Pobreza y Crecimiento
Económico
Luis Zambrano Sequín
Borradores de
Trabajo del Proyecto
La Pobreza en
Venezuela. Causas y Posibles Soluciones
No. 2 - Febrero 1998
En
1996, un grupo de personas convocadas por la Asociación de Universidades
Jesuíticas de América Latina (AUSJAL) se reunión en Caracas para discutir un
proyecto embrionario de investigación sobre la pobreza en el subdesarrollo con
una perspectiva Latinoamérica. A raíz de esa discusión el Instituto de
Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello
presentó un proyecto de investigación para el caso venezolano.
Este
proyecto se planteo como un conjunto de investigaciones parciales cuyo objetivo
general es la identificación de los obstáculos (o causas) que impiden que los
grupos sociales que calificarían como pobres dejen de serlo. Las causas u obstáculos
para la superación de la pobreza se enmarcan en lo que el proyecto de investigación
delimita como:
·Determinantes
Socio-culurales
·Determinantes
Económicos y, los
·Determinantes
Político-Institucionales
Cada
uno de estos determinantes de la pobreza corresponden a una diferenciación analítica
del problema y se enmarca en lo que son los campos o disciplinas para el
estudio de la sociedad, las cuales, para los efectos del estudio propuesto,
representan investigaciones parciales del proyecto global de carácter
multidisciplinario .
La
aspiración es que el encuentro de los distintos abordajes del problema permita
la construcción de una perspectiva global sobre la pobreza en Venezuela, la
cual se alimente de los resultados que vallan arrogando las distintas investigaciones
parciales y su lectura permanente a partir de la confrontación con teorías
agregadas sobre el tema de la pobreza.
Este
esfuerzo de largo plazo, residenciado en la UCAB a través de su Instituto de
Investigaciones Económicas y Sociales, sólo ha sido posible gracias al auspicio
de la Asociación Civil para la Superación de la Pobreza y el Subdesarrollo, organización
que nuclea a un conjunto de empresas y personas, las cuales además de ser el
soporte financiero al proyecto, velan por que los estudios tengan aplicación
práctica y sean fuente de inspiración para las acciones públicas del Estado y
la sociedad civil venezolana.
Luis
Zambrano Sequín es venezolano, economista de la Universidad Central de
Venezuela y con estudios de post-grado en la Universidad de Illinois. Es profesor
de macroeconomía en la UCAB y UCV, dirigió el Departamento de Investigaciones
Económicas de la UCAB y coordinó el área económica del presente proyecto. En la
actualidad goza de un permiso por parte de la UCAB para desempeñarse como
sub-director de la Oficina de Asesoría Económica del Congreso Nacional.
Contenido.............................................................................................. 0
1.
Introducción.................................................................................... 2
2.
América Latina: pobreza y desigualdad................................................. 2
1.1.
Evolución de la pobreza y la indigencia....................................................... 2
1.2.
Evolución de la pobreza y la indigencia en las principales.................................. 4
economías
de la Región.............................................................................. 4
1.3.
Perfil de la pobreza.............................................................................. 8
2.
Crecimiento económico, pobreza y distribución del ingreso.................... 8
2.1.
Crecimiento económico y nivel de pobreza................................................... 8
2.2.
Distribución de ingreso y crecimiento económico.......................................... 11
2.3.
Volatilidad, pobreza y.......................................................................... 11
distribución........................................................................................... 11
2.4.
Rigidez del mercado laboral................................................................... 11
2.5.
Rigidez del mercado........................................................................... 12
crediticio............................................................................................. 12
2.6.
Modelo de crecimiento........................................................................ 12
económico,
pobreza y distribución................................................................ 12
3.
Reformas económicas, pobreza y distribución del ingreso..................... 13
3.1.
Reforma comercial............................................................................. 16
3.2.
Reforma fiscal.................................................................................. 16
3.3.
Reforma financiera............................................................................ 16
3.4.
Reforma laboral................................................................................ 16
3.5.
Privatización.................................................................................... 16
3.6.
Apertura y exportación de recursos naturales.............................................. 17
Conclusiones..................................................................................... 17
Referencias
Bibliográficas................................................................... 22
Durante
la última década el tema de la pobreza ha adquirido una nueva dimensión en
América Latina, tanto en la agenda de la investigación académica como en la de
la política económica.
Los estudios recientes sobre el
tema apuntan a una serie de conclusiones que han ganado un creciente consenso.
Entre estas podrían destacarse las siguientes:
- la desigual distribución
del ingreso y la pobreza son más causas que consecuencia del crecimiento
económico.
- el progreso en
la reducción de la pobreza ha sido acompañado por un empeoramiento en la
desigualdad.
- los canales a
través de los cuales la desigualdad en la distribución del ingreso afecta el
crecimiento económico están asociados a sus efectos sobre: la estabilidad
política y económica, los déficit fiscales, la debilidad de los mercados financieros
y la escasa inversión en capital humano.
- la
estabilización económica de la Región ha contribuido a la reducción de la
desigualdad pero el deterioro del capital humano ha más que compensado este
logro.
- la lenta
reducción de la pobreza se explica por la desigualdad en la posesión de los
activos. Los pobres carecen de acceso a los activos necesarios para incrementar
su productividad y sus ingresos.
- los factores
claves para reducir la pobreza están asociados a: la consolidación de los
derechos de propiedad, el acceso al sistema legal y al crédito, y la
institucionalización de un sistema competitivo justo.
Este
trabajo trata sobre los aspectos involucrados en estas conclusiones. En la
primera parte del documento se muestra la magnitud y evolución del problema de
la pobreza y la desigualdad en América Latina. En la segunda sección se
presentan las principales hipótesis por medio de las cuales se pretende
explicar la relación observada entre el crecimiento económico, la pobreza y la
distribución. En la tercera parte, la atención se concentra en las
implicaciones que sobre el tema de la pobreza y la distribución del ingreso han
tenido las reformas estructurales que han caracterizado la década de los años noventa
en la mayor parte de los países Latinoamericanos. Finalmente se sintetizan las
conclusiones más relevantes.
En los últimos quince años
la evolución económica de América Latina puede dividirse en dos grandes
períodos: la crisis de la deuda externa, que dominó la mayor parte de los años
ochenta, y las reformas estructurales que han caracterizado a la mayoría de los
países de la Región desde finales de los ochenta hasta los actuales momentos.
Durante el periodo de la crisis de la deuda, también conocido como
la década perdida, el deterioro de las condiciones sociales en Latinoamérica
fue impre-sionante. La evolución de la pobreza puede dar claro testimonio de
ello. Como se muestra en el Cuadro N° 1, la población pobre se incrementó en
61,3 millones de personas, de las cuales casi 60 millones se concentraron en
los espacios urbanos, siendo la mitad de ellos no sólo pobres sino indigentes.
Es decir, a final de la crisis de la deuda, en América Latina 92 millones de
personas devengaban un ingreso que ni siquiera alcanzaba para adquirir una canasta
básica. De estos 92 millones de personas, la tercera parte se generó en los
seis años que , en promedio, duró la crisis.
Si bien América Latina
retomó la senda del crecimiento económico en los noventa, la pobreza ha seguido
creciendo aunque a tasas menos aceleradas. En efecto, a pesar de que la
economía de la Región se incrementó a una tasa promedio de más de 3%, los
pobres se incrementaron a una tasa promedio anual de 1,5% entre 1990 y 1994.
Es de notar, simultáneamente, que
la pobreza y la indigencia se han transformado en un fenómeno
esencialmente urbano. Este incremento notable de la pobreza urbana esta
asociado tanto a las altas tasas de migración desde las áreas rurales a las
ciudades, a los efectos de la profunda recesión de los ochenta, el sesgo
excluyente del modelo de crecimiento y la incapacidad financiera y
administrativa en las ciudades receptoras que han hecho colapsar los servicios
públicos básicos.
A pesar de esta alta concentración de la
pobreza en las ciudades, no se debe ocultar el hecho de que la población más pobre
sigue viviendo en el campo (Cuadro N°2). En este sentido, y contrario a la
opinión generalizada, puede afirmarse que las zonas urbanas, comparadas con las
rurales, ofrecen más oportunidades de empleo mejor remunerado y que la urbanización,
en cierta medida, ha contribuido a aminorar la gravedad del problema de la
pobreza.
Por otra parte, hay evidencias sólidas de
que el efecto de reducción de la pobreza producido por el crecimiento económico
ha sido contrarrestado, en parte, por un empeoramiento paralelo en la distribución de la riqueza (Bénabou,
1996).
Tal y como se muestra en el Gráfico N°1,
América Latina destaca como la Región de mayor desigualdad en el mundo, bastante
distante incluso de Africa y los países del Asia del Sur. Esta conclusión es
aún más firme si se tiene en cuenta la diferencia en el tamaño de las
economías. La mala distribución en los activos, la inflación sostenida y
elevada, la alta volatilidad de las economías y los shocks externos adversos
severos y recurrentes, característicos de los ochenta profundizaron la ya
tradicional mala distribución de la riqueza y el ingreso en Latinoamérica.
En el Gráfico N° 2 se puede observar con
claridad el deterioro en el nivel de vida que significó la década de los
ochenta en las principales economías de la Región. A excepción de Colombia, un país
de reformas graduales y continuas pero de un relativamente bajo ingreso, en
todos estos países se deterioró el ingreso per capita durante el periodo de la
crisis de la deuda externa. Chile, la nación que comenzó más tempranamente su
profundo proceso de reformas estructurales empezó a recuperarse a mediados de
los ochenta y su economía se ha expandido rápidamente en los noventa. Argentina
y Brasil, comenzaron sus reformas a comienzos de los noventa retomando el
crecimiento pero todavía no han recuperado los niveles de ingreso per capita
que tenían antes al comenzar la crisis. En México el ingreso por habitante se
ha deteriorado progresivamente, aunque se ha reducido ostensiblemente la tasa
de deterioro, aún considerando los efectos negativos del “efecto tequila”.
El caso de Venezuela es, sin lugar a dudas,
el más notable. El ingreso per capita se ha reducido notablemente, casi mil dólares
ó un 28%. La reversión de las reformas económicas, la crisis en su sistema
financiero y la inestabilidad político institucional que han afectado a esta
economía son factores que, naturalmente, han contribuido a este resultado.
Factores que, por cierto, no pudieron ser contrarrestados por un relativo buen
desenvolvimiento del mercado petrolero.
La pobreza,
como ya se ha mencionado, no está determinada sólo por el nivel de actividad
económica y el crecimiento demográfico. La distribución de ingresos, aspecto
ligado a la naturaleza del crecimiento y a factores político-institucionales,
puede complementar o contrarrestar los efectos del crecimiento económico y
demográfico.
En
el Gráfico N° 3 se puede notar como, simultáneamente al deterioro de la
actividad económica de los ochenta, la distribución del ingreso se hizo más
regresiva. Tan solo Colombia mostró un mejoramiento distributivo, aunque desde
unos de los niveles de desigualdad más altos del Continente. Chile,
prácticamente mantuvo sus niveles de desigualdad constantes durante los últimos
quince años.
En forma similar, los años noventa se caracterizaron, en general,
por reducciones en los niveles de desigualdad, aunque no se logra retornar a
los valores que se tenían a finales de los setenta. Venezuela y Colombia
aparecen como dos importantes excepciones, aunque por razones muy diferentes:
en el caso de Colombia por los efectos fuertemente regresivos de las reformas
económicas, especialmente, la reforma comercial. En cuanto a Venezuela, por el
mal diseño de su política económica y la inestabilidad a la que ha estado
sometida por los shocks externos e internos.
Ante estos acontecimientos relacionados con el crecimiento
económico y la desigualdad, no son sorprendentes los resultados en materia de
pobreza para los países que aquí se están analizando. Los niveles de pobreza, a
excepción de Chile, son mayores hoy que en relación a los que se tenían hace
quince años. En aquellos países dónde las reformas económicas han sido adelantadas
con firmeza la pobreza se ha reducido, pero no lo suficiente cómo para avanzar
más allá de lo que ya se había logrado con el modelo de sustitución de
importaciones (ver Cuadro N° 3).
La condición de pobreza, como es sabido, no se distribuye
uniformemente entre los principales grupos poblacionales. En América Latina los
grupos particularmente vulnerables son: las mujeres, especialmente las solteras
que son cabezas de familia, los niños y adolescentes (ver Cuadro N° 4), los
incapacitados, los viejos y los indígenas.
Los hogares pobres son siempre más numerosos, y con una alta
proporción de miembros económicamente dependientes: niños y ancianos. La decisión
de tener muchos hijos, como sucesivos trabajos han mostrado (Banco Mundial,
1990), más que ser una consecuencia de un bajo nivel educativo y cultural,
sería más bien el resultado de una conducta sensata ante el fenómeno de la
pobreza. La mano de obra infantil y el rol de las familias numerosas como
mecanismo institucional para reducir los costos individuales asociados a la
seguridad social, son poderosas razones para explicar las aptitudes de los pobres
ante la natalidad y el agrupamiento en familias relativamente grandes.
Uno de los problemas que se ha ido agravando al incrementarse la
tasa de urbanización ha sido, justamente, el de la desintegración de la unidad
familiar multigeneracional, lo que ha convertido a la población anciana en un
grupo particularmente vulnerable. Este problema no parece tener solución en el
contexto de los nuevos mecanismos que se están diseñando en la Región en
sustitución de los regímenes tradicionales de seguridad social.
En todos los países de la Región las mujeres tienden a ser más
pobres que los hombres. Las razones de ello tienen que ver con: la menor tasa
de alfabetización femenina, los obstáculos culturales, legales y sociales
derivados de una larga tradición discriminatoria y los menores salarios que se
les pagan. La presencia cada vez mayor de mujeres solteras como cabeza de
familia (ver Cuadro N° 5) esta agravando la situación de pobreza con una alta
incidencia sobre niños y adolescentes.
La existencia de niños como parte de la fuerza de trabajo es una
característica resaltante en América Latina, tanto en los espacios urbanos como
rurales. Este fenómeno explica el bajo nivel de escolaridad entre los niños
pobres. El impresionante deterioro de la calidad de la educación primaria en
los países de la Región no ha hecho sino incrementar la deserción escolar, dado
el bajo retorno que tiene para las familias de bajos recursos (Birdsall y
Londoño, 1997).
Tal y como puede observarse en el Cuadro N° 6, para una muestra de
países de la Región, la brecha en el grado de escolaridad de los niños de las
familias pobres con relación a las no pobres es muy significativa. Hay países
que son excepciones, como son los casos de Chile y Uruguay, pero lo típico en
Latinoamérica es que difícilmente un niño de una familia pobre finalice la
educación primaria.
Uno de los
aspectos en los que se hace recientemente énfasis, en la literatura sobre el
crecimiento económico, es la distinción entre nivel de pobreza y desigualdad en
la distribución del ingreso. Diferenciar estos dos aspectos es fundamental a
los efectos de definir los objetivos e instrumentos de la política económica.
La reducción
de la pobreza no debe ser sólo una intención ética. La existencia de
importantes núcleos de pobreza constituye un profundo obstáculo que
imposibilita el crecimiento económico sostenido e impide la construcción y consolidación
de regímenes donde imperen las libertades democráticas.
La pobreza es
la principal causa de una baja calidad de vida que impide el funcionamiento
eficiente de las familias, el sistema escolar y el resto de las instituciones
encargadas de la socialización de los niños y adolescentes y con ello enfrentar
problemas como la violencia, la drogadicción y la acumulación del capital
social requerido para poder sostener e incrementar la riqueza de un país.
Los elevados
niveles de pobreza impiden el desarrollo de las economías externas vinculadas a
la educación y la salud públicas. En los últimos veinte años, los nuevos
desarrollos en la teorías endógenas del crecimiento económico han enfatizado la
idea del capital humano como una inversión y no un gasto y la acumulación de
este tipo de capital como un elemento crítico para explicar el comportamiento
de las diferentes economías. Una economía más flexible, requisito para el éxito
en un mercado cada vez más globalizado, exige una población bien dotada de capital
humano.
La causalidad
entre crecimiento económico y mejoras en la distribución del ingreso ha sido
sólidamente establecida por la investigación académica y empírica. En general, se
asume que las políticas económicas dirigidas a crear un ambiente macroeconómico
estable, que promueva la inversión y el crecimiento, terminarán haciendo a la
distribución del ingreso menos desigual[1]
y reduciendo el nivel de pobreza (Sarel, 1997).
Una mejor distribución del ingreso y de la
riqueza no sólo debe considerarse como un objetivo que se justifique por razones
morales, sino que también debe tomársele en cuenta como un importante
instrumento de política a través del cual se puede afectar el crecimiento
económico en forma permanente. En este sentido, hay una relación de causalidad
que va de la distribución al crecimiento.
En general, una mejor distribución del
ingreso esta asociada a una mayor capacitación que facilita la adopción de nuevas
ideas, nuevas tecnologías y la capacidad de adaptación de la sociedad a un
ambiente económico cada vez más volátil e incierto. Así mismo, es posible
afirmar que a mayor desigualdad, la elasticidad de la reducción de la pobreza
al crecimiento económico se hace menor.
El grado de respuesta del ingreso de la
población pobre al crecimiento económico es, definitivamente, mayor que la unidad;
esto confirma la ya mencionada correlación positiva entre crecimiento y
reducción de pobreza. Sin embargo, la desigualdad en la distribución actúa como
un elemento que opera en la dirección opuesta. En un país con una peor distribución
del ingreso y de los activos, el esfuerzo en crecimiento económico para lograr
una reducción equivalente de la pobreza debe ser substancialmente mayor (Banco
Mundial, 1990).
Investigaciones recientes han concluido que,
dada la actual distribución del ingreso en América Latina, la tasa de crecimiento
económico promedio debería duplicarse (de 3,2% a 6%) para apenas reducir el
número de personas viviendo en pobreza absoluta (Burki y Perry, 1997). Mantener
sostenidamente tasas de crecimiento superiores a 5% es, definitivamente, una
tarea difícil; por ello, se hace necesario progresar rápidamente en los
aspectos redistributivos si la reducción de la pobreza ha de ser un objetivo
prioritario.
Existen varios canales por medio de los
cuales la distribución del ingreso puede afectar al crecimiento económico. En
primer lugar, una distribución del ingreso y la riqueza muy regresiva es una de
las causas del descontento social que genera un clima de inestabilidad política
y con ello eleva la incertidumbre que reduce la inversión y por tanto el
crecimiento de la economía. Por otro lado, una muy desigual distribución crea
las condiciones para que la tasa de tributación que grava la actividad
económica se fije muy por encima del óptimo, desestimulando la inversión, el
consumo y finalmente el crecimiento a largo plazo (Alesina, Roubini, Ozler y
Swagel, 1992).
La relevancia de los aspectos distributivos
como factor de generación de crecimiento económico, ha sido resaltada en las
investigaciones orientadas a explicar la muy diferente evolución de la pobreza
en los países asiáticos y latinoamericanos (Bidsall y Londoño, 1997). En
general se concluye que en las economías asiáticas, al tener una mejor
distribución del ingreso, los pobres tienen un mayor acceso a los activos que
son necesarios para mejorar la productividad y el ingreso. Los pobres, sin la
posesión de los activos adecuados, no pueden aprovechar las oportunidades que
brinda el modelo de crecimiento que se pretende seguir, máxime cuando éste está
sesgado hacia el uso de recursos factoriales muy específicos.
La economía de
la Región sigue desenvolviéndose en un ambiente sumamente vulnerable. La
severidad y frecuencia de los shocks externos, el hecho de que la estabilidad
macroeconómica haya dependido en buena medida de la generación de importantes
déficits en cuenta corriente, acompañados de déficit fiscales crónicos, que han
sido financiados con capitales externos volátiles, han generado ciclos de
crecimiento muy cortos de expansión y ajustes. Esto ha provocado que la recuperación
del crecimiento económico en Latinoamérica se haya producido en un ambiente
considerablemente inestable, especialmente en aquellas economías que aún siguen
dependiendo de sus exportaciones de materias primas.
Los pobres, al carecer de bienes y capital
humano y físico, son los más vulnerables al ser los menos capaces de protegerse
en situaciones imprevistas. Al carecer de activos no sólo no pueden protegerse
de la inestabilidad sino que tampoco disponen
de la flexibilidad para adaptarse a una situación cambiante.
Adicionalmente, los pobres son siempre los
más afectados por las políticas de estabilización y ajustes. Los cambios en los
precios relativos asociados, por ejemplo, a los shocks en los términos de
intercambio y las políticas de ajustes que los siguen se mueven en contra de
los salarios y empleos peor calificados y , en general contra el uso de la mano
de obra. Las devaluaciones, aunque pueden favorecer temporalmente a los
trabajadores de las empresas exportadoras, terminan afectando
significativamente a los consumidores urbanos de menor nivel de ingreso.
Los severos shocks en los términos de
intercambio y la volatilidad del tipo de cambio real han tenido efectos
adversos significativos sobre los sectores de más bajos ingresos.
La inflación
asociada a estas perturbaciones ha agravado, a su vez, los problemas
distributivos. Reducir la inflación es, consensualmente, un objetivo intermedio
deseable si se desea reducir los niveles de pobreza a largo plazo. Sin embargo
las políticas de estabilización también tienen implicaciones distributivas
adversas, y es un punto de discusión hasta dónde las medidas de ajuste
compensan los beneficios de una mayor estabilidad de precios. La reducción de
la inflación supone, normalmente, una reducción del gasto público incluyendo
las transferencias y las erogaciones en los programas y servicios sociales. Aún
no hay respuestas conclusivas sobre estos asuntos, pero es claro que si la
estabilización no está acompañada por un rápido crecimiento económico, las
ganancias en términos de ingreso y distribución hacia los sectores más vulnerables
serán insignificantes e incluso puede no haberlas (Sarel, 1997).
El mercado de trabajo en América Latina está
claramente segmentado entre trabajadores formales e informales. Los
trabajadores formales devengan mayores salarios, tienen una mayor productividad,
están cubiertos por los sistemas de seguridad social, los protegen los
sindicatos y tienen trabajos más permanentes.
Un problema estructural radica en la lenta
evolución de la demanda de trabajadores en el sector formal. La tasa de crecimiento
de este tipo de trabajadores se ha estancado en muchos de los países de la
Región o evoluciona a tasas que están muy por debajo de la tasa de crecimiento
de la fuerza de trabajo (Burki y Perry, 1997). La Organización Internacional
del Trabajo estima que de cada diez nuevos puestos de trabajo en Latinoamérica,
al menos ocho pertenecen al sector informal de la economía.
La exclusión progresiva del trabajo,
inherente al patrón de crecimiento de los sectores modernos y formales de la economía,
esta relacionada con la rigidez del mercado laboral que aqueja a todos los
países latinoamericanos. El alto grado de rigidez en este mercado se explica,
entre otras cosas, por:
-
una alta protección del empleo en los sectores formales,
mediante la elevación de los costos a las empresas que desean ajustar la
demanda laboral,
-
importantes impuestos a las nominas, que han encarecido
notablemente el empleo directo por parte de las empresas,
-
procesos de fijación de salarios que no están asociados a la evolución
de la productividad ni de la competitividad de las empresas,
-
costosos mecanismos para la resolución de los conflictos
laborales,
-
severas limitaciones para desarrollar la contratación temporal
de mano de obra.
En casi todos los países se están tomando
acciones que apuntan a reformar los mercados laborales con vistas a hacerlos
más flexibles, superando los problemas señalados. La conflictividad social que
han generado estas reformas han hecho retrasar considerablemente el avance
hacia mercados laborales más eficientes.
El problema de la exclusión de los pobres
enfrenta otras restricciones adicionales. El nuevo patrón de desarrollo que
está surgiendo en América Latina está sesgado hacia la demanda de trabajadores
calificados, lo que plantea el problema de la dotación de activos en manos de
la población de más bajos recursos. El estar saludable y educado es una
condición necesaria para poder tomar ventajas de las oportunidades que ofrece
el crecimiento. No puede aspirarse a una reducción de la desigualdad si el
capital humano está, como ya se ha mencionado, mal distribuido.
Las restricciones al acceso a la educación y
la salud, junto con la pésima calidad de los servicios que se entregan a los
pobres, no hace sino agravar los problemas de exclusión inherentes al patrón de
crecimiento. Con un sector educativo público donde la mitad de los que inician
la escuela primaria nunca la terminarán, y los que lo hacen están muy mal
dotados en relación a lo que reciben quienes no son pobres, será muy difícil
cambiar las tendencias en relación al crecimiento del empleo informal.
A las
rigideces del mercado laboral hay que agregar las del mercado crediticio que
terminan discriminando en contra de los sectores más pobres. Las restricciones
de acceso al crédito profundizan el carácter excluyente del patrón de crecimiento.
Incluso un incremento en la dotación de
capital humano de los pobres no resuelve el problema de la exclusión de los mercados
financieros. Dadas las características institucionales y reglamentarias del
sistema financiero y el hecho de que el capital humano no puede ser apropiado,
las instituciones financieras no pueden utilizar este capital como colateral de
los prestamos. Aunque los retornos de la inversión en salud y educación sean
muy altos, los pobres se ven afectados por fuertes restricciones de liquidez
que limitan sus posibilidades para aprovechar las oportunidades que surgen con
las reformas.
Adicionalmente al problema de los
colaterales, los costos de prestar recursos a los pobres son substancialmente
altos. La alta dispersión de los agentes, especialmente en las áreas agrícolas,
la escasez de información sobre la reputación de los deudores, los mayores
riesgos de los sectores donde se desempeñan los pobres y la pequeña escala de
los prestamos supone que, dada la actual organización del sistema financiero,
prestar a los que menos tienen, aún con amplias garantías, implica altos costos
en la prestación de los servicios. Esto significa, en el mejor de los casos,
tasas de interés sustancialmente altas en términos reales.
Estas
circunstancias imponen la necesaria presencia del Estado como ente canalizador
de recursos financieros hacia estos sectores que el mercado naturalmente tiende
a excluir. Debe acotarse, sin embargo, que la manera tradicional como esta
asistencia se ha prestado (entes financieros especializados de carácter
público, corporaciones de desarrollo, fijación de tasas de interés
preferenciales, crédito dirigido etc.) ha sido extremadamente ineficiente
requiriéndose modificaciones profundas en el diseño institucional público y
privado que mejore la focalización, reduzca los costos y aumente los coeficientes
de recuperación de los recursos utilizados. Respuestas específicas a estos
requerimientos aún están en fase embrionaria, algunas experiencias en países
centroamericanos parecieran ofrecer esperanzas de encontrar soluciones efectivas
(Banco Mundial, 1997 y Burki y Perry, 1997)
El patrón de
distribución del ingreso, si bien es muy importante, no es el único factor que
determina la correlación entre el crecimiento económico y la evolución de la
pobreza. Otros factores claves son:
-
la naturaleza y calidad del modelo de crecimiento,
-
la capacidad de sostener el nivel de actividad, aspecto que
esta asociado a la calidad de la gestión macroeconómica,