el gobierno de Abadalá Bucaram en 1997 y el de Mahuad en
enero del 2000.
Sin embargo ahora el problema viene
bajo una nueva fórmula: bajo el terno y la corbata del Coronel aparece el
peligro de las camisas pardas y de la aceleración del neoliberalismo.
Enfrentamos una nueva receta: alineamiento con el proyecto neoliberal y la
política internacional del Gobierno de Bush, prácticas de amedrentamiento
contra dirigentes sociales y preparación de un clima policíaco, políticas de
cooptación y de asistencialismo para neutralizar a los movimientos sociales,
empezando por el movimiento indígena, discurso ambiguo (el discurso del tercer
día) para contener el descontento social, mientras se asegura la obediencia al
poder. El peligro es mayor, porque hay la cooptación de una parte
importante de la dirección de Pachakutik y de la CONAIE, bajo una forma de
subordinación política, que desemboca en la renuncia al proyecto histórico.
El desenlace puede darse o por el
lado de una salida autoritaria, tanto en la vertiente gubernamental como en el
afán desestabilizador de la derecha tradicional, o por el lado de la
reconstitución de una fuerza política alternativa que retome el mandato
histórico del 21 de enero.
La neofórmula
Con la firma de la Carta de
Intención, el Presidente Lucio Gutiérrez decidió continuar el rumbo neoliberal
mantenido por los últimos gobiernos, bajo el tutelaje del Fondo Monetario
Internacional y el capital financiero transnacional.
La
mayoría de los compromisos asumidos confirman los cauces del “Consenso de
Washington”:
a)
Aumento de los niveles de sobrexplotación de la fuerza de trabajo:
q
Reducción de la masa salarial en 280 millones de dólares, con lo cual la
participación de los trabajadores en el PIB bajará al 14,2%, mientras los
banqueros y capitalistas se llevan el 85,8%. Se profundiza la
inequidad. En Europa, la participación de los trabajadores llega al 80% y
la participación del capital al 20%.
q
Congelamiento de los sueldos y salarios de los trabajadores y de las pensiones
de los jubilados. Ante una inflación anual del 10%, no sólo es
congelamiento, sino reducción.
q
Despido de 30 mil trabajadores públicos: el 10% de los empleados públicos
actuales.
q
Aprobación de la Ley de unificación salarial, orientada a la flexibilización
del trabajo y a la reducción de los salarios.
q
Supresión del sindicalismo y la contratación pública. El discurso contra
la “burocracia dorada” busca crear el ambiente adecuado.
q
La reducción de la base imponible del impuesto a la renta de 6.200 dólares
anuales a 5.000, significa afectar a un mayor número de trabajadores y
empleados medios.
b)
Privatización del patrimonio público:
q
Reducción del presupuesto de PETROECUADOR en 100 millones de dólares.
q
Concesión (ya no se utiliza el término privatización) de los campos petroleros
y cierre de las refinerías. En la mira están los cuatro campos
principales: Sacha, Shushufindi, Libertador y Auca, y el eje ITT, en donde se
encuentran las principales reservas de crudo pesado.
q
Venta de las empresas eléctricas.
q
Embargo del fondo de excedentes petroleros para el pago de la deuda externa.
q
Embargo de los fondos del Instituto de Seguridad Social para la reserva
monetaria de libre disponibilidad, e indirectamente, para el pago de la deuda
externa.
q
Venta de los activos de seis bancos bajo el control de la AGD.
q
Constitución de un fondo de liquidez bancaria, para un nuevo salvataje ante la
eventualidad de una nueva crisis financiera o de la salida obligatoria de la
dolarización.
c)
Pinchazos y política social focalizada y asistencialista:
q
Eliminación del subsidio del gas e incremento y ampliación del bono de
pobreza. La Vicepresidenta del FMI ha insistido en este punto; aunque el
Gobierno ha jugado en marchas y contramarchas ha anunciado, a través del
Ministro de Economía, Mauricio Pozo, que el alza del precio del tanque de gas
de 1,60 dólares a 6 dólares se realizará este año. Mientras tanto, se
mantienen todos los subsidios a las transnacionales y sectores privados, sobre
todo financieros y comerciales.
q
Elevación del precio de los combustibles y de las tarifas de los servicios
públicos, sobre todo electricidad y teléfonos, para “solucionar” el déficit
fiscal.
d)
Alineamiento con la política internacional de Bush:
q
La
lógica económica es el pago de la deuda externa y el impulso del “libre mercado”:
la mira es el Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA).
q
La
lógica de la política internacional es el respaldo a la guerra contra el “terrorismo”.
Durante la invasión de Irak no sólo el silencio, sino la insinuación de un
alineamiento con el Imperio quedó en el ambiente. La sombra de un
creciente involucramiento en el Plan Colombia se proyecta como telón de
fondo. Lucio Gutiérrez se ha declarado el mejor amigo de Bus, y el mejor
aliado de Uribe. En la Cumbre de Río, con la propuesta de la intervención
de la ONU para emplazar a la guerrilla al diálogo final, ha provocado la
apertura a una intervención militar directa como recurso de última instancia bajo
el argumento de la falta de respuesta de la guerrilla. El problema de la
base de Manta ha sido silenciado y más bien sectores ambientalistas han
denunciado la posible entrega de una nueva base en la Isla Bartra de las
Galápagos.
Sin embargo, en medio de este mar
neoliberal se mantienen algunos puntos de resistencia. Hay un espacio
entre la política (politics) y las políticas (policies). No
está en disputa la política general, pues hay una clara definición neoliberal,
apenas quedan algunos puntos en disputa, como en el caso de la política
petrolera, o de los intentos de la Gerente de la Agencia de Garantía de
Depósitos para cobrar a los deudores de los bancos cerrados, o de la
titularización de predios rurales a favor de los campesinos. Aunque
también en estas “islas” la ofensiva del Gobierno es para eliminar los puntos
de resistencia y restablecer la coherencia privatizadora del régimen, como
sucede sobre todo en el área petrolera.
Administrar la crisis
El período de crisis
económico-política, abierto a mediados de los 90, no se ha cerrado. El
maquillaje de cifras desde el poder entra en un juego trágico: adorna el
balcón, mientras se cuartean los cimientos.
Los datos oficiales informan que el
crecimiento del PIB en el 2.002 fue del 3.3%, con lo que recuperó su nivel de
1998, antes de la crisis; y se prevé un crecimiento del 2.9% para el
2003. El Gobierno presentó ante el FMI la previsión de un crecimiento del
4%; aunque la revisión de cuentas por la misión del FMI, la ha colocado en 3%.
1998
- 2003
|
Año |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
|
%
anual |
2.1 |
-6.3 |
2.8 |
5.1 |
3.3 |
2.9* |
|
SCN
1953 |
19.970 |
13.769 |
13.649 |
17.982 |
21.039 |
|
|
SCN
1993 |
23.265 |
16.674 |
15.934 |
21.024 |
24.417 |
|
Fuente: Boletines mensuales del Banco Central del Ecuador. ILDIS, Análisis
de coyuntura económica, Ecuador 2002.
*Estimación del ILDIS.
SCN = Sistema de cuentas nacionales.
La recuperación estaría “asegurada”
con un índice inflacionario de un dígito: la inflación anualizada a diciembre
del 2002 fue 9,36%. Se proyecta a diciembre del 2003 una inflación
anualizada entre 8 y 9%. El Gobierno ha prometido que caerá al 6%.
Período
dolarización: Enero 2000 – Enero 2003-03-24
|
Año |
Enero
200 |
Sept
2000 |
Dic
2000 |
Dic
2001 |
Dic
2002 |
|
%
anual |
79 |
107,9 |
91 |
22,4 |
9,36 |
Fuente: ILDIS, Ecuador 2002.
Por tanto, el objetivo central de la
política económica, según el Gobierno, debería ser sostener el proceso,
empezando por “fortalecer la dolarización”. Tanto es el entusiasmo, que
el Presidente Lucio Gutiérrez ha recomendado la dolarización para todo el
Continente.
La estrategia es administrar la
crisis; cuanto más que, de acuerdo a Lucio Gutiérrez, no hay
alternativas. La única salida era firmar la Carta de Intención con el
FMI, para poner en movimiento una economía desequilibrada, heredada del régimen
anterior. En particular, era necesario, ante todo solventar el déficit
fiscal.
Cuentas alegres
Sin embargo esta visión de
indicadores macroeconómicos elude los problemas claves. El crecimiento
del PIB se asienta en la continuación de la economía especulativa y no en una
reactivación productiva. La reducción de la tasa de inflación se sustenta
en la contracción de la demanda y, por tanto, se combina con formas de
deflación, que indican el debilitamiento de la base económica. No se han
reducido los índices de pobreza; y más bien se ha agudizado la brecha de la
desigualdad entre pobres y ricos.
Los factores del crecimiento
El crecimiento del PIB en el
2002, se asienta en:
(1) El crecimiento de
las inversiones (3.3% en el 2° trimestre y 4.5% en el 3°), por el impacto de
las importaciones para el OCP. Las inversiones representan el 27% del
PIB; pero el impacto del OCP es temporal.
(2) En el crecimiento
del consumo final del Gobierno (4.9% en el 1° trimestre; 1.5% en el 2°; y 4.5%
en el 3°). Los egresos del Gobierno pasaron de 445 millones de dólares en
noviembre del 2002, a 1.286 millones en diciembre, con un crecimiento sobre
todo del “gasto social” (68 millones en noviembre y 315 millones en diciembre)
y de “otros gastos” (171 millones en noviembre y 791 millones en diciembre), es
decir una política improvisada y dispendiosa. Los ingresos del gobierno
en esos meses fueron: 295 millones para noviembre y 488 millones para
diciembre. Hasta octubre la situación del fisco parecía estable, pues
había superávits; pero en noviembre hay un déficit de -55 millones de dólares,
y en diciembre alcanza la cifra de -673 millones. El consumo final
representa el 78% del PIB; y lo que tenemos es un crecimiento especulativo, que
en un juego de cifras termina por mostrar la ficción de un crecimiento del PIB.
(3) En el alto precio
internacional del petróleo, que se ubicó en el 2002, en 22 dólares el barril,
es decir 4 dólares (22%) por encima del precio presupuestado. Aquí hay el
impacto del conflicto de Venezuela y del conflicto de Irak. El precio
internacional alto compensó la reducción de la producción petrolera, que cayó
en -3.5%. El problema de Venezuela está bajo control; mientras las
previsiones sobre el impacto del conflicto de Irak son que después de una alza
de precios hasta mediados del 2003, la tendencia sería a una reducción del
precio internacional por debajo del precio presupuestado de 18 dólares por
barril de crudo.
(4) En las remesas de
los migrantes, que se estiman en 1.400 millones de dólares anuales para el
2002. Después de la exigencia de visa para ingresar a Europa, a partir de
abril 2003, la tendencia será a la reducción del monto global de remesas.
(5) Un elemento que
incide en el PIB, pero es difícil valorarlo, es el impacto del lavado de
dólares. De acuerdo a fuentes semioficiales, estaría entre 400 millones y
700 millones de dólares anuales (alrededor del 3.5% del PIB).
Es decir, los factores del
crecimiento no están en una reactivación productiva, sino en factores
temporales de importación, de gasto final gubernamental fuera de los niveles de
austeridad, y de ingresos de remesas desde el exterior.
El resultado es el debilitamiento de
la base económica, que se refleja en varios problemas sistémicos: el déficit de
la balanza comercial, la continuación del salvataje bancario y de la recesión
productiva, una inflación inercial con precios altos, el alto servicio de la
deuda externa y de la deuda interna, la concentración de la riqueza y la fuga
de capitales, los riesgos de la dolarización.
El déficit de la balanza comercial
El modelo económico, basado en la
apertura del mercado y la dolarización, desemboca en un sistemático déficit de
la balanza comercial: importamos más de lo que exportamos, con lo cual la
economía desacumula. “El año 2002 cerró con el déficit comercial no
petrolero (es decir, el que se refiere esencialmente al déficit del sector
privado) más alto en la última década, ubicándose en -2.834 millones de
dólares. Mientras el déficit comercial total - atenuado por el superávit
de la balanza comercial petrolera (1.829 millones) - cierra el año con -1.006
millones de dólares.”[2]
Las exportaciones totales apenas han
aumentado de 4.927 millones de dólares en el 2.000 a 5.000 millones en el
2.002. Pero, en cambio, las importaciones se incrementaron en el doble:
de 3.469 millones en el 2.000 a 6.006 millones en el 2002. En el período
de la dolarización se inicia un déficit sistemático de la balanza comercial.
Cuadro
3. Balanza comercial
2.000
- 2.002
|
Año |
Exportaciones
FOB |
Importaciones
FOB |
Balanza
comercial |
||||||
|
Petroleras |
No
pe-troleras |
Total |
Petroleras |
No
pe-troleras |
Total |
Petrolera |
No
pe-trolera |
Total |
|
|
2000 |
2.442 |
2.484 |
4.927 |
256 |
3.213 |
3.469 |
2.186 |
-728 |
1.458 |
|
2001 |
1.900 |
2.778 |
4.678 |
250 |
4.731 |
4.981 |
1.650 |
-1.953 |
-302 |
|
2002 |
2.061 |
2.939 |
5.000 |
232 |
5.773 |
6.006 |
1.829 |
-2.834 |
-1.006 |
|
2003 |
|
|
|
|
|
|
|
|
-1.519* |
Fuente: Boletines Mensuales del Banco Central. ILDIS,
Op. Cit.
* Estimación del Banco Central.
Para el año 2.003 se prevé un
déficit de -1.519 millones de dólares en la balanza comercial y -1.700 millones
para la balanza de pagos, ya que incidirán varios factores, como la posible
baja del precio internacional del petróleo después de la invasión de Irak, el
incremento de los precios de producción y la reducción de la competitividad con
los países vecinos, la reducción del monto de las remesas de los
migrantes. Pero este déficit podría aumentarse en 600 millones de dólares,
si el Gobierno cumple el anuncio del cierre de las refinerías, ya que se
requeriría este monto para la importación de los combustibles que consume el
país.
El crecimiento de las exportaciones
en 6.9% entre el 2.001 y el 2.002, se debe fundamentalmente al crecimiento de
las exportaciones petroleras: 8.5%. Pero este crecimiento no se debe al
incremento de la producción petrolera, ya que el Gobierno de Noboa y, en
particular, su Ministro de Energía, Patricio Terán, y su Presidente de
PETROECUADOR, Rofolfo Barniol, siguieron una política de debilitamiento de la
empresa estatal. “En enero del 2.002, un barril de petróleo costaba 15,39
dólares; pero cierra el 2.002 bordeando los 24 dólares. Es más, a partir
del segundo trimestre del 2.002, el precio del crudo ecuatoriano se ha
mantenido en alrededor de 22 dólares y ha superado incluso la barrera de los
30, en enero del 2.003 (es decir, se ha duplicado en 1 año)”[3]
Cuadro
4. Precio Presupuestado y precio efectivo del barril de crudo.
1998-2003
|
Años |
(a)
Precio efectivo (US$/barril) |
(b)
Precio presupuestado (US$/b) |
|