México: Escuadrones de la
muerte y contrainsurgencia en Chiapas *
La masacre llevada a cabo en
vísperas de Navidad en Chenalhó, municipio rural del estado de Chiapas, México,
fue una acción militar de exterminio masivo y una provocación deliberada. El
propósito de la matanza, realizada por un escuadrón de la muerte paramilitar,
fue preparar el escenario para emprender una campaña sanguinaria contra el
Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) alrededor del día de Año
Nuevo, cuarto aniversario de su levantamiento en contra del régimen asesino que
ha administrado el capitalismo mexicano desde 1929. De hecho, el gobierno ha
usado ya esta matanza como pretexto para enviar miles de efectivos del ejército
al área, extendiendo así su ocupación desde la región selvática, base de los
rebeldes zapatistas, hasta los Altos de Chiapas.
La masacre de Chenalhó no es
una atrocidad aislada ni, mucho menos, una disputa entre comunidades indígenas,
como afirmó cínicamente el entonces secretario de Gobernación. Cualquiera que
haya sido el nivel en que fuera planeada y ordenada, esta masacre fue un acto
de terrorismo de estado capitalista que incluyó la participación de fuerzas
armadas y entrenadas por el ejército de EE.UU. como parte de las
operaciones contrainsurgentes. Ni súplicas humanitarias, ni editoriales
liberales a favor de los derechos indígenas, ni la remoción de unos cuantos
funcionarios podrán detener a estos asesinos profesionales. No podrán tampoco
ser derrotados por insurgentes campesinos en regiones remotas, ni por llamados
a que el gobierno entable “negociaciones” con la guerrilla. Hay que llevar la
lucha a las ciudades, fábricas y centros de poder tanto en México, como en
Estados Unidos.
La mañana del 22 de diciembre,
a plena luz del día, un escuadrón compuesto por unos 60 uniformados atacó a
alrededor de 350 indígenas tzotziles refugiados mientras éstos se encontraban
rezando por la paz en el poblado de Acteal en Chenalhó, Chiapas. Durante seis
horas o más, los asesinos llevaron a cabo la matanza, ejecutando a los
campesinos indefensos con tiros en la cabeza y mutilando sus cadáveres con
machetes. La mayor parte de las víctimas fueron mujeres (21) y niños (15);
ninguno de los refugiados estaba armado. Un joven de 13 años que logró
sobrevivir relató que alcanzó a ver desde su escondite a los asesinos disparar
a su padre en el piso y degollar a su madre embarazada para después extraer al
feto de su vientre con un cuchillo. Esto se hizo también a otras mujeres. Más
tarde, se encontraron 45 cadáveres y cinco personas se han reportado como
desaparecidas, mientras que decenas más fueron horriblemente heridas. Testigos
que lograron escapar dijeron que muchos de los asesinos se reían mientras
realizaban este crimen.
Atrapados en el cerco de fuego
que los matones formaron en una operación envolvente, las mujeres y niños
aterrorizados huyeron de la capilla de madera de Acteal abriéndose paso a
través de una cañada mientras los asesinos los perseguían. Cuando las mujeres
intentaron esconderse, el llanto de sus hijos las delató. Después de que la
carnicería concluyó, los asesinos fueron sistemáticamente de choza en choza
para desnudar los cadáveres y robar sus pertenencias. Los charcos de sangre en
el piso de la capilla y los arroyos sanguinolentos que corrían hacia el río son
el símbolo de la guerra sucia que se libra en contra de la oprimida
población indígena en México. Este es un crimen contra la humanidad,
como han señalado líderes religiosos y grupos de derechos humanos. Pero Chiapas
es un campo de batalla de la guerra de clases que se extiende alrededor del
mundo, y se necesitará la movilización revolucionaria del poderío de la
clase obrera internacional para vengar estos asesinatos y someter a los
asesinos a la justicia proletaria.
Como resultado de la
indignación internacional, el presidente de México, Ernesto Zedillo Ponce de
León, declaró de manera hipócrita que este asesinato masivo fue un “cruel,
absurdo, inaceptable acto criminal”. Pero lo cierto es que la masacre fue
resultado directo de su gobierno, su partido y su política. Mientras se
acumulaban las evidencias de que los asesinos estaban ligados a la maquinaria
política del gobierno, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el
alcalde priísta de Chenalhó fue arrestado junto con 39 de sus compinches. Hasta
la fecha, 16 han sido acusados formalmente de varios delitos. En el Congreso
mexicano se ha extendido un clamor por la renuncia del gobernador del estado de
Chiapas, Julio César Ruiz Ferro, y del secretario de Gobernación, Emilio
Chuayffet, diciendo que no hicieron nada para detener la masacre. Esta ha sido
también una exigencia central de las protestas frentepopulistas en la Ciudad de
México. Ahora Chuayffet ha renunciado y Ruiz Ferro (quien fuera instalado por
Zedillo después de unas elecciones abiertamente fraudulentas) puede ser
removido en cualquier momento. Esto no significa, sin embargo, que la política
asesina del gobierno vaya a cambiar.
Cuauhtémoc Cárdenas, dirigente
del nacionalista burgués Partido de la Revolución Democrática (PRD) y ahora
jefe del gobierno del Distrito Federal (la capital del país), ha exigido que el
gobierno federal asuma el control del estado de Chiapas. Durante una protesta
el 24 de diciembre frente al Ángel de la Independencia, Cárdenas declaró: “Es
preciso que el Gobierno de la República desarme y desmantele a las fuerzas
paramilitares” y “devuelva la tranquilidad a la región”. El arzobispo primado
de México pidió también que se efectúe un “desarme”. Esto no sólo es absurdo,
dado que el mismo gobierno federal ha armado y protegido a los escuadrones de
la muerte, sino que es peligroso. Al tomar posesión, el nuevo secretario de
Gobernación, Francisco Labastida, amenazó de manera provocativa con “desarmar”
al EZLN, al mismo tiempo que unidades del ejército hacían una incursión en el
cuartel zapatista ubicado en La Realidad. Asimismo, mientras el ejército finge
defender a los refugiados indígenas frente a los paramilitares, lo que hace es
extender su ocupación a los Altos de Chiapas.
La posibilidad de que la tensa
situación en Chiapas explote en una guerra civil regional está siempre
presente. Sin embargo, sería una guerra en gran parte unilateral, parecida a
una masacre como la de Acteal a gran escala. Mientras que miles de efectivos
del ejército mexicano se han movilizado para ocupar comunidades de los Altos de
Chiapas que simpatizan con el EZLN (y no las bases de los
paramilitares), mujeres indígenas, con nada más que sus manos, han resistido a
los policías militares antimotines armados con rifles automáticos, escudos
electrificados y gas lacrimógeno. En la comunidad de Xóyep, Chenalhó, la
población tzotzil gritó a 400 soldados: “Chiapas, Chiapas no es cuartel, fuera
ejército de él” y “Violadores de mujeres, váyanse” En México y alrededor del
mundo, los obreros con conciencia de clase, y todos aquéllos que defienden a los
oprimidos, deben exigir que el ejército mexicano salga de Chiapas y que el
sinnúmero de agentes de la CIA, la DEA (agencia antinarcóticos), el ejército
norteamericano y otras instancias armadas de EE.UU. salgan de México ¡ya! En
caso de un ataque en contra de los indígenas insurgentes y sus partidarios,
debe movilizarse el poder de la clase obrera, incluyendo acciones
huelguísticas, para paralizar el país.
Las hileras de ataúdes,
cargados por los familiares de las víctimas a través de las colinas para enterrarlos
en Chenalhó, son el rostro espeluznante del Nuevo Orden Mundial del
imperialismo yanqui. Envalentonados por la contrarrevolución en la Unión
Soviética y Europa Oriental, los patrones y sus gobiernos quieren aumentar sus
ganancias intensificando la explotación de los trabajadores alrededor del
mundo. Hoy en día, los indígenas mayas rebeldes de Chiapas enfrentan al mismo
enemigo capitalista-imperialista que los asediados sindicalistas de Europa y
Estados Unidos. La Guerra Fría antisoviética ha llegado a su fin; no obstante,
los escuadrones de la muerte que sirvieron como su punta de lanza en
Centroamérica han ahora reaparecido en México. Para poner fin a esta masacre
interminable, urge luchar por la revolución obrera, movilizando a los
millones que componen el proletariado mexicano y extendiéndola a través de
las fronteras a los centros imperialistas. Decir que hay otra solución
sería cometer un engaño mortal.
La masacre de Chenalhó ha sido
el crimen más sangriento desde que el ejército mexicano perpetró la masacre de
Tlatelolco en 1968 en la Ciudad de México, en la cual cientos de estudiantes,
izquierdistas y obreros fueron asesinados. Este asesinato masivo se había
preparado desde hace mucho y componentes importantes del aparato del
PRI-gobierno estuvieron directamente involucrados en su realización.
A lo largo de 1997 cientos de
indígenas fueron asesinados en Chiapas por el ejército, la policía estatal y
grupos paramilitares. El New York Times (26 de diciembre de 1997)
escribió: “Al menos 300 personas han sido asesinadas en el montañoso estado
sureño de Chiapas desde que empezó el conflicto hace cuatro años entre la
guerrilla indígena, que lucha por mayores derechos, y miembros de milicias
armadas que se oponen a su causa.” De hecho, estadísticas oficiales registran
más de 800 asesinatos en los Altos de Chiapas y el norte del estado, donde los
grupos paramilitares están activos; grupos mexicanos de derechos humanos
informan que 1,500 indígenas han sido asesinados desde principios de 1995, bajo
el gobierno estatal de Julio César Ruiz Ferro (Proceso, 28 de diciembre
de 1997). Además, contra lo que el típicamente “equilibrado” reporte del Times
afirma, la aplastante mayoría de las víctimas eran simpatizantes
zapatistas.
La evidencia de que la autoría
de este monstruoso crimen pertenece al PRI-gobierno es todavía más específica.
Considérese lo siguiente:
·
El
1º de octubre, el presidente municipal priísta de Chenalhó, Jacinto Arias Cruz,
entregó un documento de 14 páginas al presidente Zedillo durante una visita
presidencial a San Cristóbal de las Casas, la población más grande de los Altos
de Chiapas. Firmado por 89 empleados municipales, el documento anunciaba que se
estaban armando para combatir a los partidarios del EZLN que habían establecido
un gobierno local “autónomo” y rebelde. Al mismo tiempo, una nueva organización
paramilitar, Máscara Roja, anunció su presencia en la región, con el propósito
explícito de expulsar o aniquilar a los simpatizantes del EZLN. Su grito de
guerra: “Vamos a acabar con la semilla zapatista.”
·
El
2 de octubre, cuatro personas fueron asesinadas por encapuchados en el
municipio vecino de Pantelhó, un bastión zapatista. Durante los días
siguientes, hombres enmascarados exigieron a los habitantes un “impuesto de
guerra”, quemando las casas de aquéllos que se rehusaron a pagar. En el municipio
de Chenalhó, en el período anterior a la masacre, paramilitares dejaron un
saldo de 16 muertos y casi 400 familias desplazadas de sus comunidades. A lo
largo del otoño, los periódicos de la Ciudad de México tuvieron encabezados en
primera plana sobre estos asesinatos.
·
El
21 de diciembre, el obispo católico de San Cristóbal, Samuel Ruiz, y el vicario
de la diócesis, Raúl Vera López, hablaron con el secretario general de Gobierno
de Chiapas, Homero Tovilla, para alertarlo sobre la inminente posibilidad de un
ataque a las comunidades indígenas del municipio de Chenalhó. Esa tarde, el
alcalde priísta Jacinto Arias celebró una reunión en la población cercana de
Los Chorros, cuartel del grupo paramilitar, para planear la masacre.
·
La
mañana del 22 de diciembre, los 60 asesinos llegaron en tres camionetas
pertenecientes al gobierno municipal y pagadas por la secretaría federal de
Desarrollo Social. Todos vestían uniformes oscuros; muchos tenían la cara
cubierta parcialmente con capuchas, pasamontañas o paliacates. Otros no se
tomaron siquiera la molestia de ocultar su identidad y fueron reconocidos por
los sobrevivientes como miembros del PRI.
·
Un
contingente de la Seguridad Pública (policía estatal) llegó a Acteal un poco
después; sus vehículos pasaron las camionetas en las que los matones habían
sido transportados y se estacionaron a unos 50 metros de donde la matanza
estaba ocurriendo. La policía fue reforzada por un comando de hombres
uniformados de negro del grupo militarizado de reacción rápida (Agrupamiento
Fuerza y Reacción), una corporación policíaca estatal de élite entrenada en la
contrainsurgencia.
·
El
destacamento policíaco conjunto tomó posiciones en una escuela, aproximadamente
a medio kilómetro de la capilla, que era el punto focal de la masacre. La
policía podía oír los disparos y, aproximadamente a mediodía, campesinos les
pidieron, en vano, intervenir para detener la matanza. Los policías, en cambio,
hicieron disparos al aire y llamaron a sus superiores por la radio.
·
Otras
unidades policíacas habían tomado posiciones en diferentes poblaciones a
distancias de cuatro, tres y un kilómetro del sitio de la matanza y también
oyeron los disparos, pero no hicieron nada. El propósito de esta fuerte
presencia policíaca en un arco alrededor de Acteal, consistió en evitar
cualquier contraataque por parte de los insurgentes zapatistas al establecer un
escudo detrás del cual los paramilitares asesinos pudieran actuar sin
interrupción.
·
Alrededor
de las 11:30, campesinos alarmados llamaron a las oficinas de la Comisión
Nacional de Intermediación (CONAI) en San Cristóbal, para reportar la balacera.
Un funcionario de la CONAI llamó al secretario general de Gobierno del estado,
Homero Tovilla, quien a su vez llamó a la policía estatal. Varios helicópteros
y avionetas de la policía y el ejército despegaron de una base aérea cercana a
Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado, para inspeccionar el área de Chenalhó.
De acuerdo con Tovilla, la policía reportó que “no se encontró ninguna evidencia
de conflicto, ni casa quemada, ni problema en el área”.
·
Aproximadamente
a las 5 p.m., campesinos pidieron a los policías que se encontraban en la
escuela, que al menos removieran a los heridos. De nuevo se negaron. Cuando los
campesinos pidieron una escolta para que ellos mismos pudieran recoger a los
heridos, la policía les dio una contraseña. Cuando los campesinos dijeron la
contraseña, los paramilitares los dejaron pasar. Después de que recogieron a
los sobrevivientes, la policía llegó finalmente para juntar los cadáveres y
esconderlos en una cueva y en el fondo de una cañada. El propósito: ocultar la
evidencia y disfrazar la magnitud del crimen.
·
Cuando
la Cruz Roja descubrió los cadáveres en la noche, soldados bajo la supervisión
del jefe del Consejo de Seguridad del Estado de Chiapas y el subsecretario de
Gobierno del estado, Uriel Jarquin, cargaron las pilas de cadáveres en camiones
militares a las 4 a.m. y los transportaron a la capital del estado, Tuxtla
Gutiérrez, a 170 kilómetros de ahí, sin identificar los cadáveres. Ahí, se les
lavó la sangre con una manguera. El propósito era remover los cadáveres antes
de que los periodistas llegaran a la escena, y limpiarlos antes de que se
pudiera tomar fotografías.
·
En
casi todos los casos, la muerte fue causada por balas expansivas en la espalda
o la cabeza. Se trató de ejecuciones a sangre fría. Después de que la balacera
había terminado, los asesinos quitaron sistemáticamente la ropa a los cadáveres
y los mutilaron, en muchos casos hasta hacerlos irreconocibles. Las armas
(rifles automáticos AK-47 y AR-15) fueron compradas a oficiales del ejército y
la policía que regularmente las decomisan en redadas contra los
narcotraficantes y las venden después en el mercado negro.
“Paramilitarización” de la guerra en Chiapas
Basta relacionar los hechos
básicos en torno a la masacre en Chenalhó para dejar en claro que se trató de
una provocación deliberada. Como en la masacre de El Mozote en El Salvador en
1981, por ejemplo, el propósito fue aterrorizar a la población local y aislar a
la guerrilla de su base social. En este caso, está claro que la matanza fue
parte de un plan más amplio de contrainsurgencia. La masacre fue realizada a
plena luz del día, por uniformados que llegaron en vehículos gubernamentales y actuaron
en formación militar mientras la policía estatal se mantenía en las cercanías,
e incluyó el asesinato de mujeres y niños arrodillados en una capilla apenas
tres días antes de Navidad: una acción descarada como esta, haciendo alarde de
una extrema crueldad y brutalidad, sólo podía tener como propósito provocar una
respuesta, tanto del EZLN, como de las fuerzas gubernamentales.
¿Fue esta matanza planeada por
“halcones” de alto rango en el ejército que quieren revertir la disminución de
patrullas terrestres y el retiro de tropas y están ansiosos de poner en marcha
el “plan de seis horas”, sobre el que se ha rumorado tanto, para exterminar a
los zapatistas mediante una “rápida operación quirúrgica”, como muchos
especularon-- ¿Se trató de una “venganza de los dinosaurios”, caciques
del PRI (jefes locales y regionales) cuyo control se encuentra amenazado por la
extensión de “municipios autónomos rebeldes” de los simpatizantes zapatistas, y
que querrían torcer la mano de Zedillo? En cualquier caso, no se trató de una
disputa ancestral entre familias indígenas, ni de una riña religiosa. (Los
dirigentes, tanto del grupo paramilitar como de los indígenas refugiados, son
protestantes, mientras que la mayor parte de los asesinos y sus víctimas son
católicos.) Los asesinos fueron reclutados, pagados, entrenados, armados,
transportados y protegidos por el estado y está claro que sus órdenes se
originaron en un punto superior de la cadena de mando del aparato militar y
civil del PRI-gobierno.
Esto corresponde a la creciente
“paramilitarización” de la guerra en Chiapas. El entonces presidente Carlos
Salinas de Gortari detuvo la ofensiva inicial del ejército después del
levantamiento del EZLN el primer día de 1994 al cabo de diez días, debido a las
protestas multitudinarias de cientos de miles de personas en la Ciudad de
México. El número de muertos que dejó el ejército a su paso fue establecido
oficialmente en alrededor de 150; sin embargo, grupos de derechos humanos
calculan que fueron varios cientos los que fueron asesinados. En febrero de
1995, después de empezar las negociaciones que se empantanaron poco después, el
recién instalado presidente Zedillo (que detonó un desastre económico al
devaluar el peso tras tomar posesión) intentó realizar un ataque relámpago para
“decapitar” a los rebeldes capturando o asesinando al subcomandante Marcos. Una
vez más, el gobierno tuvo que retroceder cuando los zapatistas se replegaron y
las protestas aumentaron en la capital. Desde entonces, el ejército ha ocupado
zonas de influencia del EZLN en la Selva Lacandona con cientos de retenes y
decenas de bases militares.
Mientras tanto, varios grupos
paramilitares han surgido en los Altos y en la parte norte del estado. El
secretario de Gobernación Chuayffet intentó explicar la masacre de Chenalhó
haciendo referencia a disputas “que empezaron en los años 30”. Las bandas
paramilitares son ampliamente conocidas como guardias blancas, ejércitos
privados de matones contratados por los grandes terratenientes en los años 30
para luchar contra la reforma agraria. Hoy como entonces, los indígenas
empobrecidos son las víctimas; no obstante, los escuadrones de la muerte de hoy
son organizados directamente por el partido gobernante y dirigidos por los
cabecillas locales del PRI, que fueron algunos de los principales beneficiarios
de la reforma agraria. Asimismo, los zapatistas surgieron entre aquéllos que se
habían establecido en zonas donde se realizó la reforma agraria y se abrieron
nuevas tierras, donde no había latifundistas, en los años 50 y 60. En las zona
de la selva y en los Altos, el opresor directo de los indígenas es el estado
capitalista.
Hace cuatro años había sólo un
grupo paramilitar, que de manera grotesca se llama “Paz y Justicia” y que
operaba en los municipios del norte del estado. Hoy, de acuerdo con un artículo
del diario capitalino El Financiero (24 de diciembre de 1997), existen
nueve grupos paramilitares en Chiapas. Entre los recién formados se encuentran
“Los Chinchulines” con base en el municipio de Bachajón; “Los Degolladores” en
San Juan Chamula; “Máscara Roja” en Chenalhó, y un grupo que reúne a varios
otros, el MIRA (“Movimiento Insurgente Revolucionario Antizapatista”) con base
en Oxchuc, un municipio de la parte baja del estado donde hay muchos simpatizantes
del EZLN. Ocho de los nueve grupos son dirigidos abiertamente por miembros del
PRI, incluyendo alcaldes, diputados federales y estatales y ex funcionarios del
gobierno.
Andrés Aubry, antropólogo
francés que trabaja en Chenalhó, investigó los orígenes de los grupos
paramilitares. Encontró 17 bases en el municipio y casi 250 miembros de los
escuadrones. En la mayor parte de los casos, se trata de jóvenes que, debido al
crecimiento de la población en la región, no podían conseguir ni tierra ni trabajo,
y vivían robando la cosecha o las pertenencias de los ejidatarios (los ejidos
son tierras de propiedad comunal que fueron entregadas a los campesinos con la
reforma agraria). Ante la desesperación generada por las condiciones económicas
que resultaron de la contrarreforma agraria impuesta por Salinas durante su
sexenio (1988-94)--mediante la cual se legalizó la compra y venta de tierra
ejidal y que rápidamente condujo a la compra de grandes extensiones de tierra
por parte de grandes terratenientes y empresas--este “lumpen campesinado” fue
presa fácil de la policía y los agentes rurales del PRI. Estos les ofrecieron
armas y les dijeron que exigieran “impuestos de guerra” a los campesinos
simpatizantes del EZLN. Las sumas que exigen, 25 pesos por adulto cada dos
semanas, resultan imposibles de pagar para la mayoría (La Jornada, 23 de
diciembre de 1997).
Aunque estos grupos exhiben una
gran variedad de nombres, actúan del mismo modo. En cada una de las áreas
mencionadas, los paramilitares han realizado masacres mientras la policía
estatal se mantiene a la expectativa a unos cientos de metros de distancia. El
estado les ha entregado subrepticiamente las armas con las que cuentan. Han
sido vistos mientras son entrenados por unidades del ejército. Incluso las
prácticas más bárbaras, como el extraer fetos del vientre de las mujeres
embarazadas después de haberlas asesinado y exhibirlos como trofeos, han sido
copiadas de los cuerpos contrainsurgentes guatemaltecos de élite, los llamados kaibiles,
que a su vez fueron entrenados por los boinas verdes estadounidenses.
Apenas un día antes del asesinato masivo en Chenalhó, la publicación semanal
del diario liberal La Jornada publicó un artículo en el que se
reproducía el acuerdo gracias al cual el gobernador Ruiz Ferro entregó a Paz y
Justicia 4.6 millones de pesos (alrededor de 600 mil dólares) provenientes de
la Secretaría de Desarrollo Social. El acuerdo fue firmado también, como
“testigo de honor”, por el entonces comandante de la VII Región Militar, el
general Mario Castillo (Masiosare, 21 de diciembre de 1997).
Ahora La Jornada (3 y 4
de enero) ha publicado testimonios directos de los habitantes de la región
sobre la manera en que los grupos paramilitares de Chenalhó fueron establecidos
con la ayuda de ex soldados y ex policías, pagados por agentes del PRI, armados
con armas provenientes del gobierno, supervisados y entrenados por la policía
estatal y ayudados por oficiales del ejército para esconder sus uniformes y
armas un día después del ataque. Se dan también decenas de nombres de líderes
locales de estos grupos. La revista Proceso (4 de enero), por su parte,
ha publicado un plan oficial del ejército que se remonta a 1994 para establecer
grupos paramilitares con el propósito de destruir las base de apoyo del
EZLN.
Los vínculos directos que
existen entre los paramilitares y el PRI-gobierno son manifiestos para todos.
Aunque estas bandas son dirigidas por caciques locales, no operan aisladamente,
sino que su actuación es el resultado de una estrategia planeada en los más
altos niveles del ejército mexicano y el Pentágono estadounidense. Esto es
parte de la doctrina del ejército de EE.UU. para librar “conflictos de baja
intensidad”, el nombre actual de las técnicas de “contrainsurgencia”
perfeccionadas en la guerra que perdieron los EE.UU. en contra del Frente de
Liberación Nacional vietnamita en los años 60 y en el exterminio de las
guerrillas guevaristas en América Latina, que culminó en el asesinato del
propio Che Guevara en Bolivia en 1967. Masacre en Chenalhó--un informe
exhaustivo preparado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las
Casas (bautizado así en honor del fraile dominico que en el siglo XVII desafió
la política de la Corona española y los colonizadores, como resultado de la
cual se diezmó a la población indígena en el Nuevo Mundo)--señala que hoy en
día “Chiapas vive en un contexto de guerra de baja intensidad”.
De hecho es, literalmente, un
ejemplo de libro de texto. El manual del ejército de EE.UU. sobre “Operaciones
militares en conflictos de baja intensidad” (FM100-20) establece que “entre la
guerra y la paz hay un ambiente ambiguo” que llama “LIC” (por las siglas en
inglés de “conflicto de baja intensidad”). Esta condición describe, sin duda,
la situación actual de Chiapas. “Las operaciones militares en LIC”, dice el
manual, están principalmente “encaminadas a lograr efectos políticos,
económicos y psicológicos”. El manual señala la necesidad de formar “centros
regionales de coordinación” a nivel subnacional (como el Consejo Estatal de
Seguridad en Chiapas). Indica que las “fuerzas policíacas necesitan
frecuentemente la ayuda de fuerzas militares o paramilitares, o de algún tipo
de organizaciones auxiliares.... La movilización nacional incluye, normalmente,
el establecimiento de fuerzas paramilitares locales.” Estas fuerzas llevan a
cabo operaciones de inteligencia y de presión psicológica.
Esto incluye la realización de
los típicos programas de “acción cívica” mediante los que los militares
intentan “ganar el corazón y la mente de la gente” mientras se preparan para
asesinarla. En este sentido, el 27 de diciembre la Secretaría de la Defensa de
México emitió un comunicado afirmando que elementos de la VII Región Militar
habían ofrecido en los días anteriores “377 consultas médicas; 164 consultas
odontológicas; 83 curaciones; 18 inyecciones; 222 aplicaciones de fluor y
profilaxis; 49 pláticas de salud bucal, educación sanitaria e higiene; 124
trabajos de albañilería, carpintería, pintura, reparación de artículos
electrodomésticos e instalaciones eléctricas, así como el desazolve de canales
y letrinas; 135 cortes de pelo” además de haber entregado 80 pastas dentales,
644 medicamentos y comida a 569 desplazados (Excélsior, 28 de diciembre
de 1997). Queda claro, sin embargo, que el ejército mexicano no ha estacionado
40 mil efectivos en Chiapas (un soldado por cada 20 habitantes) para hacer
cortes de cabello, consultas dentales y limpiar letrinas.
Particularmente en el caso de
“movimientos insurgentes orientados a las masas”, el manual del ejército de
Estados Unidos señala la necesidad de establecer “operaciones de control de la
población y los recursos” diseñadas para “impedir el apoyo y la asistencia a
los insurgentes al controlar el movimiento de la gente, la información y los
bienes”. Este es exactamente el papel que cumplen los grupos paramilitares en
Chiapas. En Chenalhó, los varios cientos de matones que conforman las bandas
organizadas por el PRI mantuvieron a miles de campesinos indígenas atrapados en
sus propias comunidades. El mes pasado, las fuerzas paramilitares cortaron el
acceso de comida y se rehusaron a permitir a los habitantes entrar o salir.
Aquéllos que lograron escapar fueron embotellados en poblaciones de refugiados,
como Acteal. Estos indígenas, aunque simpatizaban con el EZLN, decidieron no
unirse a la lucha en 1994 y formaron una sociedad civil dirigida por la iglesia
católica, llamada Las Abejas, para conseguir mejoras locales. Sin embargo,
desafiaron a los jefes locales del PRI y participaron en manifestaciones
antigubernamentales en San Cristóbal. Por eso, la estrategia ha consistido en
desplazarlos o aniquilarlos.
Después de la masacre de
Acteal, varios miles de indígenas fueron rescatados de las poblaciones rodeadas
por los matones paramilitares en Chenalhó. Aunque la prensa la reportó como una
acción humanitaria del ejército, fueron en la mayor parte de los casos
organizaciones no gubernamentales las que la llevaron a cabo. El resultado es
que los campesinos no están mucho más seguros y 8 mil desplazados se han
concentrado en una pequeña población. Mientras tanto, tomadas en conjunto, las
acciones del ejército y sus aliados paramilitares han resultado en la creación,
en los Altos, de enormes zonas despobladas listas para la actuación militar
irrestricta, como preparación para una ofensiva militar en contra de los
zapatistas. Cualquiera que sea su objetivo final, este fue uno de los
propósitos inmediatos de la operación en Chenalhó.
El New York Times (29 de
diciembre de 1997) informó recientemente que el ejército estadounidense ha
gastado grandes cantidades de dinero en México y ha provisto al ejército, la
fuerza aérea y la marina mexicanas con equipo, ha entrenado a más de 3 mil
efectivos y ha plagado el país con agentes de la CIA y la DEA. Informó también
que entre los jóvenes oficiales entrenados en escuelas militares de EE.UU., se
cuentan cientos de los que conforman el núcleo de los Grupos Aeromóviles de
Fuerzas Especiales (GAFE), cuyas tareas “van de operaciones de asalto aéreo y
el funcionamiento como policía militar, hasta la protección de derechos
humanos”. El artículo del New York Times señala que “no hay nada que
impida la transferencia de oficiales del ejército entrenados por EE.UU. a
unidades de fuerzas especiales parecidas que pudieran ser utilizadas en contra
de los insurgentes izquierdistas en los estados del sur como Guerrero y
Chiapas”. De hecho, estas unidades ya han sido utilizadas en Guerrero y
Chiapas.
Lo que ese artículo no
dice, es que estas “unidades de fuerzas especiales que se encuentran ahora en
los cuarteles de las 12 regiones y 40 zonas que conforman la geografía militar
mexicana” ya se encuentran, de hecho, entre los asesinos más notorios
del sanguinario ejército mexicano. En el período anterior a la masacre de
Chenalhó, la matanza a manos de fuerzas gubernamentales que más conmocionó a la
población fue la de seis jóvenes que habían sido arrestados por un escuadrón de
la policía en la colonia Buenos Aires de la Ciudad de México en septiembre
pasado. Se sabe ahora que la unidad en cuestión, que estaba bajo las órdenes de
dos altos oficiales policíacos, incluía varios miembros de los GAFE infiltrados
en las fuerzas policíacas especiales (Jaguares y Zorros), que han sido
disueltas desde entonces. Los GAFE, patrocinados por EE.UU., son descritos como
“un comando de élite entrenado para situaciones extremas y preparado para matar
sin titubeos” (La Jornada, 21 de noviembre de 1997) y sus miembros
fueron acusados por otros policías de haber cometido los asesinatos de la
colonia Buenos Aires.
* El Internacionalista, México, enero
de 1998, fragmentos.
Cuestiones de
América Nº 10, Agosto-Septiembre de 2002
Regresar a la Página Principal...