Cuestiones de América

Colombia: Violencias sin Futuro

Gonzalo Sánchez G. *

JUSTIFICADA O INJUSTIFICADAMENTE, COLOMBIA, UN PAÍS tradicionalmente ensimismado, ha sufrido una súbita internacionalización en sus agendas política y estratégica. Pero esta internacionalización ha resultado negativa. Se le condena, primero, mediante el mecanismo imperial de la descertificación, acusada de ser la campeona mundial de la producción, procesamiento y comercialización de sustancias que son no sólo nocivas para la salud, sino también promotoras de la creciente criminalidad más allá de sus fronteras. Segundo, tras reconocer su situación como la más crítica del continente en materia de derechos humanos, las Naciones Unidas, por recomendación de Amnistía Internacional, asignan una oficina especial para que vigile el comportamiento estatal en relación con las normas del derecho internacional humanitario, en el desarrollo de uno de los conflictos armados internos de más larga duración en el hemisferio occidental durante el presente siglo y que hasta ahora Colombia se había acostumbrado a manejar dentro de su propio "patio trasero". Se le acusa, en tercer lugar, desde los organismos defensores del medio ambiente, de estar provocando la dilapidación de uno de los más grandes patrimonios de la humanidad, la Amazonia, tanto con la expansión de los cultivos ilícitos (coca y amapola) como con los mecanismos aceptados para destruirlos (glifosato). Esta súbita forma de internacionalización de nuestras crisis acumuladas nos ha colocado en una especie de cofradía de marginales. Y lo más grave es que no contamos con instituciones, con política, con tradición ni con pensamiento sistemático para reaccionar coherentemente frente a tales mutaciones. Más aún, paradójicamente una plataforma como la Presidencia de los No Alineados no hizo sino resaltar nuestra vulnerabilidad.

Lejos estamos, pues, en Colombia, de la reinserción de las viejas insurgencias que domina la agenda centroamericana (El Salvador, Guatemala), y lejos también de los debates continentales sobre el nuevo orden mundial y la seguridad en la posguerra fría.

¿Cómo pensar en Estado y en nación en un país con los grados de violencia que exhibe la Colombia de hoy?, ¿un país que a la internacionalización negativa suma la, "modernización caótica" y el narcotráfico armado? Lo que voy a presentar no es la respuesta sino el contexto para abordarla: el panorama de la violencia en los últimos diez años.

La Singular Complejidad del Caso Colombiano

El rasgo característico del espectro político colombiano desde por lo menos la década de los ochenta es esa multiplicidad de violencias (por sus orígenes, objetivos, modus operandi) que hace que en los mismos escenarios se puedan encontrar diferenciados, pero también muchas veces anudados, el crimen organizado, la lucha guerrillera, la guerra sucia y la violencia social difusa.

Es una explosión de violencias a la cual se suma, desde luego, la heterogeneidad de sus contenidos regionales. Veámoslo:

- Problemas seculares como el de la monopolización de la tierra que se habían mantenido dentro de límites regulables, se desbordaron y buscaron salidas masivas en la colonización. No es un fenómeno enteramente nuevo, como podría revelar una rápida mirada a la historia rural del siglo xx en este país. Si se vuelve a destacar hoy es porque sus dimensiones resultan comparables, en muchos aspectos, a la colonización que desde fines del siglo pasado empezó a dar forma al país cafetero del siglo xx, la llamada colonización antioqueña. Pero esta vez, quizás, con un agravante, y es que con la reciente avalancha colonizadora no sólo se ha producido una verdadera reconfiguración social y política del país, sino incluso la emergencia de un país sin Estado.

Se trata por lo demás de un proceso que, contrariamente a una supuesta correlación automática entre violencia y pobreza, muestra que la violencia se ha concentrado más bien en las zonas de gran dinamismo y expansión económica: las cafetaleras antaño y las relativamente prósperas zonas de colonización hoy. Más que de la escasa movilidad social, la violencia se alimenta de las zonas de mayor movilidad, a las cuales fluyen capitales nuevos, migrantes nuevos y formas de autoridad también nuevas. Finalmente, podría argumentarse que los desequilibrios internos, de esas regiones, más que su pobreza global, la coexistencia irritante de la prosperidad con la pobreza, y la sensación de injusticia, pueden operar como detonadores de la violencia. El país mismo en su conjunto no deja de sorprendernos con esa paradoja: este mar de violencias tiene la tasa más alta de crecimiento medio (3.7%) en América Latina desde 1980 hasta hoy, aunque esta estadística confortable para los hombres de negocios, que permitía suponer una cierta autonomía entre economía y política, ha comenzado a desvanecerse en los últimos meses.

- Por otro lado, conflictos estrictamente laborales en sus orígenes (salarios, condiciones de trabajo) en zonas de colonización, fueron sometidos dentro de los nuevos contextos a la ley de, los más fuertes en términos de recursos, poder o armas. La zona bananera de Urabá, colindante con Panama, es el más sangriento testimonio de esta guerra múltiple que, involucra de diferentes maneras a agentes estatales, paramilitares, sindicatos, empresarios y grupos guerrilleros.

Bajo otras modalidades de violencia, las zonas mineras (esmeraldas) y sobre todo las petroleras, empotradas la mayoría de las veces en regiones de colonización, se han ido convirtiendo en puntos estratégicos de confrontación entre el Estado, las compañías petroleras y la guerrilla, a costa de la sociedad. Estado, guerrilla y empresas multinacionales petroleras arreglan sus ganancias y sus pérdidas, y realizan sus demostraciones de fuerza a costa de terceros. Incluso se sospecha que hay multinacionales que especulan con la inseguridad en Colombia, es decir, que la han convertido en factor de rentabilidad.

- Esta guerra multidimensional por los recursos, por los apoyos sociales y por los territorios es, adicionalmente, la mayor amenaza para las poblaciones indígenas y las afrocolombianas (Choco) en un doble sentido: tanto para las identidades comunitarias, como para la estabilidad de los nichos ecológicos de los cuales esas comunidades habían sido guardianas desde tiempo inmemorial. Así, la violencia colombiana está cumpliendo en muchas zonas esparcidas por la geograffa nacional una función similar a la de la guerra contemporánea en las tierras mayas de Guatemala, o a la violencia senderista en la región de Ayacucho, en Perú: el papel de máquina de demolición de dichas identidades étnicas y comunitarias. El país se ha ido descubriendo a sí mismo por medio de las rutas de la violencia.

- Lo dicho no puede dejar la impresión de que la violencia de hoy es sólo un asunto de zonas marginales. De hecho la saturación de violencia en las viejas zonas de colonización, surgidas en la huida de todas las violencias anteriores, ha provocado una reversión de sus modalidades, entre otras, a la deprimida zona cafetalera, que no ha logrado transformar sus obsoletas estructuras productivas. El proceso se ha invertido. Desde la periferia la violencia reconquista ahora el centro pero no como un nuevo orden, como hubiera podido soñar un maoísta hace 20 años, sino como una fuerza desorganizada y desorganizadora.

Significativa y paradójicamente, en estas zonas del interior, la guerrilla colombiana, que es pudiente en lo económico (no como el guatemalteco Ejército de los Pobres), cuando requiere la movilización masiva de los ,campesinos, les pagajornales superiores a los que puede ofrecer cualquier propietario agrícola (así mantuvo una reciente huelga cafetalera).

Como dato característico hay que anotar que esta expansión guerrillera no afecta en absoluto el florecimiento de la criminalidad común, con la cual no hace mayores esfuerzos de diferenciación en tanto siga siendo funcional a su crecimiento, así sea a un costo ético y político que sólo con los años se podrá conocer.

- La violencia ha dejado de ser un fenómeno exclusivamente rural. Sus rostros citadinos son muy variados: impacto del narcoterrorismo, y del sicariato como brazo armado de una especie de "industria de la muerte" en ciudades como Medellín; implantación de la guerrilla en barriadas de capitales, como la propia Bogotá, y ciudades intermedias como Barrancabermeja; operaciones de "limpieza social" contra mendigos, prostitutas y delincuentes callejeros en Cali, Pereira o Barranquilla, para citar sólo los casos más notorios.

Dentro de esta complejidad un mismo fenómeno puede tener expresiones regionales distintas:

- El narcotráfico se arraiga al lado de altos índices de violencia en Antioquia, especialmente en su capital, Medellín, sacudida hace unos años por las bombas y el terrorismo, en tanto que en Cali los índices de violencia asociados al narcotráfico son bajos (las operaciones de "limpieza" están ligadas más bien a los sectores industriales tradicionales) y su cártel se mimetiza, y hasta intenta negociar. Más que confrontarla, el cártel de Cali logra comprometer a la clase política y arrastrarla en su propia suerte.

Dentro de este panorama, el espacio para la acción racional, para el cálculo y la planificación es cada vez más reducido. La vida cotidiana y las relaciones interpersonales han entrado al dominio de lo no regulable, de lo no predecible o simplemente del azar.

La diferencia de ciclos, diversidades regionales, multiplicidad de actores y de escenarios constatan el informe- diagnóstico presentado por un grupo de académicos al gobierno del presidente Virgilio Barco, hace precisamente diez años . El texto, conocido como el informe de los "violentólogos", tuvo una amplia recepción en- la academia y en los círculos de asesores y consejeros de las administraciones de Virgilio Barco (1986-1990) y César Gaviria (1990-1994).

Dentro de las múltiples críticas que sin embargo se le hicieron al informe, quizás sea útil señalar dos, que nos permitirán resaltar luego algunos de los desarrollos más recientes: la primera fue haber contribuido, con su insistencia en la diversidad, a la fragmentación en la perspectiva de análisis, a la pérdida de una visión holística de la violencia y a una minimización de sus características políticas; el segundo reparo fue no haber mantenido una relación consecuente entre diagnóstico y recomendaciones, puesto que, no obstante la contundente demostración de la heterogeneidad, el peso de las propuestas se lo llevaba a la hora de la verdad la violencia política. No cabe avanzar aquí en ese simultáneo cuestionamiento de la fragmentación y la centralidad, pero el hecho es que en la construcción de la compleja pirámide de violencias parecía hacer falta un orden jerárquico, aunque no necesariamente la búsqueda de una matriz de la cual todas las demás modalidades fueran simples epifenómenos.

Una Premisa Metodológica y Estratégica

Al informe de 1987 le pudo haber faltado una lista de prioridades, pero estableció una diferenciación cuya importancia se ha ido descubriendo a medida que se agrava el conficto.

En efecto, la degradación de la guerra en Colombia, en un contexto donde la confrontación entre las fuerzas insurgentes político-militares y el Estado está inmersa en un mar de otras violencias con objetivos privados, como el lucro, la venganza, el silenciamiento de la justicia, es hasta cierto punto un fenómeno casi inevitable. Pero precisamente por ello resulta importante para la población civil y para el objetivo estratégico de la paz mantener entre las partes que se reconocen como adversarios político-militares un espacio de aplicación de los tratados y de las tradiciones jurídicas internacionales sobre el derecho humanitario, donde se enfaticen las normas sobre la conducción de la guerra (licitud o ilicitud de armas y tácticas), sobre los blancos de la guerra (desmilitarización de objetivos civiles) y sobre los modos de terminarla (negociaciones, tratados, amnistías, capitulaciones).

A la luz de estas consideraciones se entiende mejor la distinción que sistematizara el estudio de la Comisión de 1987 entre la violencia política y no política, y más significativamente aún, la distinción entre violencia negociable y no negociable, que tanto ha sorprendido a los observadores del conflicto centroamericano. Se trataba, para ponerlo de manera muy simple, de distinguir, con propósitos académicos, pero sobre todo políticoprácticos, la violencia circunscrita a la confrontación guerrilla-Estado de aquellas que se refieren más a los diversos ámbitos de la seguridad ciudadana y las conductas sociales.

Sobre la primera modalidad, la violencia negociable, el país tiene una amplia tradición y hasta una rutina para su manejo: los armisticios de las guerras civiles en el siglo xix, las amnistías y el Frente Nacional a mediados del presente siglo, las amnistías de estas dos últimas décadas y hasta la propia Constitución de 1991, en lo que tiene de respuesta a las demandas de la insurgencia. En Colombia, más que en ningún otro país, la estabilidad es una "guerra civil suspendida".

Sobre el segundo tipo de modalidades -las violencias no negociables- el criterio de la Comisión consistió en resaltar los nuevos componentes de la violencia frente a los cuales no se percibían la preocupación debida ni las acciones estatales que mostraran conciencia de las dimensiones del problema. Las cifras de entonces, y aun las más recientes, dieron pleno respaldo a esas inquietudes.

Colombia tenía, en efecto, al doblar la década (1989-1992) una tasa de muertes intencionales de 77.5 por cien mil habitantes, una cifra que resultaba ser -si se exceptúan los países en guerra- la más alta del mundo. Los términos relativos de tales cifras son desconcertantes. Compárese, si no, ese 77.5, por ejemplo, con 4.6 en Francia, 8.0 en Estados Unidos, 24.6 en Brasil, 20.6 en México, 11.5 en Perú, o para ponerlo en términos de los sociólogos Álvaro Camacho y Álvaro Guzmán, la tasa de homicidios en Colombia es tres veces mayor que la de Brasil, el segundo país más violento de América Latina; más de 17 veces mayor que la de Uruguay, el menos violento, y, en el curso de un año, su número de homicidios es casi tres veces más alto que el de la República Popular China. Si ampliamos un poco más el espectro constatamos que la media anual de muertos entre 1986 y 1995 fue de 24 000, lo que en total daría una cifra perfectamente cotejable con la de la década sanguinaria de La Violencia de los años cincuenta, que hace unos pocos años hubiéramos pensado como irrepetible.

Lo que se subrayó otra vez de manera deliberadamente controversial, en 1987, fue que por grave que pudiera parecer la confrontación armada guerrilla-Estado, la guerrilla aparecía como responsable en los últimos años de apenas 6 o 7% de los homicidios en el país. Desde luego, con ello no se quería minimizar su impacto sino resaltar las novedades.

La novedad mayor era el crecimiento alarmante de la criminalidad y la violencia no negociable, imputable a dos fenómenos profundamente imbricados: el colapso del sistema judicial y las presiones letales del narcotráfico (el sicariato). Sólo desde dentro del país, y no desde las altas tecnocracias internacionales, se podía percibir la gravedad del dilema: entre el riesgo -de la amenaza mortal y la corrupción, la sociedad se fue acomodando defensivamente a la corrupción como pago por el derecho a sobrevivir. El efecto colateral, la monetarización de la justicia, dejó con el tiempo de ser un recurso ocasional para convertirse también en un mal endémico.

Devastadora y desestructuradora fue la violencia que empezó a campear en los espacios urbanos bajo las modalidades ya mencionadas, como el sicariato, la "limpieza social" de pobladores que en la brutal sociedad de consumo de hoy reciben el nombre de "desechables", la delincuencia organizada (bandas de atracadores), las milicias vinculadas a la insurgencia, las pandillas juveniles. En 1994, según informes de la fiscalía, sólo en la ciudad de Bogotá operaban 107 pandillas, desde luego con orígenes, composición y objetivos extremadamente disímiles, que van creando fronteras de difícil demarcación entre la afirmación cultural y generacional, la rebelión política, la protesta social y la simple delincuencia.

En estas condiciones, todos los escenarios de la vida cotidiana sufrieron profundas alteraciones: las formas de. sociabilidad, las actividades de esparcimiento, las relaciones interpersonales, la recreación infantil (temor al secuestro), los atuendos de la gente, especialmente de la mujeres (collares, aretes, pulseras, carteras), los antejardines y exteriores de las casas (cercados, enrejados), en fin, todas las costumbres y prácticas colectivas. De acuerdo con un análisis reciente sobre la violencia urbana en Colombia, se produjo una ostensible contracción de lo público, convertido ahora en el territorio del miedo y de la fuerza, y una exaltación de lo privado como refugio, como lugar de seguridad. Como corolario, el interés ciudadano se fue sacrificando en ara! del movimiento defensivo del interés privado.

Todo ello haría pensar que en Colombia -así se negociara con la guerrilla mañana la reconstrucción institucional, la reconstrucción del Estado y del tejido social podría tomar décadas. Pasar, en efecto, del hobbesianismo actual a lo que en otro contexto se ha llamado un estado de "reciprocidad generalizada" es decir, un estado en donde cada cual pueda suponer el cumplimiento y no la transgresión de las leyes de convivencia social, implicaría un largo proceso de aprendizaje y de reinvención de las tradiciones cívicas que la producción de las violencias ha ido aniquilando. Más que de una crisis política, se trataría aquí de una verdadera crisis de la sociedad.

Por ello resulta útil interrogarse sobre los bajos niveles de violencia en la pobre Bolivia, en contraste con los altos de la próspera Colombia, en las décadas recientes. Y la clave del contraste quizás se encuentre en las diferenciadas experiencias de la acción colectiva; así, "el mito positivo, triunfante, de la revolución boliviana de 1952, que es el triunfo de la acción colectiva popular, y el mito negativo de la violencia colombiana de los años cincuenta, con sabor a derrota, que es, por el contrario, la síntesis del fracaso de la acción colectiva pues ella se tradujo en varias derrotas: de los movimientos populares urbanos, del gaitanismo, del movimiento campesino, de la guerrilla liberal, etc., fracaso en fin de la política como construcción colectiva de un orden democrático, de un Estado moderno". Confianza en la acción social y política en Bolivia; asociación de la política con la violencia y suplantación de los actores sociales por los actores armados, en Colombia. Este contraste parecería sugerir nuevamente que en Colombia incluso antes que reconstruir el Estado habría que reconstruir la sociedad. Porque se trata de una sociedad que por efecto combinado de la violencia y el narcotráfico ha transformado los fundamentos de la acumulación (la ilegalidad sustituye a la ganancia socialmente aceptada), las estructuras de la comercialización, los valores culturales, las maneras de relacionarse con la vida y con la muerte, las redes entre el dinero, la justicia y la política.

Las anteriores consideraciones nos ponen frente a una línea de continuidad agravada del panorama descrito en el informe de 1987. Pero hoy, diez años después, hay que resaltar algunas diferencias significativas.

La primera mutación importante es que de una violencia guerrillera, enclavada en zonas marginales de colonización en los sesenta y setenta, se pasa a una presencia masiva a partir de los ochenta. Según cifras de 1995, que revelan una tendencia no contrarrestada hasta ahora, la guerrilla pasó de 7 67 3 hombres y 80 frentes en 1991, a 10 483 hombres y 105 frentes en 1994. Y en cuanto a su cobertura geográfica, en el mismo año 1994 las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) tenían presencia en 464 municipios (de un total de 1000 aproximadamente), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en 251 y el Ejército Popular de Liberación (M) en 71. La guerrilla tiene presencia también, según este mismo informe, en 93% de los municipios de colonización, y en 79% de los demás. Aunque a menudo estas cifras no distinguen apropiadamente entre presencia permanente y ocasional, son de todas maneras indicativas de las dimensiones del fenómeno y sobre todo del grado de penetración en los poros de la sociedad, como nunca antes.

Henry Kissinger, en un texto muy citado, ha puesto en evidencia la asimetría en la dinámica de los contendientes armados; así: "la guerrilla gana si no pierde, el ejército convencional pierde si no gana". Con las cifras antes señaladas es fácil adivinar el aire triunfante de la guerrilla colombiana y la sensación de-fracaso y decepción del ejército. El general Álvaro Valencia Tovar, uno de los militares que más ha pensado el fenómeno de la insurgencia colombiana (tuvo a su cargo las operaciones contra el cura guerrillero Camilo Torres en 1966), afirmó recientemente que la guerra que se libra hoy en Colombia empezó a perderse hace más de 30 años, en 1964, "primero por una razón de orden militar: el ejército vio las guerrillas que acababan de surgir en las cordilleras Central y Oriental (Marquetalia, Riochiquito, Pato y Guayabero) como simple rezago de la violencia sectaria y bandolera y no se empleó a fondo para liquidarlas; y segundo, por una razón política: la inconsistencia de la' acción estatal que no culminó las tareas de la rehabilitación económica y social de las áreas afectadas por la vieja Violencia, que impidieran el renacer de la lucha armada". Es decir, la falta de solución a la vieja Violencia nos metió, casi sin que lo advirtiéramos, en la actual. Y apenas ahora, terminada la guerra fría, parece posible, no sólo para los militares sino también para las élites en. general, comenzar a indagar sobre las causas endógenas de la violencia.

Para la guerrilla se trata hoy de un crecimiento a la vez militar, geográfico y económico que no necesariamente se traduce en poder político acumulado o acumulable. De hecho, la tendencia parece ser más bien la inversa: expansión acompañada de creciente deslegitimación política.

Esa pérdida de capacidad hegemonizadora nos lleva a destacar la segunda característica reciente, la evolución negativa de la guerrilla, impuesta tanto por el contexto de las violencias en que se despliega su accionar, como por su propia perdurabilidad. De una violencia política con horizontes étíco-normativos definidos y con criterios de acción regulados o autorregulados, se ha venido pasando a una indiferenciación de fronteras con la criminalidad común organizada y en alianzas operativas o tácticas con el narcotráfico, de beneficios inmediatistas pero de incalculables costos estratégicos. La realidad insoslayable es que las interconexiones de la guerrilla y otras modalidades de delincuencia no sólo están afectando su dinámica interna, sino que le impiden hacer planteamientos orgánicos para acabar con las otras violencias, pues en las circunstancias actuales ello acarrearía su automutilación. Es posible evidenciar incluso cierta circularidad entre los diversos actores de la violencia: guerrilleros que se vuelven paramilitares, narcotraficantes y delincuencia organizada al servicio de la insurgencia, cambios de identidad para encubrir (o para atribuir a otros) operaciones que generan el repudio público. Si de la guerrilla de los cincuenta se ha podido decir que se movía hacia la cualificación, de la de hoy habría que decir que se mueve, en muchos aspectos, hacia la degradación.

La manifestación más visible de la contaminación de las violencias ha sido, por supuesto, el secuestro, asunto en el que Colombia ostenta una indísputada primacía mundial. En Colombia, caso único, opera una ONG, País Libre, cuyo objetivo específico es la lucha contra el secuestro. Por iniciativa suya se han movilizado centenares de miles de ciudadanos en el país. Su fundador es un periodista del mayor diario nacional, que años atrás sufrió en carne propia el secuestro. Y es que en Colombia hace muchos años éste dejó de ser un recurso táctico o político y se convirtió en una práctica (sin atributos). Los números lo dicen todo. Se ha podido establecer que en 1994 hubo seis mil secuestros en toda América, de los cuales más de 60% tuvo lugar en Colombia.

Fuente: Clarín, de Buenos Aires, retomado por El Espectador, Bogotá, 20 de abril de 1995.

Los ganaderos se quejaron en el Foro Agropecuario celebrado en junio de 1995 en Barranquilla, de ser las principales víctimas: 500 miembros de su gremio habían sido secuestrados en 1994, pero la cifra de boleteados y extorsionados se elevó a 40 000, equivalente a 40% de los 64 137 ganaderos que poseían más de 100 hectáreas. Aunque ellos están más organizados y por lo tanto mejor informados de lo que pasa dentro del gremio, no son los únicos afectados por el secuestro y prácticas afines. Es éste un delito que hoy por hoy no tiene barreras geográficas ni sociales y su aumento revela, si no otra cosa, la progresiva indiscriminación de sus víctimas. A este tipo de cosas se refiere Malcolm Deas cuando habla del perverso carácter democratizador de la violencia que, afirma, "golpea por parejo a casi todos los sectores".

Eso explica en buena medida que, ante a su expansión y la ineficacia judicial para enfrentarlo, se haya agitado recurrentemente en los últimos años la idea de restablecer la pena de muerte y excluir dicha práctica delictiva de la lista de los delitos políticos susceptibles de amnistías e indultos. La mayor parte de tales secuestros, recalquemos, es atribuible a la insurgencia. Los restantes, a una gran variedad de actores, incluyendo familiares de las víctimas, y muy a menudo a organismos de seguridad del Estado. En este último caso el secuestro se confunde o asemeja a la desaparición forzada, que los defensores de derechos humanos reclaman insistentemente sea reconocida como delito autónomo. Una manifestación directa de la desconfianza pública en la justicia respecto a este delito es que sólo 20% de los secuestros es denunciado, y más grave aún, según declaraciones del ex ministro de justicia, Carlos Medellín, sólo 1 % termina en una condena judicial.

También a la luz de estas cifras hay que analizar tanto las recientes protestas masivas que en muchas ciudades se han levantado contra esta modalidad de la violencia, como el alarmante crecimiento paralelo del paramilitarismo, el cual ha llegado a tal punto que en noviembre de 1994 las llamadas Autodefensas celebraron una cumbre nacional para diseñar, según sus propios términos, estrategias de contención a la subversión. Esgrimen como modelo exitoso la experiencia de Puerto Boyaca, en el Magdalena Medio, donde desarraigaron "a sangre y fuego" a la guerrilla y toda manifestación de inconformidad social y política.

Las Autodefensas, surgidas en la década pasada e inspiradas en la doctrina de la seguridad nacional y los métodos de lucha contrainsurgente que veían al opositor político como un ene migo externo camuflado, hoy son mucho más heterogéneas en cuanto a sus orígenes y objetivos de lo que frecuentemente se admite, y se han ido vinculando cada vez más a operaciones de represalia contra el secuestro, el abigeato y la extorsión. En desarrollo de su táctica de ley del talión, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) secuestraron en 1996 a un alto número de familiares de la dirigencia guerrillera, a varios de los cuales liberaron por determinación unilateral durante la Semana Santa de 1997, ante delegados de la Cruz Roja Internacional, la ONG holandesa Pax Christi y la Iglesia católica, lo que no sólo elevó su protagonismo político, sino que también llamó la atención pública sobre las desprestigiadas prácticas guerrilleras; diríase que le dieron lecciones de derecho humanitario a la guerrilla. En regiones como Antioquia, y pese al rechazo ciudadano y las advertencias de los organismos internacionales de derechos humanos, han recibido una especie de legalización encubierta por medio de las llamadas CONVIVIR (Asociaciones Comunitarias de Vigilancia Rural), muy cercanas funcionalmente a las Rondas Campesinas que contribuyeron en Perú a desvertebrar a Sendero Luminoso, y a las "patrullas civiles" que en Guatemala sembraron el terror en la década pasada. Las Autodefensas colombianas materializan en el momento actual el tránsito de los viejos escuadrones de la muerte a una cierta masificación de la contrainsurgencia.

El impacto de esta confrontación sobre la población civil es abrumador. Tomemos como indicativo el desplazamiento interno. Entre 1985 y 1996 la cifra se aproxima al millón de desplazados. El más alto porcentaje de ellos (45) corresponde a Antioquia, seguido por César (10%), Córdoba (8%), Santander (7%), Sucre (5%) y Caquetá (5%). El ritmo del ascenso es aún más preocupante: en 1995 fue de 89 5 10 despazados, en tanto que en 1996, de 1810 10; desplazamientos atribuibles en 33% a acciones de los paramilitares y en 29% a las guerrillas. Estas cifras significan que en la actualidad uno de cada 40 colombianos huye de su región por razones de violencia. El dilema, como relatara un campesino a un organismo de derechos humanos, es: "Si nos quedamos nos matan, y si nos vamos nos queman las fincas" . Una lección para tener en cuenta: pese a que atraen mucho menos la atención internacional, las guerras civiles. suelen tener efectos mucho más devastadores que las guerras interestatales.

Con las premisas enunciadas, hasta podría invertirse el diagnóstico de los "violentólogos" de hace diez años, y en lugar de afirmar el carácter marginal de la violencia política, subrayar su papel de contexto de reproducción de las otras violencias. Incluso el propio narcotráfico, en su versión militarizada, encontró ventajas comparativas para su expansión en la mezcla de prácticas tradicionales de corrupción y violencia. Como ha planteado Daniel Pecaut, en la actual situación de violencia generalizada, la "violencia realizada por los actores organizados constituye el marco en el que se despliega la violencia desorganizada". La relación puede estar adquiriendo incluso fuerza de causalidad. Hay indicios de que podemos estar entrando en un círculo vicioso, en el que el desarme de grupos guerrilleros sea una simple fase en la recomposición de grupos armados de otro tipo. No sólo la expansión, sino la -misma crisis de las violencias con proyecto político, parecería ir acompañada de un notorio auge de las demás (delincuencia organizada).

Si fuera permitido simplificar las imágenes de la violencia que se van tejiendo en las diferentes memorias colectivas nacionales o regionales,. podría decirse que hay, primero, una que es la de la guerra y la polarización, reconocible sobre todo en. Centroamérica (Nicaragua, El Salvador) otra, en segundo lugar, que tematizó la violencia mediante la tortura y la desaparición (el Cono Sur, especialmente Argentina); una tercera, que se vivió y representó como genocidio étnico (Guatemala); y cuarta, la de Colombia, en donde la violencia es vivida en plural, como violencias cruzadas.

Paz Parcelada, Guerra Prolongada

Hay otro ingrediente que le añade, por si aún faltara, mayor complejidad a la situación colombiana, y es que el país ya ha ensayado repetida y casi rutinariamente, no sólo en el siglo pasado sino en épocas recientes, el mecanismo de la amnistía, sin asumir las implicaciones sociales y económicas de la reinserción política. Las partes en conflicto se han ahorrado el compromiso de pensar en las salidas de fondo. Y las salidas reales negociadas pasan no tanto por los mecanismos de terminación del conflicto como por el abordaje de los problemas materia del mismo. No tanto por la gramática como por el contencioso de la guerra, podríamos decir.

Expresión de un itinerario pragmático pero poco fértil ha sido la estrategia gubernamental de las negociaciones de "paz por cuotas", con la esperanza incierta de que la acumulación de éstas nos llevará un día a la cuenta total, a la paz definitiva. Pero en realidad una paz dosificada es una guerra programada. Las negociaciones parciales -parece ser la lección que va dejando la experiencia colombiana- a la larga no merman la magnitud del conflicto global sino que sirven simplemente de espacio para el reacomodo de los actores principales de la guerra. Más aún, la tendencia demostrable, la norma, es que tras cada negociación se producen nuevas escisiones, y nuevas radicalizaciones. Es la manera de mantener la cohesión interna, amenazada por el encuentro con el "otro" (interlocutor en la negociación). Este modelo de negociación hace que Colombia represente una situación muy peculiar para los analistas de la resolución de conflictos, pues es al mismo tiempo ejemplo de negociación exitosa y de conflicto interminable.

Y es que la parcelación temporal de las negociaciones tiene, claro está, fundamentos prácticos, presupuestos objetivos: fragmentación real de la insurgencia, fragmentación ostensible de los interlocutores estatales (no sólo entre civiles y militares) y atomización de la sociedad civil. Obedece, pues, a un sano principio de realismo. Pero tiene un inconveniente mayor, y es el de la superposición, a menudo irreconciliable, de los problemas de la guerra y las tareas de la paz. El proceso de reinserción del grueso del EPL (marzo de 1991), a través de su movimiento político Esperanza, Paz y Libertad, ilustra dramáticamente estas incompatibilidades. Y el corazón del problema es justamente el manejo y las redefiniciones del concepto de seguridad en un periodo de transición de la insurgencia a la vida civil.

Como se ha visto con mayor evidencia en los diversos casos del conflicto centroamericano, temas como el de la depuración, presupuesto y tamaño del ejército, la incorporación de los ex guerrilleros a los aparatos armados del Estado, la reconsideración del papel de los militares en relación con la dirección política, son en algún momento componentes básicos de la agenda de paz y que, dado el carácter global de las negociaciones en la región, han implicado en gran parte una redefinición compartida de la seguridad.

En un proceso de negociaciones escalonadas, como es el caso de Colombia (M 19, en marzo de 1990; EPL, en marzo de 1991; PRT en abril de 1991; Quintin Lame, en mayo de 1991; CRS, en 1994), los ajustes son mucho más impredecibles. En efecto, asumir el proceso de reinserción apareja la aceptación, por parte de quienes lo hacen, del monopolio legítimo de las armas en manos del Estado, a cambio de que éste les brinde las garantías que debe a todos los ciudadanos, en condición de tales, empezando por el derecho a la vida. Pero ese mismo acto, que hace que los reinsertados invoquen la protección de la fuerza estatal, los coloca como blanco privilegiado de las guerrillas y de las fracciones supervivientes.

Un estudio del propio movimiento Paz, Esperanza y Libertad nos da las cifras de su tragedia. Entre los 3 045 ex combatientes amnistiados e indultados, habían ocurrido 274 asesinatos (8.3%) de 1991 a 1994, en forma ascendente:

La mayor parte de tales homicidios se registró en Urabá (54%) y en Córdoba (23%), sus antiguos bastiones en la lucha armada, y las bases sociales de su nuevo proyecto político. Pero lo más sorprendente es la autoría: en su mayoría, según los registros, fueron perpetrados por las guerrillas activas:

Ahora ellos, los reinsertados, que habían dado el salto a la salida política y a la lucha pacífica, se veían obligados a reclamar la acción represiva del Estado y la vigencia del derecho internacional humanitario, e incluso a crear órganos de autodefensa como los Comandos Populares de Urabá. En alguna medida sus viejos socios de armas, más que los paramilitares, les impedían realizar sus proyectos productivos e instalarse en sus zonas de origen. Porque ésa es la lógica territorial de la paz parcelada: un actor armado desocupa una zona para que inmediatamente después otro la reconquiste, utilizando a menudo tácticas y procedimientos más despóticos que los del propio Estado. En una sola zona como ésta, la competencia de legitimidades incluye, por lo menos, a desmovilizados, paramilitares, guerrillas activas y el gobierno.

A la red de obstáculos descrita habría que agregar desde luego las reticencias de la sociedad a facilitar la reincorporación plena, personal, profesional y productiva de los reinsertados (los industriales antioquenos lo saben, pero no sólo ellos); el marginamiento deliberado o inconsciente en los organismos de representación (Parlamento, concejos); los continuos temores de las autoridades, justificados o no, de que, a la inversa del fenómeno ya anotado, los desmovilizados sirvan de cobertura para que los grupos aun activos obtengan beneficios judiciales (indultos), económicos (préstamos, subsidios) y políticos, que estarían reservados sólo para quienes han hecho manifestación expresa de "reinserción". Todo esto hace pensar en las ambivalencias de la reinserción (individualizada); desde un cierto punto de vista la reinserción, por definición, integra-, pero desde otro, simplemente dispersa y desarraiga.

No es de extrañar entonces que la paz pueda volverse azarosa para los recién llegados a la arena pública, a diferencia del grupo guerrillero que era percibido como "un colectivo de vida", que brindaba sentido de pertenencia, de identidad y de seguridad.

Como se adivinará, en las anotaciones precedentes está envuelto un postulado político básico, a saber: cualquier intento serio por aclimatar la paz tiene que comenzar por los que ya le apostaron a ella. Ello implica esfuerzos para hacer no sólo llevaderos y- durables sino irreversibles los procesos de reinserción. Un diagnóstico rápido sería suficiente para apreciar que lo que se ha venido realizando en materia de proyectos productivos, de distribución de tierras, de educación de bachilleres (con el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, y con el Instituto Colombiano de Crédito en el Exterior, ICETEX) y de vivienda, se queda corto frente a las necesidades actuales. Igualmente insuficientes son los llamados Fondos de Paz (o Fondos de Desarrollo Regional) que se pusieron en vigor con la Corriente de Renovación Socialista (CRS). Son asuntos sobre los cuales múltiples sectores de la sociedad civil, como los empresariales, la Iglesia, la cooperación internacional y la propia academia, tienen mucho por aportar.

Lo peor que le puede ocurrir al proceso de paz es que los que ya están comprometidos en la reinserción lleguen a percibir su regreso a la civilidad como un deterioro de sus expectativas y condiciones de vida, como una "paz a pérdidas". La- paz tiene que ver aún más con las agrupaciones guerrilleras con las cuales la negociación está pendiente (FARC y ELN), que ya no están integradas por los pobres campesinos de antaño, como se señaló anteriormente.

Asumidas en serio, las negociaciones, como muy sugestivamente lo ha observado Malcolm Deas, pueden apuntar tanto a contenidos materiales identificables, tales como recursos, organización, experiencia, armas, zonas de influencia, cuanto a capitales simbólicos acumulados del siguiente tenor: haber representado durante décadas el polo opositor, ser los vengadores potenciales del atropello y la arbitrariedad, haber sido los gestores o impulsores de muchas transformaciones institucionales... Yo mismo he planteado el tema en términos de un necesario balance entre la deuda social de la sociedad con la guerrilla y la deuda histórica de la guerrilla con la sociedad. Un balance sobre el cual se puedan dar indicaciones, pero que esencialmente tiene que surgir del propio proceso negociador.

La Necesaria Repolitización del Conflicto

Lo anterior implica esfuerzos continuos de repolitización del conflicto, no sólo de parte de la sociedad civil sino también del propio gobierno, una de cuyas armas de combate cotidiano suele ser, paradójicamente y por la naturaleza misma de la confrontación, la deslegitimación. Y para ello no debe perderse de vista que en Colombia el tiempo marcha contra los intereses de una negociación global. La contradicción, ya señalada, entre la expansión territorial de la guerrilla y su pérdida de espacios políticos; la desarticulación organizativa e ideológica de muchos frentes guerrilleros, e incluso las palpables muestras de bandolerización en otros, son signos perturbadores. Ni a la guerrilla ni al país le conviene que, en lugar de 10 000 guerrilleros, tengamos mañana 20 000 bandoleros, sumados a narcos, paramilitares y delincuentes comunes. Fueron ya 1000 o 2 000 bandoleros un trauma suficientemente grande para el país a principios de los años sesenta, como para que nos olvidemos de él al examinar el curso de los acontecimientos Presentes.

Aunque fuera de sus propias zonas (como sucedía también con las violencias pasadas), las guerrillas colombianas recurren cada vez más frecuentemente a prácticas que contradicen su discurso, como las operaciones terroristas y las masacres contra las bases sociales de sus presuntos o reales adversarios; hacia adentro, en cambio, así sea por lógica puramente defensiva y con métodos abiertamente autocráticos, tienen códigos que imponen severos límites a la delincuencia común, en cuanto pueden competir con sus aspiraciones de depositarios exclusivos de la fuerza.

Las guerrillas son de hecho el Gran Leviatán de muchas zonas de colonización. Más aún, en las zonas cocaleras conservan la capacidad de definir condiciones de producción, de distribución de beneficios y hasta de cierto desarrollo empresarial. Es una dinámica que parecería responder a la consigna de "guerra punitiva en las fronteras, paz en el interior", versión adaptada de la que esgrimiera el líder político conservador Laureano Gómez, a raíz de la guerra con Perú a comienzos de, los años treinta.

A la luz de estas observaciones, las marchas cocaleras de 1996 en el sur del país pueden tener lecturas ambivalentes: si bien muestran una alianza tácita o expresa de la guerrilla con los intereses de productores y comerciantes de coca, también le aportaron a ésta, según la aguda observación de un analista, algunos de los ingredientes que había perdido o de los cuales carecía, a saber: proyecto político, base social y presencia nacional .

Dentro de estos propósitos explícitos de repolitización se inscriben los principios de la oferta de diálogo del debilitado gobierno de Ernesto Samper:

1) Reconocimiento del carácter político de la guerrilla, imposibilidad o inutilidad de la victoria militar y necesidad de la salida negociada. Colombia, que tiene entre sus guerrillas actuales tantos sobrevivientes de la vieja Violencia, sabe algo que en cierta manera constituye ya una hipótesis de trabajo de los analistas internacionales: en los conflictos internos, la derrota de la rebelión puede llevar no a la supresión sino a la simple clandestinización de sus causas, que habrán de reaparecer más tarde. Repolitizar significa entonces aceptar en todas sus implicaciones que se está frente a un actor complejo, resultante de la articulación de por lo menos una ideología, un movimiento, unos recursos específicos para la guerra (las armas) y unos objetivos en contravía del poder establecido.

2) Aplicación efectiva del derecho internacional humanitario, que permita simultáneamente "civilizar" la guerra y ponerla bajo la mirada de la comunidad internacional y, ocasionalmente, en la perspectiva de la mediación (de Naciones Unidas, de otros gobiernos, de ONG internacionales, etcétera). De hecho, la temática del derecho internacional humanitario define no sólo mecanismos de guerra sino también temas y contenidos nuevos para las negociaciones, como el secuestro y la desaparición forzada, tan cruciales en el caso colombiano; el reclutamiento de menores en ambos lado! de la confrontación; el trato a los prisioneros. O sea que mientras para los conflictos internos a los cuales se suman componentes regionales importantes, tales como identidades culturales o religiosas que trascienden fronteras formales o políticas, el esfuerzo se dirige a la "domesticación" del conflicto (en Afganistán, por ejemplo), para los conflictos exclusiva o predominantemente internos, como es el caso de Colombia, resulta saludable por el contrario un cierto nivel de internacionalización con miras a la negociación.

3) Negociación en medio de la guerra. Este principio, que parecería normal en cualquiera otro contexto, se ha dificultado enormemente en Colombia por el esquema de negociaciones escalonadas de que se habló antes. En efecto, las expectativas de la tregua con aquellos que estaban en proceso de negociación se han visto alteradas por las simultáneas escaladas de los que han querido distanciarse momentáneamente, de los que ven la tregua como oportunidad de reacomodo propio, o de los actores armados que sustentan lógicas distintas, como lo mostró el narcoterrorísmo del cártel de Medellín en 1989 y 1990. En todo caso, se trata simplemente -de reconocer la dinámica entre guerra y política, y aceptar que incluso la escalada militar puede caber dentro de una estrategia de negociación.

4) Participación activa de la sociedad civil. Un esfuerzo explícito por multilateralizar el proceso de paz, aliviar las tensiones y mantener una opinión pública favorable a los acuerdos, sobre todo si se tiene en cuenta que el país lleva más de una década de negociaciones intermitentes, a partir de la administración de Belisario Betancurt (1982-1986). Importante papel han desempeñado al respecto redes nacionales de muy amplio espectro, como la Red Nacional de Iniciativas por la Paz, el Comité de Búsqueda de la Paz, la Comisión Nacional de Conciliación, la Iglesia católica y numerosos organismos regionales, de uno de los cuales salió precisamente el recién nombrado ministro de Defensa, Gilberto Echeverri Mejía.

Esta insistencia en la necesidad de estimular el papel protagónico de la sociedad civil es también la perspectiva de quienes en general privilegian la función consensual del Estado y su carácter de productor de legitimidad (visión hegemónica gramsciana), a diferencia de quienes lamentan la incapacidad del Estado para defender el monopolio de la fuerza y extender sus mecanismos de coacción a todo el territorio nacional (visión weberiana).

Es la convicción de quienes piensas que a Colombia le puede faltar autoridad, ley, Estado, pero también, contra todo lo que se dice, le falta democracia.

La batalla entre los actores armados por la conquista de la sociedad civil, o la capacidad de autonomía de ésta van a ser factores determinantes en el curso del conflicto en el inmediato futuro.

Los Límites y Complejidades de la Negociación Política

Pero aun en medio de condiciones normativas favorables, hay dos elementos que seguirán dificultando la consolidación de la paz en Colombia: uno referente a los actores, y el otro al contenido de los ocasionales acuerdos.

En cuanto a lo primero habría que destacar que con la terminación de la guerra fría y la consiguiente pérdida, o al menos reducción sustancial, de los apoyos logísticos y doctrinarios internacionales, los actores armados entran en un rápido proceso de regionalización interna y de fragmentación, no en el sentido cronológico y de sucesión ya señalado, sino en el de multiplicación de interlocutores eventuales. En este nuevo cuadro múltiple es posible distinguir a las guerrillas (y subráyese su diversidad) que aprovechan los espacios que les abren los procesos de descentralización (acceso a recursos, elección de autoridades, control del poder local); pero también se ven afanosos jefes militares que le apuestan a la dinámica clientelista en sus alianzas con los gamonales y las fuerzas "vivas", locales y regionales. En los intersticios de ambos, los narcos compran tierras, conciencias y autoridades, y los paramilitares construyen su proyecto político-militar, con un discurso contrainsurgente que busca articular la defensa de la propiedad (su carácter antiextorsionador) y la defensa de la libertad personal (antisecuestro), así sea, al igual que sus adversarios, llevándose por delante la vida.

Este mosaico de actores ha ocasionado que en la situación presente el proceso de paz sea mucho más intrincado que en las guerras anteriores. Hoy no estamos frente a un proceso dual sino frente a un conjunto de procesos simultáneos de guerra y ocasionalmente de paz.

En cuanto a lo segundo, en Colombia, desde las guerras civiles del siglo pasado, las amnistías han tenido un contenido eminentemente político, cuya máxima expresión ha sido la expedición de una nueva Constitución. El pacto del Frente Nacional, que surgió de las cenizas de la Violencia, no introdujo una nueva constitución pero sí un nuevo diseño de la política, al establecer unajerarquía entre la lucha partidista y el desarrollo económico, subordinada la primera al segundo. De nuevo la Constitución de 1991, que es la vigente, quedó con el sello de pacto posbélico, de tratado de paz, dado el relevante papel que en su elaboración desempeñó el M 19 (35% de los constituyentes, el recién reincorporado movimiento insurgente. Pero en el plano simbólico y en un contexto de negociaciones escalonadas como el colombiano, redujo paradójicamente los espacios de negociación con los movimientos guerrilleros que se marginaron o nunca entraron a considerar su trasmutación en movimientos políticos. Porque, después de una nueva constitución nacional como contrapartida a la reincorporación de un sector de la insurgencia, ¿qué más ofrecer a los que quedan? Es probable entonces, y más si se tiene en cuenta la naturaleza de los dos grandes movimientos en armas, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que las negociaciones futuras se desplacen hacia contenidos fundamentalmente económico-sociales, tales como expropiación de tierras a los narcos para su distribución entre los campesinos pobres, inversión social en zonas de bonanza petrolera, reconversión económica en las zonas cocaleras, redefinición de términos de negociación con las multinacionales petroleras. Este encuentro de los asuntos del narcotráfico con los de la guerrilla va a ser fuente de enormes dificultades. Unificar demandas y encontrar recursos para satisfacer las expectativas será una tarea ardua, tan ardua como resulte la voluntad de las partes para mantenerlas dentro de límites negociables en esta Colombia que David Bushnell ha definido como una nación a pesar de sí misma.

* Foro Internacional, enero-marzo de 1998, ANUIES, México.

Cuestiones de América Nº 10, Agosto-Septiembre de 2002

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