La
“Teoría de la mortadela” aplicada a Ecuador y Palestina
Alberto
Cruz *
Érase una vez un comerciante
que adquirió un negocio después de una brillante campaña de publicidad y
arropado por los vecinos de un barrio que creían, apoyándole, luchar contra la
expansión avasalladora de los grandes centros comerciales. El comerciante
comenzó teniendo el negocio lleno de público, aunque los precios no fuesen tan
bajos como había prometido. Los vecinos le veían cercano, preocupado por quién
tenía y quién no. No fiaba -el negocio es el negocio-, pero era comprensivo con
los menos favorecidos para quienes siempre tenía una palabra de aliento, de
apoyo. Incluso no faltaba un dulce para los niños, como regalo, cuando su madre
iba al comercio. Poco a poco el negocio fue creciendo y lo que al principio
parecía una modesta tienda adquirió proporciones de gran centro comercial. “Mire
usted”, decía el comerciante, “necesito competir en el barrio y los bancos me
han dicho que me concederán préstamos si amplío el negocio, además, tengo que
pagar la deuda alcanzada para poder poner en marcha este negocio y que sea
eficaz”. Pronto fue visto en importantes reuniones con los grandes
comerciantes, a los grandes hombres de negocios a los que tanto había criticado
-”es para exponerles mi filosofía del negocio”, se justificaba- y estableció
alianzas poco claras para determinadas mercaderías. Seguía haciendo campañas
sobre la diferencia entre su negocio y las grandes superficies comerciales,
pero cada vez fiaba menos y comenzaban a desaparecer los dulces para los niños
-”tengo que pagar la deuda, ya sabe, son muchas letras”, argumentaba-. Los
vecinos comenzaron a alarmarse, pero aún le daban un importante margen de maniobra
y seguían mostrándole su confianza. “Mire usted” -respondía a quien se atrevía
a recordarle sus promesas- “no tengo más remedio de cortar la mortadela, ya ve
usted que lo hago en rodajas finísimas, casi transparentes, por lo que aún
tendremos mortadela para rato”. Y sus clientes, salvo los tradicionales
suspicaces, se iban satisfechos viendo que la mortadela se veía aún una pieza
hermosa, grande, duradera. Sus clientes, sus vecinos, iban viendo disminuir la
mortadela tan poco a poco que sólo cuando quedaba el trozo final se dieron
cuenta de que la mortadela iba a desaparecer por completo. Entonces quisieron
protestar, pero ya era demasiado tarde. El comerciante se había convertido en
un gran empresario a quien le importaban muy poco sus vecinos, para él ya sólo
eran clientes que si tenían dinero, compraban y, si no, pues a la calle. Su
única preocupación ya era el negocio por el negocio.
El cuento viene a colación de lo que en la década de 1980 un político
estadounidense denominó “slicing fine”(rebanadas finas, dárselo masticado) y
que con la ayuda de una amiga - perfecta conocedora del idioma inglés, y a ella
se debe el título de este artículo- se ha traducido como “la teoría de la
mortadela” porque se ajusta a lo que se dijo en su momento, se parece bastante
a lo que este prohombre del mundo libre pretendía y a lo que se hace a partir
de entonces. A comienzos de la década de referencia el presidente del Gobierno
español, Felipe González, secretario general del Partido Socialista Obrero
Español y vicepresidente de la Internacional Socialista, visitó los EEUU para
convencer a los amos que su gobierno era de fiar, que iba a normalizar su
política de exterior estableciendo relaciones diplomáticas con Israel y que se
iba a producir el ingreso español en la OTAN. Una cosa -Israel- y la otra
-OTAN- eran ya consideradas “de gran importancia estratégica” para los
intereses de los EEUU. Lo único que le preocupaba al presidente español era
cómo la opinión pública española iba a tomarse estas dos grandes decisiones de
política exterior. El político estadounidense de referencia teorizó sobre el “slicing
fine”con tanto ardor que convenció a sus interlocutores del PSOE, por lo que lo
pusieron en práctica en medio de una fuerte presión estadounidense e israelí y
con el apoyo y la connivencia de unos medios de comunicación españoles que se
volcaron en la creación de una corriente de opinión que llegase a todas las
esferas importantes de la vida pública, especialmente a los círculos
intelectuales, académicos y culturales. Así, con el apoyo de estos sectores
-aunque bien es cierto que hubo significativas desviaciones respecto a la
teoría oficial- se vendió la imagen de que la progresiva incorporación del
Estado español al organigrama militar de la OTAN y a la por entonces llamada
Comunidad Económica Europea no significaba una merma de la independencia
nacional pese a la evidencia: que con ello se cerraba el diseño de la política
exterior con la total sumisión española al bloque político-militar hegemonizado
por los EEUU. La invasión y ocupación de Iraq, donde va a hacer tropas
españolas y de cuatro países centroamericanos -a quienes se ha condonado parte
de la deuda externa que mantenían con España por el gesto- ha cerrado el
círculo que comenzó a abrirse en 1986 con el reconocimiento de Israel, el
ingreso en la OTAN y, dos años más tarde, con el ingreso en el Comité de Planes
de Defensa de la OTAN. Casi veinte años después la historia del “slicing fine”
vuelve a repetirse en América Latina y en Palestina.
En el continente latinoamericano los triunfos de Hugo Chávez en Venezuela, Lula
en Brasil, Lucio Gutiérrez en Ecuador y Néstor Kirchner en Argentina han
provocado importantes reacciones de apoyo dentro y fuera del continente,
algunas de ellas llegando a calificar el hecho de “nueva génesis de un centro
de gravedad que puede llegar a ser capaz, en el futuro, de neutralizar la
fuerza de gravitación del sol imperialista hemisférico: los Estados Unidos”.
Prescindiendo del triunfalismo de este tipo de tesis, hay que hacer un exhaustivo
análisis de cada uno de estos países, pero en la última semana se ha producido
un hecho relevante en Ecuador, la retirada del gobierno de Lucio Gutiérrez de
una de las formaciones políticas que le ayudaron a conseguir la presidencia: el
Movimiento Democrático Popular, que contaba con un ministro en el gabinete y
con un asesor presidencial, al margen de otros cargos menores. Seis meses
después de llegar al cargo, Gutiérrez sufre su primera crisis de gobierno.
El mito de Lucio Gutiérrez
Gutiérrez saltó a la fama cuando se produjo la revuelta popular e indígena del
21 de enero del año 2000 y que provocó la renuncia del presidente Yamil Mahuad.
Después de unos meses encarcelado, el ex coronel decidió saltar a la escena
política, ya en el año 2001, de la mano de la Sociedad Patriótica “21 de Enero”,
un partido sin ideología definida y con presupuestos genéricos
antineoliberales. “Vemos con rabia que los beneficios de la revolución
científica y tecnológica sólo benefician a menos del 20 % de la población mundial,
mientras el 80 % de las mujeres y los hombres del planeta sobreviven agobiados
por las peores secuelas del subdesarrollo: la desocupación, el hambre, la
pobreza, la ignorancia, la insalubridad. Una perversa dinámica de expoliación y
exclusión hace de la liberalización financiera, el intercambio desigual y la
deuda externa mecanismos de saqueo permanente” (…) “La SOCIEDAD PATRIOTICA “21
DE ENERO”, fiel a nuestras mejores tradiciones históricas y a los principios
del derecho internacional condena toda forma de hegemonismo, colonialismo,
neocolonialismo, racismo, xenofobia y otras formas de explotación y
discriminación entre los seres humanos. Proclama el derecho de los pueblos a la
libertad, la independencia y la autodeterminación y, en consecuencia, rechaza
toda forma de intervención e ingerencia extranjera, que pretenda violentar el
derecho de los pueblos a su autodeterminación”. (…) “La SOCIEDAD PATRIOTICA “21
DE ENERO” promueve la más férrea unidad nacional de los ecuatorianos, bajo la
forma de un Estado democrático, participativo y descentralizado, que tienda al
desarrollo armónico y equilibrado de todas las regiones y provincias,
promoviendo especialmente el desarrollo económico y social de los sectores que
han sido víctimas de la postergación y el olvido permanentes”. (…) “La SOCIEDAD
PATRIOTICA “21 DE ENERO” rechaza el modelo económico impuesto por la
globalización neoliberal, considerando que la vigencia del mismo ha favorecido
únicamente los intereses de las grandes potencias y del capital financiero y
especulativo, en desmedro de la producción y la generación de nueva riqueza,
perjudicando los intereses y necesidades de la mayoría absoluta de las mujeres
y los hombres del Ecuador, hoy sumidos en la peor crisis de su historia. En
reemplazo del modelo neoliberal se implementará, con la participación del
conjunto de los trabajadores y el pueblo, un nuevo modelo económico basado en
el trabajo creador y la disciplina consciente, en la explotación racional de
los recursos naturales, en la capacitación urgente de nuestros recursos
humanos. Este nuevo modelo de desarrollo sustentable y humano propenderá a una
distribución de la propiedad y el ingreso más justa y equitativa, a la
planificación estratégica y el apoyo estatal al desarrollo de la agricultura, sobre
todo de la destinada a mejorar la oferta de los productos básicos de la canasta
familiar, de la industria, la pequeña industria y la manufactura. La
modernización, actualización y el funcionamiento eficiente de los servicios y
las obras básicas de infraestructura serán otro de los objetivos urgentes,
sobre todo de aquellos que tienen que ver con la vialidad, las comunicaciones,
el transporte, la electrificación, el agua potable, el riego y la prevención de
desastres, sin los cuales jamás podremos aprovechar el enorme potencial
turístico de nuestra Patria”.
Presupuestos como éstos se leen en el manifiesto constituyente como partido
político de la Sociedad Patriótica “21 de Enero”. El lenguaje cautivó a
personajes de todo el mundo, latinoamericanos y europeos, que pronto acudieron
a mostrar su apoyo a este dirigente que parecía cerrar el círculo de los
cambios populares en América Latina: el triunfo de Gutiérrez, fue considerado
por estos y otros muchos analistas como parte de una corriente que se está produciendo
en América Latina de avance de los movimientos populares, con una trayectoria
semejante al fenómeno electoral que permitió la llegada al gobierno de Chávez
en Venezuela y Lula en Brasil.
Sobre su país, la SP-21 de Enero afirmaba con rotundidad que “forma parte
integrante de ese mundo de postergaciones, que se han visto agudizadas en los
últimos años, como consecuencia de los efectos de los sucesivos paquetes de
políticas de ajuste estructural impuestos por el Fondo Monetario Internacional,
con la complicidad de las oligarquías nativas que se han turnado en el
ejercicio del poder político. La gran paradoja, que demuestra el fracaso
histórico del conjunto de la clase dominante, es cómo en un País tan rico, tan
bien dotado de recursos naturales y humanos, puede explicarse la pobreza y el
hambre generalizadas que son la realidad cotidiana para la mayoría absoluta de
nuestros compatriotas”. Y es que las cifras oficiales son estremecedoras: el
25% de la población económicamente activa está fuera del país y casi el 70% de
la población (Ecuador tiene 11'5 millones de habitantes) vive en el límite de
la pobreza.
Gutiérrez ganó las elecciones presidenciales gracias al apoyo de un
conglomerado de fuerzas políticas y sociales: su propio partido, la SP-21 de
Enero; el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik-Nuevo País, expresión
político-cultural de la Confederación Nacional de Indígenas del Ecuador
(CONAIE); el Movimiento Popular Democrático (MPD), una organización de masas
impulsada por el Partido Comunista Marxista Leninista del Ecuador; el Partido
Socialista-Frente Amplio; el Frente Unitario de Trabajadores (FUT); la
Federación de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negros (FENOCIN); la
Coordinadora de Movimientos Sociales (CMS); el Movimiento Campesino Solidaridad
de la Costa, y hasta una organización profesional: el Movimiento Médico de los
Mandiles (batas) Blancos. La cercanía de las elecciones derivó en una cierta
urgencia y en un pragmatismo que eludió el debate profundo sobre el programa,
las estrategias y las líneas de acción en el caso de alcanzar el gobierno. Y se
alcanzó, pero lastrado por una composición mayoritariamente hostil en el
Congreso, que tiene la siguiente composición: El Partido Social Cristiano
(extrema derecha) cuenta con 24 diputados, el Partido Roldosista Ecuatoriano
(populista, su principal dirigente es el ex presidente Abdalá Bucaram, exiliado
en Panamá desde 1997 al ser sustituido acusado de corrupción) tiene 15, la
Izquierda Democrática 13 (socialdemócrata estilo PSOE, que se acercó a los
socialcristianos ante la amenaza que representaba Gutiérrez), el Partido
Renovador Institucional de Acción Nacional 10, la Democracia Cristiana 4 y
algún otro partido menor. La coalición de partidos que apoyó la candidatura
presidencial de Gutiérrez el resto: 20 en total.
Pero aquí hay que hacer una aclaración: en las elecciones estos partidos
decidieron apoyar al candidato mejor situado de esta heterogénea alianza, por
lo que Pachakutik cuenta con 5, el MPD con 3, la SP-21 de enero con 2 y el
Partido Socialista/Frente Amplio con 1. Pero luego existen alianzas de estos
partidos entre sí en aquellos departamentos en los que se concurrió de forma
conjunta, Así, Pachakutik-SP “21 de Enero” cuentan con otros 6; Pachakutik-
PartidoSocialista/Frente Amplio con 2, y el MPD-SP “21 de Enero” con 1.
Pese a esta composición parlamentaria, las fuerzas que apoyaron a Gutiérrez no
dudaron en calificar su triunfo como una derrota de la oligarquía frente al
pueblo. “Una clara victoria de la tendencia patriótica, antioligárquica,
democrática y de izquierda que sale de este proceso crecida y afirmada. Es una
victoria de los pueblos del Ecuador y sus luchas contra las privatizaciones,
por la soberanía nacional y por mejores condiciones de vida”, decía el MPD. No
obstante, se reconocía que eltriunfo electoral de Gutiérrez no implicaba, por
sí mismo, la victoria del proyecto político por el cual votó el pueblo. Se
abría un amplio margen de confianza hacia el nuevo ejecutivo, que pretendió dar
cabida a todos los partidos y fuerzas políticas y sociales que hicieron posible
el triunfo electoral.
Era evidente que la candidatura de Lucio Gutiérrez contrariaba los intereses y
aspiraciones de los grupos oligárquicos criollos y que las presiones,
maniobras, chantajes, provocaciones para cambiar el rumbo del gobierno
prometido por Gutiérrez se presentarían de una u otra forma y de manera
insistente. Por ello, el nuevo presidente se dio prisa en intentar convencer de
las bondades de su gobierno presentando un ejecutivo con un equilibrio entre
políticos y técnicos, entre las cuotas de poder y los independientes: 4
carteras para SP-”21 de Enero” (Energía y Minas, Obras Públicas, Trabajo y
Bienestar Social); 3 para Pachakutik- Nuevo País (Exteriores, Agricultura y
Turismo), 1 para el MPD (Medio Ambiente), 1 para el colectivo médico Mandiles
Blancos (Sanidad) y otro, Comercio Exterior, para el Movimiento Esperanza,
Transformación y Acción (META). El resto quedaron en manos de independientes,
destacando el de Economía en la figura de un prohombre del FMI como Mauricio
Pozo. Semejante composición fue pronto calificada como el “gobierno del Arca de
Noé” porque en él coexistían desde banqueros de línea neoliberal, como el
citado Pozo, hasta marxistas-leninistas como el MPD o los indigenistas de
Pachakutik.
La renuncia del MPD y el “slicing fine” de Pachakutik
Ahora, el MPD ha decidido dar el portazo. En su XIV Convención Nacional,
celebrada en Quito los días 5 y 6 de julio, el MPD dio por terminada la alianza
con el gobierno de Lucio Gutiérrez y acordó la salida de todos sus militantes
de las funciones públicas que venían desempeñando dentro del gobierno. Para
esta organización política el sometimiento del gobierno a las directrices del
FMI, la negativa a dar respuestas concretas a las demandas sociales y la
regresión de la política internacional que viene impulsando la ministra Pacari
desde la guerra contra Iraq (“hay que abogar por el multilateralismo y no por
el unilateralismo para evitar situaciones complicadas como la producida en Irak”),
mantenimiento del ALCA, de la alianza con los EEUU en la base de Manta y en el
conflicto colombiano -llegando a decir que el uso de aviones AWACS por parte de
los EEUU en esa base no tiene nada que ver con el Plan Colombia -y el
pronunciamiento contra Fidel Castro que hizo Gutiérrez, especialmente, son
razones más que suficientes para abandonar el gobierno y mantener una posición
de “independencia política”, apuntando también que sigue dispuesto a apoyar las
acciones positivas que pueda producir en su gestión.
La decisión del MPD es consecuencia del malestar que se vive en Ecuador con las
medidas que viene desarrollando el gobierno. El Frente Unitario de Trabajadores
y la Confederación de Trabajadores de Ecuador solicitaron formalmente al MPD y
a Pachakutik que abandonasen el gobierno por las medidas antipopulares que
viene desarrollando y que han provocado importantes paros en el sector
petrolero, de la enseñanza, sanitario y eléctrico, así como han exigido la
dimisión del ministro de Energía y Minas, el coronel Carlos Arboleda, de la SP “21
de Enero”. El resto de organizaciones sindicales y populares que el 21 de enero
auparon a Gutiérrez a la presidencia “para refundar la república, reactivar la
producción, salir ordenadamente de la dolarización, derrotar la corrupción
pública y privada, construir un cuarto poder moral de la Nación; detener el
ALCA, defender la soberanía e impulsar una integración diferente; impedir las
privatizaciones de los recursos estratégicos, sobre todo petróleos, electricidad,
telecomunicaciones, seguridad social, educación y salud, y desarrollar un firme
proceso de modernización; impulsar una política de paz y de no alineamiento
ante el conflicto colombiano; impulsar la reactivación de la economía rural y
un plan nacional de desarrollo humano para enfrentar la pobreza y el desemple”
han dicho que ya basta de política antipopular (que incluye persecución de
líderes sindicales, algunos de ellos en la clandestinidad) y han convocado una
jornada de lucha para el próximo 21 de agosto.
Ante la retirada del MPD y el anuncio de luchas sociales, Pachakutik se
encuentra en una gran encrucijada y ante la agudización del debate existente
entre las diferentes tendencias que componen el movimiento. El jefe del grupo
parlamentario de Pachakutik, Antonio Posso, se ha llegado a felicitar
públicamente por la decisión del MPD argumentando que “es saludable que un
grupo de extrema izquierda se distancie” del gabinete porque, de esta forma, “facilita
el trabajo de un gobierno de centro-izquierda”.
Pachakutik está en estos momentos pidiendo paciencia y comprensión con la
acción del gobierno a los ecuatorianos, diciendo que el rumbo del gobierno se
va a enderezar y que se mantienen las proclamas con las que se estableció: las
transformaciones en beneficio del pueblo para hacer posible la construcción de
un Estado desarrollado en forma equilibrada y sustentable. Es decir, Pachakutik
está justificando la imposición de medidas de claro corte fondomonetarista con
la teoría del”slicing fine” y una política conservadora en política exterior,
área que está bajo la responsabilidad de su dirigente Nina Pacari. Y ello pese
a que su ministro de Agricultura, Luis Macas, está haciendo una labor muy
meritoria llevando al sector ganadero a propuestas productivas, opuestas a la
libre importación de alimentos, que destruye la producción y el empleo local, y
es partidario de una estrategia que garantice la soberanía alimentaria,
apoyándose, entre otros mecanismos, en una política de fijación de precios para
los productos de la canasta básica familiar y en la reactivación del Banco
Nacional de Fomento para beneficiar a los pequeños y medianos productores. En
el seno de Pachakutik conviven varias tendencias que, por el momento, no están
aflorando. La pregunta entonces es: ¿va a poder derrotar desde el gobierno al
neoliberalismo que se está imponiendo en materia económica, va a ser capaz de
ejecutar una auténtica política social? Si se toma como ejemplo a Macas, la
respuesta puede ser positiva. Si miramos hacia sus otros representantes la
respuesta será el desprestigio y la derrota estratégica del movimiento
indígena, en delicada situación tras la decisión del MPD.
Gutiérrez ha apostado claramente por mantener el pago puntual de la deuda
externa (superior a los 18.000 millones de dólares) y establecer una
congelación salarial durante dos años; también inició un proceso de entrega de
los campos petrolíferos y refinerías a las multinacionales -en lugar de
fortalecer y modernizar Petroecuador-, así como privatizar las empresas eléctricas
y establecer un acuerdo “stand by” con el FMI, es decir, sujeto a condiciones,
para recibir un crédito de 205 millones de dólares para lo que queda del año
2003 y el 2004. Las luchas sindicales han evitado que se privatizasen los cinco
grandes campos de Petroecuador, pero poco más. Ante la protesta sindical, el
gobierno se ha visto obligado a moderar su lenguaje -que no su práctica- y
ahora ya no se habla de privatización sino de “contratación de administraciones
con gerentes de empresas internacionales de prestigio para terminar con la
ineficiencia” del sector público. Pero ahí está el ministro Pozo defendiendo el
acuerdo con el FMI (“el gobierno será riguroso y disciplinado con las
condiciones que impone en FMI”) y criticando las movilizaciones obreras “por el
impacto negativo que para la economía han tenido las huelgas del magisterio y
del sector petrolero”. El mismo Gutiérrez salió la semana pasada en defensa de
su ministro y ha apostado por mantener la dolarización pese al fracaso de su
aplicación en el país andino, hace dos años.
La quimera de la tregua palestina
Tras muchas vicisitudes, presiones y reuniones, las fuerzas políticas
palestinas han decidido aprobar una tregua que oscila entre los seis meses
(Fatah) y los tres meses (Hamas y Yihad) en el enfrentamiento que mantienen con
Israel en su lucha contra la ocupación de los Territorios de Gaza, Cisjordania
y Jerusalén Este y por un Estado palestino verdaderamente independiente y
soberano. Con ello se daba respuesta a la solicitud del primer ministro
palestino, Mahmud Abbas, más conocido como Abu Mazen, como medida
imprescindible para poner en marcha las exigencias que la denominada “Hoja de
Ruta” marca para los palestinos: el fin de la resistencia armada. Así se pone
de manifiesto en el primer apartado de ese documento que impulsan los EEUU: “El
liderazgo palestino emite una declaración inequívoca reiterando el derecho de
Israel a existir en paz con seguridad y pidiendo el inmediato e incondicional
cese del fuego y el fin de las actividades armadas y a todos los actos de
violencia contra los israelíes en cualquier lugar” (…) “Los palestinos declaran
un inequívoco fin a la violencia y el terrorismo”.
Pero el anuncio de tregua (29 de junio) no se ha producido de forma conjunta,
se ha realizado por separado, lo cual es un indicativo de la división interna
palestina. Las conversaciones para “discutir más que parar” las operaciones
militares de la resistencia palestina dentro de las fronteras
internacionalmente reconocidas de Israel, es decir, las anteriores a la anexión
de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este en 1967, se venían produciendo desde el
mes de noviembre con el objetivo expreso de cómo gestionar la resistencia y la
Intifada para hacerla más efectiva. Ya entonces apareció en escena Abu Mazen,
un abierto opositor a la Intifada, que encabezó la delegación de Fatah, en esas
conversaciones y en las que sólo se llegó al acuerdo de continuar con esas
discusiones. Tanto entonces como ahora la pretensión de Fatah (al menos de su
Consejo Político) y de la propia Autoridad Palestina (AP) era contentar a los
EEUU, en noviembre proponiendo la reconversión de la Intifada en una lucha
civil y no armada y ahora intentando incluir en el documento final de la tregua
una referencia explícita a la “Hoja de Ruta” como medio de relanzar el proceso
de paz palestino-israelí. Dos iniciativas que han fracasado y que han llegado a
provocar importantes fisuras en el seno de las Brigadas de los Mártires de Al-
Aqsa (dependiente de Fatah) apareciendo dos corrientes: la de quienes se
oponían a la firma, pero respetarían la tregua si se alcanzase, y la de quienes
rechazaban también esto último.
La tregua que han ofrecido las organizaciones palestinas es prácticamente sin
contrapartida alguna por parte de Israel y eso ha satisfecho a los EEUU, que
han logrado “pacificar” un aparte de Oriente Medio en unos momentos en los que
cobra un auge inesperado la resistencia iraquí contra la ocupación de su país,
habiendo producido más de 30 bajas a los estadounidenses en el último mes. Sin
embargo, las organizaciones palestinas la han justificado con el argumento de
evitar un deterioro mayor en las relaciones inter-palestinas y entre las
diferentes organizaciones y la Autoridad Palestina.
El rechazo del FPLP y el “slicing fine” de Fatah
El Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP) ha sido la primera
organización en desvincularse de una tregua “que estigmatizará la resistencia
de nuestro pueblo como terrorismo, mientras llama al terrorismo de Estado de la
ocupación autodefensa”.El FPLP pone el acento de su rechazo en que la tregua no
se ha decidido por estar asociada a un programa nacional como la liberación de
todos los prisioneros sin excepción o discriminación, el derecho al retorno de
los millones de refugiados, la autodeterminación y la creación de un Estado
independiente, sino que se ha producido en el marco de una estrategia
imperialista para reordenar la zona en beneficio de los intereses de los EEUU,
implicando la consagración del Estado de Israel como el central y decisivo en
Oriente Medio y en esta estrategia ha colaborado la Administración palestina “con
la intención de frenar las acumulaciones y efectos positivos de le Intifada,
cuyas consecuencias el enemigo israelí ha empezado a sufrir en todos los
terrenos: de seguridad, político, económico y social”. Para esta organización
palestina, que aún se proclama marxista-leninista, la Intifada ha impuesto a la
Administración de los EEUU y al gobierno israelí el que tengan que reconocer
públicamente y de forma oficial, al tiempo que por vez primera en su historia,
que el Estado palestino es necesario para cualquier arreglo o solución pacífica
en la zona.
Fatah está en el otro extremo, en el de quienes desde 1993, fecha en que se
firmaron loa Acuerdos de Oslo, han intentado hacer ver al pueblo palestino que
transigir con el ocupante es la única forma para conseguir las históricas
reivindicaciones palestinas. La AP puso entonces en marcha una política
económica de corte neoliberal bajo la supervisión directa del FMI y del BM, se
convirtió en un gobierno que dependía de forma absoluta de la ayuda
internacional y no presionó con la suficiente contundencia a Israel para que
-tal y como se había acordado en los Acuerdos de Oslo- se produjese la
excarcelación de los miles de presos políticos como consecuencia de la primera
Intifada. Justo lo mismo que está sucediendo ahora, puesto que el propio Arafat
no dudó ni un momento en adelantarse a Abu Mazen a la hora de poner en marcha
las recomendaciones del Banco Mundial y de la UE para la reconstrucción y la
transparencia financiera en varios ministerios de la AP, aunque sí critica a su
prime ministro por las excesivas concesiones que hace a los israelíes. Fatah se
encuentra en la tesitura de vender al sufrido y heroico pueblo palestino que la
tregua y la aplicación de la “Hoja de Ruta” es el único camino para llegar a la
ansiada meta: un Estado independiente y soberano. Así hay que interpretar la
intención de Fatah de introducir una mención expresa a la “Hoja de Ruta” en el
comunicado de tregua que iban a suscribir todas las organizaciones palestinas.
Hamas y Yihad se negaron y elaboraron su propio comunicado, exigiendo como
condición “sine qua non” para mantener el alto el fuego por tres meses la
liberación de los presos políticos, utilizados por Israel como instrumento en
el marco de seguridad, su seguridad, al que quiere llegar con la AP en virtud
de la tregua.
Fatah está, por lo tanto, ante su gran encrucijada si no consigue -y quince
días después de la tregua no lo ha conseguido- la liberación de los cerca de
8.000 presos que se hacinan en las cárceles israelíes, muchos de ellos en
calidad de “detenidos administrativos”, es decir, sin que existan cargos contra
ellos y sin que se les lleve a declarar ante la presencia de un juez durante un
periodo arbitrariamente establecido y que puede alcanzar hasta los seis meses,
renovables. Algunos de estos presos (poco más de 300) han sido liberados como
una supuesta concesión de Israel, pero ha dejado bien claro que no será puesto
en libertad ninguno con supuestos “delitos de sangre” por haber luchado contra
la ocupación y por la liberación de Palestina.
Al mismo tiempo, Fatah -pese a incluir en la declaración de tregua una
estipulación precisa sobre el fin de la construcción y expansión de los
asentamientos de colonos por parte de Israel y del muro del apartheid que está
construyendo en Cisjordania- no hace ninguna referencia a cuáles serían las
consecuencias de darse un incumplimiento de esas condiciones por parte israelí.
En esta organización la disidencia política ha emergido abiertamente, de forma
especial desde la designación impuesta por el exterior de Abu Mazencomo primer
ministro, mezclándose con los intereses de poder en dos cuestiones claves: cómo
ejercer la resistencia a la ocupación israelí (el nuevo Consejo Revolucionario
de Fatah se ha pronunciado contra las acciones armadas palestinas en el
interior de Israel, contra las milicias organizadas de la resistencia y a favor
de popularizar la Intifada para dotarle de un carácter civil y pacífico) y cómo
reorganizar el poder.
Habrá que ver cómo evoluciona la situación en estos tres meses de tregua.
Mientras tanto, un dato más de que este alto el fuego no tiene ningún futuro:
el 30 de junio, un día después de que entrase en vigor la tregua palestina, una
sentencia del Tribunal Supremo israelí no ha reconocido el derecho a recuperar
sus casas de los habitantes árabes de los pueblos de Ikrit y Biram, en la
frontera entre Israel y Líbano, y de donde fueron expulsados por el ejército
israelí en 1948. Según al alto tribunal israelí, “el reconocer los derechos de
estas personas sobre sus posesiones supondría un precedente para el
reconocimiento del derecho al retorno de las personas palestinas refugiadas”.
Todo un síntoma de que el futuro para Palestina, mientras se pretenda sustentar
en la “Hoja de Ruta”, es bien negro puesto que no hay que olvidar que el tema
de los refugiados palestinos es uno de los grandes escollos para alcanzar
cualquier tipo de acuerdo duradero.
* Rebelión, 15 de julio de 2003.
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