La
huelga de los estatales de Brasil
Los
trabajadores en pulseada con Lula
Basílio
Abramo *
San Pablo.- El 8 de julio, por
primera vez en seis meses del gobierno de Lula, los trabajadores públicos federales
iniciaron una huelga nacional, que está llamada por tiempo indeterminado,
contra el proyecto de reformas al sistema de jubilaciones.
Más del 45% del casi un millón de empleados públicos de la Unión se expresaron
en el primer día. En las principales ciudades como Río de Janeiro y Salvador la
adhesión llegó al 95%, en Recife 70%, en San Pablo, Fortaleza y Brasilia al
50%, en Belén y Porto Alegre al 60%. En el segundo día la huelga alcanzó el
50%, manteniéndose en este nivel al finalizar la semana. Para el día 15
prometen sumarse los trabajadores públicos estaduales y municipales.
Todo esto tiene el mérito de haberse logrado a pesar del boicot abierto de la
CUT, el PT y el PCdoB. Al cierre de este artículo no sabemos el desenlace
final, pero mientras la huelga está en curso se prepara una gran marcha a
Brasilia para el 20 de agosto. Frente a este movimiento, y por el conflicto con
el Poder Judicial entre otros factores, el gobierno comenzó a retroceder en la
propuesta de enmienda inicial.
La huelga se da en un marco en que los analistas definen como los primeros
señales de desgaste del gobierno de Lula, y donde el “Palacio del Planalto pasa
a ser dominado por una agenda de crisis.” Y no es para menos. La sumisión a los
planes del FMI y el alineamiento con los Estados Unidos, aplicando las medidas
monetaristas, ha desarrollado, además de las huelgas, conflictos en su propia
base aliada. Las alas de izquierda del PT y hasta de sectores de la burguesía
protestan por las medidas fiscalistas. Pero también, desde el punto de vista de
los trabajadores, las luchas de los campesinos sin tierra se han recrudecido en
el último período aumentando las ocupaciones en 147% solo en el primer
semestre, y por su contraparte los estancieros organizan sus guardias blancas
con armamento de uso exclusivo del ejército. En este cuadro está marcada la
importancia de la lucha de los trabajadores públicos. Ya algunos periodistas
comienzan a comparar al gobierno de Lula con los primeros meses de De La Rua,
que por reclinarse con el imperialismo terminó enfrentándose con el movimiento
de masas.
La contrarreforma de los banqueros
El gobierno considera “indispensable” la reforma del sistema de previsión
social como parte de la reducción del déficit público. Por eso se trata del
primer ataque en forma más directa, cuyo principal objetivo es garantizar los
recursos para el pago de la deuda pública y destinar la recaudación obligatoria
de los trabajadores públicos y privados para los cofres de los bancos, que
rezan hace años por conseguir el control especulativo sobre cerca de 70 mil
millones de reales. Para justificarlo el gobierno habla de los “privilegios” de
los empleados públicos, cuando en la verdad apenas el 2% de los “servidores
públicos” -la alta cúpula de los Ministerios, Tribunales, Legislativo,
Gobiernos- absorben más de la mitad de los recursos pago de las jubilaciones,
siendo éstos, los verdaderos privilegiados. Si el gobierno quisiera eliminar
estos privilegios bastaría una simple ley: que todos los altos funcionarios políticos
del ejecutivo, legislativo y judicial ganen el salario medio de un trabajador y
se jubilen con el mismo valor medio. Pero de esto Lula no quiere ni oír una
palabra, prefiere atacar a la gran masa de trabajadores que ya sufren con los
altos costos de vida y salarios miserables.
Este ataque se produce encima de un enorme aumento de los precios a los
consumidores registrado en el año pasado e inicios del 2003, a pesar de índices
que indican deflación, en el medio de una brutal recesión, desempleo y reducciones
salariales. El “espectáculo del crecimiento” prometido por Lula no pasa de una
previsión del 1,6%. Es que al final, la recesión y la escasez de la renta es lo
que explican la deflación registrada en el último mes; y recesión y bajos
salarios no son sentidos por el pueblo como conquistas. Mientras esto acontece
el gobierno continúa empujando la economía a una recesión más profunda, en
función de continuar patrocinando la transferencia de la renta del pueblo para
los bancos y los grandes rentistas.
El boicot de la dirección de la CUT
Pero el gobierno no está solo en estos ataques. Está acompañado por la
transformación de la CUT en su brazo sindical. La conducción de la central
aprueba las reformas de Lula, aunque con ciertos discursos cosméticos, y boicotea
cualquier lucha de los trabajadores. Frente a la actual huelga nacional el
papel de esta central es descarado: una política activa para suspenderla allí
donde puede. Para esto la burocracia sindical recorre a todo tipo de maniobras.
Pero a estas direcciones les está siendo difícil descomprimir el descontento de
importantes sectores del movimiento de masas, y es lo que se expresa tanto las
manifestaciones que se vienen desarrollando desde el 11 de junio, como la
actual huelga nacional, pues no existen condiciones para seguir soportando el
continuo aumento del costo de vida, de la pérdida de salarios y de los ataques
patronales a los derechos laborales. Estas luchas demuestran que a pesar de que
Lula cuenta con el apoyo de la dirección de la CUT, además de los carneros de
la Central Fuerza Sindical y otras centrales, no tiene el camino libre para
imponer sus medidas antipopulares.
Señales de retroceso parciales
Tanto por la huelga como también por la presión del Supremo Tribunal Federal
(la Corte Suprema de Brasil) el gobierno da señales de retroceder. Así, desde
el martes 8 de julio un nuevo acuerdo entre el gobierno, el Poder Judicial y la
oposición (PSDB y PFL), parece modificar la propuesta inicial de la reforma que
había sido enviada el pasado 30 de abril al Congreso. Después de más de seis
horas de reunión, se discute mantener la jubilación integral, la paridad de los
aumentos salariales para trabajadores en la activa y los jubilados. Dos
aspectos importantes de los actuales derechos adquiridos. Pero manteniéndose la
tasación de los jubilados en 11%, aumento de la edad par jubilarse (de 60 años
para los hombres y 55 para las mujeres), 35 años de contribución, entre otros
cambios fundamentales a como se mantiene hasta hoy. Pero estas concesiones no
desactiva la idea principal del ataque, ya que la idea principal, está en el
impacto financiero que es compensado por el aumento de tiempo de trabajo y de
contribución, pues la fórmula continúa manteniendo el aumento de la edad
mínima. Aunque para algunos analistas “el retroceso del gobierno es más grave
de lo que parece. Denota un cierto temor en no tener los votos necesarios en el
Congreso para aprobar algo que los propios integrantes de la cúpula consideran
vital para el país. Si hoy, con cerca del 70% de aprobación, Lula teme no tener
apoyo en el Congreso, ¿qué pensar de los 3 años y medio que restan de su
gobierno?”(Folha on line, 10/07/03)
Aunque la huelga de los empleados públicos ha ejercido su debida presión en los
nuevos cambios propuestos, también tiene gran peso la fuertísima presión del
Supremo Tribunal Federal, que como afirmó uno de sus máximos representantes,
Mauricio Correa: “en el inestable escenario internacional, sería nocivo pasar
al mundo la idea de enfrentamiento entre los tres poderes de la nación”. Y como
concluyó otro analista, “no vale la pena enfrentar al Poder Judicial”(Revista
on line Primeira Leitura, 08/07/03). Evidentemente, esta alta casta
burocrática, no actúa en beneficio de los trabajadores, sino que lo que desean
es continuar manteniendo sus altos privilegios de salarios de más de 20 mil
reales y mantener sus jubilaciones altísimas. A pesar de todo esto, el
retroceso del gobierno ha sido visto por los trabajadores como producto de los
primeros días de la huelga, lo que es verdad, y puede servir de munición para
reforzar la lucha.
Por un Comité Nacional de Huelga
Los trabajadores públicos necesitan de la mayor unión para superar el boicot
abierto de la dirección de la CUT y que la huelga crezca del porcentaje actual
hasta la mayoría de los estatales para triunfar. Al mismo tiempo, contra los
infames ataques gubernamentales de que los huelguistas son “privilegiados” se
deben tomar las reivindicaciones comunes a todos los trabajadores urbanos y de
los campesinos sin tierras. Esto podría hacerse mediante asambleas abiertas
para que el mayor número posible de trabajadores y empleados participen y
definan los pasos a seguir, y que los empleados públicos exijan de sus
direcciones sindicales la formación de un Comité Nacional de Huelga de todo el
sector público, con delegados electos directamente en sus locales de trabajo,
que llame a la dirección de la CUT a romper con la política de los banqueros.
Ese nuevo organismo es necesario para discutir y aprobar un programa de reivindicaciones
que unifique y coordine la lucha para terminar con las reformas del gobierno,
en defensa de los salarios, el empleo y apoyar las ocupaciones de tierra de los
campesinos.
* La Verdad Obrera; Rebelión, 13 de
julio de 2003.
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