Con el FRG en el poder: amenazas,
allanamientos, asesinatos
Guatemala: el
regreso de la guerra sucia
Velia Jaramillo/apro *
En
Guatemala, los asesinatos, amenazas de muerte, persecuciones y allanamientos
--que durante 36 años de guerra interna fueron la constante-- están de nuevo en
escena.
En
los últimos 12 meses las intimidaciones contra jueces, magistrados, fiscales,
abogados, activistas de derechos humanos y periodistas se multiplicaron con el
ascenso al poder de un gobierno de --califican dirigentes civiles-- tendencia
autoritaria y con fuertes ingredientes militares.
Lo
más preocupante, de acuerdo a la Fundación Myrna Mack, es el paso de las
amenazas a los asesinatos. En los últimos 14 meses han sido asesinados 13
abogados, 2 fiscales y 7 testigos o potenciales testigos, señala un estudio de
dicha organización civil en poder de Apro.
La
investigación de la fundación Mack, basada en denuncias formales y casos
consignados por la prensa, da cuenta de un aumento alarmante en las amenazas,
intimidaciones y atentados contra personas relacionadas con el sistema de
justicia. Si entre 1997 y 1999 hubo un promedio mensual de 5.27 casos, hacia el
año 2000 el numero de ataques se incrementó a 12.25 casos por mes.
Este
año la tendencia se mantiene. Solo entre enero y febrero fueron asesinados 5
abogados y 6 jueces recibieron amenazas de muerte. En el caso de los abogados,
algunas de las ejecuciones fueron perpetradas por grupos de sicarios con armas
de alto poder que se transportaban en motocicletas o automóviles robados.
"Sería
terrible que el asesinato de estos 13 abogados sea una suerte de preludio de un
período de mayor violencia, pero no podemos perder de vista que los casos
reportados configuran ya un nuevo tipo de violencia y que, en el peor de los
casos, podrían indicar un resurgimiento de las prácticas del pasado",
advirtió a principios de éste mes la presidenta de la Fundación Mack, Helen Mack,
en una reunión estratégica sobre Guatemala organizada por Latin America Working
Group en Washington.
En
la mira
De
manera simultanea se desbordaron los casos de violencia contra organizaciones
de Derechos Humanos, agrupaciones cooperativistas, indígenas y campesinas,
periodistas y opositores políticos. Organizaciones como la Asociación
Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA), Centro de
Estudios, información y Bases para la Acción social (CEIBAS), la Asociación de
Estudiantes Universitarios Oliverio Castañeda de León, la Fundación de
Antropología Forense --que da seguimiento a las exhumaciones de cementerios
clandestinos-- y la organización "Mujer Vamos Adelante" fueron
allanadas y robadas.
Para
otros activistas el saldo fue letal: la catedrática universitaria Mayra
Gutiérrez revivió la época de las desapariciones forzadas. El dirigente
sindical José Alfredo Quino, dirigente campesino fue asesinado en julio después
de un año de amenazas. Según el también dirigente cooperativista Danilo Santos
fue "un acto de intimidación y terror al viejo estilo". Ricardo Lobo,
miembro del Movimiento Ciudadano por la Justicia y la Democracia, fue agredido
a principios de octubre por un grupo de desconocidos que lo balearon cuando
conducía su auto.
Las
agresiones alcanzan incluso a las protestas populares: el octubre pasado,
durante una marcha por la tierra del Consejo Nacional de Organizaciones
Campesinas -CNOC-, policías dispararon contra un campesino que participaba en
la marcha. En febrero de este año, desconocidos que iban a bordo de un vehículo
balearon a manifestantes que protestaban contra el aumento en la tarifa de
transporte urbano. En los hechos resultaron muertas dos personas.
Acciones
de vigilancia, control telefónico, seguimiento, amenazas e intimidación han
sido denunciados por miembros de la Fundación Rigoberta Menchú y la Oficina de
Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHA), querellante en las
investigaciones del asesinato del Obispo Juan Gerardi.
Entre
los periodistas, ha resurgido el clima de temor. Desde mayo del 2000 el diario
El Periódico denunció que como resultado de investigaciones vinculadas al tema
militar reporteros estaban siendo objeto de seguimientos y amenazas de muerte.
Otros reporteros de la prensa local y de medios radiofónicos presentaron
denuncias por amenazas en los meses posteriores. El incidente más grave se
registró en febrero pasado, cuando presuntos enviados del Ministro de
Comunicaciones Luis Rabbé, a quien se identifica como personero del empresario
televisivo mexicano Angel González, escenificaron una protesta frente a las
instalaciones de El Periódico como resultado de investigaciones que involucran
a Rabbé en actos de corrupción. La protesta alcanzó visos de violencia.
En un
reporte presentado este mes en la Sesión de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH)
denuncia un caso que rememora las masacres de poblados campesinos durante la
guerra civil: elementos del ejército recorrieron en febrero aldeas de San
Martín Jilotepeque, Chimaltenango, en el altiplano del país. En este pueblo
fueron encontrados en diciembre pasado restos de cementerios clandestinos que
comprueban masacres perpetradas a principios de los 80, tiempo en el que Efraín
Ríos Montt, actual presidente del Congreso, presidía la Junta Militar.
De
acuerdo a la denuncia de CALDH, en una de las aldeas --Santa Anita-- los
soldados pasaron casa por casa convocando a una reunión, tal y como se hacía
durante las masacres colectivas, y una vez congregados los aldeanos les dieron
una plática comparando su situación actual con la de los tiempos de la guerra.
Viudas de otras aldeas en las que hubo exhumaciones recibieron amenazas de
exPatrulleros de Autodefensa Civil en el sentido de que si retoman el pasado,
las violencia les afectará otra vez.
Dos
casos ilustrativos: el primero de agosto del 2000 dos hombres armados asaltaron
a Celso Balán, miembro de CALDH en el poblado de San Martín Jilotepeque,
Chimaltenango y uno de los activistas que dan seguimiento a las exhumaciones de
cementerios clandestinos en la zona. Balán fue sometido a un interrogatorio,
golpeado, amenazado de muerte y sedado antes de abandonarlo en el cementerio
del lugar.
Unos
días más tarde, el 13 de agosto, desconocidos allanaron las oficinas privadas
del excandidato presidencial de la izquierda Alvaro Colom. Sustrajeron el
equipo de cómputo y los videos grabados durante la campaña electoral.
El
"patrón de ataque"
A
finales de septiembre, el ministro de Gobernación Byron Barrientos dijo tener
información de que grupos desestabilizadores estaban actuando en el país y se
preparaban para explotar bombas y quemar sedes de Organizaciones No
Gubernamentales. El anuncio fue recibido en organizaciones pro-Derechos Humanos
como una amenaza del exmilitar.
El
discurso contra los desestabilizadores financiados desde el exterior lo
repitieron ésta semana legisladores del Frente Republicano Guatemalteco como
respuesta al Fallo de la Corte Suprema de Justicia que decidió abrir una
averiguación penal contra 24 legisladores de ese partido, encabezados por
Efraín Rios Montt, acusados de alterar una ley.
En
octubre, durante una comparecencia ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, Helen Mack sostuvo: "los hechos denunciados no son aislados,
tenemos la certeza de que enfrentamos un patrón de ataque sistemático el cual
estaría siendo impulsado por algunos funcionarios de gobierno, en especial por
fuerzas que se mueven en la clandestinidad y que gozan de espacios de poder
dentro de las estructuras del estado".
Un
documento de la CALDH remitido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) reconoce que el gobierno del FRG encabezado por Alfonso Portillo ha
intentado presentarse ante instancias internacionales como un interesado en
resolver los problemas de violaciones a los Derechos Humanos, reconociendo su
culpa y promoviendo soluciones amistosas en algunos de los casos que se
ventilan ante dicha instancia. Sin embargo, asienta el documento, "nuestra
conclusión después de 14 meses es que el gobierno del FRG está involucrado en
un show a nivel internacional que no refleja nada de sus actividades aquí en
Guatemala".
De
acuerdo a la fundación Mack, los acontecimientos en el país "persiguen
debilitar el orden institucional para asegurar un predominio político e
ideológico de signo contrario a la democracia, a eso obedece que el proceso de
cumplimiento de los Acuerdos de Paz haya caído en un punto muerto, que no
exista voluntad para atender las recomendaciones de la Comisión de
Esclarecimiento Histórico y que se haya desatado un bloqueo general en contra
de procesos de cambio en materia de justicia, seguridad y derechos
humanos".
Helen
Mack sostiene: "estamos convencidos de que este patrón incluye acciones
orientadas a anular, mediatizar y debilitar a la oposición partidaria y
bloquear el trabajo de las organizaciones sociales, en especial del movimiento
de Derechos Humanos".
De su
análisis de los 147 casos de amenazas y atentados contra personas relacionadas
con el sistema de justicia en el año 2000, la Fundación Mack advierte que los
actos intimidatorios se concentran contra personas vinculadas a procesos en
donde miembros de la institución armada están involucrados, es el caso de
procesos por asesinatos y masacres durante el conflicto armado y la época
postconflicto y otros contra bandas de secuestradores.
Precisa:
a muchas de las bandas de secuestradores, narcotraficantes, asaltantes de
bancos, traficantes de menores, contrabando y defraudación aduanera se les relaciona
con exmiembros de la policía, oficiales del ejército o agentes en activo. Esto
se atribuye a la reducción de efectivos militares entre 1997 y 1998, la
reorganización de la policía en 1997 y la desactivación de la Población civil
Armada a finales de 1995.
A
este acoso contra operadores de justicia se suma un elemento que ha crecido: la
guerra que en el orden político autoridades eferregistas han desatado contra el
sistema judicial. En este tenor, plantea la Fundación Mack, el congreso
eferregista emprendió una campaña contra la Corte Suprema de Justicia y aplicó
un fuerte recorte presupuestario a la Corte de Constitucionalidad.
Carmen
Aída Ibarra, directora del Area Política de la Fundación Mack, sostiene: el
ascenso con el Frente Republicano Guatemalteco de personajes ligados a la
contrainsurgencia ha representado el incremento de prácticas autoritarias
encaminadas al debilitamiento de las instituciones.
En
entrevista con Apro expone: "hasta el año pasado habíamos estado en una
relativa calma, no se habían sobrepasado los límites del hostigamiento y las
amenazas, ahora ya empezaron a matar y eso es muy propio de los regímenes
militares".
Ibarra
prevé que la violencia institucional puede recrudecerse "porque a eso
apuntó el FRG desde el principio, y ningún poder está defendiendo a las
instituciones".
* Rebelión, 17 de marzo del
2001.
Cuestiones de América
Nš 10, Agosto-Septiembre de 2002
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