Víctimas de la guerra
sucia podrían estar aún en cárceles clandestinas
Gustavo Castillo *
Es
altamente probable que presuntos integrantes de grupos armados de los años 70
se encuentren aún recluidos en prisiones clandestinas, a más de dos décadas de
ocurrida la llamada guerra sucia, e incluso que algunos de los detenidos
hayan sido puestos en libertad por sus captores, pero ya afectados de sus
facultades mentales, por lo que es necesario elaborar un registro nacional de
indigentes, afirmó el fiscal especial para desaparecidos, Ignacio Carrillo.
Entrevistado
en este puerto durante un gira de trabajo por la entidad, dentro de la cual
acudirá a la población de Los Piloncillos para tomar declaración a familiares
de seis hombres que en 1973 fueron asesinados por supuestos miembros de la Brigada
Blanca -integrada por paramilitares y elementos de grupos policiacos-, el
fiscal reconoció que su tarea en Guerrero "es cada vez más compleja y
difícil, ya que se ha incrementado el número de denuncias por desaparición
forzada".
Carrillo
Prieto reveló que la fiscalía a su cargo analiza de manera seria la necesidad
de solicitar órdenes de cateo en diversos predios de Acapulco, dado que se han
presentado muchos señalamientos en el sentido de que bajo los cimientos de
inmuebles, como hoteles y empresas establecidas a lo largo de la avenida
costera, así como en algunos terrenos baldíos de se localizan cementerios
clandestinos en los que estarían enterrados restos de presuntos integrantes de
grupos armados que en los años 70 operaron en la región.
Más
querellas
El
titular de la Fiscalía Especial para Movimientos Políticos y Sociales del
Pasado informó que el órgano a su cargo ha recibido denuncias de desaparición
forzada independientes a las más de 500 que presentó la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH).
Añadió
que hasta el momento los agentes del Ministerio Público Federal que trabajan en
esa fiscalía han recibido más de 200 denuncias. Puntualizó que los casos
presentados ante la también llamada fiscalía para desaparecidos tienen que ser
profundizados y divididos en grupos, con el objetivo de que se desarrollen de
manera completa los requerimientos diligenciales ministeriales y documentales
que se necesitan.
Señaló
que investigar cada caso representa una gran complejidad, ya que uno de los
factores que más afectan las investigaciones es el tiempo transcurrido después
de cada hecho, pero mencionó que gracias al trabajo de las organizaciones
sociales que han apoyado la labor de la fiscalía ha sido posible llevar a cabo
las indagatorias.
"Frente
al silencio y escepticismo iniciales, hoy hay declaraciones y denuncias; existe
un principio de confianza para el trabajo ministerial que desarrollamos. Sin
embargo, es de reconocerse que en la zona serrana de Guerrero aún existen
muchas comunidades que desconocen el trabajo de esa institución", dijo.
Carrillo
Prieto indicó que su visita a la comunidad de Los Piloncillos se debe a que ahí
ocurrieron "hechos de gravedad extrema, ya que un grupo que fue
identificado como la Brigada Blanca arribó al lugar con una lista de
personas, de las cuales no a todas encontró, pero las sustituyó al colocar en
un lugar público a los hombres que estaban en ese momento en la comunidad, y
frente a sus hijos y esposas los ejecutó".
Agregó
que los testimonios señalan como responsables a hombres vestidos de blanco, con
un paliacate o pañuelo rojo al cuello, y que días después de ocurridos esos
hechos miembros de las fuerzas armadas buscaron desagraviar al Ejército llegando
con regalos al lugar y asegurando que los que habían matado a los hombres de
Los Piloncillos habían sido los guerrilleros, según refirió Vicente Estrada, un
ex militante del Partido de los Pobres.
Carrillo
Prieto recordó que en la comunidad de El Quemado, también localizada en la
sierra de Guerrero, 95 personas fueron detenidas, algunas durante años, y hubo
casos de desaparición y otros que fueron puestos en libertad, y aunque hechos
como los ocurridos en Los Piloncillos sucedían de manera aislada, sí era una
práctica común de la supuesta Brigada Blanca asesinar a pobladores de
comunidades rurales.
El
fiscal admitió que es posible que aún existan cárceles clandestinas en México.
"Si ocurrió en Mozambique, por qué no en México", señaló, para luego
afirmar que "es altamente probable que supuestos desaparecidos aún estén
presos, y descartarlo sería atroz".
Carrillo
Prieto aclaró que "en esto no hay dos partes. La oficina del fiscal busca
a los responsables; es decir, servidores públicos que cometieron delitos contra
personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado. Este
organismo de ninguna manera averigua alguna otra cosa más, por ningún
motivo".
Agregó:
"a quienes nosotros debemos investigar es sólo a aquellos servidores
públicos que sean señalados como responsables de hechos delictivos cometidos en
el pasado".
* La Jornada, 28 de julio
de 2002.
Cuestiones de América
Nš 10, Agosto-Septiembre de 2002
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