Cuestiones de
América
Las tiranías
latinoamericanas
Marcos Roitman Rosenmann *
En
un periodo en el que se piensa que los alzamientos militares y las tiranías son
cosa del pasado, la justicia continúa su marcha. Juzgar a los tiranos y no
permitir la impunidad es el mejor reconocimiento para evitar caer en
tentaciones totalitarias. Sin embargo parece ser que mientras la justicia
pretende ejercer su cometido, el poder político se empeña en poner trabas a la
acción judicial. En América Latina nuestras elites no comparten el criterio
democrático de una ley igual para todos. Aún hay quienes se sienten seguros y
vanaglorian de evadir la acción judicial y quedar en la más absoluta impunidad gracias
al corrupto y miserable comportamiento de quienes deberían tener la obligación
de dar ejemplo. Me refiero a los cargos electos en ejercicio del poder
político.
Salvo
en Argentina, en países como Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay y Bolivia se
sigue sin encausar a los máximos y directos responsables de las políticas de
genocidio, terrorismo y torturas cometidos durante los años que los generales
usurparon el poder. Tiempo donde se urdió una de las maniobras mas
despreciables para acabar con la vida de militantes de izquierda en los países
del Cono Sur sometidos a regímenes militares: la Operación Cóndor. En un
intento de aplicar medias tintas, por ejemplo, se juzga a mandos intermedios
con el fin de expiar pecados. En cualquier caso, la política ha sido evitar
juicios ejemplares donde se sentaran los verdaderos artífices de tan horrendos
crímenes de lesa humanidad.
Perdón
sin olvido no es perdón. Así reza la máxima pragmática establecida en 1905 por
George Mead. Para poder vivir en la más completa degradación e ignominia se
torna imprescindible la pérdida de memoria. Mas importante que perdonar,
cuestión que no debe afectar la acción de la justicia, es no tener conciencia.
Hay que olvidar.
Cualquier
intento de pedir responsabilidades puede alterar el pacto de gobernabilidad
entre militares, elites económicas, políticas y fuerzas exteriores sobre las
cuales se acordó la Ley de Punto Final y el restablecimiento de un orden de
libertades mínimas y restringidas. Regímenes electorales más que democráticos.
Cuando surgen escaramuzas o se levantan voces díscolas pidiendo el
enjuiciamiento de tiranos en vacaciones éstos tienen testaferros que asumen su
defensa. Personajes que se apresuran a eximir de culpa a torturadores y
genocidas. Este es el caso de la mayoría de los actuales dirigentes de partidos
políticos en otro tiempo perseguidos, declarados en la ilegalidad y cuyos
militantes fueron detenidos y asesinados por las policías políticas de las
tiranías.
Sin
el más mínimo respeto a las vidas humanas y los principios éticos sobre los
cuales dicen articular sus vidas y proyectos de cambio social, antiguos
perseguidos se transforman en cómplices y encubridores de los más siniestros
personajes. Aludiendo a una falsa legitimidad supuestamente ganada en la lucha
contra la tiranía se rodean de un halo protector que los inmuniza de las
críticas por su cobardía. Responden con indignación y descalifican a quienes
pretenden que la ley y la justicia se cumpla, tachando de desestabilizadores a
quienes han luchado por la democracia sin pedir ningún cargo público como
recompensa o pago por servicios prestados. De esta manera, los defensores de
tiranos y torturadores transforman y tildan las actividades de las asociaciones
de familiares de detenidos y desaparecidos, de presos políticos en
organizaciones cuasi terroristas.
Por
suerte, y a pesar de la Ley de Punto Final, el magistrado argentino Rodol- fo
Canicoba Corral ha pedido a la justi- cia boliviana la extradición del ex
general golpista boliviano, Hugo Bánzer. El hasta hace pocos meses presidente
constitucional de Bolivia, obligado a dimitir por problemas de salud, previó
esta posibilidad. Antes de abandonar el gobierno formal articuló una red
protectora con el fin de evadir la acción judicial y no verse involucrado en
los asesinatos y desaparición de ciudadanos argentinos, chilenos, paraguayos,
bolivianos, brasileños y uruguayos cometidos durante el periodo que duro la Operación
Cóndor. Fue un pacto implícito: me voy pero dormiré tranquilo sin pensar en
la posibilidad de un caso Pinochet. Esta red protectora emerge en estos
momentos decisivos. Son las voces de testaferros y lacayos dispuestos a
guardarle las espaldas a Bánzer. Así sucede con el Movimiento de Izquierda
Revolucionario de Bolivia uno de cuyos máximos dirigentes, Hugo Carvajal, a la
sazón ex ministro con Bánzer, en su particular alianza para gobernar acusa de
cínicos y vendepatrias a quienes plantean se cumplan los acuerdos y se
extradite al tirano.
Son
estos lacerantes comportamientos lo que favorece la impunidad y avalentona a
otros a seguir este camino de desprecio a la acción judicial y las
instituciones democráticas. Pero no es todo. El gobierno boliviano, y como
portavoz su presidente Jorge Quiroga, con principios idénticos a su protector,
señaló con tono indignado que Bánzer no puede ser ni juzgado ni extraditado. Es
más, en caso de producirse semejante atrocidad la única instancia que podría
realizar dicho acto sería la Corte Suprema de la nación boliviana. Desde luego,
al igual que sucediera en Chile con Pinochet, sería aconsejable, ya que es la
instancia perfecta para legitimar la impunidad vía presión política. ¡Viva la
independencia de los Tribunales!
De
esta manera, el gobierno boliviano esgrime la soberanía nacional para impedir
la acción de la justicia internacional sobre crímenes de lesa humanidad. Es una
pena que esta misma soberanía nacional no se ejerza con igual firmeza cuando se
roban y esquilman las riquezas nacionales en nombre del progreso. Cuando más
necesitados estamos de gobiernos democráticos nuestras clases dominantes más se
empecinan en mostrar su carácter totalitario e intolerante. Bolivia es un
ejemplo.
* La Jornada, 8 de
enero de 2002.
Cuestiones de América
Nº 10, Agosto-Septiembre de 2002
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