Paraguay gozó de un gran prestigio entre los criminales anticomunistas de diversas
regiones del mundo durante el período dictatorial del general Alfredo
Stroessner, de 1954 a 1989. Además de su ubicación estratégica en América del
Sur, Paraguay les ofrecía una “estabilidad política envidiable”, garantías de
impunidad de los delitos cometidos “y por cometerse”, así como todo tipo de
facilidades jurídico-administrativas, financieras, y logísticas.
Fascistas italianos, nazis
alemanes, terroristas croatas y cubanos, anticomunistas argentinos, brasileños
y españoles, sicarios bolivianos, genocidas chilenos, y todo tipo de militares
y civiles involucrados en violaciones de los derechos humanos, tráfico de
armas, espionaje, y operaciones criminales eligieron Paraguay como su lugar de
refugio, y fueron acogidos por las más altas autoridades del país como “combatientes
por la libertad” y “héroes internacionales”.
El régimen dictatorial
conducido por el general Stroessner, con la colaboración de militares y
empresarios conservadores, ofreció el contexto de “paz” e impunidad que
buscaban criminales como el médico nazi Josef Mengele, el jefe de la Logia
Masónica P-2 Licio Gelli, el franquista español Juan León Cordón, entre otros
personajes anticomunistas que se establecieron en Paraguay. Muchos de los
agentes secretos chilenos, responsables de graves violaciones a los derechos
humanos, detenciones y desapariciones, como Miguel Estay Reyno, “El Fanta”
continuaron hasta 1992 residiendo con nombres falsos en Paraguay.(1)
Ya desde fines del siglo pasado
Paraguay había ejercido una fuerte atracción para racistas alemanes como el
doctor Bernard Forster, quien fundó allí la colonia Nueva Germania, con el
objetivo de aplicar su programa de pureza racial.(2)
El “modelo paraguayo” de
totalitarismo que aseguraba la “paz social a cualquier costo” fue elogiado
entre otros por el entonces Presidente norteamericano Richard Nixon, quien
reconoció que Paraguay constituía un eje estratégico clave para la lucha contra
el comunismo. El 4 de mayo de 1968, al llegar a Asunción, Nixon le dijo a
Stroessner: “ En el campo de los asuntos internacionales, no conozco otra
nación que se haya levantado más fuerte que la suya en contra de la amenaza del
comunismo”.
La dictadura paraguaya
despertaba envidias entre los militares del cono sur de América, que igualmente
aspiraban a dirigir el destino de sus países por períodos prolongados que les
permitieran concretar sus proyectos a largo plazo. Por esta razón, muchos de
los principales agentes secretos de las tiranías latinoamericanas confluyeron
en Paraguay en diversas oportunidades a fin de aprender de su experiencia
represiva y coordinar estrategias para “limpiar a la región de la potencial
amenaza del comunismo y la subversión.
Desde fines de los años 60
existían relaciones fluidas entre oficiales de las fuerzas armadas de
Sudamérica, quienes habían recibido juntos especialización contrainsurgente en
las academias militares norteamericanas, donde se forjaron lazos de amistad y
familiaridad. En otras etapas al interior de la región, militares
latinoamericanos habían convivido por períodos de seis meses a dos años en
centros de formación de Argentina o Panamá. Estas relaciones de militares argentinos
con sus similares uruguayos, paraguayos, brasileños, chilenos, bolivianos y
peruanos, tendrían sus frutos en los años de las dictaduras, algunos de los
cuales veremos a continuación.
EL CASO PRATS
El 30 de setiembre de 1974, en
Buenos Aires, a las 00.40 horas, cuando retornaban a su domicilio luego de una
reunión social, el ex Vice Presidente de Chile y Ministro de Estado en el
gobierno de Salvador Allende, general Carlos Prats Gonzáles y su esposa Sofía
Cuthbert sufrieron un atentado con una bomba a control remoto que les quitó la
vida.
Así culminó uno de los primeros
operativos en el exterior de la Dirección de Inteligencia Nacional de Chile,
DINA, comandada por el general Manuel Contreras, quien consideraba a Prats como
uno de los rivales de más fuerza del general Augusto Pinochet.
Entre los responsables del
atentado contra los Prats se identificó a Michael Townley, norteamericano
experto en electrónica y agente especial de la DINA, Juan Luis Bulnes Ossa,
chileno ultraderechista, y el mayor del ejército chileno Armando Fernández
Larios, quien en octubre de 1973 integró la “caravana de la muerte”, del
general Sergio Arellano Stark, que masacró a 72 prisioneros en cinco ciudades
chilenas. (3)
Para el seguimiento de Carlos
Prats, en la fase preparatoria del crimen, los agentes chilenos utilizaron
placas de la Dirección Federal de la Policía de Buenos Aires, credenciales de
la Dirección de Migraciones, automóviles asignados al ejército argentino, etc.
Así como este, hubo muchos otros casos en los que policías o militares chilenos
actuaron con total libertad en territorio argentino contra ciudadanos que huían
del régimen de Pinochet.
EL CASO LEIGHTON
Otro Ex Vice Presidente de la
República de Chile, y abierto opositor al régimen de Pinochet estuvo en la mira
de los servicios de inteligencia. Ahora se trataba de Bernardo Leighton, alto
dirigente del Partido Demócrata Cristiano, a quien cuando se hallaba de visita
en Roma se le prohibió regresar a su país, bajo la acusación de desarrollar “actividades
antichilenas”. Leighton promovió el acercamiento de la Democracia Cristiana con
los grupos políticos de izquierda, a fin de trabajar juntos por el retorno al
sistema democrático en Chile.
El 6 de octubre de 1975, Pier
Luigi Concutelli y Salvatore Falabella, neofascistas italianos, aliados de
Stefano delle Chiaie, temporalmente al servicio de la DINA, atentaron contra
Bernardo Leighton y su esposa, cuando estaban por ingresar a su domicilio en
Roma. Leighton recibió un disparo en la frente y la bala salió por su oído
izquierdo. Ana Fresno, su esposa, fue baleada en el pecho. Ambos sobrevivieron
luego de varias intervenciones quirúrgicas y pudieron identificar a sus
agresores.(4)
Michael Townley, el
norteamericano integrado a la DINA, que actuaba también con el nombre de
Kenneth Enyart, y su esposa Mariana Inés Callejas, chilena ocultada bajo el
nombre Ana Pizarro, habían coordinado en Europa (igual que en el caso Prats)
los detalles para el crimen de Bernardo Leighton, encargado a los grupos
Avanguardia Nazionale y Ordine Nuovo, de Stefano delle Chiaie. Incluso se contó
con el apoyo de agentes de la policía secreta del régimen franquista español,
según reveló el fascista italiano Aldo Tisei a la Corte de Bologna.
EL CASO LETELIER
El 21 de setiembre de 1976 la
DINA ejecutó otro de sus operativos en el exterior. Esta vez actuó en el
corazón mismo del gigante norteamericano, asesinando en Washington D.C. a
Orlando Letelier, ex ministro de Estado en el gobierno de Salvador Allende, y
personaje clave de la oposición chilena, a quien pocos días antes Pinochet le
había quitado la nacionalidad, por “haber llevado a cabo en países extranjeros
una campaña publicitaria tendiente al aislamiento político, económico y
cultural de Chile”, y “por influir en la política exterior norteamericana
demandando la suspensión total de su ayuda militar a Chile”. En el atentado,
cometido con bomba a control remoto, también murió Ronnie Moffit, quien
trabajaba con Letelier en el Instituto de Estudios Políticos.
Igual que en los casos antes
mencionados, el responsable de coordinar el operativo fue el norteamericano
Michael Townley, un agente incondicional a Manuel Contreras, jefe de la DINA. “Desde
que lo liberamos, Letelier ha estado dando problemas al gobierno en el exterior”,
le dijo Pedro Espinoza, asistente principal de Contreras, a Townley, cuando le
precisó las instrucciones para la misión de asesinar a Letelier en Estados
Unidos.
Para este asesinato el Mayor
del Ejército chileno Armando Fernández Larios realizó previamente un minucioso
trabajo de seguimiento de Orlando Letelier en Washington D.C. Townley confesó a
la justicia norteamericana que él mismo, con la ayuda del cubano anticastrista
Virgilio Paz, fabricó el artefacto explosivo a control remoto y lo colocó en el
automóvil de Letelier. En el crimen también participó Dionisio Suárez, del
Movimiento Nacionalista Cubano.
Unas semanas antes, agentes
secretos chilenos habían obtenido en Asunción pasaportes paraguayos y visas
para ingresar a los Estados Unidos. También la cancillería chilena entregó a
agentes de la DINA pasaportes con nombres falsos. Ahora, con el descubrimiento
de los archivos del terror, en Paraguay, se confirma que el asesinato de
Letelier fue gestado por Manuel Contreras, dentro de la “Operación Cóndor”.(5)
LA OPERACION CONDOR
De acuerdo a las
investigaciones realizadas en relación al asesinato de Orlando Letelier, se ha
logrado establecer que el general chileno Manuel Contreras, jefe de la DINA,
concibió y organizó la Operación Cóndor, que tuvo como tarea “La recolección,
el intercambio y el almacenamiento de datos de inteligencia relacionados con
los activistas de izquierda, los comunistas y los marxistas, con el fin de
eliminar a los terroristas marxistas y sus acciones en la zona”.(6) Esta acusación
ha sido ratificada con algunos documentos hallados en los archivos secretos de
la policía paraguaya.
Contreras viajó hacia
Argentina, Bolivia, Paraguay, Venezuela y Estados Unidos, para exponer su
proyecto represivo supranacional y convencer a los jefes de los servicios
secretos de estos países sobre la importancia de la coordinación y cooperación “para
eliminar al comunismo” y defender la sociedad “occidental y cristiana”.
El general Contreras sostuvo
desde 1974 varias entrevistas con el general Ramón Camps, Jefe de la Policía de
Buenos Aires, quien años después diría que “en Argentina no quedan desaparecidos
con vida. Asumo toda la responsabilidad y me siento orgulloso”. Otro
colaborador de Contreras, el general Iberico Saint Jeant, Interventor de la
Provincia de Buenos Aires igualmente dijo en la época de la dictadura militar: “Primero
mataremos a todos los subversivos, luego mataremos a sus colaboradores, luego a
sus simpatizantes, luego a quienes permanezcan indiferentes, y por último, a
los indecisos.”(7)
En agosto de 1975 en su esfuerzo
para concretar la “Red Cóndor”, Manuel Contreras se entrevistó en Washington
D.C. con Vernon Walters, director adjunto de la Agencia Central de
Inteligencia, CIA, de los EE.UU. En Venezuela se reunió con Rafael Rivas
Velásquez, director del Servicio de Inteligencia venezolano. En Paraguay habló
con los generales Benito Guanes Serrano, jefe de Inteligencia del Estado Mayor
y Francisco Brites, Jefe de la Policía de la República.
Entonces, en el marco de la “Operación
Cóndor” se logró concretar acuerdos amplios entre los servicios secretos de
Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, y se animó a la participación de
Brasil y Perú. El campo de acción fue fijado entre los límites de todos los
países miembros del acuerdo, estableciéndose facilidades para el desplazamiento
clandestino de agentes de estos países, y la ejecución de operaciones
represivas conjuntas.
También se aprobó la formación
de equipos especiales de los países miembros, para viajar a cualquier parte del
mundo, con el objetivo de eliminar a políticos opositores, subversivos o
colaboradores de los grupos terroristas de cualquiera los países de la
Operación. En el marco de este acuerdo se realizaron los operativos criminales
antes mencionados.
Aún antes del golpe de estado
en Argentina (marzo de 1976), ya se habían logrado acuerdos entre los servicios
secretos de ese país y de Chile, para el intercambio de información “clave” y
para facilitar la captura de militantes izquierdistas chilenos. Esta
cooperación se logra perfeccionar con la “Operación Cóndor”.
Numerosos militantes y
simpatizantes de izquierda, chilenos, uruguayos, paraguayos, brasileños, y
bolivianos, establecidos temporalmente en Argentina fueron capturados en ese
territorio así como en Paraguay, por agentes policiales de sus respectivos
países, en el contexto de esta coordinación represiva llamada “Operación Cóndor”.
Quienes más persecución sufrieron en Argentina fueron principalmente los
líderes y militantes del MIR chileno. Igualmente los grupos de derechos humanos
han documentado casos de represión policial contra ciudadanos alemanes,
españoles, judíos y peruanos, entre otros que figuran entre los miles de
desaparecidos.
Tal como se ha demostrado en
diversos procesos judiciales, los servicios secretos de Chile y Paraguay
tuvieron a su disposición las líneas aéreas estatales, (LAN CHILE, Líneas
Aéreas Paraguayas) así como “carta blanca” en las cancillerías, el servicio de
correos, los tribunales de justicia, etc.
Igualmente encubrieron sus
actividades con empresas comerciales e industriales “fantasmas”. En Chile se
crearon 30 empresas ficticias al servicio de la DINA y un centro de operaciones
formal: La Empresa Pesquera Chile, de San Antonio. La incursión en el mundo
empresarial y financiero sentaría las bases para crear mecanismos de protección
de los agentes secretos, una especie de ODESSA chilena, dirigida por el general
(R) de la Fuerza Aerea Chilena, Vicente Rodríguez.(8)
Desde mayo de 1975 numerosos
activistas políticos chilenos son detenidos por la policía argentina y
paraguaya y luego son entregados a la DINA. Jorge Isaac Fuentes Alarcón,
militante del Ejército Revolucionario del Pueblo, fue arrestado por la policía
paraguaya cuando cruzaba en ómnibus la frontera desde Argentina. Después fue
entregado a los agentes de la DINA en Paraguay y trasladado ilegalmente a
Santiago, a Villa Grimaldi, donde se perdieron sus rastros. En la captura e
interrogatorios de Fuentes Alarcón participaron, según estableció la Comisión
Rettig, “los servicios de inteligencia argentinos, personeros de la Embajada de
Estados Unidos en Buenos Aires, que mantenía informada a la Policía de
Investigaciones de Chile del resultado de los interrogatorios, y la policía
paraguaya, que capturó y permitió el traslado clandestino del militante chileno”.
(9)
Jean Yves Claudet Fernández, de
nacionalidad franco-chileno, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria,
MIR de Chile, fue detenido el 1.11.1975 en el Hotel Liberty de Buenos Aires y
después fue ejecutado por agentes de la DINA en esa ciudad. Aquí también hubo
una colaboración muy cercana de policías argentinos con los agentes chilenos de
la DINA, a fin de neutralizar la resistencia política de los activistas del
MIR.
La Comisión de Verdad y
Reconciliación de Chile, en su Informe Final documenta los casos de 33
ciudadanos chilenos desaparecidos tras ser capturados por agentes argentinos,
paraguayos o brasileros y entregados a la DINA, solo entre 1975 y 1976.
El 22 de diciembre de 1992 el
Juez José Agustín Fernández, descubrió casualmente el archivo secreto de la
inteligencia represiva paraguaya, en una oficina de la “Sección Política y
Afines” de la Policía de Investigaciones de Asunción, mientras investigaba el
caso de Martín Almada, un profesor que había sido detenido y torturado en
Asunción.
“Yo llevaba el proceso de una
persona que había sido detenida y torturada entre 1974 y 1977. En ese caso él
(Martín Almada) había solicitado sus antecedentes policiales por lo que
procedimos a investigar en qué cuartel policial se encontraban” declaró el Juez
Fernández. “El jefe de la policía de investigaciones nos dijo que estos
archivos y antecedentes habían desaparecido durante el golpe de estado de
febrero de 1989. No quedamos contentos con esa respuesta”, agregó.
Fernández explicó que Martín
Almada, investigó dentro de los círculos policiales y consiguió una información
confidencial que le confirmó la existencia de los archivos. Entonces, de manera
reservada se dirigieron a un lugar indicado donde descubrieron lo que el
periodismo paraguayo bautizó como “Los archivos del terror”.
“Cuando lo descubrimos era
tanta la cantidad de documentos que era imposible dejarlos a disposición de la
policía porque podrían destruirlos, quemarlos. Así que con la ayuda de un
camión del Diario Noticias de Asunción los llevamos a mi despacho, y luego a un
depósito del Palacio de Justicia”, declaró el Juez.(10)
En los archivos abundan
documentos relacionados a casos de detenidos y desaparecidos paraguayos que el
gobierno siempre había negado tenerlos bajo su poder, por lo cual el Juez
Fernández sostuvo :” Hay testimonios de que en Paraguay hubo tortura,
encarcelamiento de activistas políticos, un estilo de vida, un sistema de
control sistemático de mucha gente”. Estos documentos van a dar muchas luces en
los 18 procesos sobre violaciones a los derechos humanos que actualmente se
ventilan en los tribunales de ese país.
El ex dictador Alfredo
Stroessner, ha sido implicado recientemente en el asesinato de Benjamín y
Rodolfo Ramírez, dos hermanos acusados de pertenecer al grupo armado opositor,
Organización Política Militar, que supuestamente intentaba derrocarlo. Según
los documentos hallados en los archivos secretos, Stroessner conocía todos los
detalles de este y de otros crímenes, y había intercambiado comunicaciones con
el jefe de investigaciones de la policía, Pastor Coronel, unos de los más
sanguinarios torturadores de Paraguay.(11)
Lo sorprendente del caso es que
este archivo de los servicios de seguridad de Paraguay, incluye también
numerosos documentos relacionados a la “Operación Cóndor” gestada por Manuel
Contreras, el conocido violador de los derechos humanos, jefe de la DINA. La
documentación hallada ha confirmado que en el marco de este “Acuerdo de
Cooperación” se cometieron los asesinatos del ex ministro chileno Orlando
Letelier, del ex presidente de Bolivia, general Juan José Torres, asesinado en
Argentina; de los legisladores uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez
Ruiz, así como del doctor Agustín Goyburú, dirigente del Movimiento Popular
Colorado, de Paraguay, y de cientos de activistas políticos chilenos,
argentinos, paraguayos, y brasileños.(12)
Aún más, recientemente el
general paraguayo Benito Guanes Serrano, ex jefe de inteligencia del ejército,
declaró ante el juez Arnulfo Arias, que en 1977, por su función de enlace entre
la policía de Asunción y los agentes extranjeros, estuvo presente en la entrega
de cinco personas arrestadas en Paraguay, a funcionarios de inteligencia de
Argentina y Uruguay. Los “expulsados” de Paraguay fueron los uruguayos Gustavo
Edison Insaurralde y Nelson Rodolfo Santana Scotto, y los argentinos Alejandro
Logoluso Dio Martino, José Boll y Dora Landi Gill, quienes luego desaparecieron.
Ahora el general Benito Guanes se halla con detención preventiva ordenada por
el juez Nélson Mora, por el asesinato de los hermanos Benjamín y Rodolfo
Ramírez Villalba. El atentado contra el Dr. Bernardo Leighton también fue parte
de la “Operación Cóndor”.
Se ha encontrado
correspondencia de la policía de la región, registros y hojas de entrega de
detenidos, fichas, fotografías y pasaportes de activistas de izquierda
argentinos, chilenos, paraguayos y brasileños; planes de eliminación de
sospechosos, reportes de desplazamientos de subversivos por el cono sur,
análisis de las actividades de las Organizaciones No Gubernamentales de
Desarrollo, ONGs de Paraguay, así como informes detallados dirigidos a
Stroessner sobre asesinatos de sus opositores políticos.
También hay allí documentación
que facilitó la estadía en Paraguay de mercenarios croatas, italianos, cubanos,
chilenos, entre otros, y sobre la presencia de los criminales nazis en el cono
sur de América, así como sobre el asesinato de agentes israelíes que los
perseguían, las conexiones de los servicios secretos con la CIA norteamericana
y el narcotráfico. Hay suficientes e irrebatibles pruebas de que se practicó el
terrorismo de estado a escala internacional. La documentación hallada y los
testimonios de varios de los agentes implicados, demuestra la complicidad de la
policía y el gobierno de Paraguay con la brutal represión ejercida por las
dictaduras de Argentina y Chile, así como con la de Brasil y Bolivia. También
demuestra como el general Augusto Pinochet amparó la práctica del terrorismo de
estado dentro y fuera de su país. Hay evidencia de que tanto Pinochet como
Stroessner dedicaron especial atención al fortalecimiento y la coordinación de
sus servicios de seguridad, objetivo para el cual se reunieron en diversas
oportunidades.
Se alcanzó tanta eficiencia en
la represión a los disidentes políticos, que incluso funcionarios del
Departamento de Estado norteamericano reconocieron que “Los servicios de
inteligencia del cono sur se han reunido y tienen un programa claro de ayuda
mutua. La policía secreta anda por el mundo con gran libertad. En América
Latina el sistema funciona casi a la perfección”, tal como lo afirmó Patricia
Derian, subsecretaria para asuntos de derechos humanos en A.L. del Departamento
de Estado.
PORQUE NO SE DESTRUYERON LOS
ARCHIVOS DE LA REPRESION?
Es probable que los altos jefes
militares y policiales implicados en las violaciones de los derechos humanos y
que participaron de la “Operación Cóndor” tenían la esperanza de la
restauración de la dictadura de Stroessner.
Cayeron en un exceso de
confianza que los inmovilizó ante cualquier necesidad de destruir documentación
que aunque era acusatoria contra ellos, al mismo tiempo les iba a seguir siendo
útil en el futuro. Los registros de inteligencia están actualizados con
respecto a Paraguay hasta el año 1991, dos años después del golpe que quitó el
poder a Stroessner y terminó con su dictadura.
En realidad el descubrimiento
de los “Archivos del Terror” se logró gracias a que policías descontentos con
sus jefes colaboraron con las autoridades judiciales. Estos mismos policías han
denunciado cómo reina la corrupción al interior de los organismos castrenses y
policiales.
Para nadie en Paraguay era un
misterio saber que los más altos jefes policiales y militares, intendentes,
funcionarios públicos vinculados al general Stroessner formaban parte de la
inmensa cadena de corrupción moral y política tejida en los largos años de
dictadura de Stroessner.
El contrabando de autos robados
en Brasil y Uruguay, y su posterior venta en Bolivia y Perú, el tráfico de
cocaína, los casinos de juego, el lavado de dinero proveniente del
narcotráfico, las cadenas de prostitución entre innumerables actividades
ilícitas, eran ejercidas abiertamente por algunas de las más altas autoridades
policiales y militares de Paraguay, tal como se ha comprobado en los últimos
meses. (13)
Más que dedicarse a su función
de seguridad muchos de los jefes policiales y militares estaban atareados en la
administración de sus negocios corruptos y llevaban una vida disipada,
confiados en la impunidad con la que la dictadura los había premiado por su
lealtad para mantener el orden establecido y “la paz nacional”.
El coronel de Infantería
paraguayo Luis Catalino Gonzáles Rojas, denunció en octubre de 1992 a varios de
estos jefes militares y policiales implicados directamente en el contrabando de
autos robados como el general de división Humberto Garcete, Comandante en Jefe
del Ejército, y los generales Emilio Balbuena, Aladino Enciso, y Lorenzo
Carrillo, quienes han sido procesados y sancionados por ese delito.(14)
El Jefe del Estado Mayor de las
Fuerzas Armadas, general Francisco Sánchez, ha sido destituído y procesado por
extorsiones, estafa y por haberse apropiado ilícitamente de una empresa de
juegos de azar. Francisco Brites, el tristemente recordado Jefe de la policía
de Paraguay, amigo de Manuel Contreras, de la DINA, es propietario, junto con
su esposa, de 130,000 hectáreas de terreno y de casi un centenar de fincas por
todo el país.
Hoy estos jefes del ejército y
de la policía de Paraguay enfrentan diversos procesos judiciales por sus
delitos vinculados al contrabando de autos robados, la falsificación de
documentos, la malversación de fondos públicos, etc. Sus actividades “empresariales”
desplazaron a las ocupaciones policiales.
De esta forma se explicaría que
los principales jefes de la policía y el ejército de Paraguay, vinculados al
sistema Cóndor de represión hayan descuidado la seguridad de su archivo
central, que está abriendo nuevos conocimientos sobre las actividades
encubiertas de los servicios secretos del cono sur de América, y están ayudando
a interpretar y comprender más cabalmente el destino de cientos de luchadores
sociales y activistas políticos latinoamericanos.
Los documentos hallados se
están procesando con la ayuda de personal de los organismos defensores de los
derechos humanos de Paraguay, luego de rechazarse un ofrecimiento de la Agencia
Interamericana de Desarrollo, AID, de los EE.UU., organismo que se ofreció para
microfilmar los archivos.
Diputados paraguayos acusaron a
la AID de pretender borrar las huellas de la colaboración de los servicios
secretos de los EE.UU. con la dictadura paraguaya y los sistemas represivos del
cono sur.
Convencidos de la importancia
de la documentación descubierta, abogados y representantes de organismos de
derechos humanos de Brasil, Argentina y Chile, viajaron a Asunción, a revisar “los
archivos del terror”, en los cuales han encontrado evidencias inculpatorias
contra los jefes de los servicios secretos de la región.
Con el descubrimiento de “Los
Archivos del Terror” en Paraguay se han abierto nuevas posibilidades para
aplicar la justicia a los principales agentes represivos del cono sur de
América, de tal modo que sus delitos no queden en la impunidad. La esperanza ha
renacido en los familiares de las víctimas de la represión en Argentina,
Paraguay, Brasil y Chile mientras que el general Manuel Contreras, así como sus
protectores y cómplices (Léase Pinochet) “tiemblan” ante las nuevas evidencias
de su terrorífico trabajo.
NOTAS:
(1) SALES. F. “El Paraíso Azul”. en: Diario “El País”.
Madrid15.2.1988; CAMUS María Eugenia. APSI. 441, Santiago 1993.
(2)PAGINA 12. Buenos Aires, Argentina 7.2.1993. Pág. 4
(3) AHUMADA ,Eugenio; ATRIA, Rodrigo; EGANA, Javier Luis;
GONGORA, Augusto; QUESNEY, Carmen; SABALL, Gustavo; VILLALOBOS, Gustavo. “Chile
la Memoria Prohibida”. Las violaciones a los Derechos Humanos 1973- 1983”
Pehuén Editores. Colección Testimonios. 3 tomos. Santiago de Chile, mayo de
1990. (IV Edición). Esta obra contiene abundante documentación sobre los
atentados contra Prats, Leighton, Letelier, y otros numerosos opositores al
régimen de Pinochet. VERDUGO, Patricia: Los Zarpazos del Puma, Santiago de
Chile, CESOC, 1989.
(4) El Mayor del ejército chileno Fernando REVECO declaró a la
periodista Patricia Verdugo que dos semanas antes del atentado contra Leighton,
escuchó al Comandante del Regimiento Blindados, a quien Pinochet visitaba
frecuentemente: “!Y qué te parece este desgraciado de Bernardo Leighton, las
cosas que anda haciendo afuera”. “Pensé que seguramente Pinochet lo había
calificado de traidor a la patria o algo parecido delante de los oficiales”,
dijo Reveco. “Y no pasaron quince días cuando se supo del atentado contra
Leighton y su esposa en Roma”,agregó. VERDUGO; Patricia.”Los Zarpazos del Puma”
Pág. 63. CESOC, Santiago de Chile, Septiembre de 1989.
(5) En el proceso por el asesinato de Aldo Moro, en Italia, se
descubrió que sus asesinos tenían pasaportes legítimos otorgados por las
autoridades paraguayas. La información fue proporcionada por el Dr. José
Fernández Estigarribia, Presidente de la Asociación de Abogados
Latinoamericanos para los Derechos Humanos, en su Informe sobre la Política
Exterior del Paraguay. “Coloquio sobre Uruguay y Paraguay, la transición del
Estado de Excepción a la Democracia”. Pág. 148. SIJAU, Montevideo, marzo de
1985.
(6) “Las Huellas del General Contreras”. APSI 289. Santiago30
de enero al 5 de febrero 1989. Págs. 8-10.
(7) MARIA LOZADA, Salvador; VIAGGIO, Julio; ZAMORANO, Carlos;
BARCESAT, Eduardo. “Inseguridad y Desnacionalización. La Doctrina de la
Seguridad Nacional”.(Pág.107) Liga Argentina por los Derechos del Hombre.
Ediciones Derechos del Hombre. Buenos Aires, julio de 1985.
(8) A fines de 1992 se descubrió en Santiago de Chile la “cofradía”
que los ex represores y agentes de la DINA, juntamente con los oficiales y
agentes de inteligencia militar habían organizado para asegurar el fácil cambio
de nombre y la rápida obtención de nuevos documentos de identidad, tanto de los
ex agentes como de sus familiares. Dicha organización, también conocida como “Sociedad
Benefactora” igualmente les garantizaba la adquisición de pasaportes y visas de
residencia en otros países, la transferencia de recursos económicos y
financieros, y sistemas de desplazamiento para evadir los controles policiales
y las demandas judiciales. La “Cofradía” funcionaba en un local de la calle
Teatinos, a pocos pasos del Palacio de La Moneda y estaba a cargo del General
(R) de la FACH y ex jefe de Inteligencia de esa institución,Vicente Rodríguez.
(APSI 441, Santiago 1993)
(9) RETTIG GUISSE, Raúl; CASTILLO VELASCO, Jaime; CEA EGAñA,
José Luis, JIMENEZ DE LA JARA, Mónica; MARTIN DIAZ, Ricardo; NOVOA VASQUEZ,
Laura, VIAL CORREA; Gonzalo; ZALAQUETT DAHER, José. “Informe de la Comisión de Verdad
y Reconciliación”. Texto oficial Completo. Publicado por el Diario “La Nación”.
287 págs. Santiago de Chile 5.03.1991
(10) POO, Ximena. “La Riesgosa Labor del descubridor”. Diario
LA éPOCA. Santiago de Chile 28.2.93. Págs.2 y 3. También en la edición del
1.3.93. Pág.2. y del 17.3.93, Pág.2
(11) CLARIN 18.1.93 Pág. 13
(12) El Senador Zelmar Michelini, dirigente del Frente Amplio y
el doctor Héctor Gutiérrez Ruíz, Presidente de la Cámara deDiputados de
Uruguay, fueron secuestrados y asesinados en Argentina por un comando conjunto
de militares uruguayos y argentinos.(Uruguay Nunca Más. SERPAJ 1989) AMORIN,
Carlos; BLIXEN, Samuel. “Se destapa la multinacionadel Terror”. Revista Cambio
16 Número 1114 Madrid 29. 3. 1993. Págs.10-15.
(13) PALAU, Tomás; LUGO, Félix; ESTRAGO, Gloria. (Compiladores)
“Dictadura, Corrupción y Transición”.BASE Investigaciones Sociales. Asunción,
Junio 1990. (Investigación para el Tribunal Permanente de los Pueblos, en la
cual se documenta la corrupción en los más altos niveles de la administración
pública y de los servicios policiales y militares de Paraguay)
(14) COMAS; José. “Un coronel destapa la olla de la corrupción
militar en Paraguay”. Diario “El País”. Madrid 18.11.92 . Pág. 11. “Paraguay,
paraíso del contrabando de coches”.El País 6.3.1989.
* Revista Memoria N°
5, Nuremberg,
diciembre de 1993.
Cuestiones de América Nº 10, Agosto-Septiembre de 2002
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