Cuestiones de América
Presentación
Para Centro de Divulgación del Conocimiento Económico CEDICE es un grato placer iniciar la serie “Cuadernos de Reflexión para la Libertad”, con los cuales deseamos seguir aportando a la difusión de las ideas que sirven de base al orden social libre. Esperamos que estos Cuadernos sean leídos con entusiasmo, y que sean comentados por usted en su circulo de influencia. CEDICE aspira enriquecer y mejorar los términos y condiciones del debate de los asuntos que competen a los ciudadanos. Deseamos que estos Cuadernos lleguen a manos de muchos venezolanos que comparten con nosotros la búsqueda de la libertad individual de producir, consumir, intercambiar y servir sin coerción ni privilegios.
El Consejo Directivo
El Fin detrás de los diez mandamientos de Dios es Dios; observamos Sus
mandamientos para salvarnos, es decir, para llegar al Cielo. El fin que
persiguen estos diez mandamientos terrenales para el gobierno es procurar niveles de vida mejores para la
mayor cantidad posible de venezolanos. Los mandamientos aquí propuesto son
medios para combatir la pobreza y sus consecuencias. Creemos que un plan de
gobierno sí se puede cimentar en algunos principios de aceptación universal. El
apego a principios rendirá programas, obras y proyectos que sean coherentes los
unos con los otros, pertinentes y apropiados para el logro de la meta
preestablecida.
Los tres derechos individuales más importantes son el derecho a la vida,
a la libertad y a la propiedad. Los tres están íntimamente entrelazados. El
respeto a estos tres derechos básicos hace posibles la innovación, la
creatividad y la inversión. El respeto irrestricto a estos derechos es una
regla de conducta. En la convivencia social, al igual que en un juego, las
reglas iguales para todos nos permiten anticipar qué podemos hacer, y qué
pueden hacer los demás, bajo ciertas circunstancias. Una sola excepción vulneraría
el derecho, aumentaría la incertidumbre y modificaría las reglas del juego. En
Venezuela los tres derechos son garantizados por la Constitución, pero en la
práctica enfrentan barreras. El gobierno tendrá que abandonar las actitudes
paternalistas de antaño, que presuponen que las personas son incapaces de tomar
decisiones correctas por sí mismas. También deberá exigir la responsabilidad,
haciendo valer los compromisos que adquieran las personas libremente. Es vital
registrar y hacer valer los derechos de propiedad de los venezolanos,
formalizando títulos y resolviendo conflictos, para facultar el desarrollo.
Además el gobierno deberá modificar o derogar las leyes ordinarias, así como
simplificar procedimientos en la administración pública, que restringen el
derecho a la libertad, a la vida o a la propiedad.
El Estado de Derecho (y no de simple legalidad) es el contexto que hace
viable la cooperación social pacífica y libre. Lo identifican dos características:
las leyes son generales y abstractas, y nadie esta por encima de la Ley. Otra
forma de decirlo es que todos somos iguales ante la Ley. Según F.A. Hayek, todas
las reglas que se aplican en igualdad de condiciones a todos, incluyendo a aquellos que gobiernan, son las que hacen
improbable
sus pocas y prioritarias funciones (seguridad, garantía de derechos,
justicia), y podrá devolverle a entidades locales, públicas o privadas, la responsabilidad
por desempeñar otras funciones. Por ejemplo, la ciudadanía puede y suele formar
comités de vecinos, conjuntamente con sus autoridades municipales o
independientemente, para proveerse de servicios de salud, educación, drenaje,
extracción de basura y más. Estos comités contratarán a empresas
eficientes y capaces de rendir los
resultados buscados, y las despedirán si no satisfacen la demanda. Es
importante que exista competencia entre los diferentes municipios o regiones,
para incentivar a los gestores a proveer servicios de alta calidad.
Un proceso de descentralización viable implica el traslado no sólo de la
responsabilidad, sino también de los recursos financieros. Será necesario
aumentar los ingresos propios de las municipalidades. En el mediano plazo
pueden funcionar mecanismos novedosos para el traslado de recursos hacía
asociaciones de vecinos tal y como se ha utilizado con éxito en otros países
(Chile, USA). Sin embargo, las actuales transferencias del gobierno central
hacia entidades en el interior de la República no pueden ser una solución, ya
que se espera que en el largo plazo el gobierno central literalmente se haya
lavado las manos de estas funciones y responsabilidades.
que se adopte alguna regla opresiva.
El Estado garantiza los derechos a la vida, la libertad y la propiedad
administrando la fuerzas de seguridad e impartiendo justicia. Los venezolanos
necesitamos la certeza de que los actos indebidos serán juzgados y condenados,
y de que los derechos individuales serán respetados. No habrá crecimiento
económico hasta que no se acabe con la inseguridad, la criminalidad y la toma
de justicia por propia mano.
Entonces, deben ser prioridades para el gobierno el fortalecimiento del
sistema de justicia, la prontitud y la certeza en la resolución de los procesos
judiciales, la eficiencia de la Policía, y, ante todo, la congruencia y la
generalidad de nuestra legislación.
Para tener una moneda sana basta con eliminar la ley de curso forzoso,
para que los habitantes no tengan vedado contratar en otra moneda. El Bolívar
debería competir entre la monedas del mundo. Los ciudadanos podrían escoger en
qué moneda cobrar su salario, tener sus
ahorros, comprar y vender. Esto creará una presión para que el Banco Central de
Venezuela cuide el valor del Bolívar. Permitirá disminuir el impacto que tienen
las políticas monetarias erradas sobre el libre funcionamiento del mercado.
En Venezuela son necesarias más oportunidades de trabajo y mejores
ingresos reales. Esto solo se puede lograr con más inversión social en equipos
productivos, máquinas y herramientas, fábricas y otros. Es decir,
necesitamos capital. El Impuesto sobre la Renta es un impuesto al
ingreso que es más susceptible de ser capitalizado, y transfiere al gobierno
recursos que, si no existiera el impuesto serían utilizados en su mayoría para
nuevas inversiones, reinversiones o el ahorro (que indirectamente se utiliza para
inversiones). Un país pobre no se puede dar el lujo de desperdiciar sus escasos
recursos en consumo o en aquellas actividades que son menos productivas. Debe,
por el contrario, utilizar el capital en la actividades que sí son productivas
y que permiten un mayor crecimiento
económico.
Además de eliminar el lmpuesto sobre la Renta, el gobierno deberá
simplificar los procedimientos que siguen los contribuyentes para pagar sus
impuestos, mantener baja la tasa impositiva y ampliar la base tributaria. El
gobierno podría voluntariamente limitar su recaudación tributaria a un máximo
del 10 por ciento del Producto Interno Bruto, como una señal clara de apoyo a
la libertad económica.
Durante casi cincuenta años, Venezuela se ha aferrado al modelo de
gobierno del Estado Benefactor, que paulatinamente reclama para sí múltiples
funciones y atribuciones antes desempeñadas voluntariamente por miembros de la
sociedad. Es preciso revertir este patrón, asignando los recursos disponibles
al sector público a las funciones primordiales del Estado, como los sistemas de
justicia y seguridad. Debe procurarse que estos recursos sean eficientemente
utilizados, aplicando criterios de un análisis costo-beneficio. En los
contratos privados, debe permitirse que los conflictos sean resueltos por medio
de arbitraje, en lugar de utilizarse fondos públicos. A la vez, debe
desregularse el mercado de la seguridad privada.
Sin embargo habrá muchas otras tareas que se pueden dejar de hacer, que no
son prioritarias. Esto exigirá evaluar
si existe duplicación de esfuerzos por
varias dependencias estatales, como por ejemplo entre los fondos sociales, los
ministerios y estructuras piramidales. El gobierno deberá abandonar su afán de
proveer los servicios directamente, y permitir que sean entidades privadas,
lucrativas y no lucrativas, las que presten algunos servicios. Se deben
liquidar aquellas entidades cuya existencia ya no es justificable. Todas estas
medidas liberarán al país del pesado lastre que nos mantiene anclados.
Si aumenta la inversión de capital social en el país, disminuirá nuestra
necesidad de aceptar los préstamos ofrecidos por organismos multinacionales o
por otros países al gobierno central. La deuda pública es como un impuesto
diferido. Tarde o temprano, los contribuyentes tendrán que saldar la deuda
adquirida por el mandatario de turno; por eso, debe implantarse una política de
responsabilidad fiscal. El gobierno debe poner limites claros a su capacidad de
endeudamiento. Debe entregar cuentas claras y transparentes a la ciudadanía
sobre la deuda pública. Además, deberá
evaluar cuidadosamente las condiciones que impone quien otorga el préstamo,
porque algunas de la condiciones requeridas podrán dañar al país en el futuro.
El principal obstáculo para el cumplimiento del séptimo mandamiento es
la Ley de Carrera Administrativa. Los funcionarios públicos laboran bajo
una estructura legislativa rígida que protege incluso a los trabajadores
ineficientes, procura la inamovilidad en el puesto y premia el tiempo de
servicio, más que el mérito.
También fuera del sector gubernamental, la legislación laboral impone
ciertas rigideces que limitan la competencia y obstaculizan el crecimiento
económico. El trabajo es un recurso económico vital porque, conjuntamente con
otros factores de producción, transforma los recursos naturales en bienes y
servicios útiles. Una relación laboral es, a su vez, una relación contractual.
El gobierno únicamente debe hacer valer ese contrato. Debe derogar la Ley de
Carrera Administrativa y analizar la legislación laboral vigente con miras
a hacer menos costoso el trabajo dentro de la economía formal, tanto para el
empleador como para el empleado. Entre otras medidas, debe eliminarse el
salario mínimo, ya que se ha comprobado que éste sólo beneficia a un pequeño
porcentaje de la fuerza laboral, mientras que produce amplio desempleo.
Con el objetivo de atraer toda la inversión extranjera y local que sea
posible, el gobierno deberá abolir los requerimientos de permisos y simplificar
los tramites requeridos para registrar un negocio legítimo en el país. Es
preciso erradicar los obstáculos y las barreras que elevan el costo de invertir
en Venezuela, además de crear un ambiente propicio que garantice el
respeto a la propiedad y la inversión,
tanto de nacionales como de extranjeros. Esto implica la desregulación y la
desburocratización.
Todos los venezolanos anhelan
vivir en una Venezuela en paz, donde la Ley sea igual para todos, imparcial
ante las etnias y las diferencias económicas. Donde cada persona reciba un
trato digno, respetuoso de su libertad y responsabilidad. Donde cada venezolano
pueda forjarse su propio destino y el de su familia. El gobierno actual estará en funciones durante
los primeros años el nuevo milenio. Esperamos que el momento histórico sea aprovechado para consolidar una sociedad
duradera de personas libres en este territorio suramericano.
El gobierno central se
enfocará en cumplir con
tos derechos es una regla de conducta. En la convivencia social, al igual
que en un juego, las reglas iguales para todos nos permiten anticipar qué
podemos hacer, y qué pueden hacer los demás, bajo ciertas circunstancias. Una
sola excepción vulneraría el derecho, aumentaría la incertidumbre y modificaría
las reglas del juego. En Venezuela los tres derechos son garantizados por la
Constitución, pero en la práctica enfrentan barreras. El gobierno tendrá que
abandonar las actitudes paternalistas de antaño, que presuponen que las
personas son incapaces de tomar decisiones correctas por sí mismas. También
deberá exigir la responsabilidad, haciendo valer los compromisos que adquieran
las personas libremente. Es vital registrar y hacer valer los derechos de
propiedad de los venezolanos, formalizando títulos y resolviendo conflictos,
para facultar el desarrollo. Además el gobierno deberá modificar o derogar las
leyes ordinarias, así como simplificar procedimientos en la administración
pública, que restringen el derecho a la libertad, a la vida o a la propiedad.
El Estado de Derecho (y no de simple legalidad) es el contexto que hace
viable la cooperación social pacífica y libre. Lo identifican dos
características: las leyes son generales y abstractas, y nadie esta por encima
de la Ley. Otra forma de decirlo es que todos somos iguales ante la Ley. Según
F.A. Hayek, todas las reglas que se aplican en igualdad de condiciones a todos,
incluyendo a aquellos que gobiernan,
son las que hacen improbable sus pocas y prioritarias funciones (seguridad,
garantía de derechos, justicia), y podrá devolverle a entidades locales,
públicas o privadas, la responsabilidad por desempeñar otras funciones. Por
ejemplo, la ciudadanía puede y suele formar comités de vecinos, conjuntamente
con sus autoridades municipales o independientemente, para proveerse de
servicios de salud, educación, drenaje, extracción de basura y más. Estos
comités contratarán a empresas eficientes
y capaces de rendir los resultados buscados, y las despedirán si no
satisfacen la demanda. Es importante que exista competencia entre los
diferentes municipios o regiones, para incentivar a los gestores a proveer
servicios de alta calidad.
Un proceso de descentralización viable implica el traslado no sólo de la
responsabilidad, sino también de los recursos financieros. Será necesario
aumentar los ingresos propios de las municipalidades. En el mediano plazo
pueden funcionar mecanismos novedosos para el traslado de recursos hacía
asociaciones de vecinos tal y como se ha utilizado con éxito en otros países
(Chile, USA). Sin embargo, las actuales transferencias del gobierno central
hacia entidades en el interior de la República no pueden ser una solución, ya
que se espera que en el largo plazo el gobierno central literalmente se haya
lavado las manos de estas funciones y responsabilidades.
En Venezuela, los aranceles se han utilizado más como una medida
proteccionista que como una fuente de ingresos para el Estado. Debe eliminarse
este privilegio.
Los aranceles de importación ocasionan pérdidas netas irrecuperables, y
deben ser eliminados de forma gradual.
Además, los venezolanos hemos demostrado que estamos listos para
competir en mercado globalizados, ya no sólo en Venezuela o Latinoamérica, sino
en el mundo entero. La reducción unilateral de los aranceles significa
apertura, competitividad y progreso. Mientras menos barreras existan, todos
gozaremos de una mayor cantidad de productos a mejores precios. En la medida en
que se siga protegiendo de la competencia extranjera a algunas industrias,
seguiremos evitando que los ciudadanos podamos mejorar nuestro nivel de vida.
Podríamos ahorrar mucho de nuestro escaso capital si compramos cosas importadas
cuyo costo de producción es menor que el costo de producir el mismo bien
localmente.
Otra ventaja de abolir los aranceles es que ya no habría que financiar inventarios ociosos, al no tener razón
de existir las aduanas (uno de los focos de corrupción en nuestro país durante
las últimas décadas). Si no hay
procedimientos complejos ni diversos impuestos que cobrar a las importaciones y
exportaciones, no hay oportunidades de búsqueda de rentas para los funcionarios
públicos ni para los comerciantes.
“La ley de la naturaleza se yergue como una norma eterna para todos los
hombres, los legisladores y los demás. Las reglas que hacen para regir los
actos de los hombres, así como los propios, deberán conformarse a la ley
natural; es decir, a la voluntad de Dios, de la cual aquella es una
declaración, Y, siendo la ley fundamental de la naturaleza la preservación de
la humanidad, ninguna legislación puede ser buena o válida si la contradice”.
John Locke
Two Treatises on Government — 1689
* En Cuadernos de Reflexión
para la Libertad, Centro de Divulgación del Conocimiento
Económico — CEDICE
Cuestiones de América Nº 12, Diciembre de 2002
-Enero de 2003
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