Gloria Leticia Díaz *
Conocer
los nombres de los presuntos responsables o de quienes pudieran tener
información sobre la desaparición de cientos de campesinos, estudiantes y hasta
de militares, es la exigencia de familiares de víctimas de la guerra sucia de
los años setenta en Guerrero.En vísperas de que la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH) rinda su informe sobre al menos 482 casos de
desaparecidos, la mayoría de Guerrero, los familiares esperan confirmar los
nombres que ya tienen como referencia, entre los que destaca el del general
Mario Arturo Acosta Chaparro, contra quien se integró la averiguación previa
26/2001 en la Procuraduría General de la República (PGR).
Proceso obtuvo una lista
con los nombres de quienes integraron grupos policiacos al servicio de Acosta
Chaparro y que presuntamente tuvieron que ver en la guerra sucia.
La
lista fue corroborada tanto por varias personas que fueron detenidas por esos
grupos, como por el mayor retirado Elías Alcaraz Hernández —fue secretario de
dos comandantes de zona— así como por el periodista Carlos Ortiz Ortiz,
reportero de la fuente policiaca y corresponsal de la agencia internacional de
noticias Associated Press (AP) en Guerrero.
En la
lista aparecen 50 personas que colaboraron con Acosta Chaparro cuando era
director de todas las corporaciones policiacas del estado. Otros nombres más
fueron añadidos por los personajes consultados.
De
acuerdo con el documento, Acosta Chaparro tenía bajo su mando a cuatro grupos
policiacos:
—Grupo
Chihuahua: Gustavo, Manuel y Alfredo Tarín Chávez, José Manuel Arriaga Valero,
Alfredo Tarín Chavira, Víctor Manuel Gil Domínguez, Heriberto Márquez Cano,
Félix Álvarez Tapia, Delfino Cruz Morales, Guillermo Rubio Reyes, Juan
Cifuentes Niño, Francisco Reyes Sáenz, Fernando Porcayo Adame, Roberto Juárez
Dorantes, Carlos Jorge Orellana Ugalde, Austreberto Olivas Tarín, Francisco
Garibo Hernández, Patricio Noriega Ramos, Gildardo Morales Gijón, Maximino
Solís Bautista, Lorenzo Márquez Quintana, Pedro Carmona Casiano, Proto Valadez
Carmona y Ricardo Quintana González.
—Grupo Espindosky: José Espindosky, Sigifredo Yáñez Castro, Raúl Mario
Castilleja Salazar, Uval Ríos Vargas, Natalio Carbajal Ramírez, Fermín Carbajal
Ramírez, Tirso Vázquez Cruz, Jorge Luévano Bueno, Anastacio de León Martínez,
Daniel Alday Abarca y Francisco Maciano Hernández.
—Grupo Chumacero: Rodolfo Chumacero Galindo, Álvaro Duarte Palacios, Francisco
Javier Pérez Martínez, Rodolfo Soto Fernández, José Luis Ruiz González y Juan
Reyes Flores.
—Grupo Caballo: Miguel Ángel Rodríguez Criollo, Blas Adame Navarrete, Ciro
Flores Navidad, Apolinar Vargas Herrera, Inés Mayo Gatica, Ramón Nuñez Márquez,
Bruno Muñoz Márquez y Leobardo Gómez González.
Compañero
de Acosta Chaparro en el Colegio Militar, Carlos Ortiz Ortiz dejó la milicia en
1957 para dedicarse al periodismo, donde volvió a encontrarse con Acosta
Chaparro. Y tuvo un trato preferente para el decano del periodismo en el estado,
desde que se reencontraron en 1960 en Acapulco.
Cuenta
Ortiz: "De repente se convirtió en capitán segundo y empezó a trabajar en
la sierra de Atoyac. Participó en las investigaciones de varios secuestros.
Andaba con barba y cabello largo, de huaraches y una bolsa de mecate donde
llevaba su arma, y siempre acompañado por Francisco Quirós Hermosillo".
El
acercamiento de Acosta con Rubén Figueroa Figueroa se produjo a través de Rubén
Figueroa Alcocer, su hijo, a quien "le rendía informes cuando estaba secuestrado
su padre".
Ya
como gobernador, Figueroa Figueroa integró a Acosta a su gabinete, primero como
delegado de Tránsito, después como director de la policía en Acapulco, y
finalmente como jefe de todas las corporaciones policiacas del estado.
"Entonces
se llevó como cerebro administrativo a Serafín Andrade y llamó al capitán
Agustín Mendiola y a otro de apellido Aguille Balanzar, ambos con permiso,
especializados en antisecuestros y antiguerrilla."
Acosta
mandó construir 16 celdas bajo las instalaciones que hoy están a cargo de la
Dirección de Tránsito de Acapulco, que eran parte de una cárcel clandestina, en
la que fueron llevados detenidos que en ocasiones no se volvieron a ver vivos.
Según
Ortiz Ortiz, el Grupo Chihuahua era el "más salvaje", el Espindosky,
"el más vicioso", y el Chumacero, el ejecutor, "le entraba a
todo", desde desapariciones políticas hasta crímenes del fuero común.
Recuerda:
"En una ocasión, estando en la oficina de Acosta, recibió una llamada.
Contestó con monosílabos. Cuando colgó llamó a Chumacero y le ordenó: 'Hay un
cabrón que va caminando por la Costera, rumbo al paso a desnivel, dale en la
madre'. En la tarde me enteré de que, a boca de jarro, Chumacero disparó a la
cabeza de un militar en la Costera y que minutos antes le había faltado el
respeto a la mujer de un amigo de Acosta".
El
periodista señala que varios integrantes de esos grupos fueron asesinados, en
tanto que otros, como Jorge Luévano "terminó poniendo una fonda en Acapulco",
o Espindosky, que tiene una casa en la zona residencial de Costa Azul en
Acapulco.
Acosta,
según Ortiz, ordenó a los policías que detuvieran a los presuntos delincuentes
vivos o muertos. "La orden era: si corre, mátenlo".
Como
secretario del general Ricardo Cervantes García Rojas, Elías Alcaraz Hernández
fue testigo de la ilegalidad e impunidad con que se manejaba la gente de
Acosta, por lo que intervino el Ejército.
"Había
muchos secuestros, era una corrupción tremenda, la población llegó a los
límites y entonces acudían a dialogar con el general de la zona para pedir su
intervención. Esto ocurrió como en 1978", relata el militar retirado, a
quien también se señala como presunto responsable de algunas desapariciones.
Encargado
de las agrupaciones militares que rescataron a Rubén Figueroa Figueroa de manos
de miembros del Partido de los Pobres, el 8 de septiembre de 1974, Elías
Alcaraz recuerda que en varias ocasiones advirtió que judiciales al mando de
Acosta cometían delitos.
"En
Atoyac, estaba platicando con Pascual Cabañas cuando me dijeron que un grupo de
judiciales había desarmado a toda la gente y estaban pidiendo dinero, yo los
agarré y los detuve. Eran los Tarín. Me dijeron que los había mandado Mario
Arturo, los remití a la zona militar, ante el general Cervantes García Rojas,
quien le llamó a Mario Arturo. Él me reclamó y le dije que no era mi
superior."
Según
el diario El Sur, Elías Alcaraz reconoció en alguna ocasión que durante
el rescate de Figueroa murieron 40 campesinos y que él estuvo al mando de
Acosta. Ahora señala:
"Eso
es falso. Lo que dije fue que iba al mando de dos patrullas en el rescate de
Figueroa. El reportero de El Sur (Misael Habana de los Santos) me
preguntó qué cuántas bajas había tenido y le dije que una. También qué cuántas
bajas hubo del otro bando, le respondí que también una, un tal Sabás, que
murió, que era la única que me constaba, pero que posiblemente hubo unas 40 o
más, pues cuando llegué había unas 40 o 50 armas abandonadas, no que encontré
40 cadáveres."
Esa
información provocó una investigación de la PGR y la CNDH, a quienes, según el
militar retirado, ha declarado lo mismo que ha Proceso.
En
espera, dice, del millón de pesos que Rubén Figueroa Alcocer le prometió a él y
a otros militares si rescataban vivo a su padre, recomienda: "Si alguien
quiere saber qué paso en el Ejército durante esos años, que pregunten a quienes
todavía están vivos, como el presidente Luis Echeverría, o al que fue
comandante de zona, Eliseo Jiménez Ruiz, y al general Enrique Cervantes Aguirre
—después secretario de la Defensa—, ellos estuvieron en los operativos y
manejaban todos los acontecimientos, ellos tienen información completa de lo
que se debe decir".
Sobre
los reclamos de los familiares de los desaparecidos, el mayor retirado advierte
que del lado de los militares también hubo muertos, por lo que también debería
investigarse quiénes fueron los responsables.
"El
Ejército estaba haciendo labor social cuando nos emboscaron. El Ejército no sabía
que estabamos en lucha de guerra, porque nunca nos la declararon, nada más nos
emboscaron. Aquí no fue una represalia, sencillamente se cumplió con una orden
presidencial: rescatar vivo al senador Rubén Figueroa Figueroa y a sus
acompañantes, y si esos señores me disparaban balas, no les iba a contestar con
rosas. Yo fui representando a una institución de la que era miembro activo, fui
recibiendo órdenes y actué conforme a la ley.
"Si
esos señores (los guerrilleros) defendían su causa y sabían a lo que estaban
exponiéndose, no creo que puedan ser desaparecidos, y ellos también nos
desaparecieron a varios soldados, porque nunca hablan de los muertos que nos
hicieron en emboscadas, ni de los secuestros y asesinatos que hicieron ellos.
Yo con mucho gusto me voy a la cárcel, siempre y cuando la investigación sea
pareja... Compadezco a los familiares de quienes murieron porque quisieron
cambiar un régimen, como a los familiares de quienes evitamos que se
hiciera."
Tita
Radilla Martínez, representante de la Asociación de Familiares de Detenidos
Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos (Afadem), que
durante 23 años ha buscado información sobre el paradero de cientos de
guerrerenses desaparecidos, entre ellos su padre Rosendo Radilla Pacheco
sostiene:
"El
mayor número de detenidos y desaparecidos se dio a partir de 1974, después de
que fue liberado Figueroa Figueroa. Los que no fueron desaparecidos, estuvieron
encarcelados al menos cinco años, en Acapulco y en el Campo Militar Número Uno,
durante el tiempo en que gobernó Figueroa, y luego liberados sin que les dieran
ninguna explicación, sin ser sometidos a juicio."
Promotora
de las denuncias que se han interpuesto en la PGR —alrededor de unas 160—,
Radilla Martínez asegura que durante el gobierno de Rubén Figueroa, comunidades
como El Quemado y Rincón de las Parotas, en la Sierra de Atoyac, "se
quedaron sin hombres, porque fueron detenidos o asesinados".
De
los casos que Afadem ha presentado ante la PGR y la CNDH, los quejosos y
testigos señalan a Acosta Chaparro, Elías Alcaraz Hernández, Wilfrido Castro
Contreras, y recuerdan los apellidos de los capitanes Barajas y Barraza.
Entre
los casos documentados por Afadem, está el de José Luis Blanco Flores,
originario del Achotal, municipio de Atoyac, que fue detenido por el Ejército
el 18 de julio de 1972 en San Francisco del Tibor cuando tenía 12 años. En
entrevista, Blanco Flores señala a Acosta Chaparro como la persona encargada de
determinar quiénes eran torturados, quiénes eran liberados y quiénes eran
trasladados a otras cárceles, durante los 18 días que estuvo como desaparecido,
junto con su hermano Ángel y sus tíos Andrés Blanco Tacuba y Gonzalo Jaimes
Blanco.
En
las instalaciones de lo que ahora es la Academia de la Policía Judicial, antes
cuartel militar, Blanco Flores señala los sitios donde fue torturado durante
ocho días, y aquellos en los que intuye podría haber osamentas. De las 18
personas que fueron detenidos en San Francisco del Tibor, recuerda, nunca
tuvieron información de seis.
Otros
de los nombres que recuerda como presuntos responsables, son los de los
judiciales Epifanio Hernández Díaz —recientemente destituido como director de
la Policía Judicial del Estado, tras movilizaciones ciudadanas— y Epifanio
Parra Ríos.
José
Luis Arroyo Castro, originario de San Vicente de Benítez, fundador de el
Consejo Cívico Comunitario Lucio Cabañas Barrientos, cuenta que su padre
Alejandro Arroyo Cabañas, primo de Lucio, y su abuelo Sóstenes Flores
Cienfuegos, fueron detenidos y torturados por militares el 27 de junio de 1972.
Dos meses después, en otro operativo militar, su tío Isaías Castro Velázquez
fue detenido y desde entonces no saben nada de él.
En
estos casos, los habitantes de San Vicente de Benítez han reconocido a los militares
Macario Castro Villarreal y José Luis Ornelas como los responsables de las
detenciones.
* Revista Proceso, México, 4 de noviembre
de 2001.
Cuestiones de
América Nº 10, Agosto-Septiembre de 2002
Regresar a la Página Principal...