Durante el régimen de Fox se han documentado cuatro
casos; en ninguno hay avances
Persiste en México la
desaparición de personas como método, denuncia AI
Victor Ballinas *
En
México se siguen registrando casos de desapariciones forzadas de personas, y
hoy día "todavía estamos muy lejos de que se aclaren los casos del pasado
y se le ponga fin a esa práctica", aseguró Amnistía Internacional (AI).
Rupert Knox, investigador para México de esa organización, añadió que el reto
del presidente Vicente Fox es desmantelar la infraestructura que permite ese
crimen a lo largo y ancho del país, y llevar a los responsables ante la
justicia.
Al
presentar ayer el informe titulado México. La desaparición, un delito
permanente, Knox señaló que aunque el presidente Fox ha emprendido una
serie de medidas como la apertura de archivos, el nombramiento del fiscal
especial para desaparecidos, y la ratificación "a medias" de la
Convención Interamericana contra las Desapariciones, eso "no garantiza el
fin de la impunidad ni el esclarecimiento de las cosas".
Amnistía
Internacional, abundó el investigador, ha documentado cuatro desapariciones en
el actual gobierno, y "estos nuevos casos muestran similitud con los del
pasado. También persiste la resistencia del gobierno a investigar las nuevas
desapariciones".
Insistió
Knox: "la práctica de la desaparición forzada continúa como método de este
gobierno, y en el pasado fue una política de Estado que involucró al Ejército,
y todavía no se hace justicia para castigar a los militares que participaron en
ese tipo de actos. Es crucial que el gobierno actúe sobre el fuero militar, que
lo elimine, porque si no, lo único que se hace es asegurar la impunidad".
En
el informe sobre la desaparición en México se resalta que Fox, al asumir la
Presidencia, "prometió acabar con la impunidad que había caracterizado
gran parte de los 70 años que gobernó el PRI y añadió que su gobierno
respetaría plenamente los derechos humanos y el estado de derecho"; sin
embargo, apuntó Amnistía Internacional, en marzo de este año México depositó
varias ratificaciones importantes de instrumentos internacionales son un valioso
paso, pero falta incorporar esos principios a la legislación nacional.
Además,
abunda, en junio del año pasado se efectuaron reformas a los códigos Penal
Federal y Federal de Procedimientos Penales, por las que se tipifica como
delito las desapariciones; "sin embargo, esa reforma no satisface las
obligaciones contraídas por México en materia de tratados internacionales como
la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas".
La
reforma, sostiene el organismo internacional, es positiva, pero no aborda
cuestiones como las acciones de los particulares y de los grupos que actúan con
o en nombre de funcionarios públicos implicados en desapariciones forzadas de
personas, y tampoco aborda la necesidad de determinar la responsabilidad de la
cadena de mando".
AI
demandó al gobierno mexicano que retire la reserva y declaración interpretativa
que el Senado de la República otorgó a la Convención Interamericana sobre
Desaparición Forzada de Personas, la cual ratificó el 10 de diciembre, porque
con ello hace dudar seriamente de la voluntad del gobierno mexicano de aplicar
efectivamente dicho compromiso.
Rosario
Ibarra de Piedra, dirigente de la organización Eureka y quien también estuvo en
la presentación del informe, dijo que el grupo que representa ha decidido no
revisar los archivos recién abiertos ni acudir a la fiscalía especial.
"Se
tardaron 30 años en abrir esos archivos, no hay necesidad de ir con el fiscal,
es su obligación empezar la investigación con las denuncias que tiene, y no
como ha empezado, pidiéndoles sangre a las familias de desaparecidos en
Sinaloa, eso quiere decir que su idea es investigar asesinatos y no casos de
desaparecidos, porque éstos no prescriben", dijo Ibarra de Piedra.
Destacó
que en la aprobación de la Convención Interamericana sobre la Desaparición
Forzada por parte de México se puso una declaratoria interpretativa y una
reserva para no enjuiciar a los militares que participaron en las
desapariciones. Esto, aseguró, "es una nueva burla a los familiares de los
desaparecidos".
Dijo
que los familiares de desaparecidos solicitaron al jefe de Gobierno del
Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, interponer una controversia
contra la ratificación del documento, para evitar esas enmiendas.
Ibarra
de Piedra señaló que "aunque los organismos internacionales y la Comisión
Nacional de Derechos Humanos solicitaron al gobierno la reparación del daño a
los familiares, nosotras, las del Comité Eureka, no queremos dinero, queremos
justicia".
También
se resalta en el informe de AI que es urgente que el gobierno del presidente
Fox inicie las reformas estructurales que anunció en materia de justicia, en la
Procuraduría General de la República (PGR), y las procuradurías de los estados;
así como en la justicia militar para poner a los culpables ante la justicia
civil y eliminar el fuero que les brinda impunidad. Es obligatorio, añade el
documento, realizar reformas al Poder Judicial y a los tribunales.
Knox
destacó que uno de los desafíos de Fox es someter plenamente el estamento militar
a la jurisdicción civil, pues la reserva al artículo nueve de la Convención
Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en lugar de contribuir a
tal fin, refuerza la ausencia de rendición de cuentas por parte de los
efectivos castrenses acusados de violar los derechos humanos. Por ello,
"es esencial que el gobierno mexicano retire esa reserva sin
dilación".
El
investigador agregó que la impunidad ha hecho que prácticamente ninguna persona
haya comparecido ante la justicia por violaciones a derechos humanos,
especialmente en los casos relacionados con las desapariciones forzadas, por
ello se requieren reformas al Poder Judicial, pues han incumplido
reiteradamente su obligación de investigar.
Los
desaparecidos durante el gobierno de Fox
Los
casos documentados de desaparecidos durante el actual gobierno son los
siguientes: Faustino Jiménez Alvarez, ocurrido el 17 de junio de 2001 en Tierra
Colorada, Guerrero; José de Jesús González Medina y Alejandro Martínez Dueñas,
el 30 de junio de 2001 en Colima, Colima, y Jerónimo Gómez López, el 20 de
diciembre de 2000 en Simojovel, Chiapas.
* La Jornada, 29 de
junio de 2002.
Cuestiones de
América Nš 10, Agosto-Septiembre de 2002
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