“No
hay paramilitares en Chiapas”
Andrés
Aubry y Angélica Inda *
Los suscritos hemos invadido
esta columna ocho veces para tratar de describir y documentar a nuevos sujetos
sociales preocupantes en Chiapas. Los nombramos ``paramilitares'', con un
prudente entrecomillado al principio, y luego sin esta precaución después de
Acteal. Posteriormente, el procurador Madrazo declaró que había detectado una
docena de grupos de ellos. Finalmente, una publicación del Centro de Derechos
Humanos Miguel Agustín Pro, Chiapas, la guerra en curso, los identificó.
Pero voceros oficiales
-federales, estatales o militares- vuelven insistentemente a negar su
existencia. Siendo respectivamente historiador y archivista, nuestro primer
reflejo fue aquél de buscar las fuentes explicativas de la negativa. Entre
ellas encontramos documentos de la Escuela de las Américas que capacita a los
oficiales de la contrainsurgencia en el continente. Y también material
redactado por la Defensa Nacional como instructivo para el trabajo de campo de
los militares mexicanos asignados a esos menesteres; sus prólogos recomiendan a
los lectores que propongan los cambios que estimen pertinentes. Otros los
sugerirán, lo nuestro consta solamente de sintetizar y procesar la información.
La investigación permitió
establecer el parentesco entre dos documentos relevantes: un voluminoso
ladrillo intitulado Field Manual Psychological Operations (Washington
DC, 1987) redactado para los instructores de Fort Bragg, y su adaptación
mexicana en el delgado tomo II del Manual de la guerra irregular
(Sedena, enero de 1995). Es tan evidente la relación entre los dos que el
segundo es a veces la traducción literal en español de frases textuales del
primero. Los principales tópicos de ambos son los operativos ``sociales y
políticos'' de la guerra psicológica, cuyos blancos principales son ``la
población civil'' y los medios de comunicación (prensa, radio, televisión,
videos, volantes).
Pero existen importantes
diferencias entre los dos: ``Las metas políticas bien definidas'' del texto
estadunidense apuntan a cambiar las dinámicas sociales que están a la raíz de
la guerra, mientras que en México ``la finalidad'' de la guerra irregular de
``restauración del orden'' es el exterminio (Núm. 532) de su enemigo.
Por lo tanto, si bien el US Army aconseja ``la distribución de armas a la
población civil'', el manual mexicano matiza o pasa por alto las precauciones
estadunidenses, que aconsejan la prudencia cuando se trata de las poblaciones
indígenas, por el carácter explosivo de su cultura si es reprimida ``sin
respeto a la justicia'', por ejemplo con una torpe manipulación de ``las
interferencias étnicas''; así, ``el uso de artillería sobre la población
civil'' (¿cómo en El Bosque?) puede tener ``un efecto psicológico negativo con
pérdida de apoyo popular y desmoralización de fuerzas amigas?''. ¿Será el
sentido del ambiguo pressing de la señora Albright, advirtiendo que la
GBI no se gana sin tomar esas precauciones?
Otra diferencia: si bien, del
otro lado del río Bravo, se habla de combatir la insurgencia, el manual de la
Sedena recuerda, al contrario, que en México los insurgentes nos dieron
libertad y patria: por tanto, para ``nuestro Ejército revolucionario'', quienes
desestabilizan son viles ``transgresores de la ley'' y ``traidores a la
patria'' (Núm. 542).
Y tampoco puede haber
paramilitares en México. La opción nacional no es la de cambiar el agua de la
población civil sino la de introducir en ella ``peces más bravos'' que el pez
guerrillero ``para atacarlo'' (Núm. 547). ¿Cómo? Con ``unidades de personal
civil o militarizado en terreno propio (o sea ``nativo de la región''),
dirigido, asesorado y coordinado por el comandante militar del área''; es
precisamente lo que distingue ``la guerra irregular'' de la operación militar
clásica (Núm. 553) y le da su nombre, el que la Sedena prefiere al vocablo
anglosajón de Conflicto de Baja Intensidad (LIC, por sus siglas en inglés).
Este personal-clave tiene la
tarea de esparcir rumores (Núm. 567, 578), propagar noticias falsas (Núm.
580-581), ``dividir y desorganizar'' comunidades al ``inducir comportamientos
para reducir (vocabulario socializado por el negociador Del Valle en San Andrés)
o eliminar a los simpatizantes del enemigo'' (Núm. 608) y ``causar confusión
con fuerte impacto psicológico'' (Núm. 654). ``Al inicio de las operaciones,
las consideraciones políticas, económicas y sociológicas restringen el uso del
poder de fuego; posteriormente, este poder puede ser empleado'' (Núm. 619). ¿El
10 de junio en El Bosque marcará el arranque de la fase definida por este
`posteriormente'?
Por lo tanto, el entrenamiento
previo de estos civiles (Núm. 594) es imprescindible por su apoyo militarizado
en retaguardias (Núm. 618). Es más, deben ostentar sus ``armas y un uniforme o
distintivo fijo'' (Núm. 537) -lo que ``es político, no legal'' (Núm. 826),
conforme al calificativo ``irregular'' de este tipo de guerra- porque, así
identificados, ``serán tratados conforme a los acuerdos internacionales como
beligerantes''. En Chiapas, los intersecretariales Comités Municipales de
Seguridad Pública, creados por la SEAPI en septiembre de 1997, se encargaron de
recordar esta consigna con actas pueblerinas, las que los presos de Acteal
enarbolan como su defensa, pues nada más obedecieron órdenes.
Entonces, no hay anarquía
paramilitar en Chiapas porque los actores de esta clase de guerra ``social,
política y psicológica'' son, en los textos oficiales, confiables civiles
militarizados, subordinados a competentes posgraduados del Ejército. Sepan
cuántos, decían los viejos manuscritos.
* La
Jornada, 30 de julio de 1998.
Cuestiones de
América Nº 10, Agosto-Septiembre de 2002
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