Dauno Totoro
Taulis *
El cóndor es una gigantesca ave
de rapiña, un buitre que se alimenta de cadáveres. La operación que llevó su
nombre también huele a despojos y muerte.
En diciembre de 1992 fue
descubierto, en dependencias del gobierno paraguayo, hasta poco antes ocupadas
por el dictador Alfredo Stroessner, un cúmulo de informes secretos conocido
como "el archivo del horror". Ahí estaban registradas las actividades
de los organismos de represión política de la larga tiranía paraguaya. Pero se
halló también la primera prueba concreta acerca de la red Operación Cóndor: una
carta enviada en octubre de 1975 por el entonces coronel del Ejército chileno y
director de la DINA, Manuel Contreras, al jefe de inteligencia militar
paraguaya, general Benito Guanes Serrano, y al director de la policía de ese
país, general Francisco Brites. Se trataba de la invitación a participar en una
"reunión de trabajo de carácter estrictamente secreto, a realizarse en
Santiago entre el 25 de noviembre y el 1 de diciembre de 1975", cita en
que se habría de materializar la propuesta planteada por Augusto Pinochet a su
cómplice, Alfredo Stroessner, durante el viaje a Asunción del general chileno
en 1974.
Aquella reunión secreta contó
con la asistencia de los encargados de seguridad y jefes de las policías
secretas de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile. En ella quedó
estructurada la coordinadora represiva. Sus fundamentos y objetivos pudieron
conocerse al descubrirse otra misiva de Contreras, esta vez destinada al
general Augusto Pinochet, fechada a comienzos de 1976. En ella solicitaba un
presupuesto adicional de 600.000 dólares para la DINA, argumentando esta
necesidad en el aumento del personal de la DINA adscrito a misiones diplomáticas
en Perú, Brasil, Argentina, Venezuela, Costa Rica, Bélgica e Italia; gastos
adicionales requeridos para la "neutralización de los principales
adversarios de la Junta de Gobierno en el exterior", principalmente en
México, Argentina, Costa Rica, Estados Unidos, Francia e Italia; además de
gastos para financiar "nuestras operaciones en Perú" y el
"entrenamiento antiguerrillero de nuestros hombres en Brasil".
La Operación Cóndor estaba en
marcha. Su cabeza operaba en Santiago. Sin embargo, aunque la red fue
formalizada sólo a partir de finales de 1975, ya antes había existido vasta
experiencia de trabajo conjunto entre las distintas policías secretas, lo que
sentó un precedente fundamental a la hora de diseñar la Operación.
Una de las acciones conjuntas
previas, en que participaron oficiales chilenos, se inició en marzo de 1974,
cuando el sargento Guillermo Jorquera Gutiérrez fue relevado de su cargo como
jefe de interrogatorios en el campo de prisioneros de la Isla Dawson para
sumarse a una delicada misión junto al entonces mayor de Ejército, Gerardo
Alejandro Huber Olivares. Debían partir a Argentina en misión encomendada por
la DINA para infiltrar las estructuras del Ejército Revolucionario del Pueblo
(ERP) y de Montoneros, y dejar la puerta abierta para su aniquilación física a
manos de las fuerzas argentinas de represión.
El juez Baltasar Garzón, que
tiene a Pinochet acorralado en la exclusiva clínica londinense por su
responsabilidad en las operaciones de Cóndor, está desenterrando los capítulos
más oscuros de la historia latinoamericana.
De prosperar este proceso
(recientemente ampliado para incluir 94 casos de detenidos desaparecidos,
vinculado además al sumario que el mismo juez instruye por la desaparición de
centenas de ciudadanos españoles durante la dictadura argentina, y el secuestro
y aniquilación de decenas de chilenos en territorio argentino), los
investigadores tendrán en sus manos, por fin, la posibilidad de desenmarañar la
madeja de la Operación Cóndor. La red no fue sólo represiva; su funcionamiento
no se limitó a los años 1975 y 1976. A continuación algunos brumosos
antecedentes.
En el mes de enero de 1992
estalló el escándalo. En Chile era verano y los escándalos pasan inadvertidos.
En Hungría era invierno, y en el patio nevado de un terminal aéreo se
encontraron los containers con armas de fabricación chilena, salidas de FAMAE
(Fábricas y Maestranzas del Ejército); treinta y seis toneladas de armas que
estaban por embarcarse a Croacia para alimentar el genocidio del que eran testigos
y narradores los miles de refugiados que llegaban en oleadas a Europa
occidental.
La guerra en la ex Yugoslavia
estaba en su apogeo, las imágenes de la muerte y horror daban la vuelta al
mundo; los delegados internacionales discutían en Naciones Unidas qué hacer
para detener la barbarie. Primera medida: nadie debía vender armamento a las
partes en conflicto.
El armamento chileno había
arribado a Hungría a bordo de un avión de Florida West, contratada por el
francés Yves Marzialle, representante de la empresa gala IVI Finance
Management. Él había comprado las armas a FAMAE. Su contacto en Chile había
sido el general en retiro de la FACH, Vicente Rodríguez. El general, ex
representante de ENAER (Empresa Nacional de Aeronáutica) para América Latina, se
había desempeñado también como jefe de inteligencia de su institución. Era
socio comercial del ex coronel de la FACH Edgard Ceballos Jones, encargado de
interrogatorios en la Academia de Guerra Aérea (AGA) en los meses posteriores
al golpe, y luego cofundador del Comando Conjunto, dedicado a la eliminación de
los cuadros y estructuras del Partido Comunista y del MIR.
Poco antes, el 21 de noviembre
de 1991, el general Carlos Krumm había instruido a su subalterno, coronel
Gerardo Huber (el mismo ya mencionado), encargado de exportaciones e
importaciones del Ejército y tercer jefe de la división de logística de la
institución, que dispusiera del empleado civil Ramón Pérez para que tramitara
ante Aduanas el embarque de armas de FAMAE: treinta y seis toneladas con
destino a Croacia.
Cuando las armas fueron
encontradas en Hungría, y se supo cuál era su destino final y el carácter
ilícito de la operación, fue detenido el general Vicente Rodríguez, pero poco
más tarde lo liberó la Corte Suprema.
También se citó ante la
justicia al coronel Huber, pero éste esgrimió un diagnóstico siquiátrico de
"síndrome vertiginoso", con el que obtuvo licencia médica por una
semana. Refugiado en casa de amigos en el Cajón del Maipo, se le perdió la
pista un 29 de enero de 1992. Casi un mes más tarde, se encontró su carnet de
identidad (en un sitio que había sido registrado palmo a palmo por la policía y
el Ejército), junto a un cadáver en las márgenes del río Maipo, en las
inmediaciones de La Obra. El cuerpo carecía de huellas dactilares que pudieran
identificarlo fehacientemente, y una contusión craneana había sido la causa del
deceso. Se dijo que eran los restos de Huber. El mismo 29 de enero de 1992, la
prensa divulgaba el documento que consignaba los montos y destinos de las armas
exportadas. El documento, una factura pro-forma, estaba rematado por el sello y
timbre de la división de logística del Ejército.
Pasaron los meses. En un caso
en apariencia completamente distinto, cuando el ministro en visita Milton Juica
andaba tras los pasos de los agentes de Dicomcar, responsables del
degollamiento de los dirigentes comunistas Santiago Nattino, Manuel Guerrero y
José Manuel Parada, los detectives de Investigaciones recibieron instrucciones
para allanar una oficina en calle Teatinos. Allí se encontraron con el
suboficial de la FACH, José Uribe Pacheco, y con el general retirado Vicente
Rodríguez.
Los detectives se sorprendieron
al encontrarse con el general. También se sorprendieron al encontrar el
pasaporte de Miguel Estay Reyno (alias El Fanta), ex militante de las
Juventudes Comunistas, agente del Comando Conjunto y de Dicomcar, vinculado a
varios casos de violaciones de los derechos humanos, desaparición y muerte de
sus compañeros de antigua militancia.
Para los investigadores resultaba
evidente la existencia de una estructura de protección de ex agentes, a la que
habían bautizado La Cofradía (heredera directa de la Operación Cóndor), y que,
entre otros, mantenía a resguardo de la ley a prófugos como El Fanta, Osvaldo
Romo, Carlos "Bocaccio" Herrera y Eugenio Berríos. Esta organización
contaba con una inusual capacidad operativa y logística. Podía trasladar
personal y prófugos a través de fronteras, brindar documentación falsa,
mantener familias enteras en el extranjero. Sospechaban los policías que
estaban ante una sociedad ilícita creada al margen de los mandos de las Fuerzas
Armadas, en que participaban oficiales en retiro y probablemente otros en
servicio activo.
El resumen de los antecedentes
curriculares de dos de los principales involucrados en el caso de exportación
ilegal de armas a Croacia es muy elocuente:
El general en retiro Vicente
Rodríguez no sólo había servido de contacto entre el complejo Ejército-FAMAE y
los compradores de armas, sino que además formaba parte de la red de protección
a ex agentes de seguridad.
El coronel Gerardo Huber, quien
cumpliera misiones de alta responsabilidad en la DINA, había además trabajado
junto al químico Eugenio Berríos (a quien conocía desde los tiempos de la DINA)
en el Complejo Químico e Industrial del Ejército, en tareas que se sospecha
tenían que ver con el desarrollo del gas Sarín y otras armas químicas. Luego,
apareció como tercer jefe de la división de logística de su institución, a
cargo de las exportaciones e importaciones del Ejército, y como responsable
directo del envío de armas a Croacia.
Pronto aparecieron
coincidencias y cruces de nombres que indicaban algún grado de relación entre
la asociación de protección a los ex agentes de seguridad de la dictadura y los
responsables directos de la irregular exportación de armas a Croacia. Se
agregaron datos y evidencias a una sospecha de larga data: la venta de armas,
cuando está en manos de orgánicas con capacidad de actuar de modo autónomo
respecto de las autoridades gubernamentales, protegidas por los herméticos
procedimientos militares, resulta, potencialmente, un semillero de corrupción.
En este caso, los antecedentes parecían indicar que, la exportación irregular
de armas podía estar financiando a La Cofradía, con o sin conocimiento de los
mandos institucionales.
Dos personajes de esta maraña
de intrigas y misterio encontraron la muerte con un año de diferencia. Primero
fue (supuestamente) Gerardo Huber y luego el químico y ex agente de la DINA,
Eugenio Berríos, quien recibió dos tiros en la nuca entre enero y junio de
1993, y cuyos restos se encontraron en una playa uruguaya dos años más tarde.
Pero los nombres de Eugenio
Berríos y Gerardo Huber estaban emparentados desde mucho antes. El supuesto
suicidio de Huber sigue siendo motivo de especulaciones, tanto, que en junio de
1997 fue exhumado el cadáver hallado en el río Maipo. La identificación del
cuerpo no satisface a los investigadores, pero la desaparición del coronel ha
dejado satisfechos a otros, aquellos que tienen las respuestas a las preguntas
pendientes: ¿Suicidio o asesinato? ¿Qué sabía Huber, y a quién convenía que
jamás lo contara? ¿Qué vinculación hay entre el coronel Gerardo Huber, la red
Operación Cóndor, la DINA, Manuel Contreras, el general Pinochet, las muertes
de Orlando Letelier, Carlos Prats y Carmelo Soria y el tráfico internacional de
armas y estupefacientes? Lamentablemente, esas mismas preguntas unen a Huber
con Berríos, y ninguno de los dos podrá ayudar a encontrar las respuestas.
Las historias secretas de estos
dos personajes, que las autoridades civiles y militares (de Chile, la
Argentina, Uruguay y Paraguay) se han empeñado en relegar a un plano
secundario, tienen demasiado en común.
En el caso de Eugenio Berríos,
hay un cúmulo de historias y antecedentes sueltos que permiten hacerse una idea
de la razón de los balazos a quemarropa, y que dejan abierta la puerta a
futuras pruebas que puedan, por fin, demostrar que la Red Cóndor o su sucesora
está activa; que el tráfico de armas está vinculado al tráfico de drogas; que
la mafia del comercio de estupefacientes ha estado vinculada a los aparatos de
inteligencia del Cono Sur; que ambos negocios han financiado parte importante
de la represión en nuestros países, y que todo este misterio es sólo el rostro
semivisible de una más profunda red de triangulaciones internacionales.
Eugenio Berríos Sagredo comenzó
su carrera de bioquímico en la Universidad de Concepción a mediados de la
década del '60. Ya desde entonces, apodado "El Conde", se inclinaba
por posiciones políticas de extrema derecha, que se reforzaron con la llegada
de la Unidad Popular. En 1971 se trasladó a la capital, donde continuó sus
estudios en la Universidad de Chile, a la vez que ingresaba a Patria y
Libertad. No se trataba de un alumno excepcional, y tardó diez años en obtener
su título, con una tesis titulada "Boldina: extracción, purificación,
propiedades, generalidades". Es un dato importante, pues habría de marcar
su desarrollo posterior: se trataba de un método para producir alcaloides por
procedimientos electrolíticos, descartando el uso de éter, que es la sustancia
detectable en la cocaína. El documento presentado por Berríos ante la comisión
evaluadora de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Chile fue
calificado de "confidencial", y no se incorporó al archivo de
memorias de título ni se encuentra en la biblioteca de la universidad. Las dos
copias que se supone que existieron, de acuerdo al fichero de publicaciones de
la universidad, fueron "destruidas" en un misterioso incendio que
arrasó los "archivos confidenciales" del decanato en 1982.
Egresado en 1975, Eugenio
Berríos montó un laboratorio en el garage de su casa, donde se dedicó a extraer
boldina de la planta de boldo. Esta actividad privada de dudoso rendimiento
económico fue complementada con otra, su verdadera pasión: ser agente de la
DINA. Trabó amistad con Michael Townley, y juntos montaron un laboratorio en la
casa de la Vía Naranja de Lo Curro, sede de la Brigada Quetrupillán, donde el
químico comenzó a desarrollar el gas Sarín. Pudo en ese tiempo comprobar la
efectividad del veneno por lo menos en dos personas: Renato Zenteno y Manuel
Leighton. Berríos, de la boldina pasó a los venenos. Uno de sus brebajes habría
estado destinado, por instrucciones del propio Manuel Contreras, a ser ingerido
por el general Odlanier Mena, sucesor de Contreras en la CNI
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Las actividades de Berríos en
la DINA no terminaron ahí. El químico fue pieza clave, junto a Townley, en el
desarrollo del laboratorio en que se habrían de diseñar las bombas y explosivos
que habrían de terminar en Washington con la vida del ex canciller Orlando
Letelier y su asistente, Ronnie Mofitt. También sirvió de conexión con el grupo
de ultraderecha italiano representado por Alberto Comunianni, con quien montó
una sociedad comercial de fachada en las torres San Borja, y a la que acudían
con frecuencia Manuel Contreras y otros oficiales del Ejército. Ahí se fraguó
el atentado en Roma contra el ex vicepresidente Bernardo Leighton. Por otra
parte, mientras Berríos fue parte de la Brigada Quetrupillán, y en el tiempo
que estuvo habilitado su laboratorio en la Vía Naranja, se produjo el
secuestro, tortura y asesinato del ciudadano español Carmelo Soria, quien
estuvo retenido en ese mismo domicilio de Lo Curro. Durante los últimos años de
la década del 70, Berríos fue destinado a trabajar junto a Gerardo Huber,
compañero de labores en la DINA, en el Complejo Industrial Militar de
Talagante. Eran los tiempos de amenaza latente de guerra con Argentina, y
dedicó todos sus esfuerzos al desarrollo de armas químicas.
A comienzos del 80, Berríos
comenzó a colaborar con la CNI. El organismo alquiló un local para el químico
en Carmen 1159. Tras la fachada de una pastelería, Berríos instaló su
laboratorio, dedicado a la sintetización de alcaloides y al desarrollo de
investigaciones de gases y otras armas letales de origen químico. Esta fue la
"dirección comercial" de Eugenio Berríos hasta 1989.
Durante aquellos años viajó
mucho, especialmente a Colombia y Estados Unidos (unas siete veces al año), y
ante conocidos suyos (quienes entregaron su testimonio a la revista Los
Tiempos) se jactaba de estrechas relaciones con el traficante de cocaína
colombiano Jesús Ochoa y el chileno Edgardo Bathich. Se vanagloriaba, además,
de contar con seis pasaportes falsos, de manejar importantes sumas de dólares y
de ser uno de los más fieles "servidores" del Ejército.
El químico Eugenio Berríos
desapareció de Santiago en noviembre de 1991, cuando fue citado a declarar por
el juez Adolfo Bañados que instruía la causa por el asesinato de Letelier.
Berríos, que en la DINA
utilizaba el alias de "Hermes", ingresó por vía terrestre a Uruguay
en compañía del entonces mayor de Ejército, Carlos Herrera Jiménez, cuyo alias
era Bocaccio en la DINA, CNI y DINE (Dirección de Inteligencia del Ejército).
Ambos portaban identidades falsas. Berríos llevaba documentos a nombre del
detenido desaparecido Hernán Tulio Orellana; Herrera se había apropiado de la
identidad de otro desaparecido, Mauricio Gómez. El químico fabricante de armas
prohibidas y estupefacientes, huía de la justicia chilena bajo la protección de
La Cofradía. Jiménez era el encargado de su custodia y seguridad.
Bocaccio, después de dejar
instalado a Hermes, entregó la responsabilidad de su protección a sus pares
uruguayos, los oficiales de ejército capitán Eduardo Radaelli y coronel Thomas
Casella, quienes ocultaron al químico. Esta Operación Cóndor, de la que estaban
al tanto el jefe del departamento de inteligencia del Ejército uruguayo,
general Mario Aguerrondo y el coronel Héctor Lluis (que luego sería nombrado
agregado militar en Chile), duró un año, hasta noviembre de 1992, fecha en que
Berríos fue "secuestrado" por sus colegas guardianes. Berríos
entendió la inminencia del fatal desenlace y optó por salvar su vida. Logró
burlar a sus captores y telefonear, el día 11 de noviembre, al cónsul chileno
Federico Marull, a quien solicitó protección y un salvoconducto para regresar
Chile. No obtuvo respuesta, y cuatro días más tarde logró escapar.
Así fue que llegó, el 15 de
noviembre de 1992, hasta la estación de policía de Parque del Plata. En el
libro de partes de la comisaría (página que fuera arrancada y perdida tiempo
después), estampó su denuncia: había sido secuestrado por militares uruguayos y
chilenos, y solicitó protección policial "porque el general Pinochet mandó
matarme". Lo que obtuvo, sin embargo, por decisión del jefe de policía de Canelones,
coronel Ramón Rivas, fue ser regresado a manos de Thomas Casella. Fue la última
vez que alguien, aparte de sus captores, viera a Berríos con vida.
Mucho se especuló durante meses
respecto del paradero el ex agente de la DINA hasta que, el 17 de junio de
1992, el representante uruguayo en Italia, embajador Lupinacci, envió a su
cancillería vía fax una carta firmada por Berríos y una foto de éste posando
junto a un ejemplar del diario romano Il Messagiero, documentos que habían sido
depositados por un misterioso emisario en el consulado en Milán.
Gracias al discurso oficial y a
opiniones de prensa, esta prueba de la buena salud del químico fue considerada
suficiente, y el caso se diluyó. Sin embargo, en abril de 1995, en una playa
del Pinar, cercana a Montevideo, apareció un cadáver que más tarde sería
identificado positivamente como Eugenio Berríos. Causa del deceso: dos balazos
en la nuca.
Comenzó entonces una
investigación cargada de nervios, silencios, desmentidos y acciones
distractivas. En enero de 1996 un grupo de coroneles en retiro del Ejército
uruguayo, antiguos miembros del departamento de inteligencia, hicieron llegar
una declaración al diario La República, en que culpaban del asesinato al
coronel Casella y al capitán Radaelli. En la misiva, los ex agentes aseguraban
que "el general Aguerrondo se encontraba en Italia (en los días
inmediatamente anteriores al envío del fax desde la embajada con la foto de
Berríos). Alguien lo llamó y lo puso al tanto de lo que estaba ocurriendo. Ante
esto (…) Aguerrondo llamó al jefe interino de inteligencia, que casualmente
tiempo atrás fue agregado militar en Chile. Este, a su vez, se comunicó con el
señor comandante en jefe (teniente general Rebollo), quien a su vez lo hizo con
el señor presidente Lacalle (quien también se encontraba en Italia). La orden
de Lacalle fue terminante: 'que todo se solucione de forma inmediata y que por
ningún motivo tome trascendencia pública'. (…) El encargado de cumplir con esta
misión fue el capitán Radaelli, quien viajó a Buenos Aires, y con colaboración
de militares de inteligencia argentina, fraguó la carta y la foto (…) luego
hicieron firmar a Berríos, y lo mataron".
Thomas Casella, hombre clave en
esta intriga, no es un oficial cualquiera. Graduado en cursos de inteligencia a
nivel de estado mayor, con especialidad avanzada en análisis
político-estratégico y jefe operativo, comenzó su formación especial en la
Escuela de las Américas, Panamá, en 1974. Terminado ese curso, radicó durante
un año en Santiago (1975), donde se especializó en entrenamiento avanzado de
paracaidismo y comando en la escuela de boinas negras del Ejército. Durante
esos años trabó amistad con los más duros entre los duros de la institución
chilena: Manuel Contreras, Augusto Pinochet, José Zara, Miguel Krassnof
Marchenko.
Con tales antecedentes, que la
custodia del ex agente Berríos quedara en sus manos, era una garantía para la
parte chilena de la Operación Cóndor. Cuando se evaluó que el mejor destino
para Berríos eran dos orificios de bala en su cabeza, hubo de buscarse también
al mejor, al más pulcro en el trabajo.
Los peritajes forenses
determinaron que la muerte de Berríos debió producirse entre enero y junio de
1993. En febrero de 1993 dos hombres vestidos de terno y corbata, lustrosos
zapatos negros y anteojos oscuros, pasearon tranquilamente por la avenida
Sarandí de la capital uruguaya, recorriendo mientras charlaban el asoleado
paseo entre el Hotel Victoria Plaza y la Catedral. Una reportera gráfica
reconoció al general Pinochet tras su atuendo civil y tomó la foto. El civil
que acompañaba al capitán general era un oficial del ejército uruguayo, quien
actuó de asistente permanente, por expresa voluntad de Pinochet: se trataba del
coronel Thomas Casella.
Hoy Pinochet está detenido en
Londres, y mientras "el paciente inglés" espera nervioso las jugadas
de la historia, la maquinaria de protección e influencias se ha echado a andar.
El cóndor vuela alto, husmeando
* Revista
Punto Final, Santiago de Chile, 6 de
noviembre de 1998.
Cuestiones de América Nº 10,
Agosto-Septiembre de 2002
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