El dictadorzuelo llamado Pedro Carmona Estanga visto a través de su discurso político sobre la pobreza y el vacío de poder
Jorge Dávila *
Toda depravación de la palabra permite reconocer
la depravación del mundo
Alguien consciente de lo que son las palabras
estará en mejores condiciones para resistir todas las formas de manipulación
Al
calificar como dictadorzuelo al personaje cuyo discurso aquí analizamos, apelamos
más a la brevedad de su intento de gobierno de facto que a la connotación
peyorativa del término. Analizaremos dos de sus discursos: el primero, referido
al tema de la pobreza, ocurrió antes del golpe de Estado del 11 de abril a
propósito del llamado “pacto para la gobernabilidad”; el segundo discurso,
referido a la noción de “vacío de poder”, ocurrió después del golpe de Estado a
propósito de la interpelación por parte de la Asamblea Nacional.
Supongamos
la buena intención del discurso. Escojamos como muestra representativa el
discurso más denso y pensado: el declarado a propósito de las llamadas “Bases
para un acuerdo democrático” conocido también, a través de los medios de
comunicación, como el “Pacto para la gobernabilidad”.
El
día 5 de marzo de 2002, con el habitual despliegue comunicacional de cobertura
de los actos de opositores al gobierno del Presidente Chávez, se presentó el
acuerdo entre Fedecámaras y la CTV con la bendición de la Conferencia Episcopal
de Venezuela. Las cúpulas de estos tres sectores, muy poco representativos de
la población venezolana[1],
presentaron lo que llamaron “bases programáticas de un acuerdo” que permitiera
salir de lo que denominaron “una verdadera emergencia nacional” caracterizada,
según ellos, por “la incertidumbre creciente, los claros signos de
ingobernabilidad, los riesgos que se ciernen sobre la estabilidad democrática y
la negativa oficial a propiciar los entendimientos necesarios para que el país
avance”. Téngase en cuenta para lo que diremos más adelante que se afirma tanto
una falta de gobierno (¿qué otra cosa querrá decir “claros signos de
ingobernabilidad”?) como una negativa del gobierno a ofrecer entendimientos
necesarios para que el país avance (es de suponer que los autores se refieran a
entendimiento como acuerdos entre personas, pero ¿cómo se entienden las
personas si no es precisamente con el entendimiento? ¿quieren decir que el
gobierno no entiende cómo hacer para que el país avance? El documento nunca
define qué es “avance del país” aparte de vagas afirmaciones como: “responder a
las legítimas aspiraciones económicas, sociales y políticas del país” o
mantener “la vocación humanista, inclusiva, democrática, productiva y pacífica
de la sociedad venezolana”).
El
Sr. Carmona, en su discurso de ese día, se refirió al acuerdo así: “Se trata de
un acuerdo de alto contenido social, sostenible en el tiempo, cuyo eje
principal lo constituye la superación de la pobreza, bajo una visión que no se
limita a la distribución de la riqueza, sino a lograr una producción y
productividad mayores capaces de transformar las condiciones
político-institucionales y socioeconómicas de la nación, la concertación
productiva, la solidaridad social, sin populismos o engaños y apuntando a la
promoción de inversiones que permitan crear empresas competitivas generadoras
de empleos de calidad en áreas productivas”. Agrega, más adelante, que “se
concibe la lucha contra la pobreza en función del acceso a servicios sociales
de calidad, educación, salud y seguridad, y el estímulo a los espacios de
concertación productiva como mecanismos modernos de negociación social. Y estos
son conceptos nuevos e importantes de los cuales estamos escuchando ahora
hablar en el país”.
El
dictadorzuelo no hacía otra cosa que repetir, al pie de la letra, el contenido
del acuerdo, dando muestras de su enorme capacidad de mero repetidor de un
discurso que no le es propio. Es posible afirmar esto último porque la raíz
intelectual de ese discurso sobre la pobreza es muy conocida en Venezuela. Se trata,
como mostraremos después, del discurso intelectual capitaneado por los
investigadores en ciencias sociales de la UCAB[2]. Téngase en
cuenta, por ahora, que el sacerdote que bendijo el acuerdo en el referido acto
es precisamente el Rector de esa Universidad (uno de esos investigadores).
Miremos con atención, y en primer lugar, lo que el acuerdo dice sobre la
pobreza y lo que oculta en su decir (aun mostrándolo).
En
las primeras líneas del acuerdo ciertamente se afirma el lugar central dado al
tema de la pobreza. En efecto, dice: “Tenemos la convicción compartida de que
la masiva pobreza es el principal problema del país y de que la estrategia para
su superación debe constituir el eje inspirador de políticas públicas cuyo
contenido sustantivo sea la base de un acuerdo nacional sostenible a mediano y
largo plazo”. Si tomamos esta proposición con sana gramática vemos que afirma
tres cosas: 1) la pobreza es el gran problema del país, 2) la superación de la
pobreza debe ser el eje de las políticas públicas y 3) el contenido de esas
políticas debe ser la base de un acuerdo nacional. Quien haya puesto atención
al discurso político del Presidente Chávez y sus seguidores desde el año 1998
reconocerá con gran facilidad que esas tres afirmaciones son también de ellos.
En ninguna parte del acuerdo se reconoce ese hecho. Menos aún, aparece
referencia ni a la estrategia del gobierno actual ni a las políticas públicas
diseñadas, especialmente, en el plan de la nación 2001-2007[3]. No parece
lícito suponer que los redactores de ese documento (el acuerdo) no conozcan que
lo que escribieron, en esta frase que comentamos, está en perfecta armonía (¡en
acuerdo!) con el discurso del gobierno. Más lícito parece suponer que se trata
de un ardid demagógico, porque ¿quién puede enfrentar el discurso de Chávez en
el terreno político diciendo sin ambages que se propone una conducción del
Estado que sea desfavorable a los pobres? Pero supongamos todavía buenas
intenciones. Miremos con atención los contenidos del acuerdo donde se despliega
la estrategia para la superación de la pobreza. Tal vez en este plano
estratégico aparezcan las diferencias con el gobierno que permiten a los
proponentes del acuerdo acusar una falta de gobierno y de entendimiento de este
último. Veamos.
La
“superación de la pobreza” es el primero de los diez puntos del acuerdo. Dice
el documento (y es exactamente lo que repitió el futuro dictadorzuelo en su
discurso): “La superación de la pobreza no se limita a un problema distributivo
de la riqueza que el país tiene, sino que requiere la participación de
múltiples sectores para lograr, de manera mejor distribuida, una producción y
productividad mayores”. He aquí una frase ambigua en extremo: “un problema
distributivo de la riqueza que el país tiene”. Para quien conozca el drama de
la pobreza en Venezuela y el mundo, esa frase debiera leerse así: el país tiene
un enorme problema en la distribución de la riqueza[4]. Pero,
seguramente, lo que solapadamente el discurso quiere decir es la ya consagrada
afirmación de la ideología neoliberal según la cual no se gana nada con
distribuir la riqueza que un país tiene sin generar mayor riqueza (de ese modo
la frase dice que el problema no es sólo distribuir la riqueza que el país
tiene). Nótese que al afirmar eso se desvanece, aún sugiriéndola, la primera
posibilidad que es la raíz profunda del problema, a saber, la injusta
estructura de la distribución del ingreso asentada en el correr del siglo XX en
la inmensa mayoría de los países con estructura de producción capitalista
(altamente industrializada, industrializada o dependiente). La estrategia que
plantea el acuerdo para la “superación de la pobreza” es entonces, la de
oscurecer el centro radical del problema pasando a primer plano la afirmación
propia de la ideología neoliberal: lo que hay que distribuir es mayor
producción y productividad. Enseguida, el documento del acuerdo despliega la
orientación de políticas para esa estrategia. Veamos cómo esa orientación,
definida en cinco aspectos que revisaremos uno a uno, es casi toda pura demagogia
puesta al servicio de la convicción neoliberal.
Primer
aspecto:
“Garantizar a todos los venezolanos el acceso efectivo a los servicios sociales
básicos de calidad en educación, salud
y seguridad como mecanismo para dotarlos de oportunidades”. Esta es una
afirmación que parece ridícula en el contexto del documento. Quien haya leído
la Constitución habrá caído en cuenta que el Título III (y especialmente sus
capítulos V, VI, VII, VIII y IX) establece con vigor inusitado, comparado con
otros textos constitucionales, los derechos de la población. Allí se despliegan
los derechos sociales y de la familia, culturales y educativos, económicos, de
los pueblos indígenas y los derechos ambientales. La Constitución garantiza
esos derechos, pero además no sólo los coloca bajo la orientación de medios que
le permitan a la población ser “dotada de oportunidades” (término propio de la
orientación al asunto meramente productivo), sino que los concibe como
legítimos derechos humanos. De hecho, el Título III se denomina “De los
derechos humanos y garantías y de los deberes”. Es ridículo entonces invocar
para un acuerdo nacional, y como política de superación de la pobreza, lo que
ya consagra la Constitución y que, en consecuencia, obliga a la nación.
Segundo
aspecto: “Estimular
los espacios de concertación productiva como mecanismos modernos de negociación
social”. Es esta la frase en la que insistía el dictadorzuelo Carmona en su
discurso (decía al respecto que son “conceptos nuevos e importantes de los
cuales estamos escuchando ahora hablar en el país”). Ciertamente “concertación
productiva” es un neologismo que, por lo demás, es falso y engañoso. Concertar
quiere decir “traer a identidad de fines cosas diversas”. Si esas cosas
diversas tienen de suyo fines incompatibles y se logra una concertación,
inevitablemente la concertación es una imposición. Al hablar de una
concertación calificada como productiva, lo que quieren decir es una
concertación en la que se impone el fin de la producción en sentido económico
(porque si “productivo” quiere decir, en general, que se genera algo, la
concertación es inevitablemente productiva; luego, sería una redundancia decir
“concertación productiva”). “Concertación productiva” es un eufemismo para
decir que el fin de la concertación es la acumulación, el profundo fin de la
producción de corte capitalista. El término, como todo neologismo difundido
masivamente por la ideología neoliberal, pasa a ser moda de manera
incomprendida. Así se transforma en elemento guía de la llamada “negociación
social”. Este otro término hace ver el espacio de las relaciones sociales al
calco de las relaciones propias del mundo de los negocios, del mundo de la
economía capitalista. En resumen, lo que en el fondo clama este discurso es por una participación de los pobres de
manera que el fin que siga el concierto de la relación social plagada de
injusticias sea el de la acumulación que es raíz, precisamente, de la mayor
injusticia.
Tercer
aspecto: “Procurar
la solidaridad social entre los distintos sectores a fin de permitir la
generación y distribución de oportunidades, con especial énfasis en los grupos
más pobres”. Con mucha insistencia el documento se refiere a “distintos
sectores”; ambigüedad que esconde sutilmente una relación social que opone los
sectores que claman por justicia (la mayoría de la población) y los sectores
que buscan mantener la injusticia (la minoría de privilegiados). Por ello la
insistencia, en esta frase que comentamos, en la “generación y distribución de
oportunidades” y no en la riqueza que es finalmente el meollo del problema de
la pobreza. Pero es más importante notar en la frase que la noción más densa
que se invoca es la de la “solidaridad social”. Enorme desparpajo, por decir lo menos. ¿Se ha visto
una solidaridad que no sea social? Quien conozca someramente la noción de
solidaridad desarrollada en la sociología clásica por Emile Durkheim, sabe que
la noción de solidaridad se refiere al lazo de cohesión social; él distinguió
con claridad la solidaridad mecánica, propia de las sociedades tradicionales,
de la solidaridad orgánica, propia de la sociedad moderna. Precisamente a esta
última dedicó su empeño intelectual y también político. Ese empeño sirvió de
base para el desarrollo de lo que la sociedad industrial conoce como Estado de
Bienestar con su poderoso brazo institucional que es la seguridad social; cosa
que para nuestros países es todavía un sueño consagrado en nuestras
constituciones. Aún sin esta referencia intelectual, los escribanos de este
documento reflejan, al menos, una profunda ignorancia. La definición más
elemental de solidaridad indica con precisión que no puede ser menos que
social; ¿qué otra cosa puede decirse de un término cuya acepción básica es la
de un “sentimiento que impele a los hombres a prestarse una ayuda mutua”? Por
supuesto, al evocar la noción de solidaridad, así como el neologismo ambiguo de
“concertación productiva”, se quiere fabricar un discurso a tono con la
terminología propia del momento, vale decir, con el discurso imperante y puesto
en circulación por los grandes centros del poder mundial, especialmente los
organismos financieros multinacionales. Si se revisa con atención lo propuesto
en el plan de la nación del gobierno para el lapso 2001–2007 se encontrará una
visión bastante clara de políticas que se inspiran en la construcción de la
solidaridad no sólo entre diversos sectores económicos y sociales sino, muy
particularmente, entre las clases más desposeídas. Con certeza puede decirse
que los artífices del acuerdo desconocen en absoluto (u ocultan) esa
proposición del gobierno. De manera que así se pone en claro que el contenido
del acuerdo refleja más una jugada de la irracionalidad política de sectores
opuestos al gobierno que una preocupación por el drama de la pobreza[5].
Cuarto
aspecto: “Combatir
las visiones populistas que engañan a los sectores populares con mesianismos o
visiones erradas de la realidad del país”. Esta es la afirmación más clara del
carácter estrictamente manipulador (político) del acuerdo. En dos palabras, esa
frase quiere decir “fuera Chávez”. Desde antes de las elecciones de 1998 los
opositores del Presidente han insistido en caracterizarlo como populista y
mesiánico, usando estos adjetivos de manera absolutamente hueca, es decir sólo
como clichés propagandísticos. Veamos someramente el término mesianismo.
Apartando el sentido figurado en nuestra lengua (“confianza inmotivada o
desmedida en un agente bienhechor que se espera”) que obviamente es más
metafórico que analítico, debe entenderse rigurosamente por mesianismo la
suposición de que, aparte del caso judaico, pueden conseguirse sociedades o
etnias (es decir, un pueblo) cuya vida está guiada por una doctrina colectiva
de carácter carismático o teocrático que tiende a atribuir a un individuo el
poder de asegurar la salvación por venir para todo un pueblo. Nótese que es más
importante la doctrina carismática teocrática que el individuo que la expresa.
Es obvio que en el caso venezolano no puede hablarse de la existencia de tal
doctrina. El término mesianismo dejaría de ser ambiguo si se aclarara siempre
que, en fin de cuentas, Mesías fue y es uno único. Desgraciadamente las pocas
veces que se hace esta aclaratoria sólo se hace para ridiculizar a quien se
acusa de mesiánico (por ejemplo, con la frase: “¡ah! entonces él se cree Dios”)
y así se incrementa la construcción del cliché. Fue el compañero de discurso
del dictadorzuelo Carmona quien expresó con claridad ese día la intención
abierta de esa frase relativa al populismo y el mesianismo (es decir, “fuera
Chávez”). El Sr. Carlos Ortega[6],
más braveador que su compinche, afirmó ese día: “la solución pasa por la salida
del actual gobierno”, el acuerdo contiene “propuestas muy claras, muy
contundentes, para un proceso de transición frente a la eminente [sic] salida
del actual Presidente de la República, frente a la eminente [sic] salida de la
actual administración” (conocido como es el mal hablar del Sr. Ortega,
suponemos que quiso decir “inminente”), “estas bases son o servirán para ese
gobierno de transición”, “estamos sumamente optimistas y creemos realmente en
la unidad del pueblo de Venezuela para salir de este gobierno”, “para salir de
una vez por todas de esta grave pesadilla que vive Venezuela en los actuales
momentos”. Al terminar el discurso de Ortega los asistentes al acto coreaban
con estridencia “se va, se va, se va ...”. Quien no haya oído en estas
expresiones un anuncio del golpe de Estado del 11 de abril debió estar sordo.
Quinto
y último aspecto:
“Promover inversiones masivas (nacionales y extranjeras) creadoras de empresas
competitivas y generadoras de empleo de calidad en áreas productivas”. Esta
frase no puede quedar mejor caracterizada que con la expresión del lenguaje
popular que reza “más claro no canta un gallo” o con esta otra “por fin,
llegamos al llegadero”. ¿Qué puede significar en el caso venezolano tener
empresas productivas con empleo de calidad cuando más del 60% de la población
económicamente activa no alcanza siquiera un nivel de educación básica? ¿Qué
puede significar con esa calificación del trabajo abrir las puertas a masivas
inversiones nacionales y extranjeras? La respuesta ya es muy conocida, basta
mirar la experiencia de los países atrasados en los que las grandes compañías
transnacionales explotan la mano de obra barata o mirar el fenómeno de la
maquila en los países centroamericanos. He ahí, sin desparpajos, la estrategia
y la política que en nombre de la superación de la pobreza, adornadas con
eufemismos y ambigüedades, buscan mantener el orden de injusticia reinante en
el mundo.
Habíamos
afirmado antes que la raíz intelectual de ese discurso sobre la pobreza,
repetido insaciablemente por el dictadorzuelo Carmona en muchos espacios
públicos, es muy conocida en Venezuela. Se trata del discurso intelectual
capitaneado por los investigadores en ciencias sociales de la UCAB. El Rector
de esa Universidad, el sacerdote jesuita Luis Ugalde, fue el compañero de
discurso de Carmona y Ortega. Habló como representante de la presidencia de la
Conferencia Episcopal Venezolana (CEV). La CEV, dijo, “nos ha delegado para
expresar su satisfacción y alegría” y el agradecimiento por “que la superación
de la pobreza sea puesta en el centro del acuerdo nacional para el cambio
democrático”. Señaló, además, que tanto la CTV como Fedecámaras desde el año
pasado “pidieron el apoyo de la Iglesia a través de algunos investigadores de
la UCAB”. Vale la pena preguntarse si los ideólogos de este malévolo discurso
sobre la pobreza que es el tal acuerdo democrático son los investigadores de la
UCAB, entre ellos el padre Ugalde. O si tal vez fueron víctimas de una
manipulación o tergiversación de sus conocimientos sobre la pobreza en
Venezuela. Desgraciadamente, lo decimos como universitarios, las dos cosas
parecen ser ciertas. Veamos por qué.
La
tesis central de esos investigadores,
para quienes es muy cara la expresión “superar la pobreza”, se resume
así (en palabras de Luis Pedro España, director del Instituto de
Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAB): “Crecer económicamente es
crucial para superar la pobreza. El crecimiento global de la economía es
necesario pero no suficiente (...) los límites que tiene el ‘simple
crecimiento’ como palanca para la superación de la pobreza, tienen que ver con
el tema de la distribución del ingreso. De allí que la mejora en la
distribución del ingreso es crucial, no sólo para extender la participación en
la riqueza, sino para que sea sostenible en la propia producción de bienes y
servicios con los cuales satisfacer necesidades”[7]. Con toda
claridad esta tesis está completamente tergiversada en el acuerdo democrático.
Nótese que mientras España señala que el crecimiento económico es necesario
pero no suficiente, el discurso carmoniano dice que la superación de la pobreza
no se limita a un problema distributivo de la riqueza sino que se requiere
lograr una producción y productividad mayores. En términos menos ambiguos, como
ya lo hemos mostrado, el discurso carmoniano dice que no es necesaria la
distribución de la riqueza y es suficiente el crecimiento económico. Así las
cosas, es evidente que el razonamiento de los investigadores de la UCAB fue, al
menos, trastrocado. Pero ocurre que en la investigación de la UCAB sobre la
pobreza en Venezuela, el mismo España afirma que “el tema distributivo conduce
directamente al papel del Estado en el desarrollo social y la superación de la
pobreza”, para afirmar enseguida, “aquí el tema nos podría llevar muy lejos...”[8].
En
efecto el tema de la distribución de la riqueza es prácticamente abandonado a
favor de iluminar un panorama sobre la superación de la pobreza donde la
estrella más brillante y firme es, precisamente, el crecimiento económico. Las
políticas públicas, y no públicas, que los investigadores van encontrando
repiten de manera firme las recomendaciones propias del discurso globalizado
sobre la pobreza[9].
El mismo España lo dice así: “con lo que sabemos sobre la pobreza y su forma de
enfrentarla es posible formular un conjunto de recomendaciones –las cuales no
se alejan mucho de lo que son las conclusiones de otros estudios sobre la
pobreza realizados por las agencias internacionales de desarrollo y
cooperación– que en el caso de nuestro estudio, su virtud y valor agregado
consiste en la adaptación de los conocimientos generales a lo que es la
especificidad y los énfasis que deben tenerse en cuenta para atender el
problema de la pobreza en nuestro país”[10]. El discurso
carmoniano puede muy bien parafrasear a España y decir: hemos adaptado sus
conocimientos generales a lo que es la especificidad y los énfasis que deben
tenerse en cuenta para atender las exigencias de manipulación con miras a
deshacernos, a como dé lugar, de Chávez y su gente empeñada en ese anacronismo
que es la justicia social; si para ello es necesario pisotear la Constitución
que declara a Venezuela como “Estado democrático y social de Derecho y de
Justicia”, allá iremos.
El
profesor España, ingenuidad política de por medio, sin embargo afirmó después
de conocido el documento carmoniano (el acuerdo), y antes del 11 de abril, lo
siguiente: “La ambigüedad [señalada en un análisis de PROVEA[11]]
no es enteramente obra de los protagonistas de este acto. Más bien fue el
resultado de la captura, por parte de polos irreconciliables de la sociedad
política venezolana, que trataron de hacer suyo, por medio de fuertes presiones
sobre los oradores, el contenido del acuerdo”[12] (imaginamos
que esos tales polos irreconciliables fueron los mismos que movieron a Carmona
como marioneta los días 11, 12 y 13 de abril). En todo caso, la afirmación de
España es incomprensible pues cómo pueden ser irreconciliables los polos tras
las figuras de Carmona, Ortega y el propio Rector de la UCAB (¿una marioneta
más, en este caso de la presidencia de la CEV?) si a todos los unía un único
clamor: “fuera Chávez”. La ingenuidad política del profesor España resulta
fuera de límites; cree firmemente que, a pesar de la ambigüedad, vale decir de
la manipulación de sus conocimientos, el asunto tiene un elemento muy positivo;
en efecto, afirma: “por primera vez, los sectores productivos y organizados de
la sociedad aceptan unas bases para fijar un rumbo que trasciende sus propios
intereses y hacen un llamado para que el resto de la sociedad se sume al diseño
de políticas públicas para la superación de la pobreza; entonces no todo está
perdido...”[13].
¿Trascender sus propios intereses? La
expresión popular diría: “sí, cómo no”.
En
la interpelación ante la Asamblea Nacional el dictadorzuelo decía: “la firma de
las bases del acuerdo democrático con una visión del país, con un propósito de
lucha contra la pobreza, de creación de empleo productivo y sustentable, con un
carácter amplio inclusive, fue un precedente histórico de cooperación entre los
sectores laboral y empresarial”. Usaba el ex-dictador este elemento como
justificación antecedente de su golpe de Estado. No necesitaba referirse más a
la pobreza, de hecho no lo hizo durante el golpe de Estado (los que
ingenuamente lo acompañaron en el derrocamiento de Chávez tal vez esperaban que
las “bases” del nuevo gobierno fuesen las “Bases para un acuerdo democrático”;
se quedaron esperando, pues lo que el dictadorzuelo presentó fue las bases para
una firme dictadura cuyo propósito, en el plano económico, sí estaba en aquel
acuerdo). Ahora, después del golpe de Estado y la efímera dictadura, su
discurso pretendía “enriquecer” el léxico de nuestro lenguaje político con la
noción de “vacío de poder”. Apeló para ello al conocimiento de la ciencia
jurídica y del derecho constitucional. Claro está, no su propio conocimiento,
sino el conocimiento de otros. En fin, su ambiguo discurso está caracterizado
por la repetición insaciable de palabras plásticas; las mismas que en boca de
tantos empresarios en el mundo dan jugosos dividendos (manejando empresas y
manipulando la política a favor de las empresas). Para llegar al asunto del
conocimiento jurídico invocado es necesario detenerse en algunas expresiones
del discurso carmoniano. Analizaremos tres afirmaciones del dictadorzuelo.
Primera
afirmación:
“El anuncio hecho por el General en Jefe, Lucas Rincón, de la decisión del Alto
Mando Militar, de solicitar la renuncia del Presidente de la República y que
ésta había sido aceptada fue un hecho público y notorio. Los juristas señalan
que hechos de esta naturaleza tienen efectos incuestionables a través del
llamado hecho comunicacional. Dicha situación condujo a un indudable vacío de
poder, el Presidente de la República quedó bajo custodia de la Fuerza Armada
mientras se decidía su situación y entretanto el gobierno abandonó sus
funciones. Fue así que la sede del gobierno, el Palacio de Miraflores, estaba
el día viernes en horas de la mañana abandonada, sin personal, lo que inclusive
dificultó la labor inicial encomendada. Tampoco estaban visibles los
integrantes de los otros órganos del poder público, de las demás dependencias y
hasta del Canal Ocho de Televisión”. En primer lugar haré una referencia menor,
a saber, que el dictadorzuelo y sus asesores se aprovechan de la ambigüedad de
la declaración del General Rincón para afirmar que el Alto Mando Militar solicitó
la renuncia del Presidente. La verdad es que el texto de Rincón no dice eso; la
frase en cuestión dice “se le solicitó la renuncia” con un impreciso
impersonal; por ello el General Rincón ha dicho que quienes sí solicitaron la
renuncia fueron los generales conspiradores, no el Alto Mando Militar. El
centro de atención de esta primera afirmación es, sin embargo, la referencia a
los estudiosos de la jurisprudencia quienes sostendrían que el anuncio por otro
de una supuesta renuncia confirma el acto del supuesto renunciante. De manera
que, usando un ejemplo, bastaría que a mí me informen que tres o cuatro Decanos
de mi Universidad declararon en la radio que el Rector renunció, para que yo
crea que esa renuncia es cierta. Pero, más aún, esa novísima jurisprudencia me
acordaría la legalidad del acto consistente en ir con unos cuantos profesores a
ver si la oficina del Rector está vacía para entre ese grupo designar un nuevo
Rector. Semejante barbaridad jurídica, afirma el dictadorzuelo, está
argumentada por estudiosos de las leyes (no lo dudamos; más adelante heremos
referencia uno de sus prototipos, el Dr. Allan Brewer Carías). Ese es el meollo
de lo que Carmona llama un “vacío de poder”. Por lo demás, el argumento
descansa en que el Palacio de Miraflores estaba vació; como para creer que allí
no había nadie, cuando todos nos enteramos de la abierta conspiración civil y
militar desde la noche del 11 de abril; como si nadie hubiera estado interesado
en tomar el poder y sólo un angelito como Carmona, bañado de un ilimitado
espíritu de sacrificio, aceptase llenar el palacio de gobierno. Con razón tanta
gente dice que el “vacío de poder” es más bien un vacío del cerebro de Carmona
Estanga.
Segunda
afirmación:
“No se juramentó pues ningún funcionario y el equipo que pretendía fuese plural
y representativo no llegó a asumir funciones y como demostración de voluntad de
establecer un adecuado seguimiento de la comunidad internacional, sí se invocó
la Carta Democrática Interamericana, artículo 17, para que la OEA supervisase
la rápida restitución del hilo constitucional en la República”. Después de la
ridícula auto-juramentación del dictador, violadora de toda norma
constitucional (de nuestra Constitución y de cualquier otra conocida), qué
sentido puede tener la invocación del argumento de que ningún funcionario se
juramentó; no hubo la tarde del 12 de abril mejor juramentación que los
aplausos desenfrenados de los elegidos por el dictadorzuelo para ocuparse
ilegalmente de cargos públicos. Pero en esta segunda afirmación el asunto
central radica, más bien, en la invocación a otro nivel de jurisprudencia, a
saber, la Carta Democrática Interamericana (CDI) de la OEA. Carmona reiteró el
asunto una vez más, al decir: “Estuve dispuesto también conforme a mis
convicciones y a mi experiencia diplomática, a someter a la transitoriedad al
severo escrutinio de la comunidad internacional y especialmente a la Carta
Democrática Interamericana, suscrita el pasado 11 de septiembre en el marco de
la OEA, así consta en la conversación sostenida con el Secretario General y las
comunicaciones que en ese sentido dirigiera”. La verdad, como veremos más
adelante, es que la jugada del golpe de Estado esperaba contar con el apoyo de
la OEA invocando la susodicha Carta. Sin embargo, como dice el refrán popular,
lo cierto es que a los conspiradores “les salió el tiro por la culata”. Quede
no obstante la claridad de que el dictador pretende convencernos de su espíritu
democrático acudiendo al refugio de lo establecido en la CDI; un segundo
refugio que se añade al de los estudiosos juristas que darían plenitud a la
oscura tesis del vacío de poder. Sin embargo, queda un tercer subterfugio.
Tercera
afirmación:
“Otras razones avalarían las actuaciones esos días, en el marco de lo dispuesto
en el artículo 350 de la Constitución, pero centro mis planteamientos en la
existencia de un vacío de poder, se puede o no estar de acuerdo con el camino
elegido, pero lo que no puede señalarse es que la intención haya sido otra que
la de restablecer la plena vigencia de la Constitución de 1999 que había sido
transgredida especialmente durante los sucesos del 11 de abril”. Es patético
escuchar al dictador que pisoteó la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela invocarla en su pretendida defensa política. Se habrá notado que
jamás llama a la Constitución por su nombre; suele decir de ella “la
Constitución de 1999”; por recordar solamente la violación menor, el primer
punto del decreto que lo auto-juramentó cambiaba el nombre de la República.
Pero, detengámonos en las afirmaciones parciales de este fragmento del discurso
carmoniano; las siguientes: 1) la Constitución había sido transgredida; 2) lo
fue especialmente el 11 de abril; 3) el “camino elegido” (eufemismo para no
decir golpe de Estado) está avalado por lo dispuesto en el artículo 350 de la
Constitución. Las tres afirmaciones se reúnen en una sola que podría
parafrasearse así: si el texto de la Constitución es transgredido por el
gobierno, se puede invocar la Constitución misma (el artículo 350) para derrocar
(inconstitucionalmente) ese gobierno y esa Constitución. En otras palabras más
sencillas: la Constitución permite la inconstitucionalidad. ¿De dónde saca esta
atrocidad jurídica el dictadorzuelo? Ya lo dijimos en relación con el tema de
la pobreza: el discurso carmoniano es una burda repetición de lecciones
aprendidas de memoria de otros. ¿Quiénes en este caso? ¿Quiénes son los
juristas que invoca Carmona? ¿Quiénes
han producido tan aberrante interpretación del artículo 350? En fin, ¿quiénes
se han dado a la tarea de hilvanar el tejido de los tres subterfugios del
ex-dictador, a saber, el vació de poder, la invocación a la CDI de la OEA y la
interpretación malsana del artículo 350 de la Constitución? No lo sabremos con
exactitud; pero el caso de Allan Brewer Carías parece suficiente para entender
el asunto.
El
conocido jurista escribió un largo texto, fechado 12 de febrero de 2002, y que
circuló libremente, después del golpe de Estado, a través de la página web de Globovisión,
en el que analiza la situación venezolana guiado por el contenido de la Carta
Democrática Interamericana de la OEA. Según Brewer, “la importancia de la Carta
Democrática Interamericana es que su incumplimiento puede producirse por un
gobierno de un Estado Miembro que aún cuando haya tenido formalmente su origen
en una elección popular, genere alteraciones graves al propio orden democrático
y constitucional, en cuyo caso también podría conducir al aislamiento del
Estado del sistema interamericano. Por tanto, constituyendo la Carta Democrática
Interamericana el instrumento internacional más actualizado para preservar la
democracia en nuestros países, a continuación analizaremos la situación de la
democracia venezolana a la luz de las disposiciones de dicha Carta. Si se
confronta el texto de dicha Carta con la práctica política del gobierno del
Presidente Hugo Chávez, puede concluirse que el país está al margen de la misma
y que la brecha que nos está separando de ella se abre y profundiza
rápidamente”. La intención no podía ser más clara: mostrar que el gobierno de
Chávez, sometido a juicio desde el contenido de la CDI, debe ser aislado por la
OEA. Realmente la CDI no habla de aislamiento sino de “suspensión del Estado
miembro del ejercicio de su derecho de participación en la OEA”. En cualquier
caso, la estrategia política del jurista es sumamente clara; se trata de dar un
paso adelante en lo que, precisamente él llama “aislamiento” del gobierno de la
comunidad internacional. O en términos más precisos, de poner en bandeja de
plata la intervención política de gobiernos fuertes del continente en la
situación venezolana (es decir, los Estados Unidos).
Antes
de describir los ardides de Brewer en este documento, vale la pena recordar lo
siguiente. Este jurista viene haciendo una abierta y confusa oposición al
gobierno de Chávez al menos desde que este último salió victorioso en las
elecciones de diciembre de 1998. En efecto, bastó que el Presidente anunciara
el referéndum para llamar a una Asamblea Nacional Constituyente para que el Dr.
Brewer Carías mostrara su oposición con la idea del referéndum. Según él eso
sería inconstitucional (de acuerdo con su interpretación de la Constitución de
1961); primero debería, según su criterio, reformarse la Constitución del 61.
Claramente una simple estrategia política para que el viejo Congreso, dominado
aún por la vieja casta política, acomodara el régimen de la Constituyente a su
favor. Demanda tras demanda, Brewer vio su estrategia fenecer. Como jurista
debió aprender del extraordinario ejercicio de hermenéutica jurídica dado por
el fallecido magistrado Humberto La Roche. En memorable ponencia ante la Corte
Suprema de Justicia, el Dr. La Roche articuló el profundo sentido del Art° 4 de
la Constitución del 61 (“la soberanía reside en el pueblo, quien la ejerce
mediante el sufragio”) abriendo paso constitucional tanto a la Asamblea
Nacional Constituyente como al llamado a referéndum del Presidente Chávez. La
verdad es que el Dr. Brewer no parece haber aprendido aún la lección sino a
medias. Se afanó por hacer oposición a lo que sería el resultado de la
Constituyente aún participando en ella (fue candidato y miembro electo,
oponiéndose prácticamente a todo el contenido sustancial de la nueva
Constitución); posteriormente estuvo en contra de la nueva Constitución cuando
fue sometida a referéndum popular. Luego del aplastante triunfo a favor del sí,
es decir, desde diciembre de 1999, se ha dedicado afanosamente a divulgar su
tesis según la cual la Asamblea Nacional Constituyente, la nueva Constitución y
todos los poderes de ellas desprendidos son fruto de lo que, con cierto glamour
jurídico, ha llamado un “golpe de Estado constituyente”; de hecho, uno de sus
recientes libros se titula: Golpe
de Estado y Proceso Constituyente en Venezuela” editado por la UNAM este
mismo año.
¿Cuál
es el análisis de Brewer en el que invoca la CDI de la OEA? Es lo que todos
conocemos como un círculo vicioso. Usando el articulado de la Carta, describe
el incumplimiento de su contenido en el caso venezolano. ¿Cuál incumplimiento?
Pues bien, se refiere Brewer a hechos narrados por los medios de comunicación
venezolanos en los últimos años y también a sus propios análisis jurídicos
anteriores. Es decir, la fuente de los hechos que, según él, muestran
fehacientemente la violación de la CDI, es su misma opinión (revestida de la
investidura jurídica que el viejo régimen le otorgó a su persona —la de ser uno
de los más “brillantes juristas”—) y la opinión sesgadísima y malsana de los
medios de comunicación venezolanos irracionalmente volcados contra el
Presidente Chávez. Así puede llegar a ambiguas afirmaciones, dignas de los
pésimos titulares de la prensa venezolana, como las siguientes: “todo ha
cambiado para peor, habiendo desaparecido toda efectividad en el ejercicio de
la democracia representativa”; “la democracia participativa ha sido enterrada
por los órganos del Estado (...) ello se ha agravado con el desmantelamiento de
las políticas descentralizadoras y, al contrario, con la política centralizante
del Poder Ejecutivo”; “la situación de los derechos humanos en Venezuela es
sombría y amenazante”; “el pluralismo político ha sido progresivamente
maltratado por quienes asaltaron el poder a partir de 1999”; “las
organizaciones políticas y partidos distintos al partido de gobierno tienden a ser
avasallados por el Poder”; “los denominados ‘círculos bolivarianos’ [son]
agrupaciones que constituyen la antítesis del pluralismo por su íntegra
dependencia de los órganos del Poder”; “la democracia en Venezuela ha sufrido
uno de los más brutales descalabros, por la concentración de la totalidad del
Poder Público en las solas manos del Poder Ejecutivo”; “aparte de los ataques y
agresiones contra periodistas y reporteros por turbas organizadas por el
partido de gobierno (...) también el gobierno ha coaccionado a los medios de
comunicación”; “en Venezuela, la militarización progresiva del Estado, como
política gubernamental ha hecho romper la subordinación de la autoridad militar
a la autoridad civil”. Como se ve, el Dr. Brewer Carías ha ganado una enorme
profundidad intelectual como para dirigir un nuevo periódico en Venezuela que
sería el centro exacto entre El Nacional y El Universal[14].
Más
allá de ese círculo vicioso está el corazón de lo que quiere justificar Brewer
con su invocación a la CDI de la OEA; es decir, algo más allá de haber abonado
el terreno de una eventual justificación por parte de la OEA de un nuevo
régimen que derrocara al Presidente Chávez. ¿De qué se trata? Cuidadoso, el Dr.
Brewer coloca esta sentencia en la introducción de su texto: “no debe
admitirse, como cuestión de principio, que se produzca una ruptura del orden
constitucional que conlleve, por la fuerza, el derrocamiento del gobierno”
(como quien sabe cuál era el “camino elegido”, como diría el dictadorzuelo
Carmona; es decir, con perfecta claridad de que la misión es derrocar el
gobierno de Chávez). Pues bien, se trata de la argumentación en relación con el
artículo 350 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. A
ello, Brewer dedica un largo apéndice del trabajo (imaginamos que su lectura
fue muy difundida en febrero y marzo por los lados del este caraqueño[15]).
Antes de referirnos a lo que dice ese apéndice, veamos una breve consideración
sobre el referido artículo constitucional.
El
artículo 350 (último del texto constitucional) está enmarcado en un capítulo
referido a la Asamblea Nacional Constituyente (Capítulo III) del último Título
(el IX) del texto[16].
Ese Título se refiere a la Reforma Constitucional. De modo que, en sentido
estricto, su invocación está limitada a situaciones de reforma del texto
constitucional. No obstante, si se invocara el criterio interpretativo que da
prioridad al sentido de las palabras del texto de la ley y a la intención del
legislador, debe tenerse en cuenta que la atribución que otorga el artículo
recae únicamente en el pueblo. Y es sólo en el pueblo, tal como lo estipula el
artículo 5 del texto constitucional, en quien reside la soberanía[17].
Ningún ciudadano o grupo de ciudadanos, en consecuencia, puede atribuirse para
sí lo establecido en el artículo 350; lo que sí puede invocar cualquier
ciudadano es el deber de colaborar en restablecer la vigencia de la
Constitución cuando por acto de fuerza, o por medios diferentes a lo previsto
en ella, haya sido vulnerada (tal como lo estipula el artículo 333[18];
el mismo que, implícitamente, invocó la inmensa cantidad de venezolanos que
reclamaban su Constitución y su Presidente legítimo y legal el 13 de abril).
Ahora, respondamos la pregunta ¿qué dice el apéndice del texto de Brewer
Carías?
Dice
lo que no dudamos en llamar una pésima lectura de la sabia interpretación que
el Dr. La Roche dio del Art° 4 de la vieja Constitución. El Dr. Brewer Carías,
confundido entre su papel de jurista y de político, no ha podido entender qué
quiere decir que la soberanía sea del pueblo. Quizás no lo pueda pasar por eso
que llaman “razones de clase”. Para avanzar su oscura tesis sobre el pueblo,
Brewer Carías procede en dos pasos. En primer lugar, se afana en mostrar que la
“desobediencia civil” (esa es la noción con que traduce el citado artículo 350)
puede derrocar un gobierno legítimo y legalmente electo (sobre todo si liga con
una demostración de la violación de la CDI de la OEA). Ese es el meollo de su
interpretación del referido artículo. En sus propias palabras: “la
desobediencia civil en la Constitución tiene el efecto de (...) buscar cambiar
el régimen o la autoridad que contraríe los valores, principios y garantías
democráticos establecidos en la Constitución o los definidos en la Carta
Democrática Interamericana”.
Pero
dice más, y este es el segundo paso: “la desobediencia civil tiene que ser
motorizada por los organismos de la sociedad civil (...) el pueblo organizado
es la sociedad civil y esta es la organización que se contrapone al Estado”.
Intempestiva afirmación esa según la cual pueblo se iguala con sociedad civil.
El mismo Brewer dice que la sociedad civil “es la esfera de las relaciones
entre individuos, entre grupos y entre sectores de la sociedad”; vale decir, es
la reunión de relaciones que se proponen la defensa de intereses particulares
(es decir, de individuos, de grupos o de sectores[19]), nunca la
defensa del Bien común, a no ser que ocurra lo que sólo puede ser un ideal
ilusorio, a saber, que la “sociedad civil” —la imaginaria “esfera” que cabe en
la cabeza de Brewer—reúna al pueblo. Eso es sólo un ideal ilusorio, pues jamás
el agregado de los intereses particulares puede dar lugar al Bien común; el
Bien común no es, precisamente, un interés. Es sólo un ideal ilusorio, también,
puesto que jamás el pueblo se realiza (se subjetiva, se hace sujeto) como
conglomerado que reúne grupos de intereses. Sabemos, por lo demás, la
connotación fáctica que tiene en la Venezuela contemporánea el uso hueco de la
expresión “sociedad civil”, que por ese mismo uso hueco se ha convertido en un
término presto a manipulaciones de todo calibre. Por ejemplo, si uno le hiciera
caso a la mayor y más reciente de esas manipulaciones, terminaría convencido de
que la sociedad civil sólo existe en el este de Caracas.
¿Hasta
dónde llega la “desobediencia civil” según este jurista? Veamos su respuesta:
“es la propia Constitución la que consagra expresamente el derecho ciudadano a
la desobediencia civil, incluso más allá de la sola resistencia a la ley”. ¿Qué
quiere decir “más allá de la sola resistencia a la ley”?
Carmona
Estanga y sus secuaces se encargaron de decírnoslo; no con claridad en su
discurso, por supuesto, sino en esa ambigüedad preparada por sus juristas que
abonaron el terreno a la temible expresión sólo dicha solapadamente (como
susurro en oídos de conspiradores); quiero decir, la irracional expresión: la
Constitución permite la inconstitucionalidad. Amparados en semejante aberración
propugnaron, organizaron y realizaron el golpe de Estado del 11 de abril. Ya están
prestos, bajo el mismo “amparo jurídico” que se han forjado a su medida, para
el próximo golpe.
He
ahí un triste retrato de la “intelectualidad” venezolana empeñada en la
horrorosa faena de depravar la palabra. Que a otros nos sea permitido reparar
parcialmente esa depravación.
* Jorge Luis Dávila Rojas, Mérida, Venezuela.
Ingeniero de Sistemas, Universidad de Los Andes, Mérida; Diploma de Tercer
Ciclo en Ciencias Sociales, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales,
París; profesor ordinario titular a dedicación exclusiva de la Universidad de
los Andes; miembro del Consejo del Centro de Investigaciones en Sistemología
Interpretativa de la Universidad de Los Andes (CSI);
coordinador del Programa de Postgrado en Sistemología Interpretativa; jefe del
Departamento de Sistemología Interpretativa; Investigador Visitante del Centre
Michel Foucault, Paris; Profesor Visitante del Centre for Systems Studies de la
Universidad de Hull (Inglaterra); coordinador del Programa de Postgrado en
Gerencia y Planificación Sistémico-Interpretativa en Organizaciones;
Universidad de Los Andes; miembro del Comité Editor de la Revista Sistemas;
miembro del Consejo Directivo de la Unidad de Asesorías, Proyectos e Innovación
Tecnológica, Universidad de Los Andes; miembro del Comité Científico de la Revista
Internacional de Sistemas, SESGE – España; miembro del Consejo Editor de la
revista ACTUAL de la Universidad de Los Andes. Muestra de publicaciones: Dávila,
J. y Núñez, L. "Heidegger,
la empresa científica y el dogmatismo". INTERCIENCIA, 17(4); 1992; pp.
218-222. Dávila, J. "¿Qué
es la Ilustración? [Qu'est-ce que les Lumières?]", una traducción
comentada del texto de Foucault. ACTUAL, Nº 28. Dirección General de Cultura de
la Universidad de Los Andes. Mérida, Venezuela. 1994. pp. 19-46. Dávila, J. "Enmascaramiento
del incumplimiento de los Derechos Humanos: Los programas contra la pobreza en
Venezuela"; ESPACIO ABIERTO, Vol. 4, Nº 1, Enero-Junio, 1995; p.p.
19-51. Dávila, J. "La
moralidad del poder de castigar (Sobre "Vigilar y Castigar" de Michel
Foucault, veinte años después) "; publicado en Suplemento Cultural de
Ultimas Noticias, N° 1421-2, 1995. Dávila, J. "La
actitud de modernidad: una praxis de vida intelectual", ACTUAL, Nº 31,
1995. pp. 27-35. Dávila, J. "La
pobreza del Estado y el estado de la pobreza". SUPLEMENTO CULTURAL DE
ULTIMAS NOTICIAS, N° 1573, 1998; pp. 1-3. Dávila, J. "¿Quién
soy como candidato a la Constituyente?", en Contribución a la Asamblea
Nacional Constituyente, Comisión Universidad-Constituyente ULA, Edic. Del
Vicerrectorado Académico ULA, 1999, pp. 363-365. Dávila, J. "Asamblea
Nacional Constituyente y Poder Supremo del Pueblo", en Contribución a
la Asamblea Nacional Constituyente, Comisión Universidad-Constituyente ULA,
Edic. Del Vicerrectorado Académico ULA, 1999, p. 103. Dávila, J. "Ni
ciudadanía de pobres, ni pobreza de Estado: el reto de la fraternidad",
en Contribución a la Asamblea Nacional Constituyente, Comisión
Universidad-Constituyente ULA, Edic. Del Vicerrectorado Académico ULA, 1999,
pp. 87-99. Correo del autor: joda@ula.ve
Cuestiones
de América Nº 12, Diciembre de 2002 -Enero de 2003
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[1] Fedecámaras, presidida hasta el día del golpe de Estado por P. Carmona Estanga, agrupa muchas grandes empresas, pero no muchas medianas y pequeñas. La CTV (Confederación de Trabajadores de Venezuela) reúne a un 12 % de los trabajadores sindicalizados (sólo la mitad de la población económicamente activa es asalariada, y de ella un 20 % está sindicalizada).
[2] Universidad Católica Andrés Bello, Caracas.
[3] Nos parece que muy pocas personas han estudiado y criticado con rigor los contenidos de ese plan. Especialmente el llamado “equilibrio social”, una de las cinco partes en que se descompone el plan y en el que aparece el equivalente a un programa para la superación de la pobreza muy ligado al programa que aparece en el “equilibrio económico”. Los que han leído el plan, se han conformado con el documento resumen llamado “lineamientos generales” y el cuadro sinóptico del plan (un gráfico que sólo es ilustrativo).
[4] En forma muy resumida se puede decir, al respecto, que si se toma como expresión esencial del drama de la pobreza el asunto de la injusta distribución de la riqueza, podemos constatar el drama mundial y nacional como un elemento estructural de la sociedad capitalista dominante desde fines del siglo XIX. Los datos más firmes muestran un escalofriante panorama. Según un excelente y reciente estudio de B. Milanovic (The Economic Journal, 112, enero 2002), quien analiza datos del mundo entre 1988 y 1993, se concluye lo siguiente: “El 1 % de la población más rica del mundo recibió tanto como el 57 % de la población de menor ingreso o, en otras palabras, menos de 50 millones de personas con mayores ingresos recibió lo mismo que los 2.700 millones más pobres”, “La proporción del ingreso promedio entre el 5 % de la población más rica del mundo y el 5 % de la población más pobre del mundo era de 78 a 1 en 1988; se incremento, en 1993, a la proporción 114 a 1”; “75 % de la población mundial recibe 25 % del ingreso mundial (ajustado en paridad del poder adquisitivo); y a la inversa: 25 % de la población recibe 75 % del ingreso”. En nuestro caso nacional, de acuerdo con los datos de A. Baptista, en los últimos 25 años del siglo XX, mientras el 20 % de la población más pobre recibió tan sólo el 2,5 % de la riqueza, el 20 % más rico de la población se apropió el 65 % de la riqueza; en 1998, el 10 % de la población más rica de Venezuela se apropia el 45 % de la riqueza (es decir, queda para el 90 % de la población restante el 55 % de la riqueza). Por su carácter estructural, es imposible que estos datos hayan variado sustancialmente en los últimos tres años. Por lo demás, la consabida afirmación según la cual el crecimiento económico lleva aparejada una mejor distribución del ingreso está completamente desmentida con el caso de muchos países en la década de los noventa. Muy ilustrativo es el caso de USA en el que el sostenido crecimiento (de un PIB de menos de $ 10.000 en 1947 a un PIB de cerca de $ 20.000 a inicios de los noventa —un lapso de cerca de cincuenta años—) ha estado acompañado de una lenta pero creciente desmejora en la distribución de la riqueza (una desmejora más dramática ocurrió en Gran Bretaña en las dos últimas décadas; ligada, sin duda, a las políticas neoliberales que redujeron la fuerza del Estado de Bienestar).
[5] Cuando decimos, aquí y más adelante, irracionalidad, queremos decir lo siguiente: actuar irracionalmente, decimos con frecuencia, significa actuar sin razón, sin meditar ni sobre la acción que ejecutamos ni mucho menos sobre sus consecuencias. Pero esa manera de decir sobre la irracionalidad no llega al centro más profundo de esa conducta. Cuando actuamos irracionalmente sí estamos haciendo uso de la potencia de la razón, pero de la manera menos digna y auténtica de la condición humana y, por tanto, de la manera más despreciable. ¿Por qué decimos que cuando actuamos irracionalmente hacemos uso de la potencia de la razón? Cuando ejecutamos un acto irracional hacemos, inevitablemente, un cálculo; ordenamos, con antelación, un cierto conjunto de movimientos que ejecutaremos para cumplir el acto en cuestión. De esa manera procede, por poner el ejemplo más odioso, el asesino. El asesino calcula con mucho cuidado no sólo sus movimientos sino también los de la víctima. Quizás no resulte tan metafórico decir que en todo acto irracional el ser humano es un asesino. Cuando el ser humano actúa de semejante modo, irracionalmente, logra hacer lo que cualquier otro ser de su especie, la animal, es incapaz de hacer; sencillamente porque los demás animales no están dotados de razón. Es decir, sólo este animal que es el hombre está dotado de razón y cuando usa ese poderoso instrumento para causar un mal calculado con anterioridad, o sea, cuando actúa irracionalmente, se coloca por debajo de todos los seres de su especie. No habría que decir que el hombre, al actuar irracionalmente, se vuelve el más animal de los animales, sino que el hombre, actuando irracionalmente, degrada la condición animal misma.
[6] Presidente de la C.T.V. (brazo fundamental de la corrupción generalizada de los gobiernos anteriores).
[7] De la decepción a la esperanza. Elementos para el desarrollo social en Venezuela, Centro Gumilla – SIC, Abril 2002.
[8] ibidem.
[9] Cf. DÁVILA, Jorge;“La cuestión de la paz en el nuevo discurso globalizado sobre la pobreza”. Revista UIS – Humanidades, Vol. 29, N° 2, 2000, p.149-160. También en: www.ing.ula.ve/~sisint/Davila.htm
[10] Superar la pobreza en Venezuela: el camino por recorrer, Edic. UCAB.
[11] Organización de defensa de los derechos humanos.
[12] De la decepción a la esperanza. Elementos para el desarrollo social en Venezuela, Centro Gumilla – SIC, Abril 2002.
[13] ibid. Llamar a Fedecámaras y la CTV “sectores productivos y organizados” parece más que una simple ingenuidad política.
[14] El Nacional, del 12 de abril, se dirige al derrocado Presidente en estos términos: Ya tiene usted su matanza (...) [realizada], sin dar la cara, desde las azoteas oficiales (...) pasará a la historia como el Presidente que resultó ser un vulgar matón de personas inocentes. El Universal, del 13 de abril, saludó al nuevo gobierno así: Hoy el país nacional amaneció con otra cara. La renovada esperanza y la fe en un futuro mejor es el mejor impulso para comenzar la reconstrucción... El Nacional, del 13 de abril, celebró la primera acción jurídica de la dictadura así: Ha hecho bien el nuevo presidente, Pedro Carmona Estanga, en prescindir, de un plumazo, de esos esperpentos institucionales [Fiscalía, Contraloría, Tribunal de Justicia, Consejo Nacional Electoral, Defensoría del Pueblo].
[15] Las movilizaciones contra el gobierno de Chávez, casi todas en la ciudad de Caracas, incluida la multitudinaria del 11 de abril —preámbulo del golpe de Estado—, reunieron básicamente población que habita en las urbanizaciones del este de la ciudad (esencialmente clase media alta).
[16] Art° 350. El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos.
[17] Art° 5. La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público.
[18] Art° 333. Esta Constitución no perderá
vigencia si se dejare de observar por acto de fuerza o porque fuere derogada
por cualquier otro medio distinto al previsto en ella.
En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia.
[19] La precisa connotación jurídica de lo civil es suficiente: “perteneciente a las relaciones e intereses privados en orden al estado de las personas, régimen de la familia, condición de los bienes y los contratos”.