Cuestiones de América
Los
militares paraguayos crearon el «Archivo del Terror» donde guardaron los
informes de la «operación Condor» - Paraguay, Chile y Argentina se coordinaron
para atentar contra la oposición
Antonio Rubio y Manuel Cerdán *
MADRID.
Los documentos del Archivo del Terror, solicitados en enero de 1998 por el juez
Baltasar Garzón a la Justicia de Paraguay para demostrar la implicación de
Augusto Pinochet y su policía en la denominada operación Cóndor, ya han salido
de Asunción con dirección a Madrid.
Entre
el material que está a punto de llegar a la Audiencia Nacional destaca una
serie de cartas, informes y agendas que demuestran la relación y colaboración
existente entre los diferentes jefes de los comandos de las Fuerzas Armadas de
Paraguay, Argentina y Chile para secuestrar y eliminar a los opositores
políticos que habían huido de la represión y se habían refugiado en los países
del Cono Sur.
Los
expedientes, que están autentificados por el Palacio de Justicia de Asunción
(Paraguay) y por Martín Almada, presidente del Tribunal Etico contra la
Impunidad, serán las piezas fundamentales en las que el juez Garzón se basará
para procesar al dictador Augusto Pinochet, si, finalmente es extraditado a
España por la Justicia británica.
EL
MUNDO ha tenido acceso a una parte de los documentos solicitados por Garzón.
Dos de estos papeles del Archivo del Terror demuestran, sin ningún tipo de
dudas, la colaboración entre las diferentes Fuerzas Armadas sudamericanas para
la eliminación física de los opositores e intercambio de prioneros.
Mutua
colaboración
El
primer documento es una misiva de Manuel Contreras, coronel director de
Inteligencia Nacional de Chile, a Pastor Coronel, jefe del Departamento de
Investigación de Paraguay. Contreras da las gracias a Pastor Coronel «por la
cooperación prestada para facilitar las gestiones relativas a la misión que
debió cumplir mi personal en la hermana República del Paraguay».
Contreras,
que fue condenado por el asesinato de Orlando Letelier en Washington, además de
agradecer los servicios prestados por los hombres de Pastor Coronel, se muestra
convencido de que «esta mutua colaboración continuará en forma siempre creciente
para el logro de los objetivos comunes coincidentes de ambos servicios». La
carta está fechada en Santiago de Chile el 25 de septiembre de 1975, en pleno
apogeo de la operación Cóndor y dos años después del golpe de Estado contra el
presidente Salvador Allende.
El
juez Baltasar Garzón, por medio de dos comisiones rogatorias que envió a
Paraguay en enero y en septiembre de este año, solicitó a aquel país «las
cartas, agendas, artículos y otros efectos relativos a la Conferencia de
Seguridad (Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Bolivia y Paraguay) en relación a
los métodos para acabar con las actividades subversivas en la región».
Pastor
Coronel no sólo se relacionó y recibió información de los golpistas chilenos
para la eliminación de los opositores, sino que también mantenía los mismos
contactos con los militares argentinos.
Benito
Guanes Serrano, el jefe de la Inteligencia Militar de Paraguay, informó en
agosto de 1976 a Pastor Coronel sobre los «subversivos brasileiros radicados en
la República de Argentina», como se refleja en un informe al que ha tenido
acceso EL MUNDO.
El
objetivo de la «Nota Nº B/650» de la inteligencia paraguaya, emitida por el
coronel Guanes Serrano, es claro: «Remitir fotocopia de lista nóminal y
fotografías» de los exiliados brasileños.
Españoles
e italianos
El
sistema de ejecución de los miembros de la oposición es similar al utilizado
por los GAL, tal como se refleja en uno de los documentos del Cesid. Primero,
la localización de los objetivos con la ayuda de la policía de otro país y
después, la eliminación física de los subversivos.
Entre
los documentos que Garzón recibirá en los próximos días se encuentra una
declaración jurada de Julio Manuel Laks Feller, que fue testigo de las torturas
y de la posterior desaparición del sacerdote español Antonio Llidó a manos de
la DINA chilena, en septiembre de 1975. Laks Feller, antes de ser expulsado a
Israel, pudo memorizar una serie de nombres de personas que desaparecieron tras
haber sido detenidas por la policía.
El ciudadano israelí también fue testigo del
arresto y tortura de Lumi Videla Moya. Según su testimonio, «su cuerpo fue
lanzado sobre el muro de la embajada de Italia». Laks Feller hizo esta
declaración judicial el pasado 29 de octubre.
Eliminación
de los enemigos
A
mediados de los años 70, los diferentes jefes de las fuerzas militares y
policiales de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil, con el
visto bueno y el apoyo de la CIA norteamericana, llegaron al acuerdo para
coordinar una serie de operaciones conjuntas con el fin de secuestrar, torturar
y eliminar a los opositores de sus respectivos regímenes. Esta misión recibió
el nombre de operación Cóndor.
Después
de los golpes militares de Bolivia, año 1971, Chile y Uruguay, 1973, miles de
ciudadanos de estos países se refugiaron en Argentina. A partir de ese momento,
los militares argentinos comenzaron a colaborar con la DINA (policía política)
chilena para la localización de los «subversivos».
Las
primeras acciones enmarcadas dentro de la operación Cóndor se llevaron a cabo
en septiembre de 1974, en la ciudad de Buenos Aires. Cuatro exiliados uruguayos
fueron secuestrados y, semanas más tarde, sus cadáveres aparecieron en los
alrededores de Montevideo.
La
siguiente acción fue contra el general chileno Carlos Prats, asesor del
presidente Salvador Allende, y su mujer. Los dos fueron asesinados por un
comando de la DINA que actuó en suelo argentino.
El Archivo del Terror, que en la actualidad está
depositado en el Palacio de Justicia de Asunción (Paraguay), tiene las mismas
características que los documentos del CESID sobre la guerra sucia.
* El Mundo,
Madrid, 19 de noviembre de 1998
Cuestiones de
América Nº 10, Agosto-Septiembre de 2002
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