¿Desaparecidos?
No me gusta hablar de guerra sucia para el caso de
Argentina, de Guatemala, de Chile; lo considero un “rodeo”, una mentira. En primer
lugar, toda guerra es sucia, por lo que hacer semejante distinción sugiere la
existencia de otras confrontaciones que serían guerras nobles, caballerescas,
¿limpias? Nada más falso, se mire por donde se mire. La guerra contra
Afganistán, ¿fue limpia? ¿Lo fueron la guerra de los Balcanes o la de Vietnam o
la Segunda Guerra Mundial? Y no lo fueron, no solamente por las numerosas
víctimas que causaron, sino por las atrocidades cometidas, por la “suciedad”
implícita en la violación de todos los principios y convenciones que
supuestamente regulan lo bélico. Asesinato de civiles a mansalva incluidos
niños, tortura y ejecución sumaria de prisioneros, “castigos ejemplares” sobre
poblaciones enteras fueron procedimientos de rutina y lo siguen siendo en las guerras
declaradas, formales, “limpias”.
Pero por otra parte, las llamadas “guerras sucias”
no fueron guerras en sentido estricto sino el simple aplastamiento de la
oposición política y de la insurgencia armada por medio del terror de Estado,
como parte de una “guerra” global, en distintos frentes, por el control
planetario. Estados Unidos “protegió” a América Latina de cualquier propuesta
política y social que pudiera poner en entredicho una apertura comercial
irrestricta de nuestros países con miras a asegurar su penetración e incluso su
desintegración, si es preciso.
En un momento como el actual, de auge de un discurso
antiterrorista, es fundamental insistir, aun hasta el hartazgo, que el
terrorismo más grave, el que causa mayor cantidad de víctimas y el que es capaz
de cometer los mayores abusos y atrocidades es precisamente el terrorismo de
Estado. No se trata de una formulación axiomática sino de una verdad clara,
ampliamente demostrada en la práctica de los Estados totalitarios primero y de
distintas formas de Estado autoritario que se desplegaron en América Latina
durante el siglo XX, desde las dictaduras clásicas como las de los Duvalier,
hasta los Estados burocrático autoritarios del Cono Sur, más recientemente o
las dictaduras centroamericanas.
Se podría decir que el terrorismo de Estado operó en
nuestro continente, sobre todo a partir de los años 70, a través de una
modalidad represiva clave: la desaparición de personas que en algunos países,
como en el caso argentino, se hizo a través de campos de concentración-exterminio.
Los desaparecidos no son “cualquiera”. Hay una
selectividad en la política de desaparición de personas. El ataque se centra en
los militantes políticos y sociales que se oponen al modelo antinacional,
antipopular y represivo de estos Estados autoritarios. No se trata de un Estado
“loco” que ataca la sociedad en la que se sustenta sino de un Estado selectivo,
dispuesto a eliminar cualquier foco de oposición a su propuesta. Para ello,
procede más allá de las atribuciones que la ley le otorga, por fuera de la ley,
para asegurar así una acción irrestricta e impune, orientada en primer lugar a
sus enemigos políticos pero en la que puede afectar –y así lo hace con
frecuencia- literalmente a cualquiera. De esta manera, tiene la posibilidad de
capturar a los disidentes políticos y a distintos “enemigos” -que define como
tales de manera muy laxa-, y “desaparecerlos” negándoles toda garantía legal;
puede así hacer sobre sus bienes, sus personas y sus familias cualquier cosa,
con tal de eliminarlos y reducirlos al silencio a ellos y a la sociedad en su
conjunto. Porque todo el mundo sabe que el Estado es el “desaparecedor” de las
personas pero no se dice, no se reconoce, no se explicita de manera alguna, ya
que hacerlo es entrar en la zona de peligro.
Las personas “se esfuman” para siempre, sin saber
qué les pasó pero, al mismo tiempo, sabiendo. Es un no saber sabiendo de la
tortura y el asesinato. Sin embargo, falta el quién, el por qué y el cómo, de
manera que todos, absolutamente todos se sienten sordamente amenazados y
compulsados a dar pruebas crecientes de “inocencia” y de asepsia.
Lo difuso en la desaparición de personas, la
sensación de amenaza latente y difícilmente identificable opera como mecanismo
de diseminación del terror, y es a través de este terror que se disciplina a la
sociedad y se la fuerza a aceptar lo inaceptable en términos económicos,
políticos y, sobre todo, éticos.
Para nuestras sociedad es pues un imperativo
reconstruir esas historias, reaparecerlas, para asumir la responsabilidad que
nos cabe e intentar una reparación que sólo puede ser simbólica, pero no por
ello menos significativa. No se pueden borrar las marcas de la tortura ni
revivir a los muertos, pero sí se puede recuperarlos como nuestros muertos, inseparables de nuestra historia y de nuestro
futuro.
Los restos de miles de “desaparecidos” tapizan el
suelo de América Latina, yacen en los volcanes de Guatemala, en las aguas del
Río de la Plata, en los ríos, los lagos y las minas del continente. Caminamos
sobre ellos, en muchos sentidos. Caminamos sobre sus restos sumidos a veces en
un olvido que sólo puede ser fuente de vergüenza para los vivos. Pero también
caminamos sobre ellos, a partir de ellos, con ellos, como memoria viva de la
resistencia y la dignidad de otros que llama, reclama, convoca nuestra propia
dignidad.
* Doctora en
Ciencias Políticas. Autora del libro Desapariciones.
Cuestiones de América Nº 10, Agosto-Septiembre de
2002
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